Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares.
Este lunes 10 de junio, el Senado aprobó el proyecto de ley 210 de 2018 para prohibir la entrada de plásticos no reciclables a la isla de San Andrés. En Colombia el debate sobre la regulación y prohibición de ciertos ha tomado en los últimos años la fuerza suficiente para ser hoy un eje central de debate a nivel legislativo.
Después de varias estrategias dilatorias por cuenta de algunos congresistas y el lobby de ACOPLÁSTICOS, fue aprobado el proyecto que busca mitigar la contaminación ambiental causada por el uso masivo de plásticos en los ecosistemas marinos del archipiélago.
Alrededor del mundo ya existen países o ciudades que han tomado la decisión de prohibir la circulación de ciertos empaques o materiales plásticos como medida preventiva ante la urgencia ambiental que se viene presentando, fundamentalmente por los preocupantes alcances de la contaminación en ecosistemas marinos y terrestres por cuenta de los residuos plásticos que tardan cientos y miles de años en descomponerse.
Presión ciudadana vs lobby empresarial
Esta iniciativa, con ponencia del senador liberal Guillermo García Realpe, esperaba su último debate en la plenaria desde hace varias semanas y había sido obstaculizada por cambios repentinos en el orden del día que le impedían ser votada.
Ante los daños que en los últimos años han causado los desechos plásticos en la estructura ecológica de la Reserva de Biósfera Seaflower, la ciencia ha demostrado que son los plásticos de un solo uso como pitillos, icopor y bolsas los principales agentes contaminantes de los ecosistemas coralinos.
El archipiélago de San Andrés, que ha recibido coletazos a todo nivel por cuenta del litigio internacional entre Colombia y Nicaragua, alberga cerca del 77% de las áreas coralinas de Colombia, junto a hábitats de manglar, fondos arenosos y ecosistemas profundos.
Ya en el 2018, ante una iniciativa en Cámara de Representantes para prohibir la comercialización de plásticos de un solo uso, ACOPLÁSTICOS había desplegado su lobby en el Congreso y había conseguido que el propio Ministerio de Ambiente, en cabeza de Ricardo Lozano, emitiera un concepto negativo contra dicho proyecto de ley.
Ahora, con el proyecto de ley que busca prohibir la entrada de plásticos no reutilizables al archipiélago de San Andrés, los empresarios de ACOPLÁSTICOS, liderados por Daniel Mitchell, se han opuesto a que este proyecto sea debatido y han buscado por todos los medios dilatar la discusión y, de nuevo, acomodar el orden del día de las plenarias para que el proyecto de ley quede archivado al terminar esta legislatura en los próximos días.
Por lo anterior, es importante entender qué empresas y qué relaciones de poder se encuentran detrás del gremio de plásticos en Colombia que le han permitido, hasta ahora, hundir varias iniciativas que buscan regular la industria del plástico como medida ambiental.
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), liderada actualmente por Bruce MacMaster, se ha posicionado en contra de las iniciativas que buscan crear un marco legislativo ambiental para desestimular el uso y la comercialización de plásticos de un solo uso.
Secundando la postura de ACOPLÁSTICOS, la ANDI ha afirmado que en Colombia existen las herramientas necesarias para poner en marcha estrategias de reciclaje y activar una economía circular, insistiendo en que la prohibición vía legislativa no es el camino y “estigmatiza” el uso de plásticos en Colombia.
A lo anterior, sin embargo, debe sumarse el hecho de que Carvajal S.A., una de las empresas más importantes del sector de los plásticos, ha hecho parte de la junta directiva de la ANDI durante los últimos años.
Después de haber sido aprobado el proyecto de ley en sus cuatro debates, aún quedan pendientes la conciliación y la sanción presidencial de la ley.
La ciudadanía ha hecho llegar cerca de 100 mil firmas al Congreso solicitando la aprobación de esta ley y en unas semanas se definirá finalmente el destino de este proyecto que contó con la oposición de grandes poderes del país, incluyendo a ACOPLÁSTICOS, la ANDI y el Ministerio de Ambiente.