Por: Laura Cano Periodista – Pares
La Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) ha sido una de las demostraciones de la resistencia de muchas de las comunidades del país frente al abandono estatal y la falta de garantías para el cumplimiento de sus derechos. Esta Zona de Reserva está ubicada en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, y nació bajo el interés de convertirse un espacio de desarrollo rural para la población campesina que, por años, ha buscado una reforma agraria como respuesta a una problemática histórica, pero también como la reparación que se le debe a muchos campesinos y campesinas que fueron despojados de su tierra en los tiempos más duros del conflicto armado en Colombia.
Esta zona está conformada por 23 veredas: Agualongo, Alea, Angostura, Bajo Cuembí, Bajo Mansoyá, Bajo Lorenzó, Baldío, Belén, Bocana del Cuembí, Buen Samaritano, Camios, Comandante, Chufiyá, Guadalupe, Juvenil, La Española, La Frontera, La Piña, La Rosa, Puerto Playa, San Salvador, Sevilla y Toayá.
Cabe señalar que la ZRCPA fue reconocida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000, y que tiene aproximadamente 22.000 hectáreas, divididas en 23 veredas, en la que viven cerca de 870 familias, en su mayoría agricultoras. (Te podría interesas: “La lideresa Jani Silva nuevamente amenazada de muerte”)
Resulta importante resaltar que la figura de las Zonas de Reserva Campesinas se estableció a través de la Ley 160 de 1994 y —según está estipulado en el Artículo 2.14.13.2.— tiene como objeto: (1) controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; (2) evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica; (3) crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas; (4) regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; (5) crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; (6) facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; y (7) fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.
No obstante, así como ha habido una comunidad resistiendo y exigiendo una reforma agraria que, por años, ha estado en la agenda de las solicitudes de muchos sectores sociales, también han permanecido fuerzas ilegales que han perseguido a quienes reclaman su derecho a la tierra, a una propiedad que en algún momento les perteneció. Estas organizaciones criminales han victimizado a la comunidad con asesinatos, amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado y, en general, con un amplio abanico de acciones violentas contra la población.
En ese contexto, recientemente se conoció que había sido asesinado Jorge Antonio Loaiza, quien era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alea, comunidad perteneciente a la ZRCPA. Como denunció la comunidad a través del medio MiPutumayo.com, ”El pasado martes 5 de octubre en horas de la tarde, en la comunidad Nuevo Progreso, inspección de Arizona municipio de Puerto Caicedo, fue asesinado el líder social Jorge Antonio Loaiza. Cuando Jorge iba de regreso a su finca, hombres armados lo estaban esperando en Nuevo Progreso, ahí lo amarraron de pies y manos y posteriormente lo asesinaron. (…) En la inspección de Arizona existe presencia y disputa territorial entre la estructura armada Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez”.
Según el Sistema de Información de Pares (SIPARES), en lo que va del año, en Putumayo se han reportado 7 asesinatos contra personas líderes y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en el departamento. Estos se han reportado en los municipios de Valle de Guamuez, San Miguel, Sibundoy, Puerto Leguízamo y Puerto Caicedo. Hay que señalar que, justamente, el asesinato anterior al más reciente (en el que fue víctima Loaiza), en el que ha perdido la vida una persona que ejercía algún liderazgo en el departamento, de acuerdo al SIPARES, se le atribuye a los Comandos de Frontera, uno de los grupos que podría estar detrás del hecho perpetrado contra Loaiza: “La Red de Derechos Humanos de Putumayo confirmó otra muerte de un líder social en la inspección de Piñuña Negro, zona rural del municipio de Leguízamo. Se trata del expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lorencito, Apolinar Rivero, quien fue asesinado dentro de su vivienda, mientras desayunaba con su familia, por hombres armados del grupo ilegal Comandos de Frontera”, se informa por medio del SIPARES.
En febrero de 2021, Amnistía Internacional expidió una ‘Acción Urgente’ en la que solicitó protección a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). En este documento se puntualizaba que “desde final de 2020 el grupo armado Comandos de la Frontera ha declarado que utilizará todos los medios posibles para terminar con la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). En las primeras semanas de 2021, este grupo armado había visitado algunas de las comunidades de la ZRCPA para decirles que ADISPA debía desaparecer, y que ninguna organización que quiera trabajar en el territorio podría hacerlo si desobedecía sus directrices”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana Nº 002 de 2021, denunció que “la presencia del grupo de crimen organizado que se autodenomina como Sinaloa-La Mafia (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comandos de la Frontera) en mayor medida en la subregión del Eje Putumayo, y que se acompaña del accionar de grupos delincuenciales de menor envergadura quienes contribuyen al control de las economías ilegales y la ejecución de toda actividad relacionada con el narcotráfico”.
Ahora bien, según se ha informado desde Pares, para el caso del departamento del Putumayo, en la región operan grupos armados como el ‘Clan del Golfo, ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ (que desde el segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comando de la Frontera) y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero (en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo). Asimismo, hace presencia el ‘Frente 48’ en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís, y el ‘Frente Carlina Ramírez’ en Puerto Guzmán.
Este panorama marcado por la presencia y la disputa por el control territorial de múltiples actores armados, y el reciente asesinato de José Antonio Loaiza, reiteran la necesidad de que se den garantías de seguridad en el departamento en general, pero con atención especial en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, desde donde han sido múltiples las alarmas que se han realizado y que no han sido atendidas respecto a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población debido a la presencia de grupos armados. Situación que ha propiciado que la comunidad en general y, especialmente, las personas que ejercen algún tipo de liderazgo vivan en un contexto amenazante para sus vidas y para las causas que defienden.