
Por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, Entre Pueblos, Odevida Internacional, Pares
Desde 2016, el Gobierno Peruano inició la construcción de una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. En aquél año, el país aprobó un protocolo de protección y posteriormente (2019) se consideró al Ministerio de Justicia como encargado del protocolo, además de abrir un registro de situaciones de riesgo (2020). Al año siguiente (2021) se aprobó también el mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras, así como una política sectorial a nivel del Ministerio del Ambiente.
A pesar de estos avances institucionales en materia de defensa, en Perú la agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo desalentadora. Los casos de violencia contra este tipo de defensa se mantienen y aumentan en algunos territorios, siendo el departamento de Cajamarca uno de los más graves.
Como resultado de la investigación se encontró que en Cajamarca, Perú, las principales dinámicas de violencia contra defensores y defensoras se generan en el ámbito de influencia de empresas formales y con la participación de actores estatales mediante el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Actualmente, el tipo de defensa que genera más agresión es la defensa de los derechos de la mujer.
Finalmente, La violencia contra las personas defensoras en Cajamarca se relaciona con problemas estructurales, entre los que destacan la precariedad de la ciudadanía ambiental, el uso arbitrario de la fuerza en protestas, y la falta de coordinación intercultural de la justicia.
Les invitamos a leer el informe completo Defensoras y defensores de los derechos humanos en Cajamarca, Perú: luchas y desafíos para su protección efectiva, aquí: