A casi tres años en la Presidencia, ¿cómo va Iván Duque con la atención a la población LGBT?
Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Pasó el día del orgullo LGBT. Las calles se volvieron a pintar de colores, pero también de denuncias ante la realidad discriminatoria y violenta que deben sufrir día a día las personas LGBT en Colombia. Las noticias de asesinatos, amenazas y casos de violencia en contra de esta población abundan en el país. Hay que recordar que solo mientras se conmemoraba el día del orgullo, el pasado 28 de junio, se conocía que en Tunja había sido asesinada Adriana Díaz, una mujer trans.
Vale la pena mencionar que, según el DANE, al menos el 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años que viven en centros urbanos se identificarían como gays, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento como transgénero. Es decir, a pesar del subregistro que puede llegar a haber, hay cerca de 256.000 personas LGBT en los centros urbanos del país. Aclarando que esta cifra se dio a conocer el año pasado por el organismo, luego de que realizara la primera medición estadística de esta población, por lo que se aclara que la cifra puede ser mucho mayor.
No obstante, y a pesar de ser una comunidad bastante grande, las políticas públicas se han quedado cortas para atender las diferentes problemáticas que atraviesan a estas personas. Por eso, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) queremos hacer un balance y una evaluación a la gestión del presidente Iván Duque, quien está cerca de cumplir 3 años en la Casa de Nariño.
¿Le fue bien? ¿Le fue mal? A continuación, Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, nos da su balance al respecto en diferentes aspectos:
Reconocimento a las personas LGBT en el Gobierno de Iván Duque
Desde nuestra perspectiva, el avance en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGBT, en el actual plan de desarrollo nacional, tiene tres calificativos: es deficiente, está en retroceso y ha generado obstáculos y barreras. Es deficiente porque en términos cualitativos y cuantitativos no estamos encontrando avances. Está en retroceso porque el plan de desarrollo, en materia LGBT, tuvo muchos obstáculos porque había un interés de no incluir este enfoque y al final se avanzó en algo por la presión que hizo el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien insistió en que el Gobierno actual mantuviera, al menos, lo ganado por el Gobierno anterior (que tenía que ver con la política pública y la mesa de casos urgentes). Sin embargo, en eso no se ha avanzado y por eso nombramos que hay retroceso. En tercer lugar, lo nombramos como obstáculo porque hemos sentido que las acciones que ha implementado este Gobierno en algunos asuntos generales para garantizar derechos y proteger la ciudadanía, en específico la LGBT, presentan más obstáculos que oportunidades de avance.
Educación
Hay dos asuntos de fondo que se interrelacionan. Uno de ellos es la violencia. Según la CIDH, después de México y Brasil, somos el tercer país de la región más violento para personas LGBT. En lo que fue el 2020 y lo que va del 2021 tuvimos un incremento que duplicó las cifras de homicidios y amenazas contra estas personas. En este Gobierno, esas cifras de violencia no solamente no se han prevenido ni se han investigado, sino que, por el contrario, han aumentado por la ausencia de políticas de prevención. El otro asunto en relación con este enfoque es que todavía no se hacen esfuerzos para prevenir la violencia contra las personas LGBT. Esos dos asuntos de base, finalmente, se vuelven disparadores en otros asuntos como, por ejemplo, el educativo.
En Colombia tenemos una tarea pendiente que entregó la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Educación y que en el Gobierno pasado se intentó cumplir, pero finalmente no se logró, que fue la corrección en los manuales de convivencia. Esto como decisión de la Corte a partir del caso de Sergio Urrego. Puntualmente, se había determinado que muchos manuales de convivencia están propiciando prácticas de discriminación por orientación sexual o identidad de género, por lo que la Corte ordena al Ministerio hacer una corrección de inmediato. Sin embargo, el Ministerio de Educación, en el periodo de Duque, no lo ha puesto en temas de su interés.
La segunda dificultad que tenemos está esbozada en la política pública LGBT: es que hay un alto nivel de desescolarización de las personas LGBT, particularmente de las personas trans. Además, hay múltiples expresiones de discriminación en el sistema escolar que van desde la manera en que se nombran algunas cosas, hasta impedimentos a poder compartir espacios seguros para desarrollar el derecho a la educación.
Ante esta situación, también se le ha recomendado al Ministerio activar acciones que promuevan espacios seguros para educar a las personas LGBT, tanto en la educación básica y secundaria como en la superior. En esta última se ha insistido en incentivar cupos para las personas trans. No obstante, se ha avanzado muy mínimamente; se encuentran algunos programas del SENA y algunos programas de universidades públicas, pero desde que eso no se permee en la educación básica y secundaria los esfuerzos van a ser insuficientes, porque la mayoría de personas, en este caso trans, no han logrado resolver el programa de acceso a la educación básica. Esas son las dos grandes falencias de este Gobierno en lo que respecta al derecho a la educación.
