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Foto del escritorKaterin Erazo

Aida Quilcué enfrenta múltiples amenazas mientras el Gobierno garantiza su seguridad

Por: Katerin Erazo, periodista

Foto tomada por: Colprensa

Aida Quilcué, quien actualmente tiene cincuenta (50) años, es vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado, encargada de temas como reglamentos de los organismos de control, contratación administrativa, notariado y registro, así como la estructura y organización de la administración nacional central. Su trayectoria incluye haber sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO y participar activamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), elegida como parte de la Circunscripción Especial Indígena hasta el año 2026.


La senadora Aida Quilcué, quien hace parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha sido objeto de diversas amenazas en los últimos meses, generando preocupación en torno a su integridad y seguridad. El más reciente incidente ocurrió el sábado 20 de mayo, cuando Quilcué alertó a través de sus redes sociales sobre la presencia de hombres armados cerca de la vivienda en la que se encontraba con su familia, en la vereda Clarete, zona rural de Popayán, Cauca.



Estos individuos sospechosos merodeaban el inmueble y dejaron un cartel intimidante dirigido a la congresista, evidenciando con esto un claro intento de atentar contra su vida. Estos sujetos abandonaron el lugar rápidamente, dejando atrás dos armas de fuego automáticas y prendas de uso exclusivo militar. El descubrimiento fue realizado durante un recorrido realizado por Quilcué y miembros de la guardia indígena, quienes actuaron de inmediato para protegerla.


El cartel encontrado pertenece a un frente de la Segunda Marquetalia, una organización delictiva liderada por Iván Márquez, antiguo miembro del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz. Este incidente se suma a otros eventos preocupantes que han puesto en riesgo la vida de la senadora, siendo blanco activo de grupos armados ilegales que operan en la región del suroccidente colombiano.


En octubre de 2022, la camioneta en la que se movilizaba, bajo un esquema especial de protección, fue objeto de disparos mientras la senadora transitaba en el sector Guadualejo-Puerto Valencia. De acuerdo con la senadora Quilcué, la camioneta de su esquema de seguridad recibió alrededor de seis impactos de balas. Ahora bien, en febrero del presente año el Grupo Gaula del departamento del Huila logró la captura del presunto responsable de dicho atentado. Según información suministrada por las autoridades, la detención de Campo Elías Ramos Alonso, conocido como alias “Chinga”, se llevó a cabo en una operación conjunta de investigación judicial e inteligencia en una zona rural de La Plata. El trabajo exhaustivo y coordinado entre la Policía Nacional y el Gaula-Huila permitió recopilar las pruebas necesarias para identificar a “Chinga” como el presunto responsable del atentado contra la senadora Aida Quilcué.

Es importante resaltar que la senadora Aida Quilcué ha enfrentado momentos de dolor y violencia a lo largo de sus últimos años. En 2008, su esposo Edwin Legarda perdió trágicamente la vida en una acción llevada a cabo por el Ejército, suceso que ha sido objeto de investigación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha examinado el caso de cerca y ha involucrado a 33 uniformados en el proceso. La decisión de investigar surge a raíz de las pruebas presentadas por la Procuraduría, donde se evidencia que los militares dispararon indiscriminadamente contra Legarda Vásquez y su acompañante mientras se dirigían en su vehículo hacia el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.


Este caso, fue conocido como uno de los primeros “falsos positivos” en contra de un indígena en el municipio de Totoró, que ha generado gran conmoción. Edwin Legarda Vásquez, quien se transportaba en una camioneta con el logotipo del Consejo Regional Indígena (CRIC) al regresar a Popayán, recibió tres de los diecisiete disparos que el perito de criminalística pudo determinar en la escena. La investigación continúa por esclarecer completamente hasta la fecha, esperando que se haga justicia para la senadora.


Ante las continuas amenazas y los múltiples atentados que ha sufrido senadora Quilcué, el pasado 29 de mayo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, se pronunció al respecto y afirmó que el Gobierno “asume con seriedad y preocupación” las situaciones de riesgo que enfrenta Aida Quilcué. El ministro aseguró que se han tomado medidas inmediatas para garantizar su seguridad, incluyendo la asignación de un esquema de protección de emergencia y la mejora de los vehículos asignados para su desplazamiento tanto en la capital como en la región donde lleva a cabo su labor política como vocera y representante de las comunidades indígenas del Cauca.


Varios senadores de distintas bancadas, incluyendo la oposición, expresaron su solidaridad y solicitaron al Gobierno que se tomen las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Legisladores como David Luna Sánchez de Cambio Radical, Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal y Alfredo Deluque del Partido de La U, señalaron el deterioro persistente de las condiciones de seguridad en el país, e incluso advirtieron sobre el riesgo que esto representa para el proceso electoral.


El ministro Velasco hizo énfasis en la importancia de alcanzar la Paz Total y ejercer control territorial en todas las zonas donde los grupos violentos intentan imponerse y amedrentar a la población. En medio de estas amenazas persistentes, Aida Quilcué continúa desempeñando su papel como senadora y lideresa indígena, luchando por los derechos de las comunidades y representando sus intereses en el ámbito legislativo. Su valentía y dedicación en medio de las adversidades son un ejemplo para muchos, y su labor se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia en Colombia.


La sociedad colombiana espera que el Gobierno cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad de Aida Quilcué y de todos los líderes y lideresas que enfrentan amenazas similares. La protección de los defensores de derechos humanos, lideresas y líderes políticos es fundamental para mantener la democracia y construir un país en paz, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

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