Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En materia económica, Colombia y el mundo se encuentran al borde de un abismo y su población en alto riesgo de caer en él. Las cifras más representativas de la economía así lo evidencian: la mayoría de países sufren de una desaceleración generalizada de la producción –estancamiento–, un incremento desbocado de los precios en los bienes y servicios –inflación–, unas tasas de desempleo altas –paro– y un deterioro del bienestar de los hogares –pobreza–.
A esta situación llegamos luego de pasar por tres años de pandemia por el Covid-19 y sufrir sus efectos, que han dejado a casi todos los estados endeudados y con grandes huecos fiscales. Además, una grave crisis inflacionaria causada por el rompimiento de las cadenas de insumos y suministros. Y una guerra dañina entre Rusia y Ucrania, que presiona aún más la situación con el desabastecimiento de combustibles e insumos, y nos pone más cerca de una situación de estanflación mundial.
De allí que digamos que en términos económicos estamos en una situación similar a la que se encontraría un grupo de personas que, acorraladas y cerca de un precipicio, ven cómo bajo sus pies comienza a desbarrancarse el piso. Una situación que, como dije, no es exclusiva de Colombia, la mayoría de países de la región y del mundo se encuentran en situaciones similares. Economías –en otrora fuertes y poderosas como Brasil o Inglaterra– ven cómo sus indicadores se desploman en el aire y van rumbo al hueco de la depresión, como si se reviviera y repitiera la pesadilla de la década perdida de 1980.
Siendo nuestros vecinos latinoamericanos –según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)– los más afectados luego de la crisis sanitaria de la pandemia. La población en extrema pobreza en la región supera los 86 millones de personas. Y todos los países se encuentran con tasas de crecimientos proyectadas para este año inferiores a la nuestra, que ronda los cinco puntos porcentuales.
Pero, como la preocupación mayor es por nosotros, hablemos de Colombia. En nuestro país la situación es crítica, la tasa de inflación anual para agosto, según el DANE, se ubica en 10.84% y se espera que supere los 11 puntos en septiembre, la más alta de este siglo, cuyos productos que más suben de precio son los alimentos, los arriendos y los servicios públicos domiciliarios. La tasa de desempleo está rodeando el 11%, muy por encima de lo que estaba antes de la pandemia, cuando en 2018 estaba en 9.7%. Y el crecimiento de la economía, como se dijo, baja sus expectativas cada día.
Mientras tanto, las organizaciones encargadas de velar por nuestra seguridad económica toman decisiones cuyos efectos no se reflejan en el corto plazo. El Banco de la República viene aplicando medidas monetarias contractivas para evitar que aumenten los créditos y el consumo, y con ello intenta infructuosamente que la inflación siga subiendo y la caída al precipicio se atrase y sea menos fuerte. De allí que, al finalizar septiembre, tomó la decisión de subir las tasas de interés a 10%, la más alta en 14 años.
También el Gobierno Nacional hace lo propio. Con acciones fiscales y de intervención regulatorias intenta sobre guardar los derechos de la ciudadanía. Ha propuesto varias reformas que deben pasar por el Congreso de la República para enfrentar la calamidad pública –como la agraria y la tributaria–. Además, ha tomado la decisión de intervenir algunos mercados, como el de la energía eléctrica, para bajarle la presión a los golpeados ingresos de los hogares, que en territorios como la Costa Atlántica han visto incrementos en las tarifas hasta de un 50%.
Igualmente, intenta frenar el creciente déficit fiscal, la deuda colectiva que todos debemos pagar. Y que, según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), se ubica hoy en un 7.3% con relación al PIB. Cifra que de nuevo nos recuerda que estamos en un hueco aún más profundo que el que se vivió a finales del siglo pasado, cuando el déficit público estaba en 1998 en 7%. Y que nos alerta sobre la nueva situación.
De allí que todos debamos estar implicados en esta situación crítica. Por supuesto, los mayores responsables son los que dirigen la economía, que son las autoridades monetarias, las que vigilan los mercados y el Gobierno. Este es un momento para que organizaciones como la Superintendencias Financiera estén atentas para que las empresas no abusen del consumidor y se afecte el historial de crédito de los usuarios; o para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le ponga cuidado a las tarifas exageradas en los servicios públicos domiciliarios, afectando el bienestar de los consumidores.
También los empresarios y dueños del capital deben contribuir, como una forma de ejercer una responsabilidad social o de pensar en la sostenibilidad de sus negocios. Existe una resistencia muy fuerte de este sector para meterse la mano al bolsillo en estos momentos de crisis; quieren seguir ganando y se resisten a las propuestas de reforma. Empresarios como los generadores de energía desean seguir disfrutando de los grandes beneficios que hoy ofrece el mercado y el sistema tarifario que los premia. Ellos se encuentran en tierra firme y con menos angustias que los que están al otro lado del inmenso cúmulo de colombianas y colombianos que están viendo el precipicio.
Finalmente estamos los consumidores. Como agentes racionales debemos atender el llamado que hacen las autoridades para controlar el consumo. El Banco Central nos está diciéndonos que no nos endeudemos más y que evitemos los gastos innecesarios como la compra de carros o viajes. Que asumir un crédito hoy es como aumentar nuestro propio peso y volumen, en una terreno seco y arenoso que pronto se derrumbará si no dejamos de cargar deudas y movernos financieramente.
También debemos hacer caso al Gobierno: los ministros de Hacienda y Minas y Energía nos están diciendo que reduzcamos el consumo de energéticos, en especial de gasolina, cuyo consumo sigue presionando el aumento de la deuda pública, aunque a menor ritmo debido al incremento mínimo de 200 pesos mensuales de la gasolina que se aplicará en los próximos meses. Entender esto nos evitará también salir a las calles a protestar por una decisión que tarde o temprano debería de haber tomado el Gobierno.
En síntesis, nos situamos en un momento difícil para la economía. Una situación en la que poco o nada podemos recurrir a nuestros países vecinos, pues ellos también están en una situación similar o aún peor y catastrófica. Un momento en el que es necesario pedir solidaridad a algunos –como los empresarios y ricos– y mesura a otros –como los consumidores–. Un momento en el que debemos estar pendientes del presente y del futuro; no podemos descuidarnos en una situación crítica como la actual. Movernos mal o de forma brusca podría empujar a otros al abismo o hacer caer a nuestros hogares en el hoyo de la estanflación. El cuidado del bienestar debe ser de todos y todas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.