Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Pasó el día del orgullo LGBT. Las calles se volvieron a pintar de colores, pero también de denuncias ante la realidad discriminatoria y violenta que deben sufrir día a día las personas LGBT en Colombia. Las noticias de asesinatos, amenazas y casos de violencia en contra de esta población abundan en el país. Hay que recordar que solo mientras se conmemoraba el día del orgullo, el pasado 28 de junio, se conocía que en Tunja había sido asesinada Adriana Díaz, una mujer trans.
Vale la pena mencionar que, según el DANE, al menos el 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años que viven en centros urbanos se identificarían como gays, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento como transgénero. Es decir, a pesar del subregistro que puede llegar a haber, hay cerca de 256.000 personas LGBT en los centros urbanos del país. Aclarando que esta cifra se dio a conocer el año pasado por el organismo, luego de que realizara la primera medición estadística de esta población, por lo que se aclara que la cifra puede ser mucho mayor.
No obstante, y a pesar de ser una comunidad bastante grande, las políticas públicas se han quedado cortas para atender las diferentes problemáticas que atraviesan a estas personas. Por eso, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) queremos hacer un balance y una evaluación a la gestión del presidente Iván Duque, quien está cerca de cumplir 3 años en la Casa de Nariño.
¿Le fue bien? ¿Le fue mal? A continuación, Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, nos da su balance al respecto en diferentes aspectos:
Reconocimento a las personas LGBT en el Gobierno de Iván Duque
Desde nuestra perspectiva, el avance en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGBT, en el actual plan de desarrollo nacional, tiene tres calificativos: es deficiente, está en retroceso y ha generado obstáculos y barreras. Es deficiente porque en términos cualitativos y cuantitativos no estamos encontrando avances. Está en retroceso porque el plan de desarrollo, en materia LGBT, tuvo muchos obstáculos porque había un interés de no incluir este enfoque y al final se avanzó en algo por la presión que hizo el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien insistió en que el Gobierno actual mantuviera, al menos, lo ganado por el Gobierno anterior (que tenía que ver con la política pública y la mesa de casos urgentes). Sin embargo, en eso no se ha avanzado y por eso nombramos que hay retroceso. En tercer lugar, lo nombramos como obstáculo porque hemos sentido que las acciones que ha implementado este Gobierno en algunos asuntos generales para garantizar derechos y proteger la ciudadanía, en específico la LGBT, presentan más obstáculos que oportunidades de avance.
Educación
Hay dos asuntos de fondo que se interrelacionan. Uno de ellos es la violencia. Según la CIDH, después de México y Brasil, somos el tercer país de la región más violento para personas LGBT. En lo que fue el 2020 y lo que va del 2021 tuvimos un incremento que duplicó las cifras de homicidios y amenazas contra estas personas. En este Gobierno, esas cifras de violencia no solamente no se han prevenido ni se han investigado, sino que, por el contrario, han aumentado por la ausencia de políticas de prevención. El otro asunto en relación con este enfoque es que todavía no se hacen esfuerzos para prevenir la violencia contra las personas LGBT. Esos dos asuntos de base, finalmente, se vuelven disparadores en otros asuntos como, por ejemplo, el educativo.
En Colombia tenemos una tarea pendiente que entregó la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Educación y que en el Gobierno pasado se intentó cumplir, pero finalmente no se logró, que fue la corrección en los manuales de convivencia. Esto como decisión de la Corte a partir del caso de Sergio Urrego. Puntualmente, se había determinado que muchos manuales de convivencia están propiciando prácticas de discriminación por orientación sexual o identidad de género, por lo que la Corte ordena al Ministerio hacer una corrección de inmediato. Sin embargo, el Ministerio de Educación, en el periodo de Duque, no lo ha puesto en temas de su interés.
La segunda dificultad que tenemos está esbozada en la política pública LGBT: es que hay un alto nivel de desescolarización de las personas LGBT, particularmente de las personas trans. Además, hay múltiples expresiones de discriminación en el sistema escolar que van desde la manera en que se nombran algunas cosas, hasta impedimentos a poder compartir espacios seguros para desarrollar el derecho a la educación.
Ante esta situación, también se le ha recomendado al Ministerio activar acciones que promuevan espacios seguros para educar a las personas LGBT, tanto en la educación básica y secundaria como en la superior. En esta última se ha insistido en incentivar cupos para las personas trans. No obstante, se ha avanzado muy mínimamente; se encuentran algunos programas del SENA y algunos programas de universidades públicas, pero desde que eso no se permee en la educación básica y secundaria los esfuerzos van a ser insuficientes, porque la mayoría de personas, en este caso trans, no han logrado resolver el programa de acceso a la educación básica. Esas son las dos grandes falencias de este Gobierno en lo que respecta al derecho a la educación.
Salud
En términos del derecho a la salud, tenemos cuatro grandes dificultades. La primera dificultad tiene que ver con protocolos diferenciados de acceso a la salud, pues finalmente el sistema de salud tiene muchísimos obstáculos que, por ejemplo, terminan afectando mucho a las personas trans. Esto desde aspectos como la manera en que son nominadas, hasta los escenarios de atención médica que tienen que ver con los servicios de salud que se les brinda según su identidad de género. Por otro lado, en este país, urgen mecanismos de enfoques diferenciales que permitan que cuando una persona trans llegue al hospital se le den los tratamientos adecuados a su expresión e identidad de género sin revictimizar.
La segunda dificultad tiene que ver con todos los programas de salud sexual y reproductiva. Seguimos teniendo políticas de derechos sexuales más relacionadas con la procreación y el binarismo entre hombre y mujer. Adicionalmente, este país todavía no está pensando en activar acciones que velen por la integridad de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas y bisexuales.
El tercer problema está relacionado con la atención y prevención de VIH, que es una pandemia que afecta a muchas personas, mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans.
El Gobierno actual encontró el reto, cuando llegó, de que en años anteriores se había ido del país el Fondo Mundial, que es un programa internacional que ayuda a los Estados en la atención del VIH. Y se fue porque se entendía que ya el Gobierno colombiano tenía la capacidad de atender la pandemia. Sin embargo, este Gobierno no ha respondido a atender el VIH como se requiere, y además se ha tenido un aumento de la prevalencia, es decir, hoy por hoy, nuevamente el VIH está aumentando en cifras principalmente en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y no estamos teniendo unos problemas de salud articulados que permitan dar una atención a tiempo, preventiva. Y estamos encontrando, de nuevo, muchos casos de personas muriendo por falta de atención médica.
El cuarto asunto tiene que ver con todos los requerimientos de atención hormonal en la reasignación del componente sexo-género que tienen las personas trans. Si bien hay sentencias de la Corte Constitucional que han indicado que la reasignación de sexo y género es un derecho ciudadano y que las EPS la deben garantizar, el Ministerio de Salud todavía no ha articulado un proceso de vigilancia y son enormes los contratiempos, la ausencia de respuesta y la revictimización que deben sufrir a diario las personas trans en Colombia cuando deciden iniciar su proceso corpóreo.
Policía y personas LGBT
En el tema donde uno puede leer más la categoría de retroceso (de la que hablaba al principio) es respecto a la fuerza pública. Esto lo digo por dos cosas. El primer argumento es que el segundo acto de violencia que más se ha incrementado contra las personas LBGT, en este Gobierno, es la violencia policial; el primero son las amenazas. Esta violencia muy seguramente está dada porque la institución policial todavía no reconoce a las personas LGBT como sujetas de derechos, y no entiende que su labor hacia ellas es la protección.
Adicionalmente, el retroceso más grande del Gobierno tiene que ver con que la Policía de Colombia, en el año 2009, hizo un diagnóstico en compañía de Naciones Unidas (porque en el 2008 este organismo encendió una alerta en Colombia), pues mucha de la violencia que en Colombia se generaba contra las personas LGBT, era una violencia propiciada por la Policía. Por lo que, en 2009, siendo Oscar Naranjo el comandante de la Policía, esta institución se dio a la tarea de una reestructuración interna para prevenir esa violencia y formar a los policías en el respeto a las personas LGBT, promoviendo que se convirtieran en un cuerpo que protegiera los derechos. En ese momento se creó una directiva transitoria, que en el 2010 se convirtió en permanente, para tratar asuntos concretos de la población LGBT. De allí salió lo que se llamó el “Policía Enlace”.
Al final del Gobierno anterior, en la Comandancia del general Palomino, por solicitud de la sociedad civil, y de cuestiones internas de la institución, se retira esta directiva y se somete a una revisión para su mejoramiento. Este Gobierno recibe esa tarea y hoy estamos sin directiva. Es decir, pasamos de tener una directiva, que comprometía a la institución con proteger los derechos de las personas LGBT, a no tener directiva ni ordenamiento normativo interno en este tipo de escenarios. Esa falta de normatividad interna hace que este incremento de violencia policial sea evidente.
Hay que decir que no es solamente formar o dar herramientas conceptuales a los policías, sino que en realidad se cuente con herramientas internas que permitan evaluar, medir, prevenir, calcular, prever y sancionar cualquier tipo de violencia que afecte a las personas LGBT.
Acceso a la justicia
Para nosotros, el acceso a la justicia de las personas LGBT, en el actual Gobierno, tiene tres calificaciones: la primera es la impunidad, seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad. De hecho, sentimos que hay un leve retroceso en la Fiscalía General, porque en la administración, por ejemplo, del fiscal Montealegre se creó una figura de fiscales destacados para asuntos LGBT. Durante muchos años tuvimos una Fiscalía muy comprometida en reducir los niveles de impunidad, que a finales de 2018 estaba en 80% (que, a pesar de ser muy alta, había bajado 10 puntos porcentuales en relación con los años anteriores).
Sin embargo, en este momento hay una desaceleración de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y eso tiene que ver con que se están cometiendo muchos errores por parte de la Policía Judicial. Es decir, hay unos fiscales que la tienen clara, pero quienes recogen la evidencia y están en el lugar de los hechos muchas veces no están siendo capacitados, y esto hace que estemos en un círculo vicioso de la impunidad.
Hay que reconocer que en los últimos años hemos visto que nuevamente se aumentó el compromiso de la Fiscalía contra la impunidad, pero si se hace una revisión estructural del actual Gobierno, en materia de acceso a la justicia, lo que hay es una tendencia de impunidad, que finalmente nos preocupa porque lo que se hace es enviar un mensaje desafortunado a los perpetradores de la violencia, diciéndoles que esta es una violencia que no se investiga o que se investiga poco.
Lo segundo tiene que ver con el estado de indefensión. Las personas LGBT son revictimizadas en el sistema de justicia. Los operadores de justicia no están preparados en materia de respeto y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Entonces sigue siendo muy recurrente, sobre todo en los casos de las personas trans, que cuando son víctimas de algún delito y quieren poner la denuncia, finalmente son revictimizadas, lo que desmotiva la denuncia por parte de la ciudadanía. Pero también cuando esta comunidad es víctima de homicidios, muchas veces se borra el hecho de que estas personas pertenecen a la comunidad, y en ese orden de ideas la Corte Constitucional ha sido muy clara diciendo que en estas investigaciones se debe tener en cuenta e indagar si la motivación de los crímenes estuvo relacionada con la identidad sexual o de género de la víctima.
El tercer gran ausente tiene que ver con las expectativas frustradas de las víctimas. Eso tiene que ver tanto con la justicia ordinaria como con la transicional, pues si bien ambos sistemas de justicia se han comprometido con el bienestar de las víctimas, a la hora de acceder a la justicia, las víctimas son sometidas a otro tipo de vulneraciones. Por ejemplo, víctimas que deben asistir a una audiencia de forma online sin un acompañamiento psicosocial para lo que significa denunciar, por ejemplo, casos de violencia sexual. Además, muchas veces no hay confidencialidad en la información, y el hecho de denunciar les vuelve objetivos por parte de grupos ilegales. Eso hace sentir que el acceso a la justicia en Colombia está dejando desamparadas a las víctimas y se está quedando, simplemente, en recoger los argumentos, pero no en propiciar la restitución de derechos.
Empleo y desarrollo económico
Este ámbito es donde hay mayores frustraciones con el actual Gobierno. Digo frustraciones porque históricamente los gobiernos se vienen ocupando de los temas LGBT en los últimos 20 años, pero tanto en el Gobierno de Pastrana, como en el de Samper, Gaviria y Uribe, la violencia y la escasa concentración que se tuvo en termas LGBT llevó a que las políticas se concentran en los derechos civiles, específicamente el derecho a la vida, pero la pregunta por los derechos económicos, sociales y culturales no aparecía. De un lado, porque este país tan violento nos ha jugado una mala pasada que nos ha llevado a pensar que primero se debe ver que a la gente no la maten, y luego se resuelve lo demás, olvidándonos que los derechos son integrales.
En ese sentido, cuando Duque llega al Palacio de Nariño, llega con un Acuerdo de Paz firmado; llega también con una reducción de homicidios contra esta comunidad. Entonces existía una alta expectativa de que este Gobierno podía enfocarse en empezar a activar programas de empleabilidad, de acceso al trabajo, de formación, etc. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que no se activa y no tenemos, hoy por hoy, en el Gobierno Nacional ningún plan de empleo ni de trabajo digno. Se dieron un par de iniciativas con el Ministerio de las TIC, pero esas iniciativas no tenían ningún plan de choque que permitieran que realmente las personas LGBT fueran las que llegaran a esas convocatorias.
Lo que pasa con la pandemia es que, además de mostrar que es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBT, también evidencia que son necesarias las acciones de organismos como el Ministerio del Trabajo, pues la situación de salubridad mostró que la mayoría de personas LGBT son pobres y muchas sufren de desempleo. Por ejemplo, muchas mujeres trans pasan a la habitabilidad de calle de la noche a la mañana porque viven en la informalidad.
En términos del derecho al trabajo, el Gobierno actual tiene tres pendientes. El primero es dar el salto a la integralidad de derechos. El segundo es ver que la mayor necesidad de las personas LGBT es que atiendan la pobreza, el acceso a alimentos, a vivienda y a trabajo. El tercero es que el mundo laboral sigue teniendo múltiples prácticas de discriminación que el Gobierno no ha intervenido. Entonces, por un lado, respecto a gays y lesbianas, se siguen teniendo muchas prácticas cotidianas de discriminación que van desde señalar y estigmatizar hasta desconocer derechos familiares a parejas del mismo sexo y marginar de beneficios laborales.
Vinculación de las personas LGBT en la implementación del Acuerdo de Paz
Este Gobierno tenía dos oportunidades históricas de avanzar en términos de derechos LGBT que ha desaprovechado fuertemente. La primera fue que ha sido un Gobierno que recibió una política pública para personas LGBT, y de esa manera tenía un instrumento normativo interno que le permitía avanzar de manera asertiva y proteger los derechos de la comunidad. De hecho, la primera tarea que tenía este Gobierno era tomar esa política pública, que fue aprobada en el Gobierno Santos, y hacer de ella un plan de acción. En tres años y medio, no solamente no se ha hecho el plan de acción, sino que la política está inactiva.
La segunda oportunidad que perdió este Gobierno fue la implementación del Acuerdo de Paz, que fue el primer acuerdo de paz en el mundo en incluir a las personas LGBT desde el enfoque de género. Esto lo hacía de cuatro formas. Uno, reconociendo que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBT porque, además de todo lo que suponía esta violencia, la orientación sexual o expresión de género hacía más difícil la vida. Y ahí una de las oportunidades era documentar ese tipo de violencias, una documentación que ya había empezado a través de la Ley 1448 con la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.
Pero lo que pasa en este Gobierno es una cosa muy aberrante: por un lado, la Unidad de Víctimas desaparece el grupo que tenía el deber de hacer el seguimiento pormenorizado a las personas LGBT y a la afectación que estas habían sufrido a causa del conflicto armado. De otro lado, el Centro de Memoria Histórica, que venía haciendo un ejercicio muy juicioso, con la nueva administración deja esa práctica y, además, decide no publicar un informe relacionado con este tema en la región del Magdalena Medio. Dejar de documentar esto obstaculiza la posibilidad que había de entender la violencia y ser perteneciente a la comunidad LGBT.
Hay que decir que el Acuerdo de Paz, en lo que respecta con la justicia transicional, por primera vez daba espacio para pensar las violencias a las personas LGBT, pero lastimosamente el sistema ha sido muy lento. Y la JEP va muy lenta en el tratamiento a las personas LGBT: los comparecientes no están y no se avanza en el reconocimiento de los hechos victimizantes relacionados con la orientación sexual y la expresión de género. Estamos esperando que salga el informe de la Comisión de la Verdad (a donde hemos enviado muchos informes, como organización de la sociedad civil) en el que esperamos que se cuente lo que ha sucedido con un enfoque diferencial. Además, también esperamos que la Unidad de Búsqueda active una búsqueda diferenciada para personas LGBT desaparecidas.
Tercero, el Acuerdo de Paz creó unos espacios de participación muy interesantes que son los Consejos de Paz y los PDET. En ambos hay espacio para las personas LGBT, pero estamos encontrando que es una participación muy nominal. Muchos consejos de paz todavía no incluyen a las personas LGBT, otros las incluyen, pero de manera muy escueta y simple. En los PDET, por ejemplo, encontramos mucha ausencia de consulta y participación de la comunidad LGBT, aunque la ley lo ameritaba como tal. Entonces hizo falta contundencia para buscar la participación efectiva de las personas LGBT en estas consultas de la ciudadanía rural.