Al exministro de Defensa Iván Velásquez y a la exfiscal Luz Adriana Camargo les dieron una noticia demoledora el pasado lunes 2 de junio. La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, emitió una orden de captura que fue remitida a Interpol contra Velásquez y Camargo por un supuesto caso de corrupción en Odebrecht mientras estuvieron en ese país. Por supuesto, esto era una infamia. Se trataba de una venganza contra estos funcionarios incorruptibles, que se dedicaron a desenmascarar a los pesos pesados de la corrupción de ese país. Otro de los fiscales que aseguraron que tanto Velásquez como Camargo habían incurrido en delitos de corrupción fue Rafael Curruchiche, quien sostuvo que, mientras Velásquez permaneció en Guatemala, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos de Odebrecht en 2017.
Solo los sectores más radicales de la derecha colombiana no vieron en esto una infamia. Uno de los primeros en reaccionar fue el propio presidente Petro quien, durante el consejo de ministros del pasado 3 de junio, se refirió a este hecho y le dio órdenes a la canciller Laura Sarabia de dejar por escrito que la fiscal Porras no podrá entrar al país: “Usted tiene que expedir el acto administrativo, que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y de sus amigos mafiosos”. Hay que recordar que, por ejemplo, Curruchiche, aparece en una lista negra en los Estados Unidos en donde lo meten al lado de nombres de mafiosos.
A esta determinación Petro también afirmó lo siguiente: “No entra (Porras) a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana, se le prohíbe la entrada a Colombia. Eso lo quiero para mañana (este miércoles)”.
Es que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó esta semana que la solicitud de la fiscal guatemalteca de lograr conseguir la circular roja de Interpol no tenía asidero real, ya que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad. La portavoz del secretario general de la ONU reiteró lo siguiente: “(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión”.
Estaba cantado que la Fiscalía guatemalteca iba a tomar este tipo de decisiones contra Velásquez y Camargo, por eso el presidente Petro afirmó que esa entidad obedece al crimen. Lo que sucedió esta semana en Guatemala contra el exministro de Defensa y la fiscal colombiana es la prueba fehaciente de que en ese país centroamericano algo malo está sucediendo.
