Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza
Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: Diario de las Américas
Del paquete de 8 reformas que el ministro Cristo mostró en la primera semana de agosto, hasta ahora se han anunciado o presentado 3: la reforma a la salud (que fue presentada al cierre de esta historia); la reforma laboral y la reforma a la educación (mucho más recortada que lo presupuestado inicialmente). Junto con ellas, el gobierno se ha lanzado a proponer una nueva reforma tributaria (atada al déficit de 12 billones de pesos que existe en el presupuesto general presentado para 2025) y una nueva ley ordinaria que reglamenta la jurisdicción agraria.
Frente a la densidad de proyectos legislativos presentados hasta el momento, parece que el gobierno ha decidido, como lo indicábamos en este artículo, concentrarse en unos pocos ante la posibilidad que los tiempos no le den en el futuro cercano, cuando comience el calendario electoral, y tampoco logre mover gran parte de su agenda legislativa antes del cierre de esta primera parte de la legislatura, proyectado para la segunda semana de diciembre.
Esto, junto con el ambiente de confrontación que hoy existe entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, a causa de la no aprobación del presupuesto propuesto por el Ministerio de Hacienda, y luego de que el gobierno en varias oportunidades haya acusado al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de presuntamente estar detrás de un complot para acabar con su vida y darle un golpe de Estado, hace que el trámite legislativo quede en vilo.
De las 5 iniciativas de reformas presentadas en el Congreso, solo una (la reforma laboral) ha sido agendada para debate. El resto sigue sin ser agendadas, esperando a que posiblemente tras la aprobación del presupuesto, retomen su camino legislativo.
Así, por ahora, van las apuestas del gobierno:
Reforma laboral
Fuente: W Radio.
La reforma laboral, además de ser uno de los proyectos bandera del gobierno, es también uno de los pocos que ha logrado avanzar en medio del complejo trámite legislativo que ha imperado en el Congreso. Los avances en estos dos años van a pasos lentos y quizás pasa por la dificultad que genera la concertación con los partidos y los sectores implicados en el tránsito de la reforma.
En la legislatura anterior el cierre arrojó unos primeros consensos que llevaron a la aprobación por parte de la comisión. Con el texto conciliado en su mayoría, se esperaba que en esta legislatura que ya avanza se pudiera acelerar la discusión en plenaria, pero hasta el momento no se ha logrado avanzar en la misma.
La razón: la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez ha entablado conversaciones con el sector transporte y con sus gremios para conciliar la entrada de estos a la reforma. En un intento por ampliar el espectro que recoge y beneficia a los diferentes sectores de la reforma.
Aunque se espera que esto abra un nuevo panorama para la reforma, el transito también se espera que sea bastante turbio, en especial por el hecho de que diferentes sectores de la cámara como el caso de las bancadas independientes sean escollo dentro del tránsito de la reforma laboral, con el argumento central del periodo de implementación y tránsito del nuevo régimen. Katherine Miranda, opositora del gobierno ha llegado a firmar que el caso de aprobar la reforma como viene habría riesgo de llegar a perder entre 400.000 y 700.000 puestos en el proceso de implementación.
Hasta el momento, el gobierno no ha intentado revivir artículos eliminados en la comisión, ni tampoco reformular el texto para el informe de ponencia. Una disputa a varias bandas que por ahora está en veremos.
Este es el proyecto con mayor avance de los presentados en el gobierno, pues ya tiene la ponencia positiva y negativa (15 de agosto de 2024), y ahora mismo se encuentra en fase de consulta de conceptos institucionales y de modificaciones antes de presentarse formalmente ante la Cámara de Representantes.
Reforma a la salud
Fuente: W Radio.
La reforma a la salud ha sido el gran proyecto que ha impulsado el gobierno nacional en estos dos años. La gran apuesta de Petro y probablemente, el proyecto que mayor costo político ha tenido para el ejecutivo.
Los sinsabores que quedaron de la legislatura pasada dejan en la mesa muchas preguntas para el nuevo proyecto, que acaba de radicar el gobierno con 48 artículos y el énfasis de que los ciudadanos “accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad”.
El transito comenzaría en cámara en donde se prevé un paso expedito, recordando que el gobierno sigue contando con mayorías en esta corporación. Después de ese paso, el proyecto llegaría a la comisión séptima de senado donde, como se vio con el proyecto pasado, la cosa no es fácil para el gobierno.
Quizás uno de los factores que más dificultan el paso de la reforma es la figura del ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hasta el momento se ha visto como un hombre poco conciliador y bastante conflictivo a la hora de negociar los proyectos que conciernen a su cartera.
No se sabe todavía cual vaya a ser la estrategia que aplique el gobierno con la reforma de salud, por ahora solo queda en claro que la reforma no va a jugar con el ruido mediático que caracterizó al anterior proyecto y muestra de ello es la radicación en silencio, un viernes, cuando todo el congreso está en las regiones y los ojos del país se posan en otras cosas.
A corte de este artículo, este proyecto fue radicado el viernes 13 de septiembre, por lo que aún no tiene agendada una potencial fecha de debate, ni ponencias.
Reforma al artículo 86 y 87 de Educación Superior
Fuente: 360 Radio.
