La Comisión de la Verdad fue muy clara en el caso del asesinato de más de cinco miembros de este partido político: la violencia contra militantes de la UP fue el resultado de las alianzas entre miembros de la fuerza pública, paramilitares y políticos liberales contra lo que ellos consideraban como estructuras de insurgencia en la región.
La UP nace en 1985 como parte de una propuesta de paz a partir de los Acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla. En esas conversaciones surgió la posibilidad de que se permitiera la participación política de algunas personas que iniciaron su lucha armada con las FARC. La UP, desde su mismo inicio, estuvo condenada a ser exterminada. El origen, según se ha documentado, pudo haber sido una vieja venganza del narcotraficante Rodríguez Gacha en combinación con las fuerzas mas retardatarias del Estado colombiano. Los datos de la Comisión de la verdad hablan de estos números con respecto a la violencia que generó el ataque contra la UP: 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. De estas, 3.122 fueron víctimas de asesinato selectivo, 544 lo fueron de desaparición forzada y 478 fueron asesinadas en masacres. Hubo 3.726 hombres y 371 mujeres, y la mayoría de los casos fueron de personas entre los 18 y 45 años.
En 1993 se interpuso una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, al aceptar la demanda la CIDH dijo lo siguiente: “los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente. Sin embargo, la comisión ha llegado a la conclusión de que los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan, como cuestión de derecho, que este caso se ajuste a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignada en el derecho internacional. Por lo tanto, en el análisis de los méritos del caso, la Comisión no incluirá la alegación de genocidio.”
Una de las formas más horribles de violencia ejercida contra la UP no sólo fue el asesinato de sus líderes más destacados, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, sino fue la venganza que asumieron contra municipios enteros por cometer el único pecado de elegir a candidatos de ese partido para ocupar cargos públicos. Así pasó con la masacre de Segovia en 1988 en Antioquia. Muy duro le hicieron pagar a ese pueblo minero su atrevimiento. En una noche un comando de autodefensa en cabeza del Negro Vladimir mató a más de cincuenta personas.
Por eso sorprende que la precandidata del Centro Democrático se haya descompuesto en plena entrevista con Daniel Pacheco, director de la Silla Vacía, cuando se tocó el tema del genocidio de la UP. Textualmente esto dijo Cabal: “No me diga jamás que el Estado aniquiló a la UP, ese es el problema de cuando capturan las fuentes de la historia y las vuelven memoria. Si, la UP tuvo una tragedia. Esto no está probado que el Estado la aniquiló. A la UP los primeros asesinos de ellos fueron las mismas FARC y el ELN. El partido comunista usa como método la depuración, ellos se asesinan entre ellos”.
Es muy probable que de ganar las próximas presidenciales la derecha exista un interés para instalar otro tipo de verdad oficial. La memoria también podría correr peligro en caso de un regreso del uribismo.