Salud
En términos del derecho a la salud, tenemos cuatro grandes dificultades. La primera dificultad tiene que ver con protocolos diferenciados de acceso a la salud, pues finalmente el sistema de salud tiene muchísimos obstáculos que, por ejemplo, terminan afectando mucho a las personas trans. Esto desde aspectos como la manera en que son nominadas, hasta los escenarios de atención médica que tienen que ver con los servicios de salud que se les brinda según su identidad de género. Por otro lado, en este país, urgen mecanismos de enfoques diferenciales que permitan que cuando una persona trans llegue al hospital se le den los tratamientos adecuados a su expresión e identidad de género sin revictimizar.
La segunda dificultad tiene que ver con todos los programas de salud sexual y reproductiva. Seguimos teniendo políticas de derechos sexuales más relacionadas con la procreación y el binarismo entre hombre y mujer. Adicionalmente, este país todavía no está pensando en activar acciones que velen por la integridad de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas y bisexuales.
El tercer problema está relacionado con la atención y prevención de VIH, que es una pandemia que afecta a muchas personas, mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans.
El Gobierno actual encontró el reto, cuando llegó, de que en años anteriores se había ido del país el Fondo Mundial, que es un programa internacional que ayuda a los Estados en la atención del VIH. Y se fue porque se entendía que ya el Gobierno colombiano tenía la capacidad de atender la pandemia. Sin embargo, este Gobierno no ha respondido a atender el VIH como se requiere, y además se ha tenido un aumento de la prevalencia, es decir, hoy por hoy, nuevamente el VIH está aumentando en cifras principalmente en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y no estamos teniendo unos problemas de salud articulados que permitan dar una atención a tiempo, preventiva. Y estamos encontrando, de nuevo, muchos casos de personas muriendo por falta de atención médica.
El cuarto asunto tiene que ver con todos los requerimientos de atención hormonal en la reasignación del componente sexo-género que tienen las personas trans. Si bien hay sentencias de la Corte Constitucional que han indicado que la reasignación de sexo y género es un derecho ciudadano y que las EPS la deben garantizar, el Ministerio de Salud todavía no ha articulado un proceso de vigilancia y son enormes los contratiempos, la ausencia de respuesta y la revictimización que deben sufrir a diario las personas trans en Colombia cuando deciden iniciar su proceso corpóreo.
Policía y personas LGBT
En el tema donde uno puede leer más la categoría de retroceso (de la que hablaba al principio) es respecto a la fuerza pública. Esto lo digo por dos cosas. El primer argumento es que el segundo acto de violencia que más se ha incrementado contra las personas LBGT, en este Gobierno, es la violencia policial; el primero son las amenazas. Esta violencia muy seguramente está dada porque la institución policial todavía no reconoce a las personas LGBT como sujetas de derechos, y no entiende que su labor hacia ellas es la protección.
Adicionalmente, el retroceso más grande del Gobierno tiene que ver con que la Policía de Colombia, en el año 2009, hizo un diagnóstico en compañía de Naciones Unidas (porque en el 2008 este organismo encendió una alerta en Colombia), pues mucha de la violencia que en Colombia se generaba contra las personas LGBT, era una violencia propiciada por la Policía. Por lo que, en 2009, siendo Oscar Naranjo el comandante de la Policía, esta institución se dio a la tarea de una reestructuración interna para prevenir esa violencia y formar a los policías en el respeto a las personas LGBT, promoviendo que se convirtieran en un cuerpo que protegiera los derechos. En ese momento se creó una directiva transitoria, que en el 2010 se convirtió en permanente, para tratar asuntos concretos de la población LGBT. De allí salió lo que se llamó el “Policía Enlace”.
Al final del Gobierno anterior, en la Comandancia del general Palomino, por solicitud de la sociedad civil, y de cuestiones internas de la institución, se retira esta directiva y se somete a una revisión para su mejoramiento. Este Gobierno recibe esa tarea y hoy estamos sin directiva. Es decir, pasamos de tener una directiva, que comprometía a la institución con proteger los derechos de las personas LGBT, a no tener directiva ni ordenamiento normativo interno en este tipo de escenarios. Esa falta de normatividad interna hace que este incremento de violencia policial sea evidente.
Hay que decir que no es solamente formar o dar herramientas conceptuales a los policías, sino que en realidad se cuente con herramientas internas que permitan evaluar, medir, prevenir, calcular, prever y sancionar cualquier tipo de violencia que afecte a las personas LGBT.