Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista
En las últimas semanas, se han conocido con gran preocupación nuevos casos de niñas desaparecidas en municipios como Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca. Si bien estos casos deben elevar la alerta en el departamento, no pueden ser tratarlos como hechos aislados.
Revisando las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encontré que: entre enero y agosto de 2024, se han reportado 512 personas desaparecidas en el Valle del Cauca. Lo que más resalta de estas cifras es que, mientras los hombres desaparecen en mayor proporción en la adultez (29 a 59 años), las mujeres desaparecen mayoritariamente durante la adolescencia, entre los 12 y 17 años. En este rango de edad, las desapariciones afectaron a 86 mujeres, frente a 36 hombres en dicho periodo de tiempo. Siendo Cali, Tuluá y Jamundí los municipios con mayor incidencia de desapariciones femeninas.
Esta diferencia en el rango de edad nos dice mucho sobre las dinámicas de violencias que viven las niñas y mujeres adolescentes. Estando expuestas a múltiples riesgos, incluidos la explotación sexual infantil, la trata de personas y otras formas de violencia de género, además del reclutamiento, uso y utilización en el marco del conflicto armado dada la presencia de grupos armados tanto en zonas urbanas como rurales. Ante este panorama, es urgente que las autoridades permanezcan en alerta y activen todos los mecanismos de protección disponibles. La desaparición es una grave violación de derechos humanos que requiere respuestas inmediatas, pero, sobre todo, coordinadas.
En junio pasado, la Alcaldía de Cali lanzó la campaña “Sembrando Protección: juntos contra la explotación sexual infantil”, con el objetivo de trabajar de la mano con la Policía, el sector hotelero, el ICBF y otras instituciones para prevenir que menores de edad sean víctimas de explotación sexual en la ciudad. También se ha desarrollado la campaña “De eso tan bueno, no dan tanto” para alertar a la ciudadanía sobre los peligros de la trata de personas. Y la campaña “Rompamos el Mito” que, según me comunicó Juan Manuel Torres Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz de Cali, es para que se rompa el mito de tener que esperar 72 horas para reportar una desaparición “las primeras horas son vitales y porque a alguien la pueden sacar a la frontera en menos de 24 horas”.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, los casos siguen presentándose de forma sistemática, por lo que se deben profundizar las medidas y lograr su sostenibilidad en el tiempo, no solo cuando los casos logran tener una fuerte aparición mediática.
La desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a educación y servicios básicos son condiciones que aumentan la vulnerabilidad y crean escenarios para que grupos criminales y redes de explotación encuentren a sus víctimas. La prevención debe empezar por garantizar entornos seguros y protectores para ellas, tanto en sus hogares como en sus comunidades. Además, es crucial fomentar una cultura de respeto a sus derechos, y eso implica cuestionar las prácticas que sexualizan y cosifican a las niñas desde temprana edad.
La violencia de género contra niñas y adolescentes tiene manifestaciones que van más allá de la desaparición. Frente a la explotación sexual, el pasado abril, escribí sobre el caso de Stefan Andrés Correa, un ciudadano estadounidense que fue capturado en Colombia tras ser acusado de organizar encuentros para abusar de niñas entre 10 y 12 años, esto demostró el grado de desprotección al que están expuestas las niñas en el país.
Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar, desarticular y judicializar a las redes criminales, así como también, deben activar los mecanismos de búsqueda urgente. Además, las acciones preventivas deben ser prioritarias, lo cual pasa por un trabajo articulado con la comunidad, las familias y las instituciones. Es esencial que papás, mamás y familias encuentren maneras de comunicarse abiertamente con sus hijos e hijas y fortalezcan lazos de confianza para que se sientan en libertad de hablar y compartir cualquier situación de riesgo.
He visto comentarios en redes sociales que sugieren la creación de “escuadrones vecinales para cazar a abusadores”. Esta postura, aunque entiendo que es dado el desespero y la frustración, es profundamente peligrosa y solo perpetúa la violencia. La justicia no debe tomarse por mano propia. Hacerlo no solo pone en riesgo a personas inocentes, sino que también podría tener consecuencias graves en las comunidades. En su lugar, debemos trabajar en conjunto para fortalecer las rutas institucionales de protección y denuncia.
Si conoce o sospecha de algún caso de desaparición, explotación o abuso, por favor llame al #141 o al #122. Cada acción cuenta, cada minuto es vital.
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