Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En Colombia, como ocurre en la inmensa mayoría de países del globo, prima la economía popular. Esta es una forma de organización económica del trabajo autónomo, caracterizada por la independencia laboral, en la que las personas deciden sobrevivir con su propio trabajo y producir para el autoconsumo, el intercambio o la venta de bienes y servicios.
En nuestra realidad, este tipo de economía pulula por doquier. Son aquellos pequeños negocios manejados, generalmente, por una persona o dos de un mismo grupo familiar o comunitarios. Son pequeños emprendimientos dedicadas a asuntos mercantiles —como producción, distribución y comercialización de bienes y servicios— y no mercantiles —actividades domésticas o comunitarias—.
Como ejemplo de esto tenemos en las grandes ciudades las personas que se dedican a manejar un taxi o un Uber, a recorrer las calles como vendedores ambulantes o por catálogo, a elaborar productos de panadería o confeccionar ropa. También los hay por millones en el campo: dedicados a cultivar mandarinas, a criar gallinas, a levantar ganado o a producir café.
En total, según la última Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) —donde se registra la información sobre emprendimiento e informalidad— al nivel nacional se tenían, para el cuarto trimestre del año pasado, 5,3 millones de micronegocios —que ocupan entre una y nueve personas—.
Un rasgo importante de los micronegocios es que el propietario del negocio también trabaja en él con el fin de sostener el proyecto productivo y darle a su núcleo familiar, comunitario o asociativo, una vida digna. Lo que significa que estos trabajares(as) independientes son propietarios(as) y controlan las actividades para las que trabajan.
Otros rasgos importantes de la economía popular es que se distancian de la gran empresa, en la medida en que no basan la producción en la explotación laboral, no buscan la producción en masa —pues no tienen capacidad para ello— y no es posible la acumulación de capital, pues los ingresos que recibe el negocio generalmente solo da para la sobrevivencia de las personas que están vinculadas a la unidad económica.
Este es el mundo real y concreto en el que viven la mayoría de colombianos y colombianas. Una economía popular que sirve para mantener y sostener alrededor del 80% de las familias en Colombia, que ocupa a más de 21 millones de personas —de los 24.9 millones que están económicamente activos en el país— y genera alrededor de 55 billones de pesos en la producción nacional —según datos para 2021—.
Estas cifras y otras han sido las que motivaron al gobierno para que, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incorpora en el artículo 58 el apoyo a la economía popular. La idea presentada allí es ofrecer a los pequeños emprendimientos, en especial los del campo, créditos que les permita salir de una necesidad financiera —como ajustar los recursos para comprar insumos o tener algo para comer mientras pueden vender sus productos—.
Es un fondo de financiamiento de 6 billones de pesos para la economía popular que se llamará Open Finance. Recursos que se destinarán inicialmente a los pequeños agricultores o campesinos, pero que buscarán extenderse. La idea es proponer un modelo financiero para que puedan acudir a él los 21 millones de micronegocios que hay en el país.
Esta es una idea que ha sido probada hace ya varias décadas en otras regiones del mundo. Fue popularizada y defendida con éxito por Muhammad Yunus, el fundador del Grameen Bank o Banco de los Pobres, quien difundió un modelo de microcréditos a los pequeños emprendedores con la finalidad de luchar contra la pobreza.
Este es un modelo que resultó tremendamente eficiente, debido a que las personas que se endeudan demostraron ser muy buenos pagadores. Para ellos los microcréditos que les ofrecería el gobierno o las organizaciones que los apoyan son una muy buena opción, si lo comparan con los paga diarios que les exigían el sector informal e ilegal.
La idea en el Plan Nacional de Desarrollo es generar una política pública de alto impacto económico y social. Una que sea capaz, por un lado, de apoyar el empleo y el desarrollo de la economía, pues recordemos que los micronegocios emplean en Colombia más del 80% de la fuerza laboral, tanto formal como informal.
Y, por el otro, reducir la pobreza. En el país la población que trabaja por cuenta propia, los independientes y los autoempleados son los que más problemas tienen para conseguir todo aquello necesario para la vida. Lo que busca el programa de préstamos es apoyar la capacidad de estos emprendimientos para generar ingresos y sobrevivir.
También es una idea que pretende ofrecer opciones de ingreso al sistema financiero para quien no las tiene. En nuestra economía buena parte de los micronegocios tienen cerrada las puertas en el sistema financiero; solo el 30% de los 5,3 millones de microempresarios accedieron a la financiación formal luego de solicitar crédito.
Finalmente, es una estrategia del Estado para luchar contra las organizaciones criminales. Una parte de las rentas ilícitas en el país procede de los cobros de interés que se le hace a los pequeños comerciantes por los préstamos 'gota gota'. La idea es que los necesitados ciudadanos acudan al apoyo institucional para prestar los 200 o 300 mil pesos y no a las mafias que cobran excesivos intereses.
En conclusión, el Gobierno, mediante el apoyo financiero a la economía popular, le está enviando señales a la población —aquella que se le consultó y se involucró en los espacios consultivos— de que sus voces y propuestas fueron escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de este plan de desarrollo.
Que el Gobierno tiene entre sus prioridades crear un sistema de acceso a crédito para los excluidos. A trabajar en cambiar el sistema financiero actual para que incluya a aquella población no bancarizada. Una población olvidada, marginada y muy necesitada que requiere que se cumpla la palabra de democratizar el sistema económico para asegurar la sostenibilidad económica, alimentaria y ciudadana.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.