Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El programa Somos Defensores, espacio en el que varias organizaciones de derechos humanos buscan herramientas para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, informó que el 2018 fue el año más difícil en materia de seguridad para los líderes y lideresas sociales.
El informe anual de la entidad concluyó que en los últimos ocho (8) años ha habido un crecimiento exponencial de las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En 2016 se registraron 174 agresiones, mientras en el 2018 fueron 805.
“El 2018 fue, sin duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el inicio de nuestro Sistema de Información en 2009”, señaló el texto.
¿Por qué aumentaron las agresiones?
De acuerdo con el informe, hubo tres factores que desencadenaron el aumento de la violencia en Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla Farc.
El primero, las fallas en la implementación de los acuerdos; el segundo, la finalización abrupta de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y por último, la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias.
Por consiguiente, ha habido un escalamiento del conflicto armado en el que se han estructurado más grupos armados con diferentes intereses a nivel nacional y en zonas donde históricamente hacían presencia las Farc.
En ese sentido, el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas de Derechos Humanos (SIADDHH) señaló que en 2018 se presentaron 805 casos de violencia, de los cuales 155 corresponden a asesinatos.
“A pesar de que quienes apagaron sus vidas buscaban silenciar sus voces, ellas están más vivas que nunca. Recordamos sus nombres y las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios”, indicó el informe que al inicio realizó una descripción de cada uno de los líderes y lideresas asesinadas en el 2018 como homenaje a su lucha.
De acuerdo con la investigación del Programa Somos Defensores, en 2018 las modalidades de violencia más usadas en los 155 casos registrados para cegar la vida de estas personas defensoras de derechos humanos en el 2018 fueron los asesinatos cometidos con golpes o algún objeto contundente (5), con arma blanca (13) y con arma de fuego (137).
Asimismo, registró que las agresiones se presentaron en 28 de los 32 departamentos, y sigue siendo preocupante la situación del Cauca, ya que durante un año más sigue apareciendo como el territorio con más agresiones registradas.
También se incrementaron las agresiones en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Nariño. En definitiva, las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en un alto riesgo para realizar sus labores en más del 87% del país, según el informe.
Críticas al gobierno de Duque
El informe titulado “La Naranja Mecánica” es también una crítica a las políticas impulsadas por el nuevo gobierno que están enfocadas en la llamada economía naranja y que según las organizaciones ha dejado de lado las principales problemáticas que aquejan a las regiones.
“Se han creado nuevos grupos armados, se ha fortalecido el narcotráfico, ha escalado el conflicto por cuenta de la disputa de los diferentes actores armados por ganar y consolidar territorios y, en medio de todo, queda la población civil y entre ellos las lideresas y líderes que a pesar de la compleja situación de seguridad y de la falta de garantías por parte del Estado para ejercer su liderazgo, continúan trabajando por los derechos colectivos de sus comunidades”, aseguró
Tan pronto se abrió el espacio de diálogo con las FARC en La Habana, Cuba, las alarmas sobre la situación de violencia estaban encendidas. Sin embargo, bajaron un poco y se mantuvieron parcialmente estables desde la firma del pacto en 2016 hasta la salida del expresidente Juan Manuel Santos en 2018.
El SIADDHH arrojó que en 2013 se presentaron 366 casos de acciones violentas contra líderes; en 2014 fueron 626; en 2015, 682; 2016, 481; y 2017, 560.
“Nunca el SIADDHH había registrado unas cifras de agresiones tan altas como las que ocurrieron durante el 2018, con 805 casos”, apuntó.
Puntos del Acuerdo que están atrasados
El Instituto Kroc informó que a mayo del 2018 el punto de la Reforma Rural Integral que hace parte del punto 1 del Acuerdo de Paz tenía uno de los niveles más bajos pues solo se había completado el 2% y el 50% de las medidas todavía no había iniciado.
Y es problemático debido a que las zonas donde ocurren estas agresiones coinciden con las que históricamente han vivido de cerca el conflicto armado, y por lo tanto, hay presencia de cultivos de uso ilícito, hay presencia de grupos armados y son zonas militarizadas.
Asimismo, donde las actividades extractivas como la minería son áreas cercanas a las antiguas Zonas Transitorias de Normalización –ZVTN– o a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que fueron creadas para concentrar a los miembros de las otroras Farc durante el proceso de dejación de armas y reincorporación.
En conclusión, hay más 30 grupos armados disputándose los territorios tras la salida de las Farc de las zonas históricamente copadas, y tal como lo expuso el informe 111 de los casos fueron cometidos por desconocidos, 16 por paramilitares, 12 por disidencias o grupos pos-desmovilizados de las FARC, 9 por el ELN y 7 por la Fuerza Pública.
Sin embargo, el gobierno de Duque mantiene su política de seguridad y defensa como estrategia principal para combatir a estos grupos.
Tanto así, que preocupa el tema de paz; debido al atraso de la implementación de los acuerdos pactados con la desmovilizada guerrilla de las FARC y la ruptura de los diálogos con el ELN.