• Línea convivencia y seguridad ciudadana

Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno Nacional: ¿una salida al conflicto por la tenencia de la tierra?

Por: Nicolás León, Asistente de investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana

El reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la repartición desigual de la tierra en Colombia. En este sentido, algunas voces del Gobierno como también voces expertas han resaltado el acuerdo como un suceso histórico y trascendental para transitar hacia la paz en el país.

El acuerdo se logró concretar después de una sucesión de hechos que han acontecido en los últimos meses, para mencionar algunos: la invasión de tierras rurales por parte de campesinos reclamantes en 17 departamentos del país y la respuesta amenazante de los ganadores y otros gremios saliendo a desfilar con grandes camionetas en los territorios rurales del Magdalena. Este escenario parecía proclive para un estallido de violencia rural similar a los acontecidos a comienzos de siglo con el paramilitarismo, sin embargo, poco a poco, parece haberse ido tranquilizando y, aunque con algunas dudas, parece poder llegar a buen puerto.

Este artículo se divide en dos partes. En la primera parte se da un contexto general sobre las movilizaciones en torno a la tenencia de la tierra en el país. En la segunda parte se hace una aproximación al caso del departamento del Magdalena, teniendo como referencia las posibles consecuencias y desafíos que debe enfrentar el acuerdo circunscrito en términos de seguridad ciudadana.

Lo primero por dejar claro es que a pesar de que el acuerdo precede a una serie de hechos coyunturales que posibilitaron el escenario político para la negociación, el eje central del acuerdo obedece a un acumulado de demandas y conflictos históricos de décadas atrás. Este acumulado ha dejado como resultado 13 millones de campesinos reclamantes de tierras, al país en el sexto puesto entre los más desiguales en tenencia de la tierra (donde el 1% de la población tiene el 90% de la tierra) (Censo Agropecuario, 2014) y, actualmente, el deber de darle tierra a 3 millones de personas y formalizar la vocación agrícola de 7 millones de personas (CINEP, 2022).

Por este motivo, analizar las ocupaciones de predios como un proceso de largo plazo es una tarea necesaria. Según Duarte (2022), desde una perspectiva histórica es posible observar que las invasiones de predios venían en un aumento progresivo desde finales de la década de los 70 hasta llegar a su auge en el 1987. En la década de los 90 y 2000, estas ocupaciones fueron mínimas, y finalmente en 2016 se ha presentado un aumento sostenido que llega a su punto máximo en 2020, para finalmente tener un descenso sostenido entre 2020-2022.

El fenómeno de ocupación de tierras entonces no puede verse reducido a lo acontecido en los últimos meses, ni siquiera a los últimos cuatro años, sino deben verse desde una perspectiva a largo plazo. De los 2.768 predios afectados por ocupaciones, apenas 16 han sido reportados desde junio de este año (mes de la elección del actual gobierno), de los cuales 5 ya fueron devueltos (Duarte, 2022). Esto obedece al decrecimiento sostenido que se ha dado desde 2020, año en el que se reportaron 39 casos de ocupación, 5 casos más que los reportados durante 2021 y 9 más de lo reportado hasta la fecha en 2022.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que no haya habido un aumento de las movilizaciones en torno a la tierra en el país. Desde la firma del Acuerdo de Paz, lo acontecido puede interpretarse como una segunda oleada de movilización (Duarte, 2022), la diferencia es que mientras la primera se dio en los territorios en las costas del Caribe en 2016, la actual se ha concentrado en el suroccidente del país, especialmente en el departamento del Cauca (que solo este año ha reportado 13 casos de invasión).

Estas movilizaciones se articulan con la implementación del punto 1 del Acuerdo Final y la construcción de una Reforma Rural Integral (RRI) para saldar la deuda histórica de la tenencia desigual de la tierra. Para suplir las demandas de Acceso y Formalización de la tierra y, en general, para impulsar cualquier avance significativo de la RRI, es indispensable trazar acciones y estrategias claras relacionadas con el Catastro Multipropósito, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) y el Subsidio Integral de Acceso a la Tierra (SIAT), ejes que actualmente no han superado las expectativas y se encuentran con retrasos en su implementación (CINEP, 2022).

