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  • Laura Natali Cano Murillo

30 años de la Constitución Política de 1991: ¿se desvió el camino?

Por: Laura Cano Periodista – Pares


Sí, se cumple la tercera década de la promulgación de la Constitución Política de 1991: un texto que sobre la mesa ha servido de ejemplo, y que en la historia representa una apuesta por unas reformas progresistas que se proponían en dicho año, luego de que la configuración política, social, económica y cultural del país hubiera tenido como eje una Constitución que se mantenía vigente desde hace casi un siglo (1886) y que había surgido en un periodo autoritario, centralista y teocrático, bajo el liderazgo de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.


La actual Constitución llegó luego de que varios grupos guerrilleros del M-19, que se encontraban en proceso de negociación, propusieran una Asamblea Constituyente que reformara la constitución. Esto, principalmente, con el propósito de promover el nacimiento de partidos políticos diferentes a los que para ese momento eran hegemónicos en el país: el Partido Conservador y el Partido Liberal. No obstante, la propuesta no quiso ser llevada por el Gobierno de ese momento, el de Virgilio Barco, por lo que la propuesta fue retomada e impulsada por un grupo de estudiantes de universidades privadas y públicas llamado “La Séptima Papeleta”. Este movimiento insistió para que, en las elecciones que se llevarían a cabo en marzo de 1990, se incluyera la opción de apoyar u oponerse, a través de un voto, a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta recibió cerca de 2 millones de votos a favor, de un total de 7.6 millones de personas que votaron.


Esto llevó a que el 9 de diciembre de 1990 el entrante presidente, César Gaviria, convocara a elecciones para escoger a los 70 miembros de la Asamblea Constituyente: 25 del partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M-19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 9 del Partido Social Conservador y conservadores independientes, 2 del Movimiento Unión Cristian, 2 de la Unión Patriótica y 2 de los Movimientos Indígenas.


Formalmente, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991 y quedó presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Para ese momento, se plantearon 5 ejes para desarrollar a través de comisiones: derechos y reforma constitucional, autonomía regional, reformas al Gobierno y al Congreso, administración de justicia y Ministerio Público y temas económicos, sociales y ecológicos. Esta acción se mantuvo hasta el 4 de julio de ese año. Ese día, los delegatarios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución, que quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios, organizados en 14 títulos, uno de ellos con disposiciones transitorias.


Este hecho marcó la historia y puso como banderas de la Constitución del 91 la consagración de los derechos fundamentales y de los económicos, sociales y colectivos, así como la libertad de culto, el respeto por las minorías étnicas, la equidad de género y la garantía de participación de las mujeres en la administración pública. Además, se incluyeron nuevos mecanismos de participación, se definieron los estados de excepción y se crearon las figuras de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, y la Defensoría del Pueblo.


Esta Constitución se caracterizó por su integridad. Al menos sobre el papel, se trataba de un acuerdo con el que se buscaba avanzar hacia la construcción de un Estado social de derecho y de una democracia plural, representativa y participativa que garantizara la paz. Luego de 30 años, las realidades políticas, económicas, sociales y culturales del país, a nivel nacional y regional, parecen demostrar que el país que proponía construir la Constitución del 91 para ampliar y garantizar derechos, especialmente los de minorías y sectores sociales históricamente marginados, sigue siendo una promesa abierta y por cumplir.


Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hablamos con representantes e integrantes de diversos sectores para intentar responder una misma pregunta: ¿Cuál es el balance de estos 30 años de la Constitución respecto a lo que se había propuesto el 04 de julio 1991? Aquí sus respuestas.


Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) – Tema: garantías y calidad de vida para las y los campesinos


Primero hay que rescatar que la Constitución fue un hito en la historia de nuestro país desde el punto de vista de derechos; de derechos como la tutela, la salud, derechos de petición, entre otros que permitieron generar nuevas conquistas sociales. No obstante, siempre hemos manifestado desde el sector campesino que la Constitución Política de Colombia tiene una falla de reconocimiento a nosotros como sujetos de derechos. Si uno revisa la Constitución, ahí hay una población específica con unos derechos constitucionales de especial protección muy definidos, como las comunidades indígenas, afro, la niñez y la mujer, pero nosotros no aparecemos diferenciados, y es una de las grandes deudas en estos 30 años que tiene el país y la sociedad con el campesinado colombiano.


Esa falta de reconocimiento se ha traducido en que estemos en la marginalidad, en la estigmatización y en un proceso en el que solamente se ve desde afuera a los campesinos como simples accesorios del territorio. Por ejemplo, no tenemos derechos como la consulta previa, y es un derecho fundamental que sería clave que el país algún día lo tuviera.


Nosotros hemos dicho y hemos insistido en que nos deben dar un tratamiento especial, pues tenemos dinámicas muy distintas, por ejemplo, con quienes habitan la urbanidad; tenemos nuestras propias formas de ver el territorio. Por eso, esa ausencia de reconocimiento es grave, pues incluso tiene que ver mucho con el conflicto armado: desde lo que tiene que ver con la participación política y las fallas que hay con la democratización del acceso a la tierra, hasta lo relacionado con la reforma agraria en Colombia. Así que esto ha permitido que algunos de los problemas que ha promovido la guerra en Colombia, como la alta concentración de la tierra y la falta de distribución de ella, no sean resueltos.


