Por: Laura Cano
Periodista Pares
Hoy es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Un día, como lo deberían ser todos, en el que es necesario visibilizar que, a pesar de los esfuerzos y reclamos de millones de mujeres, las violencias basadas en género continúan siendo una dramática realidad.
En Colombia, según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y septiembre de 2021, se reportaron ante la entidad 17.949 casos de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, que denunciaron haber sido víctimas de violencias basadas en género (VBG). De este total, el 95% fueron hechos de violencia económica; el 70%, de violencia patrimonial; el 61%, de violencia física; el 43%, de violencia psicológica y el 31%, de violencia sexual.
Además, entre el mismo período, la Defensoría reportó 351 casos de feminicidios. La mayoría fueron cometidos en Córdoba, Cundinamarca, Putumayo, Meta y Magdalena. Asimismo, desde enero de 2021 a septiembre del mismo año, se han reportado 64 casos de feminicidio y 76 de tentativa de feminicidio.
Aunque los datos son alarmantes, es un hecho que cuando se habla de este tipo de cifras, los números no son del todo representativos, pues hay una problemática de subregistro. Esto se debe, entre otras, a la falta de garantías que reconocen las mujeres a la hora de denunciar; a la ausencia de información sobre VBG en zonas rurales; y a una pobre cobertura de instituciones que atienden estos hechos en zonas periféricas del país.
En este sentido, es necesario observar, o por lo menos aproximarse, a la realidad de las mujeres rurales, quienes cumplen labores de cuidado desde horas muy tempranas del día: labran la tierra, cumplen con sus trabajos propios, y muchas, incluso, ante un panorama de violencia en el país, cumplen liderazgos sociales, comunales, ambientales, etc.
Según cifras del DANE, para el 2018, en Colombia habitaban 48.258.494 personas. De este número, el 22.6% se ubicaban en zonas rurales, y de estas, 47.2% eran mujeres. Sin embargo, y a pesar de la importante densidad poblacional de mujeres, en especial en el campo, las condiciones de vida aún son poco dignas.
Vale la pena mencionar, siguiendo un informe de la Dirección de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, que el 40.5% de las personas en hogares rurales con jefatura femenina se encontraban en condición de pobreza para el 2018. Para ese mismo año, la tasa de analfabetismo para las mujeres rurales alcanzó un nivel del 10,6%. Además, se reportó que menos de la mitad de las mujeres del campo, un 40,7%, participaban en el mercado laboral.
Como expone dicho informe: “Un aspecto relacionado con la baja participación femenina en el mercado laboral es la presencia de menores en el hogar. En particular, la participación femenina, a mayor número de hijos en el hogar, tiende a decrecer. Sin embargo, la magnitud de esta caída varía según la edad de los menores y la ubicación geográfica de las mujeres. En el caso de las mujeres que habitan en la zona rural, aquellas que integran hogares que no cuentan con menores de 6 años de edad tienen una participación del 41,5%; en la medida en que aumenta el número de menores, la participación de la mujer disminuye”.
Esto demuestra que las labores del cuidado, además de no ser reconocidas, también profundizan las desigualdades de género. En el caso de las mujeres rurales representa una menor posibilidad de tener independencia económica a causa de la reducción de las oportunidades de empleabilidad, y todo lo que esto conlleva, por ejemplo, la afiliación a servicios de seguridad social y de pensiones. Además, estas condiciones profundizan otros escenarios de violencia, como la dependencia a su maltratador y la falta de acceso a la información sobre sus derechos y rutas de protección.
Frente a esto, el informe señala que: “En cuanto a violencia intrafamiliar, en 2015 el número total de casos reportados a nivel nacional fue de 74.022, de los cuales 4.385 corresponden a casos de violencia en zona rural (5,9%). De estos últimos, 3.414 (77,9% del total en el área rural) estuvieron asociados a violencia basada en género. Entre 2015 y 2018, el número de casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres a nivel nacional aumentó 3,0% y en zonas rurales 40,9%”.
La Dirección de la Mujer de MinAgricultura también destaca que el tipo de violencia con mayor número de casos, tanto en zona rural como urbana, es la de violencia de pareja y además, que los casos de violencia sexual, para este periodo, aumentaron 18,1% a nivel nacional y 40,0% en zonas rurales.
Ante este panorama, es preciso señalar las dificultades del acceso a la justicia por parte de estas mujeres; pues existe una menor cobertura de operadores judiciales como lo son la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, las Casas de Justicia, Estaciones de Policía y los órganos de control en general. Además, de haber presencia de estos organismos, la mayoría de veces están ubicados en las cabeceras municipales, lo que dificulta la conexión con las zonas más alejadas.
Además, también hay factores culturales y estructurales que promueven que estos casos sean minimizados. Incluso, esta reducción es replicada por servidores públicos que no atienden los casos, lo que termina re victimizando a las mujeres, y dejando en limbos procesales sus denuncias.
Hoy, 25N, es importante hacer un llamado a ver todas las realidades que viven las mujeres, reconociendo el trabajo que día a día muchas adelantan para promover espacios seguros y libres de violencias. Y, de forma especial, es urgente el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad particulares de las mujeres que habitan el campo.