A pesar de ser un conflicto complejo, con raíces históricas de décadas atrás, es necesario recalcar que el actual gobierno parece tener una oportunidad única para conducirlo hacia una salida satisfactoria, sobre todo considerando el aparente fortalecimiento de la política de Paz Total en la que se ha circunscrito el reciente acuerdo. Aun así, no son minúsculos los desafíos que se imponen para poder cumplir con todo lo pactado, especialmente teniendo en cuenta que los intentos por solucionar los conflictos por la tenencia de la tierra en el país han terminado en ciclos de violencia aparentemente interminables. Por lo anterior, daremos un vistazo al caso del departamento del Magdalena, uno de los departamentos que ha estado en el centro de las luchas por la tenencia de la tierra, pero también de la violencia armada. Actualmente, aunque las condiciones parecen alinearse, el escenario no deja de ser turbulento cuando se piensa en una futura implementación de lo pactado.

Magdalena

En este apartado se hará un recuento sobre los principales hechos en materia de invasión a tierras que se han presentado desde que el gobierno Petro asumió la presidencia. Esto considerando el alto impacto mediático que han tenido los conflictos por invasiones de tierra en los últimos meses. Para tal fin se hace énfasis en el departamento del Magdalena, al ser uno de los focos históricos de los conflictos por la tenencia de la tierra, así como una de las regiones en las que las luchas por el control territorial se han transformado constantemente. A comienzos de agosto de este año empezaron a verse incrementos en los casos de invasiones de tierras en el norte del Cauca. Estos casos se fueron expandiendo a otras regiones de los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Huila, Guainía, Vichada, Antioquia, Cesar y Atlántico.

Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, existen dos intereses fundamentales que motivan este tipo de acciones. Primero el de comunidades reclamantes de tierras que exigen su derecho a la propiedad y optan por la ocupación de predios baldíos, improductivos o administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Segundo, ocupaciones ejercidas por poblaciones étnicas en el marco de la denominada “liberación de la madre tierra”, en la que ocupan territorios que consideran como parte de su ancestralidad étnica y cultural, estas últimas se concentran principalmente en los departamentos del Cauca y Vichada.

En este sentido, este tipo de manifestaciones han sido impulsadas por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. En el departamento del Cauca, que ha sido el epicentro de las actuales invasiones, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha sido el principal abanderado para presionar por el acceso a la tierra e impulsar la reforma agraria. Mientras tanto, en los otros departamentos del país, el liderazgo lo han tenido las comunidades campesinas y afrocolombianas que reclaman por la restitución de sus tierras usurpadas en el marco del conflicto armado interno.

Iniciando septiembre, este tipo de alertas empezaron a hacer eco en el departamento de Magdalena. Los empresarios ganaderos y otros gremios de la zona denunciaban posibles intentos de invasiones ilegales a predios privados, argumentando que una serie de demarcaciones hechas en las cercas de sus terrenos serían los puntos delimitados para invadir la propiedad.

A pesar de que estas denuncias no se pudieron corroborar, el gremio Fedegán organizó una gran caravana de camionetas que se movilizaron por las zonas del departamento en la que se preveían tales invasiones. Según el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, el objetivo era “enviar un mensaje a todas las regiones”, especialmente considerando que “detrás hay mafias, criminales, profesionales en oficio de invasión que identifican actores en la región que tienen algún nivel de contacto o partencia con grupos armados”. La movilización también tenía como propósito impulsar la creación de los llamados “grupos de reacción solidaria”, que es una forma de organizar a los ganaderos de la región para defender sus propiedades de manera articulada. La posible aparición de estos grupos hizo recordar el pasado oscuro de las Convivir y sus comprobados nexos con los grupos paramilitares de la región.

Como contraparte, voces del Gobierno Nacional y departamental salieron a desmentir la veracidad de tales invasiones. La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha denunciado que grupos de personas han promovido las invasiones en Magdalena por medio de documentos y firmas falsas con las que ofrecen tierras a los campesinos. De manera similar, Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, declaró que las supuestas ocupaciones obedecen a una estafa y que en el municipio del Plato (uno de los municipios con más alertas en el departamento) “no existe ni una sola hectárea de tierra ocupada”.

