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A propósito del proyecto de reforma a la salud

Por: Walter Aldana

Político Social Alternativo


La esencia de la ley de reforma a la salud que propone el nuevo Gobierno es el cambio del pagador. Ahora el dinero destinado a la salud la pagará el Estado directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), clínicas y hospitales públicos o privados.

La prestación del servicio seguirá igual; las IPS no se van a acabar, los usuarios afiliados a Sanitas, Sura, Nueva EPS, etc., seguirán siendo atendidos en sus clínicas, y las personas del régimen subsidiado en donde regularmente van.

Pretende la reforma desembolsar los dineros de manera directa al hospital, el cual recibirá los recursos sin intermediarios, para sufragar los aspectos laborales de su personal y los insumos que necesite (ello evitará paros por el atraso en recibir los pagos mensuales).

Habrá un solo y único sistema de información en el que cualquier colombiano podrá ver el flujo de recursos y a quién y cuánto le pagan, evitando los favoritismos, amiguismos y corrupción, lo que sucede actualmente en algunas EPS.

Actualmente, las EPS deben a los hospitales y clínicas de toda Colombia 16,6 billones de pesos, mientras que el Estado le debe a las EPS 2,5 billones. Esto es lo que genera los problemas de salud cuando se le da a administrar los recursos públicos a entidades privadas, la plata no les llega a los prestadores del servicio (IPS), afectando directamente a la comunidad.

Con esta reforma a la salud, el Estado tendrá una estructura de supervisión y control de estos recursos, para lo cual se conformará en cada región un Consejo Territorial de Seguridad Social, compuesto por un funcionario del Estado, un representante de los trabajadores y uno de los usuarios. De igual forma, se diseñará toda una estructura de auditoría de cuentas médicas que eviten aberraciones tales como “el cartel de la hemofilia”, además de la descentralización de la Superintendencia de Salud con castigos severos y justos tales como (si encuentra una sobrefacturación o falsedad en cobros) la inhabilitación de las IPS para vender nuevamente servicios al Estado, además de implicaciones legales y penales.

Aumentarán los recursos de la salud con el fin de fortalecer las atenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como saldrá el médico de su consultorio e irá a las zonas que nunca va, mediante el fortalecimiento de la atención primaria, sin dejar descubierto la prestación del servicio en las sedes de las clínicas y hospitales.

Los tratamientos de alto costo seguirán siendo pagados directamente por el Estado, no cambiará su prestación, solo la forma de pago que será directamente a las clínicas y hospitales. Aquí se demuestra una de las ventajas, ya que no habrá EPS que le demore o niegue la autorización al paciente. El Estado se autorregulará con una relación directa con las IPS, a través de los comités de regulación, que evitarán el mal uso y el abuso de los servicios de salud, lo que se hará entre médicos pares y será obligatorio con una periodicidad de cada 15 días.

Este sistema permitirá que se fortalezcan las IPS públicas, pues en caso de superar la capacidad instalada y su suficiencia en la prestación de servicios, deberán asociarse con IPS privadas adscritas a la Secretaría de Salud Departamental para solucionar las deficiencias de la red pública.

Recordemos que el proceso de privatización de la salud con la ley 100, fue la aplicación en dicho sector del modelo económico, aperturista y neoliberal, impuesto en el país en los últimos 22 años. Desde la creación de la ley 100, hay más de cien EPS liquidadas y hoy no mejora la prestación del servicio, por el contrario, las administradoras de estos recursos llevaron a la quiebra a cientos más de IPS que en su momento prestaron buenos servicios a la población.

Habrá un sistema de facturación en línea con una historia digital unificada y universalizada para todos los colombianos, de tal manera que el usuario que cambie de sede de residencia podrá portar su historia clínica y solo bastará con presentar su cédula de ciudadanía digital, la que permitirá el acceso a los servicios de salud en cualquier parte de Colombia.

Las guías medicas de las IPS serán fundamentales para esa regulación que hará el Estado para evitar el mal uso y abuso de los servicios de salud, los gerentes se elegirán por meritocracia para todos los hospitales públicos, se reformarán las actuales y el examen será único a nivel nacional con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se iniciará con la formalización laboral, la contratación digna de los empleados del sector salud, evitando las nóminas paralelas en los hospitales y clínicas del país, las compras de insumos y medicamentos serán centralizadas, lo que permitirá una leal competencia de precios y calidad. Finalmente, reforzando lo anterior, habrá una regulación de tarifas que permita un control social de la inversión de los recursos públicos.

Esta iniciativa del ejecutivo, para ser discutida, ajustada y votada por el Congreso de la República en conjunto con la laboral y pensional, tendrá bastantes detractores que por los grandes medios de comunicación vociferarán en contra de su espíritu. Es por ello que el presidente ha llamado a acompañar comunitariamente en grandes jornadas pedagógicas su entendimiento y defensa.

 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

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