La Corte Constitucional está analizando una demanda presentada en contra de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Durante este proceso se han presentado varios conceptos, entre ellos uno firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el asesor jurídico Vladimir Fernández, en el cual se establece que el presidente Petro sí puede entablar diálogos con grupos armados que hayan demostrado interés en la paz. Bajo este concepto, la decisión final sobre qué grupos al margen de la ley podrán recibir un estatus político después de las negociaciones recae en manos del presidente Petro.

Cabe mencionar que el Gobierno ya había enviado otro concepto en el cual se diferenciaba entre desertores y disidentes y se aclaraba que la política de Paz Total estaba dirigida a aquellos grupos que no firmaron los acuerdos de paz en el 2016, no a aquellos como Iván Márquez que sí firmaron pero no cumplieron.