Por: Laura Cano, periodista Pares.
Desde la última semana de enero, Pares ha venido investigando y descubriendo una grave situación que se está presentando con los jóvenes en el municipio de Soacha y la banda delincuencial de ‘Los Paisas’ que habrían llegado desde Antioquia hasta este municipio aledaño a la capital a reclutar jóvenes para actividades delincuenciales. Durante el lanzamiento de la Campaña Lidera La Vida, que se realizó en la Procuraduría General en Bogotá, Marino Córdoba, director de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), habló con Pares e hizo público el caso de diez jóvenes de Soacha que habrían sido reclutados por grupos armados ilegales a través de ofertas laborales para luego ser conducidos a Bello, Antioquia.
#ATENCIÓN l #FalsosPositivos #DenunciaPares Diez jóvenes afros habrían sido reclutados ilegalmente en Altos de Cazucá y Soacha y llevados a Medellín. Uno de ellos, al parecer, fue asesinado: Marino Córdoba AFROSES @ClaudiaLopez @DefensoriaCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/CenM9A5R7N — Paz & Reconciliación (@parescolombia) January 31, 2020
Esta crítica situación, que tiene sumida a la comunidad del municipio vecino a la capital en el miedo y el silencio, tiene varias causas: por un lado, la situación de seguridad en el municipio ha dado vía libre para que diversos grupos ilegales hagan presencia allí, y por otra parte, institucionalmente las respuestas van dirigidas a afirmar que esto es solo presencia de delincuencia común organizada. Mientras que la comunidad está sometida a situaciones de profunda vulnerabilidad. Para las familias es muy difícil interponer las correspondientes denuncias ante las autoridades que, en este caso, deciden voltear a mirar para otro lado.
¿Qué está pasando en Soacha?
En el 2018 la Defensoría del Pueblo informó a través de la Alerta Temprana 062 la aparición de ‘Los Paisas’ en el municipio, además de un reporte de presencia de grupos armados posdesmovilización por lo menos entre 2011 y 2017. En dicha alerta también se nombraban a Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras. A esto se le suma el reporte hecho a través de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, en el que se encontró la posible presencia de más de 20 grupos criminales de diversa índole.
‘Los ‘Paisas’ serían los responsables del reclutamiento de los jóvenes del municipio. A pesar del amplio catálogo de bandas, según los habitantes y líderes de la zona, hay una de ellas que tiene hasta el momento el control de Soacha, particularmente en la comuna cuatro: Altos de Cazucá (30 barrios) y Ciudadela Sucre (9 barrios). Se trata ‘Los Paisas’, una organización criminal que surgió de los desmovilizado de las AUC vinculados a la Oficina de Envigado. Foto: Pares.
A pesar del amplio catálogo de bandas, según los habitantes y líderes de la zona, hay una de ellas que tiene hasta el momento el control de Soacha, particularmente en la comuna cuatro: Altos de Cazucá (30 barrios) y Ciudadela Sucre (9 barrios). Se trata ‘Los Paisas’, una organización criminal que surgió de los desmovilizado de las AUC vinculados a la Oficina de Envigado, liderada por alias ‘Don Berna’, quien luego de estar un periodo en la cárcel de Itagüí, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 con una condena que va hasta el 2040.
Esta organización también conocida como ‘El Mesa’, presuntamente habría tenido nexos con la banda ‘Los Panda’, dedicada al tráfico de drogas en zonas como Soacha y Tunja, liderada por alias ‘Toto’, capturado en octubre de 2018. Por otra parte, en abril de 2019 varios medios informaron sobre la desarticulación de esta.
‘Los Paisas’ serían los responsables del reclutamiento de los jóvenes del municipio. “La primera información que tenemos es esa; de los chicos que se llevaron y hasta donde se conoce uno de ellos fue asesinado en Medellín, dicen que hay otros heridos, pero no hemos tenido más información. Nombres sí hay, pero el tema es que no se sabe exactamente qué pasó en Medellín. Para hacer la denuncia debemos tener mucha más información y esa información hay que documentarla. Es una denuncia sobre un hecho muy parecido y en la dirección de los ‘falsos positivos’ y si no la documentamos o sustentamos el Gobierno nos va a venir encima diciendo que eso no es cierto. Tratamos también de ser muy cuidadosos. Estamos en ese proceso”, afirmó Marino Córdoba, director de Afrodes.
Según información de una de las personas que ejerce liderazgo en la zona, el joven asesinado en Bello fue trasladado a Quibdó, exactamente a Riosucio. Esto se supo luego de que una, de las dos jóvenes reclutadas, llamara al hermano de la persona asesinada para contarle lo sucedido. Hasta la fecha ese ha sido el único contacto y reporte que se ha recibido de estos jóvenes, aunque se afirma que se ha intentado restablecer las comunicaciones, pero estos intentos han sido en vano pues los celulares se encuentran sin señal.
Este reclutamiento se presentó en el barrio La Isla, en una zona conocida como La 19, un espacio del barrio en el que están ubicadas aproximadamente 400 personas afrodescendientes provenientes de territorios pertenecientes a ciudades y municipios como Buenaventura, Chocó, Tumaco, Apartadó y Cartagena. Aunque la primera cifra presentaba un total de diez jóvenes y uno presuntamente asesinado, este caso ha presentado un problema principal que no ha permitido esclarecer la situación hasta el momento: el silencio provocado por el miedo.
“Se llevan a los jóvenes del barrio, les dan plata para que se vayan y al llevarlos allá los están utilizando de carnada, miren el resultado: mataron a uno, pero la familia no quiere hablar por el miedo. Son cosas que vemos más graves, no los matan en el barrio, pero sí los están sacando a matarlos. Son jóvenes que vienen del desplazamiento. Es falta oportunidad para ellos, porque si hubiera oportunidades no los cogerían de carnada. Los llevan, los matan y los dejan por allá”, aseveró una persona líder de la zona.
Aunque la primera cifra presentaba un total de diez jóvenes y uno presuntamente asesinado, este caso ha presentado un problema principal que no ha permitido esclarecer la situación hasta el momento: el silencio provocado por el miedo. Foto: Pares.
Esta banda funciona por subcontrataciones en las que vincula a jóvenes de la zona para el microtráfico de droga, además ejercen dinámicas de miedo para ser reconocidos en el territorio: “cogen a los jóvenes los entierran de la cintura para abajo y empiezan a darles golpes. Por ejemplo, cuando dicen que no entregan la droga o el producido los entierran y los orinan. Son cosas que pasan allá y quedan ahí porque nadie dice nada, no pasa nada”, contó la persona líder.
El 53,8% de la población se clasifica por debajo de la línea de pobreza y bajo la Línea de Indigencia se clasifica el 20,4%3 de la población. El promedio de la tasa de incidencia del índice de Pobreza Multidimensional (H) para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4%, para Soacha el IPM es de 45,2%. Lo cual refleja que Soacha es de los municipios más pobres de Cundinamarca y del país. Foto: Pares.
Cabe resaltar dos problemáticas relacionadas con lo anterior. Por una parte Soacha alberga una alta población víctima del conflicto armado con quienes el Estado tiene una deuda histórica y el gobierno actual se ha mostrado inoperante en acciones, además del olvido estatal con los habitantes y dinámicas del municipio. Así lo señala un informe de la Gobernación de Cundinamarca presentado en el año 2018:
“El 53,8% de la población se clasifica por debajo de la línea de pobreza y bajo la Línea de Indigencia se clasifica el 20,4%3 de la población. El promedio de la tasa de incidencia del índice de Pobreza Multidimensional (H) para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4%, para Soacha el IPM es de 45,2%. Lo cual refleja que Soacha es de los municipios más pobres de Cundinamarca y del país, teniendo como agravante la cercanía con Bogotá, ya que generalmente las regiones más pobres y menos desarrolladas se encuentran alejadas de la Capital”. A esto se le agrega lo estratégico de la zona para poder pasar droga desde y hacia Bogotá. Soacha se ha convertido en un importante corredor para el tráfico de estupefacientes.
