Aliados y dinero para las elecciones del 2022

Por: Walter Aldana

Político social alternativo


Lo que va a ocurrir a partir del 1 de julio de 2021 será la aplicación de favorabilidad para todo proceso emblemático de corrupción. Razón tenía un amigo abogado cuando me dijo: “hoy un gran abogado es un excelente relacionista, no un estudioso e implementador de la ley”.


En un reportaje de la W, se entregó la noticia de que, aunque la Corte Constitucional se había pronunciado en relación a no dar más plazos, fue en 2011, por parte del procurador Ordoñez, cuando se introdujo la figura de la caducidad (más tiempo a las investigaciones). Ello en vez de exigir la celeridad en las averiguaciones y, sobre todo, en los fallos de la justicia.


Y claro está que entendemos el nombramiento como procuradora de la exministra de Justicia de Duque para que alineara los astros alrededor del 2022, dando gabelas a unos y chantajeando a otros mandatarios con abrirles investigación en el marco del paro nacional.


Es así como nos asombró la complicidad de la señora Cabello en relación a prescribir el caso Reficar (conociendo los nombres de los miembros de su junta directiva, se entiende) y con la máxima jurídica de que “se equivocaron, pero de buena fe”, perdiendo la nación más de 820.000 millones de dólares, ya que los proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados.


Le corresponde entonces, ahora, el turno de las oportunidades a Odebrecht, al PAE, al cartel de la Hemofilia (del suegro de la “impoluta” Vicky Dávila), al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a Bernardo ‘el ñoño’ Elias, a la ruta del sol, al tema de tierras cuestionadas en Cundinamarca, a las casas fiscales de la Policía en el Tolima, entre otros.


Y ello porque el código general disciplinario comienza a regir a partir del 1 de julio de 2021 y archiva o prescribe más de 10 mil procesos que se encontraban en acciones disciplinarias, o que no han tenido la segunda instancia, o se hallaban en etapa preliminar, o en investigación, o en los que los casos ocurrieron antes del 1 de julio del 2016.


Y la exministra Cabello, hoy procuradora, presenta el proyecto de ley al Congreso de la República para supuestamente “frenar tal despropósito”, incluyendo un mico donde la entidad se permitiría actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad. Modificando, así, lo establecido actualmente respecto a que quien está a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación no puede desvincular a los alcaldes con fundamento en el artículo 278 numeral 1° de nuestra Constitución política.


En ese mismo proyecto de ley, se pretende aumentar la burocracia con la contratación de 500 personas más en la Procuraduría.


Todo lo que logró el exprocurador Carrillo fue aplazar su entrada en vigor a este 2021.

Quienes se beneficiarán con la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio serán 8.198 alcaldes, 3.194 concejales, 670 gobernadores, 216 investigaciones entre diputados y ediles, entre otro tipo de funcionarios públicos.


Recuerden el “ojo con el 2022”: ahí está con los favorecidos por este proyecto de ley la búsqueda de aliados y dineros para esa campaña electoral.