La Fiscalía General de la Nación ratificó en segunda instancia la resolución de acusación contra José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional Drummond, ante el Tribunal Superior de Bogotá. Según la Fiscalía, existen numerosas pruebas que implican a los directivos en el delito de concierto para delinquir agravado. Se les acusa de presuntamente haber promovido y financiado grupos armados ilegales, considerándose esta conducta como un crimen de lesa humanidad.

Durante la audiencia, el fiscal encargado del caso, perteneciente a la Dirección de Justicia Transicional, afirmó que entre los años 1996 y 2001, Linares Martínez y Jiménez Mejía habrían incrementado el valor de un contrato de suministro de alimentos con un proveedor para obtener recursos adicionales. Estos fondos se habrían utilizado para cumplir con obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Supuestamente, esta maniobra tenía como objetivo proteger sus propiedades y avanzar con la operación minera de carbón en el departamento del Cesar.