¿Complicidad de la Policía?
Por otro lado está la desconfianza que la comunidad le tiene a la Policía Nacional. Esta realidad ha sido determinante para que las familias no interpongan las correspondientes denuncias cunado un joven desaparece, denuncia una irregularidad o es maltratado. Esto lo confirmaron varias de las personas que le han hecho seguimiento al caso, además de habitantes del barrio:
“La Policía prácticamente es una corrupción. Nosotros no les podemos decir nada porque enseguida la banda delincuencial se da cuenta, ese es el riesgo que nosotros pasamos allá por el trabajo que hacemos con los jóvenes”. “… El tema también es que hay que tener cuidado con estos grupos porque el que empieza a investigar, de una empiezan a ponerle el ojo. La Policía vive de sobornos, de unas transacciones económicas que se les da para protegerlos o para perseguir a otros y no a ellos”. “Con la Policía no se tiene confianza. Han pasado casos que han denunciado y la demora es que uno salga del comando de la policía para que ellos se den cuenta. Sale uno de allá y cuando uno llega al barrio ya saben que uno viene a denunciar o de decir algo que está pasando”.
Allá empapelaron (la policía) a un muchacho que venía de estudiar como a las 11 y no traía cédula, lo cogieron y dijeron que era uno de los más buscados de allá, de la banda. La mamá llevó el certificado de la empresa, de donde estaba estudiando y como a los cuatro meses lo soltaron, cuando lo soltaron al pelado tuvieron que hacerle hasta una operación porque de las palizas que le dieron le partieron hasta una costilla, pero la mamá no quiso nunca denunciar porque al pelado lo habían amenazado. Foto: Pares.
A esto se le ha sumado, aparte de la persecución directa de parte de ‘Los Paisas’ a los afro, la discriminación y estigmatización que parte de la Policía ha creado con esta población. Una fuente consultada en el territorio cuenta que:
“La Policía allá es cómplice. Ven que están vendiendo el vicio y cómo cogen a los pelados. Cuando otros jóvenes que no están metidos en eso, sino que vienen de trabajar los cogen a palo porque hay mucha discriminación. La Policía con la población afro es muy racista con palabras fuertes y groseras. Que nosotros estamos de arrimados. Un joven compró un carro y le llegaron allá, lo privaron como 20 policías y todos los golpes eran con palabras groseras. Le decían que ese carro era robado, que él no podía tener un carro de esos. Al pelado le rayaron la cara, lo subieron privado al carro y nadie pudo grabar. La prima del muchacho grabó y se le metieron al apartamento para quitarle el celular, se lo dieron como a los tres días dañado. Allá no se puede reclamar. Si le van a pedir papeles a la población también es de forma grosera. Ven lo que ven y qué dicen – ah, cuando maten unos tres negros vamos a allá-. Ellos andan con dos revólveres. Fuera del que les dan de dotación andan con otro revolver. Y dicen que cuando ellos llevan un muchacho allá es para que les den dos o tres días de permiso, porque lo han dicho, entonces por eso se actúa de esa forma; con miedo”.
La misma fuente consultado por Pares agregó que: “Si conocen al duro ¿por qué no se llevan a los duros? Retinen a los inocentes; jóvenes que no tiene nada que ver. Además, sacan las fotos diciendo que esos son de los más buscados, sabiendo que es mentira porque ellos saben quiénes son y no los cogen, sino que ponen pelados inocentes. Allá empapelaron un muchacho que venía de estudiar como a las 11 y no traía cédula, lo cogieron y dijeron que era uno de los más buscados de allá, de la banda. La mamá llevó el certificado de la empresa, de donde estaba estudiando y como a los cuatro meses lo soltaron, cuando lo soltaron al pelado tuvieron que hacerle hasta una operación porque de las palizas que le dieron le partieron hasta una costilla, pero la mamá no quiso nunca denunciar porque al pelado lo habían amenazado. Se tuvieron que ir de ahí para Cali de miedo, porque esa señora cayó en un estado de pánico por la forma en la que le trajeron al hijo. De miedo se fue”.
