Por: Walter Aldana
Político Social Alternativo
Ante la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, Alias “Otoniel”, jefe máximo de una de las organizaciones más fuertes de composición narco-paramilitar (y de variados nombres como Clan del Golfo, Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la respuesta institucional es la de siempre.
Todas y todos recordamos la famosa captura. ¿Captura?, el cambuche mejor tendido que las camas de mi casa, las botas limpias y ni un solo disparo en la aprehensión del mandamás de una organización de cobertura nacional. Aquella vez nos vieron la cara cuadrada. “Otoniel” declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no fue capturado, sino que se entregó voluntariamente.
Recordemos que “Otoniel” también perteneció al EPL y luego a las AUC. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por él y Colombia hasta 3.000 millones de pesos.
De lo más contradictorio, el 29 de abril de 2022 el Consejo de Estado suspendió la extradición de “Otoniel” como respuesta a una demanda presentada con el argumento de no afectar el proceso y el derecho a la verdad de las víctimas. Luego, el 4 de mayo, ante la cascada de declaraciones del cabecilla —que involucra a altos funcionarios civiles y militares—, la misma entidad sorpresivamente determinó autorizar su extradición. El argumento del Consejo de Estado fue que “las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida (la suspensión de la extradición) han desaparecido”.
Previamente la Corte Suprema de Justicia había avalado la extradición de “Otoniel” y, obviamente, el presidente Duque se afanó a firmarla. Luego de la extradición, el primer mandatario expresó que “este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país”.
¡Qué poca confianza en la justicia colombiana!, dirán algunos. Otros analizarán de fondo el interés de que no se sepan muchas verdades que afectarían el statu quo, así como a muchos políticos, militares y altos dirigentes colombianos.
¿El resultado de la extradición? Como en el lejano oeste: pie de fuerza y desplazamientos por miles que seguirán generando este grupo armado con 3.000 hombres en armas y 1.600 en su red de apoyo, con presencia en 237 municipios de 23 departamentos.
¿Hasta cuándo seguirá este Gobierno, cohabitando con estas realidades, la presencia de grupos armados ilegales y la poca, o nula, efectividad operativa?
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
Comentarios