La región Caribe colombiana ha vivido durante décadas un viacrucis con el servicio de energía eléctrica: facturas impagables, cortes frecuentes y una sensación de abandono estatal. En respuesta, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó una medida inédita que promete tarifas más justas y estables para los usuarios de la costa. Esta decisión busca aliviar el bolsillo de millones de habitantes y corregir distorsiones históricas en el costo de la luz. Pero, ¿qué implica realmente y qué retos plantea?
La resolución autoriza a empresas distribuidoras intervenidas por el Estado –como Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira– a comprar directamente excedentes de energía hidroeléctrica y solar a precios pactados, en lugar de depender del mercado mayorista. Esto significa que la electricidad sobrante de generadores podrá destinarse a la Costa Caribe mediante contratos bilaterales, reduciendo la exposición a la volatilidad de la bolsa de energía. La medida representa un cambio regulatorio clave, pues flexibiliza las reglas de contratación y abre la puerta a precios más estables. Como explicó el Gobierno, el objetivo es tarifas más justas, alejadas de la incertidumbre del mercado spot, que suele dispararse en épocas de sequía o alta demanda.
Además, esta decisión se enmarca en la transición energética, ya que fomenta el uso de excedentes de fuentes limpias, aumentando la participación renovable en la canasta eléctrica regional. No obstante, la medida requiere la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá verificar que no afecte la libre competencia.
Hablar de electricidad en la Costa Caribe es hablar de crisis estructural. Por años, la región ha tenido las tarifas más altas del país, pese a contar con un servicio deficiente. En 2024, un hogar estrato 1 en Barranquilla pagaba en promedio $110.000 mensuales solo en energía, frente a $34.000 en Medellín. En muchos casos, las familias costeñas destinaron hasta el 65% de sus ingresos a servicios públicos, una carga insostenible.
A esto se suma la precariedad de la infraestructura heredada de Electricaribe, empresa que colapsó tras años de mala gestión, fraudes masivos y pérdidas técnicas y no técnicas millonarias. Tras su liquidación en 2020, el mercado se dividió entre Air-e y Afinia, pero los problemas persistieron: redes obsoletas, altos niveles de morosidad y una cultura extendida de robo de energía. En 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos debió intervenir a Air-e para evitar un nuevo colapso.
Este contexto explica por qué la nueva medida de la CREG no es un acto aislado, sino parte de un plan de rescate que busca estabilizar el servicio y recuperar la confianza ciudadana. El enfoque social de la decisión es claro: proteger a los hogares vulnerables de picos tarifarios. Con precios negociados a largo plazo, los usuarios podrán tener facturas más predecibles, lo que significa un alivio para los estratos 1, 2 y 3. Al liberar renta disponible, las familias podrán destinar más recursos a necesidades básicas como alimentación o educación.
También hay un efecto simbólico: la medida responde a un clamor ciudadano que venía en aumento. En los últimos meses, las protestas contra las tarifas eléctricas fueron constantes, con llamados a la desobediencia civil. Atender esta inconformidad con soluciones concretas puede evitar un estallido social y restituir la confianza en que el Estado escucha a su gente.
En últimas, la energía se reafirma como un derecho básico y no un privilegio, reduciendo las desigualdades entre regiones. La medida se suma a otros ajustes recientes. En 2025, la CREG eliminó recargos inequitativos como el traslado a usuarios de parte de las pérdidas de energía robada y sobrecostos del 20% en administración y mantenimiento. Esto ya había generado alivios de hasta $54 por kWh en Air-e y $23 en Afinia. El nuevo esquema de contratación se complementa con subsidios focalizados, alivios de deuda y planes de inversión en redes, medidores inteligentes y proyectos solares y eólicos locales. El objetivo técnico es modernizar la infraestructura y diversificar la generación, garantizando que la reducción tarifaria sea sostenible y no solo coyuntural.
Pese al optimismo, hay riesgos en la implementación. Primero, la aprobación de la SIC podría retrasar el inicio del esquema. Segundo, la disponibilidad de excedentes hidroeléctricos y solares no siempre será suficiente, especialmente en épocas de sequía. Además, la medida se centra en Air-e, lo que deja dudas sobre la situación de los usuarios de Afinia. ¿Será justo que solo parte de la Costa Caribe se beneficie de tarifas más bajas? Finalmente, la sostenibilidad financiera de las distribuidoras es clave: si no reducen pérdidas ni mejoran el recaudo, el alivio tarifario podría volverse insostenible. También se requiere un cambio cultural: las comunidades deben comprometerse a pagar sus facturas y reducir el fraude, entendiendo que la equidad tarifaria depende del esfuerzo conjunto de usuarios, empresas y Estado.
La decisión de la CREG representa un avance histórico hacia la justicia tarifaria en la Costa Caribe. Es una medida con impacto social profundo y con fundamentos técnicos sólidos, que podría marcar un antes y un después en la relación de los costeños con su servicio de energía. Sin embargo, el éxito dependerá de la implementación rigurosa, la vigilancia de los entes de control y el compromiso de todos los actores. El camino no será fácil, pero la Costa Caribe tiene hoy una oportunidad real de salir de la penumbra energética y encender, por fin, la luz de la equidad.
