Por. Katia María Rosero
Foto tomada de: Pagina 10
Una de las principales apuestas del Gobernador de Nariño, en concordancia con las apuestas políticas del Gobierno del Pacto Histórico, fue la “territorialización” de la Paz, un enfoque novedoso, que busca desescalar el conflicto armado a partir del establecimiento de pequeños Procesos de Diálogo con los distintos Grupos Armados Organizados que ocupan los territorios, teniendo en cuenta las particularidades históricas, sociales y políticas de cada contexto.
Ante el anuncio realizado en febrero por el Gobierno Nacional, en el que dio vía libre al Gobierno Departamental para empezar los Diálogos Regional de Paz, el Frente Comuneros del Sur ( FCS, un grupo armado de unos 200 hombres con presencia en Nariño desde hace tres décadas que fue parte del ELN hasta mayo de 2024), emitió un comunicado en el que mostraron su interés para participar de este escenario, el espaldarazo del Gobierno Petro a la inclusión del FCS en el proceso de diálogo social desencadenó el congelamiento de los Diálogos en La Habana entre el Estado colombiano y la comandancia del ELN porque, según el grupo armado, desconocía el mando político y militar unificado de la organización. Tras la respuesta del ELN, la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y el FCS como estructura autónoma, quedó en el tintero. Aunque el FCS no estuvo en la instalación de la Mesa de Diálogos Regionales de Paz, posteriormente firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno para avanzar en el proceso de desminado humanitario, y en mayo anunció su ruptura con la Comandancia del ELN.
Con el Frente Comuneros del Sur actuando en autonomía militar y política, a principios de julio se realizó el “Encuentro Amplio para el desescalamiento de la violencia y la transformación territorial para la Paz” en el municipio de Samaniego, zona que ha estado bajo el control del FCS por varios años, en el que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, diversos sectores sociales y representantes del grupo armado. En este espacio se consolidó la “Instancia para la co – construcción de Paz Territorial en Nariño” y se logró acordar una agenda de trabajo entre el FCS y el Gobierno Nacional que se articula en torno a tres ejes: la disminución de la violencia, que incluye la construcción de equipos encargados de la eliminación de minas, el retorno de personas desplazadas y la localización de desaparecidos; la transformación territorial, que busca fortalecer la presencia estatal a partir de infraestructura como puestos de salud, escuelas, carreteras, y centros digitales, y finalmente, la reintegración de los combatientes de Comuneros del Sur a la vida civil por medio del diseño de soluciones jurídicas, justicia restaurativa, desmantelamiento de armas, reincorporación a la vida ciudadana y garantías de seguridad para los excombatientes.
El 15 de agosto, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, categorizó formalmente al Frente Comuneros del Sur como una estructura armada independiente del ELN y el Comisionado de Paz Otty Patiño afirmó en medios que así mismo el Gobierno Nacional reconoce el origen político y las reivindicaciones sociales del grupo armado.
Todo este proceso de acercamiento al FCS, en el que ha habido claras demostraciones de las intenciones del grupo armado de avanzar en la Construcción de Paz, ha llevado a que finalmente, el Gobierno Nacional autorice la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz con tal organización, cuya agenda todavía no está del todo establecida.
Aunque construir acuerdos con un actor armado al margen de la ley implica un sinfín de retos, para los campesinos de la zona de influencia del Frente Comuneros del Sur es importante que se consoliden procesos prioritarios con miras al cumplimiento de los DDHH, como el desminado humanitario y el retorno de quienes fueron desplazados: para quienes viven en medio de las balas los acuerdos que parecen mínimos son fundamentales, y la sociedad civil, así como las instituciones deben acompañar con firmeza, incluso desde el ejercicio crítico, las iniciativas que buscan proteger y resguardar, así como promover y acompañar el reordenamiento social, orientado al establecimiento de una vida libre de violencias, en territorios y poblaciones que han estado inmersos en el conflicto armado.
コメント