De igual modo, según Duarte (2022), los departamentos de Valle (669 casos), Antioquia (397) y Cundinamarca (231) son los que mayor cantidad de predios ocupados tienen a 2022. Mientras tanto Cauca (54), Huila (49) y Magdalena (46) se ubican entre los departamentos que menos casos de ocupación presentan a 2022. Paradójicamente estos últimos son los que mayor atención de los medios han tenido en materia de ocupación de tierras, lo que podría explicarse por la conflictiva relación entre campesinos, indígenas y afrocolombianos de un lado; y los grandes gremios de la región (azucareros en el caso del Cauca y ganaderos en el caso de Magdalena).

Es prudente recordar que el Magdalena ha sido uno de los focos de atención de las ocupaciones de tierras. Desde la década de los 60, en los que la Acnur empezó un proceso de colonización y ocupación de baldíos, pasando por la proliferación de estructuras paramilitares que desplazaron y masacraron a los campesinos reclamantes, hasta el día de hoy cuando los reclamantes campesinos se encuentran en un escenario de tensión con los gremios ganaderos de la región.

Por este tipo de disputas, el Magdalena se ha convertido en uno de los departamentos en los que más personas reclamantes de tierra han sido blanco de amenazas contra su vida o integridad. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entre 2012 y 2017 se reportaron 213 hechos de amenazas en contra de personas reclamantes de tierra en el departamento: 34 de los casos en Santa Marta, 30 en Pivijay, 23 en Fundación, 22 en la Zona Bananera, 22 en Puebloviejo, 21 en Chibolo, 20 en Ciénaga y los otros 41 distribuidos en los demás municipios del departamento (Giraldo & Vargas, 2018).

A lo anterior se le suma los reiterados intentos por estigmatizar a la población reclamante, lo que ha llevado a que la tensión se profundice en los últimos años sobre todo en el contexto de la implementación de procesos de restitución de tierras. A principios de 2016, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), el exprocurador Alejandro Ordoñez, Fedegán y otros gremios regionales convocaron un evento que exacerbó las discusiones en torno a los segundos ocupantes y los procesos de restitución (CINEP, 2017). Este panorama desencadenó la consecución de hechos de violencia indirecta y encubierta, como las mencionadas amenazas a reclamantes o la presencia de estructuras armadas cercanas al pasado paramilitar que apoyan a los gremios ganaderos (CINEP, 2017).

La aparición de estas estructuras en este conflicto no parece ser ajena al hecho de que la mayoría de amenazas reportadas se hayan concentrado en la ciudad de Santa Marta y los municipios colindantes. Esta zona, en los últimos años ha visto el aumento de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos Armados Organizados herederos de estructuras paramilitares, como lo son Los Pachelly, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo. Aún más grave, en el mes de agosto circularon panfletos de los Pachenca (misma estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) declarando una posible guerra contra el Clan del Golfo por el control territorial de zonas como Ciénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo y Santa Marta.

Lo anterior, se suma al sospechoso escenario de falsas invasiones de tierras e impulsa a pensar que, de fondo, lo que acontece es una disputa por el control territorial del departamento. Es menester del Gobierno determinar en qué medida las disputas entre grupos armados pueden estar involucrados en la orquestación de las invasiones y en qué medida se verían beneficiados en un escenario de conflicto entre gremios y campesinos. De igual forma, es necesario dejar en evidencia que, para el caso de Magdalena, impedir una futura proliferación del fenómeno paramilitar está estrechamente relacionado con el control de los GAO y GDO concentrados en los conglomerados urbanos del departamento.

Ante este amplio panorama, es prudente preguntarse qué tipo de acciones se tomarán por parte del Gobierno para enfrentar tamaño conflicto. Si bien el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán es un punto de partida importante para resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, es pertinente preguntarse por la forma en la que se pretende implementar lo acordado. En el caso del Magdalena se trata de un escenario que exige respuestas en materia de seguridad que deben ser revisadas con especial cuidado, sobre todo, si no se quieren repetir errores del pasado en los que grupos armados vuelvan a acaparar y tomar control sobre los terrenos rurales. Hasta el momento parece evidente que el gobierno ha incentivado una salida dialogada con los diferentes actores armados y delincuenciales, resta ver si esta serie de medidas estarán acompañadas de otras que ataquen a este tipo de organizaciones o, por el contrario, si la salida negociada será suficiente para materializar lo pactado. REFERENCIAS: