Acabar la maldita corrupción

Por: Guillermo Segovia Mora

Abogado y politólogo


¡Sin vergüenzas! titulé en portada, hace casi 25 años, un especial de la revista Utopías, complementado con el resumen “La corrupción, la politiquería y una burocracia rapaz desangran a Colombia”, e ilustrado con uno de los horrendos grifos —figura mitológica, mitad león y mitad águila— que adornan el Capitolio Nacional y que, paradójicamente, simbolizan la moral, las buenas costumbres, la fuerza y la ley.


En aquél entonces, como lo denunciaron la revista Alternativa en septiembre del 79, Semana en marzo del 91, Cambio en noviembre del 94, El Espectador y CM& en el 96, y en adelante varios medios, como ahora —según encuestas y la controversia electoral— el país vivía una de sus ya recurrentes e incurables oleadas de indignación, sosegada por anuncios de drásticas medidas legislativas y judiciales, para repetirse poco después con un nuevo estrago de las ratas.


La corrupción tiene hastiados a los colombianos que con el transcurso de los años han visto cómo una clase política inmoral e insaciable se dedicó a vivir a sus anchas, aceitando maquinarias mediante el robo y “la mordida” sin que la ampliación de tipos penales ni penas hayan hecho mella en una práctica que, antes que repudio, parecería causar admiración en una parte de la población, perjudicada en su bienestar y derechos por tales prácticas.


Tal vez juegue en favor de la explicación decir que la plaga no es repentina, sino que parece estar inoculada en el ser nacional desde la invasión española, pues buena parte de las prácticas que asquean hoy fueron utilizadas con amplitud por los funcionarios y validos de la Corona para “purificar su sangre”, comprar cargos o, valiéndose de ardides, hacerse a tierras y dineros de la “Real Hacienda”.


La asquerosa herencia trascendió la Independencia al punto que el Libertador Simón Bolívar expidiera un decreto sancionado con pena capital a los que se apropiaran de los recursos de la naciente y famélica República. Esfuerzo estéril ante la ambición de la oficialidad —López, Obando, Mosquera— ávida de tierras y peones, sacrificados en las “guerras civiles” para empoderar a sus patrones, alistados en los nacientes partidos liberal y conservador.


Si alguien quiere un expediente documentado, sesudo y valiente de lo que ha sido el tránsito de nuestro país por la sinvergüencería, el crimen y la impunidad debe leer Corrupción. Metáfora de ambición y deseo, libro en el que el historiador Hermes Tovar Pinzón hace una minuciosa disección de esa infección que ha carcomido el cuerpo de la nación, siempre distraído o cómplice insensible de su desangre, por designio de una clase dirigente asesina, abusiva, soberbia y venal.


Comenzando el siglo XX, un empréstito privado contra el sueldo le costó el puesto al lapidado Marco Fidel Suárez, luego los favorecimientos al hijo del presidente erosionaron el gobierno de Alfonso López Pumarejo. “La Violencia” de los años 50 sirvió a los gamonales para enfrentar a los campesinos entre “godos” y “cachiporros”, apropiarse de sus pequeños fundos, expulsarlos a las ciudades por cientos de miles y convertirlos en las clientelas del “Frente Nacional”, para continuar la dependencia de los desposeídos, a costa de los cuales construyeron un país de privilegios, nepotismo y familismo amoral que, al finalizar el siglo, se amancebó con la criminalidad del narcotráfico.

Consciente de hacer parte de ese miasma, Julio César Turbay Ayala, gamonal liberal, ofreció reducir la corrupción “a sus justas proporciones”, recurrente promesa demagógica para encubrir prácticas repudiables del suyo y de gobiernos subsecuentes. Gaviria y sus hermanos en empresas editoriales y de la construcción, favorecidas invocando la cercanía al gobierno; Samper y la financiación de su campaña por el narcotráfico en el proceso 8 mil y el “miti miti” de sus ministros otorgando emisoras; Pastrana con el escándalo de los bancos Andino y Pacífico, del que el representante a la Cámara, Gustavo Petro, dijera, “Pero Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico….” (El caso del banco del Pacífico, Intermedio Editores, pág. 141), señalamiento que no perdona.


Y vinieron zarpazos mayores. Para amañar la Constitución de 1991, que prohibía la reelección, Álvaro Uribe prohijó todo tipo de fechorías, incluida la ausencia pagada y disculpada en razones fisiológicas de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para asegurar la votación favorable y poder optar a seguir en el mando, e intentó repetir una segunda vez con audacias más nauseabundas. Imposibilitado, por decisión de la Corte Constitucional, a su amparo, el ministro de agricultura, Andrés Arias, intentó asegurar la continuidad del proyecto con su candidatura, ambientada repartiendo a hacendados recursos públicos que debían apoyar a campesinos pobres con el programa Agro Ingreso Seguro. Aparte de favorecer con sus influencias a sus hijos en emprendimientos urbanísticos.


Luego vendrían las coimas de Odebrecht, con las que se emborracharon muchos “caciques” en el exhibicionismo, puestos a buen recaudo por una justicia a veces coja, a veces miope, a veces digna. Se libraron los expresidentes Uribe y Santos y sus cercanos, por aquello de que siempre se debe proteger la dignidad presidencial, y un fiscal, Néstor Humberto Martínez —reciente apoyo del candidato presidencial Rodolfo Hernández— que ha sabido pisar aquí y allá para evitar la caída. El mismo que prometió “freír peces gordos” porque “por donde se huela hiede” y al que en medio de sus actuaciones interesadas, como investigador y parte, se le murieron dos testigos.


Todo un período de indignidad en el que, sin disiparse el hedor de los “ñoños” que les ofrecieron a los niños de las escuelas manzanas podridas por meriendas, carne de caballo podrida por ración de res, que se robaron la hemoglobina y las sábanas de los hospitales, en Bogotá se dieron un festín de miles de millones. En medio del siempre atractivo gancho de la lucha contra los saqueadores, hace cuatro años, quien ya casi termina su nefasto gobierno, en acuerdo con unas entusiastas congresistas, metieron al país en una inocua “Consulta Anticorrupción”, que no fue más que otra burla.


Durante el gobierno Duque, que había prometido reformular las relaciones con los partidos —ahora un archipiélago de empresas electorales—, el clientelismo, el amiguismo y el favoritismo burocrático han sido nota predominante: los organismos de control en manos de amigos, los intercambios de cargos entre las cabezas de las “ías”, las cuotas en estas y en las cortes a los congresistas electores, la diplomacia y los privilegios de la contratación al servicio de los amigos del Palacio de Nariño y, para rematar, la desidia criminal que le esquilmó al presupuesto nacional 70 mil millones de pesos y dejó a millones de escolares con la ilusión de conectarse a internet.


De nuevo, en este trance de la historia, la gente dice basta. Por encima de problemas tan graves como la pobreza, el desempleo y la inseguridad, señala a la corrupción, en su más amplia acepción (ineficiencia, inobservancia de la ley y formalidades, peculado, cohecho, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, etc.), como el principal mal del país. El tema se convirtió en el centro de la batalla electoral por la definición presidencial del próximo 19 de junio. Y de nuevo las tretas politiqueras, mediáticas y publicitarias, apuestan a confundir.


La sorpresiva y avasallante llegada a segunda vuelta del señor Rodolfo Hernández parece aplacarse a medida que se conocen sus antecedentes, las evidencias testimoniales de sus actuaciones y sus desaguisados. No voy a entrar en las acusaciones contra quien se inscribió a nombre de la “Liga de Gobernantes Anticorrupción” teniendo como práctica, por lo menos, el abuso de autoridad y la propensión al desconocimiento de la ley. Un especial de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) abunda en la materia. Solo diré que el asunto raya en una disonancia ludonarrativa (el juego difiere de las reglas), término al uso de los gamers y usuarios de redes como el TikTok, favorito del “candidato anticorrupción”.


Para la candidatura de Gustavo Petro-Francia Márquez, el Pacto Histórico y la Alianza por el Cambio, la Paz y la Democracia, el tema es una prueba de fuego. Gustavo Petro es reconocido por seguidores y críticos como el congresista más destacado en la lucha contra la corrupción y el paramilitarismo en los últimos 30 años y, no obstante la guerra política y jurídica desacatada contra él por la clase política tradicional por su ejercicio como Alcalde de Bogotá, tanto la CIDH como todas las instancias judiciales, disciplinarias, fiscales y administrativas del país, luego de ejercer sus derechos y el debido proceso, han dejado en limpio su buen nombre en cuanto a comisión de delitos o faltas disciplinarias. Así mismo, han levantado cualquier halo de duda en el llamado “caso de las bolsas”, trapisonda con la que intentó desprestigiarlo el fiscal Martínez Neira en contubernio con el uribismo.


En cuanto a las personas que se han sumado a la convergencia que lidera, Petro ha sido claro en señalar que: adhieren a la propuesta en su esencia y sin contraprestaciones; en casos cuestionados, se apartan del quehacer de la campaña y, como le respondió a Hernández por sus ataques tratando de afectarlo con allegados investigados: quienes tengan imputaciones judiciales se retiran. Mejor cortar por lo sano: “No intente limpiarse las uñas con mi prestigio”, le dijo.


El Pacto Histórico, frente a asuntos relacionados con la moralidad y defensa de los recursos públicos, incluye, entre otras propuestas: equilibrio de poderes, independencia del poder judicial y elección por méritos de magistrados, reforma a la Fiscalía, organismos de control, electorales y de los mecanismos de elección de sus cabezas; para superar el manejo político y financiación estatal de las campañas electorales.


Así mismo, ampliar rendición de cuentas formal de congresistas a información detallada de su gestión y supresión de comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, reforma y control ciudadano a la policía, justicia estricta con corruptos y garantizar devolución de recursos, ampliar información pública sobre ciclos de gestión de recursos, protección al denunciante de corrupción, fortalecimiento de la participación, veeduría y el control ciudadano y de la vigilancia oficial a la contratación pública.


A lo anterior, profundizando en la reforma anticorrupción, en las últimas semanas, Gustavo Petro ha planteado tres iniciativas que, de concretarse, tendrían hondo calado en la consolidación de un Estado moderno, eficaz, autónomo y al servicio del ciudadano, a la vez que al establecimiento de un ajuste de cuentas con el pasado de secuestro y cooptación de la administración pública por intereses criminales.


De una parte, poner fin a la intermediación de los congresistas en la gestión presupuestal, sustento, en parte, del clientelismo y la apropiación de recursos públicos, en lo posible mediante la asignación de cupos fijos a los municipios según sus necesidades y tamaño. Por otra parte, debido a la degeneración burocrática y politiquera en favor del gobierno de turno y la reticencia a cumplir sentencia de la CIDH que ordena separar funciones disciplinarias y judiciales a la Procuraduría General de la Nación, convertirla en una dependencia de la Fiscalía en la investigación contra la corrupción.


En lo que constituye un compromiso trascendental, solicitar a las Naciones Unidas la conformación de una Comisión Internacional de Investigación de la Corrupción en Colombia, cuyos efectos podría tener un carácter judicial punitivo y restaurativo y de esclarecimiento de la verdad. En su conjunto, medidas promisorias en la construcción de un Estado moderno, democrático, eficaz y al servicio del ciudadano, que demandan, en su mayoría, acuerdos políticos en el Congreso, que parecerían posibles en una época de cambios, en la que uno de los más importantes, es acabar la puta robadera.


 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.