Águilas Negras en Ciudad Bolívar: la muerte en las calles

Por: Laura Cano, Periodista Pares.

Desde los barrios periféricos de Bogotá los llamados a la alcaldesa y a Gobierno Nacional no paran. Por una parte, porque en la ciudad las gentes que habitan las periferias son quienes le han tenido que hacer frente desde los primeros días de cuarentena a los problemas sociales que la emergencia sanitaria acentuó.

Por otro lado, y como históricamente ha pasado, el abandono estatal y de los gobiernos distritales han provocado que la realidad de lo barrios siga siendo desconocida en las agendas de gestión, lo que ha causado, entre unas de sus consecuencias, que cerca de 20.000 asentamientos ilegales, de los cuales varios constituyen barrios enteros, no tengan incidencia en lo institucional o en el debate público.

En este contexto no hay que perder de vista que el conflicto armado que también tocó la ciudad dejó como uno de sus flagelos el asesinato y la desaparición de 2.248 jóvenes entre 1988 y 2014 (según datos de la Fiscalía) que luego serían presentados como ‘falsos positivos’, siendo muchos de estos habitantes de localidades y municipios como Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha.

Este panorama, aunque con nuevas dinámicas, parece no desaparecer y no dejar de ser una amenaza. Una sombra que sigue presente para quienes habitan las periferias y también para quienes desde los liderazgos le apuestan a exigir vida digna en los barrios y para su gente. Amenaza que permanece con el discurso de unas vidas que se pueden ‘eliminar’, que bajo el lenguaje se disfraza y plantea la ‘limpieza social’ como una forma.

Ciudad Bolívar no ha dejado de ser un territorio en el que los hechos victimizantes siguen estando, en el que los grupos armados ilegales ven un escenario de disputa por lo que esta localidad significa para las dinámicas de la capital, pero también por ser una zona que poco es volteada a ver, aunque los llamados no cesan, aunque sus habitantes siguen exigiendo atención y acción.

Como muestra de todo lo anterior desde la Red Popular de Derechos Humanos se denunció el pasado 17 de junio sobre los hechos que se han registrado desde el 11 del mismo mes en Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio El Recuerdo, donde han circulado panfletos firmados por el Bloque Sur de las llamadas Águilas Negras en el que se amenaza a líderes y habitantes del barrio, y también a personas consumidoras de estupefacientes y presuntos delincuentes, a quienes se les advierte que deben abandonar el barrio en las siguientes 48 horas “o de lo contrario se tomarán represalias”.

Adicionalmente, desde la organización también se advirtió la amenaza en la que están 13 familias de la zona que deben permanecer dentro de sus casas antes de las 9:00 p.m. y no se harán responsables de personas inocentes que salgan afectados por los hechos.

Asimismo, alerta que en la madrugada del 15 de junio sujetos no identificados destruyeron las cámaras de seguridad instaladas en el barrio, además, que tras las denuncias que ha hecho la comunidad de los hechos ante la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Ministerio de Defensa, no se ha obtenido ninguna respuesta.

Por lo anterior Pares habló con el vocero de Ciudad Bolívar de la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), organización defensora de derechos humanos enfocada en fortalecer las luchas sociales, cotidianas y por la vida digna que desarrollan los habitantes de los barrios de Bogotá.

Pares: ¿En qué contexto llega la amenaza contra los habitantes del barrio El Recuerdo?

REDHUS: Tanto en el barrio El Recuerdo, como en varios puntos de la localidad existe una alta presencia de grupos posdemovilización del paramilitarismo, principalmente por el ejercicio del control territorial sobre todo en las partes más altas de la zona, donde también el acceso es muy complicado por parte del Estado, con eso me refiero a la Policía, a entidades de salud y alcaldías, lo que dificulta que se haga una veeduría de lo que está pasando en estos sitios.

Hay una situación puntual y es que en este sector (El Recuerdo) es una zona de invasión y lo que se ha venido dando es que este tipo de amenazas, como me lo contaba la persona que me dio el relato, son personas que se han venido organizando en ese sector y que han estado revisando el tema de las ayudas en medio de la pandemia. Por estas acciones colectivas se han visto amenazadas y esto es lo que se traduce en ese panfleto.

Lo que aparece ahí es la firma del Bloque Sur de las Águilas Negras, lo que vuelve y afirma que es el modo de operar, inclusive en otras localidades como Bosa se repite ese mismo patrón. Quien nos contacta también nos dice que los nombre que allí aparecen son de vecinos que hacen parte de una misma colectividad.

Pares: Sobre lo que menciona de la intervención institucional, ¿cuál es la relación de la Policía con la comunidad, sobre todo en la posibilidad que hay o no de poner denuncias de la situación ante esta institución?

REDHUS: En muchas partes de la localidad hay zonas donde ni siquiera hay un CAI y difícilmente y muy pocas veces llegan. Esto tiene un aprovechamiento para estos grupos, pues crean sus asentamientos en lugares donde saben que no va a llegar la Policía o que por lo menos no hay puntos de control cercanos.

Por otra parte, a la gente no le genera comodidad hacer ese tipo de denuncias con la Policía porque principalmente saben que, aunque no hay una presencia aparente, sí hay cierta conexidad, que, aunque no es comprobada por la comunidad al 100%, sí han vivido y son testigos de casos donde se han hecho las denuncias con la Policía y lo que termina pasando es que aumentan las amenazas y represalias.

Por lo anterior, para la gente ese ya no es un primer medio al que se acuda en caso de denuncia, prefieren acudir a organizaciones o defensores de derechos humanos cercanos. Este patrón se repite, recalcando, que, si bien no se denuncia ante la Policía, ellos sí tienen conocimiento de los hechos y hay un silencio cómplice. Principalmente, como nos decían en el relato, es porque existen unas cámaras de seguridad y algunas de ellas pertenecen a la Policía y, por ejemplo, hasta este momento no han indagado nada sobre el tema.

Pares: ¿En el tiempo cómo han sido las dinámicas que han tenido los grupos posdesmovilización del paramilitarismo en la localidad? Es decir, ¿hay unos picos en presencia y acción o esto ha permanecido constante?

REDHUS: Esto tiene muchas aristas. En unos puntos de la localidad hay particularidad, por ejemplo, sobre el gremio de los trasportadores informales ha habido un control con el flujo de personas que transportan.

Al mismo tiempo, también como un problema que ha perdurado, están los llamados ‘tierreros’ que venden ilegalmente terrenos. Sin embargo, el tema de tráfico ha tenido sus altos y sus bajos. Pero en los últimos años, por una vía o por otra, se ha sostenido la presencia de los grupos posdemosvilización del paramilitarismo en la zona.

Hay que resaltar que la Alcaldía anterior muy pocas veces llegó y esto potenció su poder en la localidad, que además se acentúa por la poca presencia o acción de la Policía, lo que genera también que amplíen mucho más sus alcances y que las amenazas se vuelvan mucho más constantes.

Por ejemplo, los panfletos se veían cada 6 u 8 meses, pero ahora es muy común que se vean cada 3 o 2 meses, y cada vez ese tiempo va siendo menos, y además, ya no solo vienen del Bloque Capital, sino ahora también del llamado Bloque Sur. La cuestión con esto es ver que estos grupos se están extendiendo, llegando a unas zonas donde no sabíamos que hacían presencia, y que además se ven respaldados por la poca presencia del Estado que en tiempos de pandemia en todavía menor.

Pares: Con este aumento del alcance de estos grupos, ¿cuál es el análisis de los motivos por los cuales Ciudad Bolívar es un territorio en disputa?

REDHUS: Primero hay que mencionar que el problema del tráfico no es solo de la localidad de Ciudad Bolívar, con eso me refiero a que hay una serie de conexidad en un cordón que existe en el sur de la ciudad que involucra a Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha e incluso llega a Usme, y por este lado del sur es por donde se mueve el tráfico de droga de Bogotá, eso hace que estos grupos tengan que ejercer control territorial para proteger esas rutas de tráfico.

En ese sentido ante cualquier acción que les perjudique sus dinámicas ellos van a reaccionar de una manera amenazante como, por ejemplo, lo que recientemente pasó con la granada puesta el pasado 14 de junio en el barrio Juan Pablo II que dejó una persona muerta y dos heridas, hecho sobre el que se dice que se da por el control que se quiere ejercer en la localidad por parte de las bandas; que las venden como bandas criminales aisladas, pequeñas, que tienen incidencia en sectores específicos, pero que en realidad obedecen a dinámicas mucho más amplias.