• Laura Natali Cano Murillo

Ante incumplimientos, comunidades indígenas se declaran en sesión permanente

Por: Laura Cano

Periodista Pares

Fotografía tomada de: Mesa Permanente de Concertación Indígena.

Históricamente, en Colombia, las comunidades indígenas han puesto sobre la mesa la poca atención que el Estado ha prestado a sus demandas y necesidades. Esta denuncia se ha evidenciado a través de muchas situaciones que, constantemente, los pueblos indígenas han tenido que afrontar y que se encuentran atravesadas por sistemáticas violaciones a sus derechos y por el abandono estatal.


En el marco de esta problemática se ha abierto un nuevo capítulo, esta vez por cuenta de las acciones que habrían sido evadidas, una vez más, por el presidente Iván Duque en cuanto a las responsabilidades y deudas del Gobierno con las comunidades indígenas del país.


Desde el pasado 25 de octubre, distintos representantes de pueblos indígenas del país se han reunido con el propósito de buscar salidas dialogadas y concertadas con el Gobierno nacional para dar respuesta a los hechos violentos que están teniendo que afrontar estas comunidades. Sin embargo, como han informado a través de un comunicado, la falta de voluntad política, presupuestal y técnica para avanzar en este camino, por parte del Gobierno, ha impedido que estos esfuerzos de diálogo y encuentro rindan frutos.

Muestra de esto es que, de acuerdo a lo señalado por las organizaciones convocantes de este espacio, no hicieron presencia representantes del Gobierno con poder de decisión: “por el contrario envían a un equipo técnico que no puede resolver las problemáticas planteadas por la Mesa Permanente, deslegitimando el espacio de concertación e imponiendo sus posiciones políticas y sectoriales, sin tener en cuenta las realidades de los pueblos indígenas", se afirmó en un comunicado firmado por la ONIC, OPIAC, AICO, entre otras organizaciones.


Así las cosas, en respuesta a este escenario, las organizaciones comunicaron que se declaran en sesión permanente exigiendo la presencia tanto de ministros como de Iván Duque en esta mesa de diálogo con la que se busca acordar acciones que permitan frenar las victimizaciones contra los pueblos indígenas. Esta participación de representantes del Gobierno con capacidad de decisión se hace indispensable, sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las condiciones adversas para el desarrollo integral de estas comunidades han sido propiciadas desde el propio Estado. En relación a esto, se señala en el comunicado de las organizaciones: “las políticas impuestas por el Gobierno, el recrudecimiento del conflicto interno armado y la presión minero energética sobre la madre tierra, los ríos y los cielos, el asesinato y desaparición de los líderes indígenas en la defensa de sus territorios, nos exigen nuevos caminos de lucha y resistencia, nuevas formas de relacionamiento y espacios políticos más cercanos a nuestras realidades espirituales”.



Hay que recordar que, según información del Observatorio de Derecho de los Pueblos, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, en lo que va del año, 17.845 personas de comunidades indígenas han sido afectadas por algún hecho victimizante: es decir, en promedio, cada día, casi 60 personas de esta población estarían siendo victimizadas. Además, según la información registrada por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 18.7% de víctimas de la violencia armada (12.722 total) en el país, en lo que va del año, han sido personas indígenas. Por su parte, el 54.7% de los 19.019 ataques contra la población civil han sido contra comunidades indígenas. Asimismo, de las 65.567 personas que han sido desplazadas en lo que va del año, el 16.6% pertenecen a pueblos étnicos.


Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) ha registrado 21 hechos de asesinatos selectivos contra líderes indígenas en el 2021. De acuerdo a la información recogida, los departamentos con mayor número de casos son Chocó (5 casos) y Nariño (5), seguidos por el Cauca (4 casos), advirtiendo que estas cifras pueden ser mucho mayores (Te podría interesar: “Boletín #1 Observatorio para la Defensa de la Vida - ODEVIDA”).


Teniendo en cuenta contextos de riesgo como los que enfrentan comunidades indígenas en todo el país, además de las sistemáticas y estructurales violencias que padecen, se hace urgente que, por un lado, haya voluntad de diálogo y concertación por parte del Estado, y, por el otro, que los organismos y la sociedad civil hagan veeduría tanto de las situaciones que están afectando a los pueblos indígenas, como de las acciones que las instituciones encargadas deberían estar tomando al respecto.