Por: Laura Cano Periodista – Pares
En el último mes han sido constantes las noticias sobre feminicidios en Colombia. Solo en lo que va de esta semana se han conocido los casos de Deysi Marcela Cruz Reyes, de 39 años, y de Edy Mariel Barragán, de 49. El primero de estos casos ocurrió el pasado domingo al sur de Neiva, Huila. El victimario, cuya identidad aún no se conoce, habría huido con rumbo al municipio de Campoalegre, donde se presentó en la Estación de Policía para confesar lo sucedido. Hay que señalar que en el departamento, en lo corrido del año, se han presentado los casos de Luzdally Motta Yagué, en el municipio de Garzón, y el de una menor de 11 años en El Pital. Este hecho se registró el pasado mes de junio.
Por otro lado, el caso que se reportó en la ciudad de Bogotá, en el que el responsable sería Luis Carlos Barragán, pareja sentimental de Edy Mariel Barragán, ocurrió en el barrio El Pedregal, de la localidad de Fontibón, al noroccidente de la ciudad. Y es que en la capital, así como en muchas otras zonas del país, la violencia contra las mujeres no cesa. Tan solo de enero a julio, según lo citado en El Espectador sobre el reporte del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), “en la capital 1,2 de cada 100.000 mujeres fueron asesinadas, siendo Ciudad Bolívar y Bosa las localidades en donde más casos se registraron, con diez y siete, respectivamente, seguidas por Engativá (cinco), Kennedy (cuatro) y Rafael Uribe (cuatro)”.
Es necesario mencionar que, en lo que va del año, más de 50 mujeres que residían en la capital fueron víctimas de feminicidios. Además, el OMEG también alertó que en los últimos seis meses la Secretaría Distrital de la Mujer ha valorado y atendido a 524 mujeres en peligro de ser víctimas de feminicidio, la mayoría en riesgo extremo. Solo en junio se presentaron 58 mujeres en riesgo extremo, 32 en riesgo grave, 30 en riesgo moderado y 23 en riesgo variable.
Este panorama ha encendido las alarmas a nivel nacional, por un lado, debido al alto índice de casos, y, por otra parte, en razón de las pocas acciones efectivas que se han tomado, pues a pesar de lo sistemático de estos casos existen muchas vacíos en cuanto a las medidas de prevención, lo que termina dejando una radiografía como la actual. A lo que se suma un complejo sistema judicial que, primero, carece de cobertura, dejando a muchas zonas del país sin mecanismos que atiendan casos de violencias basadas en género, y, segundo, parece incapaz de atender casos bajo un enfoque de género, lo que termina revictimizando a muchas personas afectadas y haciendo posible que muchos victimarios queden en libertad.
Un panorama nacional
Hay que iniciar señalando que los problemas estructurales, como los anteriormente nombrados, también tienen otra consecuencia en lo que se refiere a la sistematización y registro de datos: existen notables diferencias entre la información entregada por organismos oficiales y la que es reportada por organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, desde enero a julio de 2021, Medicina Legal registró que en el país se cometieron 44 feminicidios, cuatro de ellos contra menores de edad. Además, a través de Radio Nacional, se informó en julio de este año que “la procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora, advirtió que hasta abril de este año se han registrado 67 feminicidios en toda Colombia. Lo que implicaría un aumento del 10 % para final de año”.
Hay que recordar que para el 2020 la Fiscalía General de la Nación registró 182 feminicidios. Este mismo organismo, en los primeros dos meses del año, comunicó que habían ocurrido 36 casos. Además, para el año pasado, según esta institución, los departamentos con mayores registros fueron Caquetá, Huila, Chocó, La Guajira, Quindío, Caldas y Cundinamarca.
Por otra parte, el Observatorio de Feminicidios Colombia tiene un registro de 320 feminicidios en los primeros 6 meses de este año: 55 en enero, 50 en febrero, 52 en marzo, 51 en abril, 50 en mayo y 62 en junio. La mayoría de estos casos se concentraron en mujeres de 20 a 24 años. No obstante, esta cifra puede variar si se tienen en cuenta los casos que responden a homicidios contra mujeres.
En este punto, es importante señalar que el feminicidio está tipificado en la ley 1761 del 6 de julio de 2015, donde se establece que será culpable de este tipo de crimen quien “cause la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias,
a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.
b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.
c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.
e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.
f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”.
Junto a esto, se señala que los responsables de estos casos incurrirán en prisión de 250 a 500 meses. Sin embargo, cuando las víctimas sean menores de edad o mayores de 60 años; el victimario sea funcionario público y se aproveche de esta condición para cometer el crimen; el feminicidio se cometa con el concurso de otra u otras personas; la víctima sea mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica; el crimen esté motivado por prejuicios relacionados a la condición étnica o la orientación sexual; el asesinato se cometa en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima; o cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, la pena será entre 500 y 600 meses.
Todo lo descrito anteriormente demuestra que, además de lo crítico del panorama nacional, hay una complejidad con las cifras registradas. Esta situación responde a un desconocimiento de la tipificación del feminicidio como delito, pero, además, como explica María Victoria Ramírez, coordinadora de temas de género en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “también esta dificultad tiene que ver con el subregistro, por un lado, porque la víctima directa es la víctima fallecida, y a veces sus familiares tampoco tienen claro qué es un feminicidio y no se registra como tal. Adicionalmente, muchas veces los medios de comunicación e incluso las autoridades, de manera ligera, por desconocimiento o a propósito, hacen ver los feminicidios como si fueran otro tipo de crímenes, no dan el trasfondo de género que hay en esos hechos”.
Dos radiografías departamentales
Recientemente, desde la Alcaldía de Medellín se informó que, en lo que va del año, han ocurrido 25 asesinatos contra mujeres en la ciudad. “De este total, la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres ha postulado el 75 % de estos crímenes como presuntos feminicidios en 2021, en total 18 casos, de los cuales 8 han sido verificados por investigación judicial con esta clasificación”, según se informó desde la administración local. La estadística revela que el 38% de los crímenes ya esclarecidos fueron cometidos por parejas o exparejas; el 12%, por algún familiar de la víctima; y el restante 50% se encuentra en proceso de análisis.
Por otra parte, en el departamento del Cauca, la secretaria de la Mujer del Cauca, Rosalbina Valdés, denunció que en lo corrido del 2021, 40 mujeres han sido asesinadas. De esa cifra, 10 pertenecían a comunidades indígenas en ese departamento. Sobre estos casos, se ha logrado identificar que 11 han sido feminicidios y los otros 29 se encuentran en investigación. Además, los municipios con más altos índices de este tipo de violencia son Santander de Quilichao y Popayán, con cinco casos en cada zona; Buenos Aires con cuatro casos; y Puerto Tejada con tres casos. Hay que recordar que en este último municipio, el pasado 23 de agosto, se cometió el asesinato de Mabel Conde y Vanesa Mena, de 27 y 21 años de edad respectivamente. Las dos mujeres se movilizaban en una motocicleta en la vía Panamericana, entre los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, cuando sujetos armados las atacaron. El hecho es materia de investigación.
Todo este panorama reitera la necesidad de seguir exigiendo medidas y acciones contra los feminicidios en Colombia, así como ante toda clase de violencia contra las mujeres. Además, resulta evidente que se debe garantizar que las instancias judiciales tramiten estos casos de forma responsable con las víctimas, permitiendo el acceso a la justicia, pero también desarrollando investigaciones juiciosas en este tipo de hechos. Desde Pares nos sumamos a las exigencias de justicia para cada una de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia.