Por: Laura Cano, Periodista Pares.
El pasado 21 de junio se conoció el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio por parte de 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío), que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). El hecho volvió a poner sobre la mesa dos importantes debates; por una parte, la responsabilidad de las Fuerzas Militares con las comunidades que deberían proteger y por esa misma vía los otros hechos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército.
Como pasa en la mayoría de los casos en que las mujeres denuncian y hacen público casos de violencias basadas en género, en este caso sexual se comenzaron a conocer más hechos. El 29 de junio el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hizo pública una investigación en la que se informó que en septiembre de 2019 en Guaviare una niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, habría sido secuestrada y abusada sexualmente por un grupo de militares del Batallón Joaquín París.
“Este podría ser considerado un caso de esclavitud sexual. Hemos podido documentar este caso, pero pudimos conocer que al menos habría otras cuatro niñas que también sufrieron ese crimen. Es aterrador el caso, pero también es aterrador comprobar que los soldados que al parecer cometieron este crimen, no recibieron ningún castigo. Los soldados responsables fueron retirados de la zona y hoy, al parecer, se encuentran en sus casas”, indicó Ávila.
A esto se agrega que el 1 de julio a través de una rueda de prensa virtual comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, confirmó que desde 2016 se encontró que presuntamente 118 integrantes de la institución están relacionados con casos de abuso sexual contra menores. De estos solo 45 fueron retirados del servicio activo, mientras que 73 todavía están siendo investigados disciplinariamente.
“Yo no veo que haya una situación complicada en los últimos dos, tres años. Siento que mucho de esto venía ocurriendo desde mucho antes. El tema de las ejecuciones extrajudiciales muestra que comportamientos en contra los derechos humanos de la Fuerza Pública siempre han existido y son gravísimos. La diferencia es que la sociedad colombiana perdonaba esto porque estábamos en una guerra con las Farc. Ya no hay guerra con las Farc y esto se comienza a conocer”, aseveró Ariel Ávila en entrevista con LAUD Estéreo.
A estos hechos se han sumado otros dos relatos de víctimas de abuso sexual: una por parte Manary Figueroa que contó en Caracol Radio cómo hace 25 años miembros del Ejército abusaron de ella y su madre, quien estaba en estado de embarazo, cuando se movilizaban desde el corregimiento de San Rafael hacia Arauquita. Además, afirmó que los dos militares relacionados con el caso “fueron juzgados a dos años prisión. El abogado dijo que eso era lo único que había podido hacer”.
Adicionalmente, también se conoció la historia de una madre que denunció a un cabo segundo perteneciente a la Escuela de Artillería en Bogotá por abuso contra su hija que para el año en el que se dieron los hechos (2018) tenía 4 años. La madre de la menor indicó que a pesar de haber puesto la respectiva denuncia ante la Fiscalía al miembro de la institución no le han abierto investigación disciplinaria y todavía sigue activo en el organismo.
No es un problema nuevo
Así como lo exponía Ávila, los casos de abusos sexuales han sido transversales al conflicto armado que se ha vivido en el país, donde hay que decir, que así como hubo participación en estos hechos por parte de los grupos armados ilegales, también la hubo por parte de la Fuerza Pública.
Vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte a mayo del 2019 y desde el 1 de mayo de 1985, había, al menos, 26.534 víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual. De estos hechos, por lo menos en los contabilizado hasta 2017, 206 eran responsabilidad de agentes del Estado, incluyendo que de 3.973 del total no se han establecido implicados.
Igualmente, es necesario nombrar que dentro del conflicto armado la violencia sexual se convirtió en una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, y a su vez en una de las formas más violentas de imponer miedo y autoridad a través del cuerpo de las mujeres y su integridad sexual. Aun con los 26.534 casos registrados esta cifra podría ir en un aumento significativo si se evalúan las trabas tanto legales, como sociales que atraviesan a las víctimas de este delito, más aún si en la colocación de la denuncia también se ven implicadas dinámicas propias del conflicto como el miedo impartido por los actores armados.
Sin dejar de lado que al hablar de violencia sexual también se debe poner sobre la mesa los hechos de explotación sexual, esclavitud sexual, trata de personas, mutilación sexual, acoso sexual embarazos y abortos obligados, los cuales al hacer parte de los casos contra la integridad sexual cuenta con varias barreras, incluso a través del lenguaje; la forma en que se nombran y la estigmatización social han llevado a que históricamente muchos hechos hayan quedado en subregistros y sin justicia; lo que no permite puntualizar cuántos de estos casos por relación directa u omisión tienen relación con la Fuerza Pública.
¿Qué pasa con la justicia?
Vale la pena mencionar que como en los casos que hoy son noticia, también en la mayoría de los hechos relacionados con violencia sexual muy pocas veces el trabajo de las entidades legales competentes permite llegar a una reparación y justicia. Muestra de esto es que según lo reportado en la Fiscalía en 2019 se habrían registrado hasta principios de diciembre 33.891 casos de violencia sexual, de estos solo habían llegado a un proceso de esclarecimiento el 11.88%. A esto vale la pena agregar que según lo informado por Save the Children de los 22.792 hechos de abuso sexual con niñas y niños menores de 18 años alrededor de un 97% están en impunidad.
Estos resultados pueden ejemplificarse de alguna forma con los casos expuestos en los que se acusan a miembros del Ejército como culpables; en el primero el delito habría sido tipificado incorrectamente y además revictimizando a la menor, en los expresado por Zapateiro solo 45 de los 118 militares involucrados por casos de abuso sexual contra menores dejaron de ser parte activa de la institución, referente a lo ocurrido con Manary Figueroa y su madre los culpables solo pagaron 2 años de cárcel y en el hecho de la menor de 4 años ni siquiera se ha abierto una investigación disciplinaria contra el acusado.
¿Cuál es la falla? Aunque hay que iniciar diciendo que a cada uno de los hechos cometidos por los miembros del Ejército debe agregarse el agravante dispuesto en el Código Penal en el que se insiste en evaluar los casos teniendo en cuenta el “cargo que da particular autoridad sobre la víctima”.
Lo real es que las trabas para el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual no solo son para quienes la sufrieron por parte de la Fuerza Pública, sino en general es un panorama que atraviesa todos los tipos de hechos, pues desde que una mujer decide instaurar una denuncia comienza una cadena de revictimizaciones que inicia por deber contar lo ocurrido a casi siete (7) funcionarios para poder ser atendida por las y los médicos de Medicina Legal, lo que pone en evidencia un desconocimiento de protocolos para atender los casos de violencia basada en género.
Ante esto la viceprocuradora general de la Nación, Adriana Herrera en entrevista con El Tiempo resaltó la urgencia de “fortalecer las instituciones que reciben las denuncias, empezando por las Comisarías de Familia, y las entidades que trabajan en conjunto con la Fiscalía para que estos no sean casos que se queden en un expediente más en la fila”. Además, la funcionaria enfatizó en la necesidad de promover “la formación de los funcionarios en materia de derechos humanos y enfoque de género, empezando desde la Ley 1257”.
La violencia sexual y el conflicto armado
Por otra parte, también es necesario nombrar que en la JEP desde su creación se han recibido 27 informes de violencia sexual cometidos por distintos actores armados, en diferentes partes del país.
En dicho tribunal hay tres categorías para determinar la competencia que tiene esta entidad: violencia sexual política, que es cuando la orden de cometer el abuso sexual viene por parte de cabecillas de los grupos armados; violencia sexual práctica, tipificada así cuando el acto no se comente por una orden directa, pero sí hay complicidad u omisión de los superiores; y violencia sexual oportunista, que se da cuando el escenario del conflicto armado brindó los medios para cometer el delito.
No obstante, desde algunas organizaciones como: Corporación Humanas Colombia, Women´s Link Worldwide, Colombia Diversa, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Sisma Mujer, se presentó un informe titulado Conexidad entre la violencia sexual y el conflicto armado: un llamado al no retroceso en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que se hace anotaciones referentes a varias de las tareas que tiene la JEP sobre estos casos.
Uno de los primeros llamados que menciona es la tipificación de la violencia oportunista argumentando que “preocupa que la nueva categorización esté ocultando en lo “circunstancial” un entendimiento equívoco y un mal uso de la llamada “violencia oportunista”, abriendo paso a la prevalencia de lecturas reduccionistas y cargadas de prejuicios y estereotipos que consideran la violencia sexual, por vía de regla, como un asunto privado, como si fuese una conducta desviada que se explica apenas por el deseo sexual y la conducta deliberada del agresor”.
Asimismo, se solicita que la Comisión de Género de la JEP no solo sea de carácter consultivo, sino también decisorio. Además, que se abra en dicho organismo un macrocaso dedicado a investigar los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Adicional, se insiste en la necesidad de atender a las víctimas también desde la atención psicosocial a través de una política de atención integral en salud.
Respecto a todo lo anterior Ariel Ávila afirma que Colombia se prepare para una catarsis. (…) Este país va a asombrarse mucho cuando abra la puerta de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Por último, y como se ha hecho el llamado desde distintos sectores respecto a los casos de estos delitos que implican a militares, es urgente una reforma de las Fuerzas Militares partiendo de la preparación en cuanto a derechos humanos, pues, aunque se reclama el no generalizar, sí hay que evaluar que todos lo hechos reportados no son aislados y parecieran estar respondiendo a cierta sistematicidad sobre la cual pareciera estar rondando el silencio institucional.