Algunas ideas sobre el Eln que se han hecho hábitos de pensamiento

Por: Omar Gutiérrez Lemus. Sociólogo/Politólogo

La reciente ofensiva del ELN contra el frente 33 de las disidencias del EMC en El Catatumbo, el pasado 16 de enero, generó una comprensible y legítima ola de rechazo. La brutalidad de los hechos —incluyendo la ejecución de firmantes de paz, el desplazamiento y confinamiento de cientos de civiles y la muerte de un número impreciso de combatientes— fue condenada con razón por la mayoría de la opinión pública. El propio presidente Gustavo Petro acusó al grupo de cometer crímenes de guerra y de actuar al servicio de carteles del narcotráfico.

Anterior a estos hechos, en diciembre pasado, en medio de una creciente presión nacional e internacional para reanudar los diálogos de paz y mantener el cese al fuego, el ELN expresó mediante una “Carta Abierta al Gobierno Colombiano” su disposición a reunirse para examinar la crisis del proceso. La delegación gubernamental acogió el llamado, saludando la posibilidad de retomar el diálogo y generar hechos de paz. Naciones Unidas, la Iglesia Católica y diversas organizaciones sociales se sumaron al llamado al diálogo.

Cinco meses después, sin embargo, la violencia persiste. Según el Obispo de Tibú, Israel Bravo, los enfrentamientos han continuado, ahora con la ofensiva del frente 33 sobre el ELN. Los combates y el temor han afectado gravemente la vida rural, frenando el desarrollo y paralizando el funcionamiento normal del territorio. La creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), formalizada por la resolución presidencial 161 de mayo, busca establecer un marco claro para la concentración de combatientes del frente 33. Aun así, persisten dudas legítimas sobre la presencia simultánea del ELN en la zona y sobre si se contemplará o no una entrega de armas.

Más allá del análisis puntual de estos episodios, me interesa recuperar una idea que ha ido perdiendo fuerza en el debate público: la solución política al conflicto armado. En el enfoque actual del gobierno —que ha abierto múltiples mesas y procesos con distintos grupos— predomina una lógica centrada en la concentración, el desarme y el sometimiento, lo que en la práctica desdibuja la noción de conflicto armado y los acuerdos políticos como vía de superación del mismo. Incluso en el caso del ELN, este objetivo ha quedado relegado. Se corre el riesgo de que la actual estrategia termine acercándose, aunque desde coordenadas distintas, a la tesis sostenida en el pasado por sectores que negaban la existencia de un conflicto armado en Colombia y lo reducían a una amenaza criminal.

En defensa de una causa que puede parecer en retroceso, propongo revisar algunos hábitos de pensamiento sobre el ELN que, más que contribuir a la solución del conflicto, refuerzan estigmas que impiden abordarlo políticamente. Estas ideas, repetidas durante años por gobiernos, medios y algunos analistas, han sedimentado en el imaginario colectivo como verdades indiscutibles, particularmente entre quienes no habitan los territorios más afectados por el conflicto armado.

Se dice, por ejemplo, que el ELN es una guerrilla anacrónica que ha sobrevivido más de sesenta años mientras otras organizaciones han sido desmovilizadas. Se sostiene que no tiene voluntad de paz y que participa en diálogos solo para ganar tiempo. Se le presenta como un actor inmerso en guerras por rentas ilegales del narcotráfico y la minería, sin proyecto político claro. Y finalmente, se afirma que insistir en negociaciones con este grupo es una terquedad condenada al fracaso. Estas afirmaciones, convertidas en sentido común, clausuran cualquier discusión sustantiva sobre su carácter o sobre las condiciones para una salida negociada.

Es cierto que los recientes acontecimientos en El Catatumbo y la parálisis del proceso pueden alimentar esa visión. Pero es necesario matizar. Hasta enero de 2025, el proceso con el ELN era el que más había avanzado, alcanzando incluso el Acuerdo de México y una agenda inédita para una transformación democrática del país. Lo que siguió fue una suspensión abrupta, cuyos motivos exceden la narrativa del incumplimiento o la perfidia.

Frente a estas percepciones dominantes, conviene recordar que el ELN ha reiterado su interés en alcanzar un acuerdo político para poner fin al conflicto armado. Esta decisión ha sido sostenida por sus órganos de dirección, incluyendo el VI Congreso realizado en junio de 2024, en plena vigencia de la mesa. En contraste con lo sucedido en otros procesos, como el fraccionamiento de los Comuneros del Sur en Nariño, el ELN ha mantenido una estructura cohesionada, con liderazgo centralizado (COCE), estrategia nacional y lealtad interna.

Este punto es clave: negociar con una organización que conserva una cadena de mando y un control territorial relativamente unificado puede ofrecer ventajas sustantivas frente a otros escenarios de fragmentación criminal, donde la paz territorial se vuelve casi inviable. La existencia de un actor con control político y social en ciertos territorios podría facilitar acuerdos que articulen paz con transformaciones estructurales a nivel local.

Todo lo anterior no niega ni justifica los actos de violencia cometidos por esta guerrilla. No se trata de desconocer sus contradicciones, ni de idealizar su trayectoria, sino de advertir que cerrar el análisis exclusivamente desde la lógica de la criminalidad puede conducirnos a callejones sin salida. Las urgencias del gobierno no pueden eclipsar la necesidad de persistir en una solución política, incluso en medio de enormes dificultades. Una paz negociada sigue siendo, a pesar de todo, una opción preferible a la prolongación indefinida de la guerra.