Con la llegada hace dos meses de Daniel Rojas a la cartera ministerial de Educación, hubo un cambio total de enfoque frente a los dos compromisos que tenía el gobierno nacional frente a este sector. Durante la gestión de Aurora Vergara, la apuesta fue por una reforma total al modelo educativo a través del proyecto de ley que buscaba que fuera un derecho fundamental, que terminó siendo negociada con sectores independientes y de la oposición, pero generó el descontento de las bases del movimiento estudiantil universitario y del principal sindicato de maestros, FECODE, lo que conllevó a que posteriormente la bancada del Pacto Histórico en Senado le retirara su apoyo y la reforma se hundiera tras las acusaciones de los opositores e independientes de una traición por parte del gobierno.
Rojas, en cambio, se volcó a unificar la propuesta de reformas a la ley 30 que estaban volando entre diferentes comisiones, y se adhirió a la idea defendida por Jennifer Pedraza y un sector del movimiento estudiantil en realizar cambios solamente al artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan la financiación de las instituciones de educación superior y calculan la fórmula con las cuales las universidades reciben los aportes del gobierno nacional, que tal y como está contemplado hoy en la ley, solamente es del 30% del incremento real del PIB en el año.
El nuevo proyecto busca que los incrementos se realicen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior, cifra establecida y calculada por el DANE a nivel anual. Fue radicado el 3 de septiembre.
Mientras que Vergara negoció su ley estatutaria con los partidos, Rojas hizo lo propio con el movimiento estudiantil, con las organizaciones de rectores y las asociaciones de educación superior, y el apoyo de un grupo mucho más amplio de congresistas (más de 70) quienes terminaron firmando el proyecto de ley.
Aunque el proyecto ya fue radicado, aún no ha sido agendado para discusión, del mismo modo que aún no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
Reforma tributaria
Fuente: El Tiempo.
Quizás uno de los proyectos que más ha generado ruido en la opinión pública nacional ha sido la Ley de Financiamiento que presentó el gobierno, para paliar el déficit de 12 billones de pesos que tiene el presupuesto nacional, según cifras del Ministerio de Hacienda.
Frente a esta historia ya habíamos adelantado en este artículo anterior que el déficit se presentó en la diferencia entre el recaudo planeado que la DIAN, entonces administrada por Luis Carlos Reyes, esperaba recuperar vía tribunales de arbitramiento, y la cifra real recogida, que generó este desfase. Según el gobierno, este déficit se explica por recursos de la nación que terminaron yéndose a cubrir fondos y subsidios al diésel, junto con un aumento del gasto público, impulsado por los gastos de funcionamiento y las cifras de inversión.
Aun a pesar de ese incremento, se ha criticado la gestión burocrática del gobierno frente a la ejecución de proyectos y recursos apropiados, llegando a casos donde ministerios como MinIgualdad no ejecutan más del 1% de estos dineros.
Para subsanar el hueco que deja el gobierno frente a la diferencia entre lo que quiere gastar y el dinero que tiene para hacerlo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, construyó un proyecto de Ley de Financiamiento que, entre otras cosas, busca recaudar 13 billones de pesos.
De este proyecto hablamos desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en este artículo, señalando que entre los puntos clave está la reducción de la tarifa de renta para las empresas, pero manteniendo una mayor carga para sectores de alta ganancia como minas y petróleo. Se propone eliminar el régimen simple de tributación y aumentar impuestos a las personas más ricas, herencias y ganancias ocasionales. También se plantea ampliar el impuesto al patrimonio y aplicar un IVA del 19% a las apuestas en línea y a los carros híbridos, para financiar proyectos de energía renovable.
La reforma también incluye medidas para fomentar la inversión en tecnologías verdes, incentivando la instalación de paneles solares en estratos bajos, y se adelantaría la entrada en vigor de la nueva regla fiscal. Sin embargo, enfrenta el reto de demostrar la eficiencia del gasto público actual, en un contexto de críticas sobre su coherencia y la capacidad de ejecución gubernamental.
La reforma fue radicada el 10 de septiembre de 2024, en plena discusión sobre la aprobación del presupuesto nacional.
Ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria
Fuente: Ministerio del Interior.
Al cierre de la legislatura pasada, el 4 de junio de 2024, el Congreso logró aprobar uno de los 3 instrumentos jurídicos con los que se planteó establecer el sistema de Jurisdicción Agraria, acordado dentro del punto 1 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con la Ley Estatutaria que reglamenta esta jurisdicción a nivel nacional.
No obstante, el nuevo proyecto nació cojo, pues para poder crear las instituciones y los mecanismos de justicia de este proyecto, debe reglamentarse las competencias de los jueces agrarios, los conflictos que resolverán y las reglas de los procedimientos judiciales de estos tribunales.
Con este punto el gobierno pretende cumplir su promesa de dar marcha a la Reforma Rural Integral pactado en los Acuerdos de Paz de 2016, iniciada con el acto legislativo que reformó la constitución para incluir a la jurisdicción agraria dentro de la rama judicial en 2023, y con la aprobación reciente de la jurisdicción agraria en sí, hace 3 meses.
El proyecto anterior se presentó en septiembre de 2023 y terminó siendo archivado el 19 de junio de 2024, luego de que solo fuera publicada su primera ponencia. Este nuevo proyecto fue radicado el 27 de agosto, y aún no ha sido agendado ni para debate ni se ha construido ponencia sobre el mismo.
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