Nataly Triana, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares  – Tema: garantías a la participación de mujeres en la política


El balance no es alentador. Por ejemplo, la ley de cuotas es una medida que ha sido usada de manera utilitarista y oportunista por los partidos políticos, independientemente de su espectro ideológico. Esto, si bien ha permitido la llegada de mujeres, no ha sido una garantía para que se incluyan agendas de género ni para que los espacios se reconozcan como feministas. Por otro lado, los partidos usan las banderas de género para captar votos, pero internamente son profundamente desiguales y, además, promueven prácticas machistas, que incluso son evidentes en prácticas del Congreso en pleno. De igual forma, no se han atacado las principales barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a cargos de representación y que son evidentes en la violencia de género.


Por esto, es necesario señalar que aunque la ley de cuotas exige presencia de mujeres en la lista, esto no implica que sean posicionadas como tal para tener oportunidad de llegar al umbral necesario. Lo más entristecedor es que los partidos mayormente “paritarios” son partidos de derecha y no de izquierda, como uno creería. Los partidos que se suponen más alternativos no han permitido la representación paritaria porque el poder y estas organizaciones han sido dominadas por hombres, con unos intereses particulares, que solo recurren a las banderas de género cuando les convienen.


Gerardo Jumi, consejero general de la ONIC – Tema: garantías y calidad de vida para los pueblos indígenas


En los 30 años de la Constitución Política de Colombia se han visto reflejados muchos derechos importantes que se elevaron a rango constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, los desarrollos legislativos y normativos han sido muy importantes en materia de leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, las declaratorias de normas y sentencias no han sido suficientes porque a pesar de que hay bastante desarrollo normativo no hay cumplimiento a esto. Es decir, tenemos una importante Constitución Política que no ha sido concretada. Hay que recordar que la Constitución del 91 también fue un pacto de paz, pero al contrario de esto, la paz no se ve reflejada; en ese momento el conflicto se agudizó.

Todo esto ha tenido relación con el debilitamiento que históricamente ha habido respecto a la promoción de derechos de los pueblos indígenas. Por años hemos denunciado que hay una política de exterminio sistemático contra los pueblos indígenas. En zonas como el Cauca y Nariño se ve que todos los días están asesinando indígenas, lo que lleva a cuestionar: ¿qué clase de Estado tenemos?


Andrés Felipe Mora, docente asociado al departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior – Tema: Educación Pública


El balance respecto a la educación pública, después de 30 años, es un balance mixto. Mixto en cuanto que la Constitución consagró la educación como un derecho y un servicio público con función social. Esa ambigüedad ha sido resuelta por distintas sentencias de la Corte Constitucional en términos de entender la educación como un derecho. No obstante, la Constitución solo garantiza el derecho a la educación en términos de educación básica y un año de preescolar. Eso quiere decir que en realidad cuando hablamos de derecho, hablamos de un año de preescolar y nueve de educación básica que deben ser gratuitos y obligatorios, y que por lo tanto se relacionan con la educación pública o con el fortalecimiento de esta.


Pero esto ha llevado a un problema: un año de educación preescolar es totalmente insuficiente para las necesidades de desarrollo cognitivo que tienen los niños y las niñas a esa edad. Los estudios muestran que se requieren, al menos, tres años, y lo que ocurre en Colombia es que esto no se logra y solo las familias más adineradas son las que logran tener estos tres años, e incluso más, lo que lleva a que sean estas personas las que tengan mejores resultados educativos a lo largo de sus vidas. Hay que señalar que la cobertura de esta educación solo es del 25%.


Por otro lado, encontramos el descuido que se plantea en la educación media y en la educación superior. Hay que decir que, en términos generales, la cobertura de la educación media no supera el 50%, y en la educación superior la cobertura también se acerca al 50%, lo que quiere decir que la juventud colombiana está sometida a la falta de que se considere la educación como un derecho.


Con esto, hay que señalar que, si bien se han encontrado avances en términos de cobertura y mejoramiento de ciertos indicadores de eficiencia interna, particularmente en la educación básica quedan enormes desafíos. Esto teniendo en cuenta, además, que los logros que se han obtenido en cuanto a cobertura y eficiencia en la educación básica, son logros que han venido decreciendo.


Es importante saber que la educación pública está fortalecida en el nivel de educación básica y media: más o menos el 80% de la educación en estos niveles es pública. Mientras que en la educación superior se reparte la educación pública y privada en un 50%. En gran medida, las movilizaciones que se han realizado por la juventud del país tendrían que ver con esto: con la imposibilidad de garantizar toda la educación en Colombia como un derecho. Quiero adicionar diciendo que de cada 100 niños y/o niñas que ingresan a la educación preescolar, 44 se gradúan de educación media, 22 ingresan a la educación superior y, de esos, solo 11 lograrán graduarse. Con esto voy a que a lo largo de la vida escolar hay un montón de desigualdades, de exclusiones que impiden que todas las personas puedan gozar de este derecho.


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