Los muertos que dejó el gobierno de Iván Duque durante el estallido social ¿Nadie va a responder?

Este 28 de abril se cumplen cinco años del inicio del estallido social en Colombia. Sólo la contigencia que se implementó a partir de la pandemia en el 2021, interrumpió las protestas que empezaron en noviembre del 2019 y que fue la respuesta a la propuesta de reforma tributaria que presentó al congreso el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Aunque el proyecto de reforma tributaria fue retirado por parte del gobierno de Iván Duque la gente permaneció en la calle, exigiendo, entre otras cosas, un país con mayor equidad.

En el estallido fueron cientos de miles de personas las que salieron a las calles del país a resistir la embestida de un gobierno que se inclinó claramente a apoyar al sector empresarial por encima de las necesidades de las clases menos favorecidas. Políticos de derecha como María Fernanda Cabal descalificaron estas acciones populares tildándolas simplemente de “tomas guerrilleras” En ciudades como Bogotá, y, por supuesto en Cali, fue donde se encendió la llama que terminaría con la victoria, por primera vez en nuestra historia electoral, de un candidato de izquierda en elecciones presidenciales.

 

Pero el costo que pagó el pueblo fue muy alto. Según Rutas del Conflicto el estallido social, que duró, aproximadamente, entre el 28 de abril del 2021 y el 20 de julio del 2022, dejó 80 víctimas mortales. Además, según un informe de Amnistía Internacional, fueron más de cien los heridos por trauma ocular durante el periodo que va del 28 de abril al 12 de diciembre del 2021. Según un informe entregado por la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 12 de mayo se registraron al menos 2.110 casos de violencia por parte de la fuerza pública, dentro de los cuales se presentaron 362 casos de violencia física, 39 homicidios, 1055 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 130 casos de disparos de armas de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basadas en género.

Antes de estas muertes se habían presentado las agresiones mortales contra Dilan Cruz, el 23 de noviembre del 2019 y el del estudiante de derecho Javier Ordoñez, ocurrida el 8 de septiembre del 2020. Dilan era un joven estudiante de bachillerato de 18 años de edad quien fue asesinado a mansalva por un agente del ESMAD mientras se encontraba protestando en la calle cuarta con carrera 19, en pleno centro de Bogotá. Ordoñez fue golpeado hasta la muerte en un CAI en el barrio Villaluz de Bogotá. Ambas muertas alimentaron la rabia popular y sirvieron para que los propios manifestantes ejercieran la autoprotección. Así surgió, siguiendo el modelo chileno, la Primera Línea. En Cali el sector de Puerto Rellena se convirtió en Puerto Resistencia y desde allí se ejerció el pulso contra las fuerzas del estado.

Durante el estallido se llegaron a identificar muertes que se convirtieron en un emblema para la resistencia social. Estas fueron la de Brian Rojas, quien apareció muerto en el río Cauca, tenía 26 años, la de Santiago Murillo, un hombre que regresaba a su casa tranquilamente y fue baleado por la policía y Yarli Parra, quien fue asesinado en medio de las protestas y la policía lo hizo pasar como un hombre al que habían matado por haber participado en un asalto.

 

Lo curioso es que el gobierno de Iván Duque, ni su ministro de defensa, ni el entonces director de la policía, han recibido algún tipo de amonestación judicial por estos hechos. Que el quinto aniversario del estallido social sea una excusa para volver a nombrar a los que se fueron. La fuerza del olvido no los podrá arrasar.