Por: Laura Cano
Periodista Pares
Han pasado un poco más de siete meses desde que en Cali se vivían días y noches de horror, días en los que en las calles de la capital del Valle del Cauca se vivía el miedo de ser asesinado a causa de manifestarse. Pues, mientras muchas personas salían de sus casas para pedir condiciones de vida más dignas, otras pretendían parar este levantamiento social a través de la violencia. Y, a pesar de que la justicia pareciese tardar, ahora se reconoce como si empezará a dar pasos, o, por lo menos, en el caso de Andrés Escobar, a quien la Fiscalía le imputará cargos.
Hay que recordar lo que pasó ese 28 de mayo de 2021, cuando las calles fueron punto de encuentro al cumplirse un mes del Paro Nacional, retomado el 28 de abril de este año, luego de que en 2019 comenzará la movilización social como respuesta a la inconformidad frente a temas como la reforma laboral, pensional, el holding financiero, entre otros. Dicha convulsión social, que con la pandemia parecía opacarse, en 2021 se retomó con un motivo principal: el rechazo a la reforma tributaria.
Ese 28 de mayo, la fuerza de la protesta social seguía movilizando a miles de personas, incluso cuando solo en un mes, según Temblores, se habían presentado 3789 casos de violencia policial, en los que habían 1248 casos de violencia física y 45 de violencia homicida. Ese día, la situación violenta en la capital del Valle no se calmó, aún cuando el presidente Iván Duque visitó al Comando de la Policía Metropolitana en Cali.
Varias zonas de la Sucursal del Cielo fueron alertadas, y una de esas fue Ciudad Jardín, en donde se presentaron reportes de disparos en contra de las y los manifestantes. Dicha situación se pudo evidenciar a través de transmisiones en vivo que realizaron habitantes de la zona, manifestantes y personas de prensa.
Poco después se conoció que una de las personas de civil que estaba intimidando y amenazando a quienes protestaban en dicha zona del sur de Cali era Andrés Escobar, quien, al igual que las personas que estaban allí con armas de fuego, estaba actuando al, parecer, en complicidad y con el aval de la Policía. De hecho, para ese momento, desde la misma institución se había informado que al menos 10 uniformados entrarían a investigación, al ser acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en dicha ciudad.
Lo que vino después de las grabaciones en vivo y a las fotografías que permitieron identificar a Andrés Escobar, fue una serie de intentos para limpiar su imagen frente a los graves hechos. Días después, el implicado grabó un video en el que se presentó, diciendo que era un empresario de la industria de la publicidad y que “no tenía intención de causarle daño a una persona, tampoco se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Los disparos (al aire) fueron para disuadir a los vándalos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI; lo hubieran logrado si nosotros no hubiésemos estado ahí”.
Además, agregó que era “una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos (…) Comprometido con mi ciudad, me duele Cali”. Incluso, en dicho video señaló que el arma con el que había salido era una pistola traumática, y mostró el registro de la DIAN de dicho elemento y su factura.
No obstante, en junio la Fiscalía abrió indagación por los hechos ocurridos aquel v28 de mayo. A pesar de que el proceso no parecía dar muchos pasos, medios como Cuestión Pública y 404 productora lograron poner sobre la mesa que el arma que Escobar mostraba en el video, como la supuesta pistola con la que salió a amenazar a los manifestantes, era diferente a la que verdaderamente tenía ese día.
“En contraste, en las fotos analizadas y publicadas por este medio, se ve al empresario sostener un arma diferente a la que mostró en el video. Estos aspectos indicarían que Escobar no solo no habría contado toda la verdad sobre su actuación ese 28 de mayo durante el Paro Nacional, sino que habría ocultado, posteriormente, el arma con la que salió a disparar, engañando a la opinión pública y a los fiscales que adelantan la investigación en su contra”.
Cuestión Pública, además, habló con Sebastián Caballero, abogado de las personas afectadas en los hechos. El profesional también le dijo al medio que: “Mientras en las imágenes obtenidas por Cuestión Pública se ve una pistola de color oscuro con proveedor ampliado [30 proyectiles], la mostrada por Escobar en el video del 31 de mayo es de color gris, con un proveedor sencillo [15 municiones]. Consideramos que la primera es de fuego, mientras que la segunda es traumática. La Fiscalía debe revisar esta nueva prueba”.
De esta forma, el medio no sólo evidenciaba la culpabilidad de Escobar en lo ocurrido en Ciudad Jardín, sino que también debía tener en cuenta que la investigación que adelantaba la Fiscalía pudo haber sido tergiversada por el implicado a través de pruebas falsas.
Ahora bien, el abogado Elmer Montaña, quien lo denunció por disparar contra manifestantes, contó, a través de El Espectador, que Escobar será imputado en compañía de otras 16 personas. Al total de implicados se les adelantará el proceso por los delitos de amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
De acuerdo con el medio los otros imputados son: Andrés Felipe Chicaiza, Juan Antonio Córdoba, Francisco Córdoba García, Diego León Quiroz, Jhon Madrid Quiñonez, Andrés Felipe Quintero, Germán Alejandro Ospina, Alexis Mosquera Mena, José Fernando León, Mauricio Gómez Valencia, Aurelio Guevara Machuca, Christian Ulises Chilito, Jhony Andrés Cuspian, Eder Javier Sico, Ricardo Guzmán Gonzáles y Ariel Augusto Nossa.
Al respecto, Isaac Morales, coordinador de la Línea de Investigación de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz & Reconciliación, señala que este paso “es ejemplarizante, pero también era algo que debía pasar, pues fue un delito de arremetida armada contra manifestantes. Al convertirse en un caso ejemplarizante tendría que verse también en qué tipo de circunstancias se da la condena, pues muchas veces se termina apelando sin que pase mucho con el caso, sobre todo teniendo en cuenta que esto también fue un hecho de neoparamilitarismo urbano”.
Siguiendo lo anterior, es necesario señalar que aún no hay una comunicación oficial, pero se espera que pronto se dé, así como que el proceso que se adelante sea tratado con la importancia, rigor y efectividad, dada la gravedad del hecho.