ASÍ SERÁ EL PARQUE SOLAR MÁS GRANDE DE COLOMBIA: ¿UNA NUEVA ERA PARA EL CESAR?

Por: John Jairo Correa

El anuncio del Parque Solar Upar marca un nuevo hito en la política energética nacional. Con una capacidad instalada proyectada de 250 megavatios (MW), esta iniciativa en Valledupar, departamento del Cesar, se perfila como el parque solar más grande construido en Colombia hasta la fecha. Su objetivo no solo es aumentar la participación de fuentes renovables en la matriz energética, sino también impactar directamente en la calidad y el costo del servicio para miles de hogares. Es, por tanto, una propuesta que integra dimensión técnica, territorial y social, y que puede redefinir la forma en que se entienden las energías limpias en regiones con históricas brechas de acceso, cobertura y equidad tarifaria.

El proyecto nace de una alianza entre el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Cesar y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), y se enmarca dentro del programa Colombia Solar. A diferencia de otros parques solares que han operado, principalmente, bajo modelos corporativos de inyección al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Upar tiene un enfoque descentralizado: pretende beneficiar a más de 600 000 usuarios de estratos 1, 2 y 3, especialmente en zonas urbanas y rurales del Cesar. La promesa del Gobierno Nacional es ambiciosa: reducir hasta en un 50 % las tarifas eléctricas de los hogares más vulnerables. En un departamento golpeado por décadas de precariedad energética y tarifas desproporcionadas, este tipo de iniciativas tiene un potencial transformador.

Además del parque principal de 250 MW, se contempla la instalación de sistemas solares en 100 tiendas de barrio, la ejecución de 10 proyectos rurales de generación distribuida y la priorización de zonas como la Ciénaga de Zapatosa. Esta integración territorial le otorga al proyecto una dimensión comunitaria que rara vez ha sido central en otras experiencias similares. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá no solo de la infraestructura física, sino de las reformas institucionales y regulatorias que se requieran para que la energía solar produzca beneficios reales en las tarifas del usuario final.

Para dimensionar la magnitud del Parque Solar Upar, resulta útil compararlo con otros proyectos relevantes ejecutados en Colombia en los últimos años. Uno de los más conocidos es el Parque Solar La Loma, también ubicado en el Cesar, con una capacidad de 187 MW. Desarrollado por Enel, este proyecto fue clave en términos de capacidad instalada, pero tuvo un enfoque corporativo centrado en la inyección al SIN, sin impacto directo sobre las tarifas locales. Algo similar ocurrió con el Parque Solar de El Paso, de 86 MW, inaugurado en 2019. Aunque posicionó al Cesar como una zona estratégica para la transición energética, su alcance estuvo limitado a la exportación de energía, sin beneficios estructurales para las comunidades vecinas.

En el departamento del Magdalena, el Parque Solar Fundación (19,9 MW) se presenta como otro ejemplo de expansión renovable, pero de escala media y sin un componente social fuerte. En contraste, proyectos como El Caimán Cienaguero, también en el Magdalena, han intentado articular elementos de transición justa y generación comunitaria, aunque con menor capacidad instalada y sin el mismo respaldo institucional. Finalmente, el Parque Solar Guayepo I y II, en Sucre y Bolívar, con cerca de 200 MW combinados, se orienta principalmente a atender la demanda industrial, sin incluir mecanismos de redistribución social del beneficio energético.

Frente a estos antecedentes, Upar introduce una innovación doble. Por un lado, plantea un modelo mixto que combina gran escala, generación distribuida y electrificación popular. Por otro, busca romper con el patrón de concentración de beneficios en actores empresariales, impulsando la inclusión de pequeños comerciantes, comunidades rurales y usuarios históricamente desatendidos.

No obstante, persisten desafíos técnicos y políticos. Aunque se han firmado los acuerdos de intención y se ha conformado una mesa técnica entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Cesar, aún no se han hecho públicos los estudios ambientales, el cronograma de ejecución ni el esquema de operación y mantenimiento. Tampoco se han detallado los mecanismos jurídicos que permitirán conectar esta generación a tarifas subsidiadas para los usuarios. Esto implica que el impacto prometido depende de una articulación efectiva entre la política energética, la regulación tarifaria y la voluntad política de sostener el proyecto más allá del ciclo electoral.

De esta manera, el Parque Solar Upar representa un experimento de alto valor estratégico para Colombia. No solo por su tamaño, sino porque pone a prueba la capacidad del país de avanzar hacia una transición energética justa, descentralizada y territorializada. Si logra consolidarse como una experiencia exitosa, podría sentar las bases para una nueva generación de proyectos que combinen eficiencia tecnológica con equidad social. Pero si se queda en promesa o enfrenta los mismos cuellos de botella que han frenado proyectos similares, solo será un reflejo más del desencanto que recorre el Caribe cada vez que se anuncia una “solución definitiva” a su crisis energética.