Justamente esa está siendo la respuesta ante el miedo; el desplazamiento a otras ciudades o entre barrios o zonas del municipio. A partir de lo que se conoce por los residentes de La 19 se sabe que tres familias relacionadas con los jóvenes que reclutaron tuvieron que salir del barrio. A esto se le suma la alerta que se ha generado entre los habitantes de La Isla por lo que sería una nueva invasión en uno de los lotes cercanos al barrio, al que han llegado alrededor de 100 familias, quienes están viviendo otra problemática, pues allí se está presentando una dinámica en que se venden parte de los lotes y luego se es revendido haciendo salir a quienes ya estaban allá.
¿Y la institucionalidad dónde está?
La falta de denuncias en entidades oficiales ha generado subregistros y versiones de lo sucedido. Anteriormente, se conocía que en los últimos años entidades como la Secretaría de Gobierno no reconocían, por lo menos hasta el anterior periodo, la existencia de Estructuras Armadas Ilegales, sino que eran nombrabas bandas criminales, desconociendo la organización que tienen las estructuras per se y por ende el alcance de sus actividades en el territorio. A esto se le ha agregado que al no haber denuncias ante el miedo de la comunidad y la falta de confianza con la Policía, el relato para la institucionalidad en algunos de sus organismos ha quedado ahí.
“Nos han manifestado que hay personas que se han desplazado voluntariamente hacia otros lugares del país; por situaciones de amenaza de la parte delictiva, personas que se dedican a vender estupefacciones o cosas así y de pronto tienen algún tipo de conflicto delictivo entonces deciden irse para otras regiones del país”. “… si hay alertas vengan y nos dicen a nosotros cómo es y que vengan las víctimas y nos avisen, pero víctimas no aparecen”, afirmó a Pares el comandante de la Policía de Soacha, Édgar Correa .
“Nosotros estamos analizando esa información, pero no hay nada concreto en cuanto a esa persona haya sido asesinada, ni nosotros podemos afirmar si hay desplazamiento allá, nadie nos ha puesto una denuncia formal, o sea, recibimos la noticia, fuimos y verificamos y nadie nos ha confirmado la información”.
Además, Correa también explicó que con base en un informe del Ministerio de Defensa y el Centro Integrado de Inteligencia se había determinado que las estructuras armadas ilegales no tenían presencia en Soacha, que lo que había eran bandas de crimen común organizado, incluso aseguró que esta situación era transversal en todo el departamento de Cundinamarca.
Tras esto, Correa dijo: “hay una situación problema en Soacha: que allí se acostumbraron que todo mundo vaya, vayan ONGS y pongan recursos, entonces es complejo, hay muchas cosas que pasan allá y yo me sorprendo”.
En relación con esta información, el secretario de gobierno, Dany Caicedo le explicó a Pares: “Me dicen que estos jóvenes se dirigieron a Arauca y otros para Medellín. En ese caso me dicen que, sobre todo la Policía, le han hecho una inteligencia y que tienen el número de teléfono de uno de ellos que está allá por una oferta laboral que le hicieron. También me comentan que uno de ellos sí está desaparecido, pero que no tienen rastro alguno de la estadía de él, que se sabe que viajó con el compañero del que sí tienen rastro. …Correa me dijo – nosotros hasta tenemos números de una persona que son las que se fueron para allá y eso perfectamente se lo podemos comisionar a la Policía de ese sector del país para que haga su trabajo- «.
Asimismo, el funcionario también hizo referencia a que luego que se conoció el caso, en la Secretaría se convocó un Consejo de Seguridad con organismos de inteligencia como la Policía y el Ejército, además que desde la Institución se le hizo saber el tema a la Unidad Nacional de Protección para que se tomaran medidas sin recibir respuesta a hoy. “Yo oficié a la UNP comentándole la situación para que tuviesen claro que se estaban presentando ciertos rumores de esto en el municipio, recalcando que ya tenemos antecedentes de falsos positivos en nuestro municipio, en ese mismo sector”.
Por otro lado, uno de los primeros organismos que supieron del caso de los reclutamientos, la Defensoría del Pueblo informó: “ese no es un asunto de la competencia nuestra real, pero sin duda alguna sí tiene algún tema relacionado con nuestra gestión. Lo primero que hay que decir es que desde el año 2011 hemos venido notificando a través del sistema de alertas tempranas, una alerta temprana para el municipio de Soacha. Esta alerta temprana ha sido actualizada en siete ocasiones, en cada una de estas ocasiones hemos advertido escenarios de riesgo y vulnerabilidad de una y de otra manera relacionado con el tema de reclutamiento de jóvenes y adolescentes”.
Ante esto, se argumenta que en el año 2018 el Gobierno Nacional lanzó un decreto que creó la directriz para crear regionalmente una Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA).
A partir de lo que se conoce por los residentes de La 19 se sabe que tres familias relacionadas con los jóvenes que reclutaron tuvieron que salir del barrio. A esto se le suma la alerta que se ha generado entre los habitantes de La Isla por lo que sería una nueva invasión en uno de los lotes cercanos al barrio, al que han llegado alrededor de 100 familias, quienes están viviendo otra problemática, pues allí se está presentando una dinámica en que se venden parte de los lotes y luego se es revendido haciendo salir a quienes ya estaban allá. Foto: Pares.
Por esto, la Defensoría ha hecho varios llamados a la Gobernación de Cundinamarca para la implementación de esta, sin embargo, esta última entidad ha dicho que solicita preparación técnica para su creación, tarea que está a cargo del Ministerio del Interior. Luego de conocerse el caso de reclutamiento, la Defensoría volvió a contactar a la Gobernación para conocer el estado de la Comisión sin haber recibido (hasta el momento de la publicación de este artículo) respuesta a la fecha de la conversación con el encargado de esta institución. Una entidad le lanza la responsabilidad a otra.
Se requieren soluciones con urgencia
Adicionalmente, se hizo la consulta en la entidad en la que Marino Córdoba puso la denuncia en medio del acto público de finales del mes de enero: la Procuraduría General, y la respuesta por parte del organismo fue que el tema ha saltado en tres dependencias: delegada para los Derechos Humanos, delegada para la JEP y delegada para las Entidades Territoriales sin resolverse cuál es la oficina competente para brindar una respuesta.
A esto se debe agregar que históricamente el problema de reclutamiento a menores ha mostrado cifras alarmantes. Según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se registra que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad. Esta práctica, luego de la firma del Acuerdo de Paz, presentó en el 2018 un pico en los casos con un total de 50 hechos, mientras que en el año anterior se habían registrado 24.
El tema fue retomado por la emisora Blu Radio el mismo día que se conocieron los hechos, y casi un mes después por RCN Radio, en el que no se hacía referencia directa al caso particular, pero sí al posible reclutamiento de jóvenes.
Desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se hace un llamado a los organismos competentes para que se creen medidas que permitan mitigar los escenarios de violencia que Soacha ha tenido históricamente. Además, que los contextos sean analizados institucionalmente desde miradas no institucionales y guiadas más hacia las dinámicas que se viven, especialmente en la comuna cuatro, donde se cierra diciendo, por parte de habitantes del territorio, que es probable que en la zona haya una presunta presencia del Cartel de Sinaloa y disidencias de las Farc. Asimismo, que se implementen herramientas que permitan esclarecer con el escenario planteado la situación actual de los jóvenes que pudieron ser reclutados, independientemente si fueron dos o diez, si hay muertos o no. La comunidad necesita respuestas y acciones urgentemente.