He hablado con viejos guerreros que participaron en organizaciones armadas revolucionarias y, al explicar lo que sucedió el 6 de noviembre de 1985, no pueden entender cómo Álvaro Fayad, el hombre que lideraba el comando del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia, no tenía claro un plan de escape. “Sin salida no hay toma, es algo básico”. Se tiene evidencia de que el ejército sabía del plan del M-19 para tomarse el Palacio, por eso ese día la seguridad era mínima. Los guerrilleros entraron confiados. La diosa fortuna los había ayudado en la toma a la Embajada de la República Dominicana, el EME se volvió en inspiración para jóvenes rebeldes en toda Latinoamérica. Solo habría un camino. El triunfo. Pero no, lo que pasó fue una hecatombe.
Es una pena que la película Noviembre hubiera sido censurada por la incomodidad que le generaba al abogado Mauricio Gaona la versión que el director quiso mostrar en esta pequeña e incomprendida obra maestra. Para el crítico y profesor Pedro Adrián Zuluaga “Mucho más claro cuando enlazando cosas lo que reluce es el intento de la familia Gaona, con el abogado Mauricio a la cabeza, el consentido de los medios empresariales, por imponer una única narrativa sobre los hechos del Palacio de Justicia, una que minimiza la brutalidad de la retoma y no reconoce una verdad técnica: Son los crímenes de los militares los que permanecen impunes. El M-19 nos debe verdad y responsabilidad histórica, y empatía con las víctimas, pues hizo un proceso de paz y la justicia transicional está incompleta sin esas dimensiones”.
Para Helena Uran, hija del magistrado Carlos Uran, quien, está documentado, salió con vida del palacio y después fue asesinado, la película es “imprescindible” como documento de verdad. Lo que se está jugando en estos cuarenta años que cumple la toma y retoma es cómo va a quedar este hecho de cara a la memoria histórica. En 2015, cuando se cumplieron treinta años, uno de los magistrados supervivientes del holocausto, Carlos Betancourt, quien precisamente era el presidente del Consejo de Estado en 1985, habló en una extensa entrevista con Caracol Radio y contó que en una reunión sostenida el 17 de octubre de ese año se habían dejado claras las evidentes fallas que presentaba la seguridad en el Palacio de Justicia y que había indicios de que las guerrillas podrían atacarlo. La respuesta fue que el Consejo de Estado no tenía dinero y lo único que se acordó fue que se aumentara el pie de fuerza porque “era lo que teníamos a la mano y era lo que tres días antes de la tragedia se retiró”.
Cuando pasa la toma y viene la violenta reacción del ejército, que no consideró las vidas que estaban adentro, el magistrado Betancourt habló con el presidente, sobre las seis de la tarde y este le dijo lo siguiente: “Le conté lo que estaba oyendo y me dijo que todo estaba bajo control y antes del atardecer ustedes van a estar todos afueras. Me pidió un teléfono, le di el del magistrado Julio César Uribe”. Betancourt desmintió una lista de 242 personas que fueron rescatadas por el ejército y a donde aparece su nombre “Eso no es cierto. Trece personas salimos por nuestros propios medios del tercer piso a la cafetería y de allí a la plaza de Bolívar”, dijo. Y añadió: Lo único que hizo la Policía cuando salimos a la plaza de Bolívar, fue decirnos que fuéramos a la Casa del Florero. Allí no había teléfonos, pero nos dijeron que diéramos los números para avisar a nuestras casas que estábamos bien. Hacia las 2 y media de la madrugada del 7 de noviembre llegué a mi casa, pero no habían avisado, ni siquiera hicieron eso”.
Betancourt ha sido enfático en decir que nunca hubo intención del ejército en rescatarlos, sino en provocar una masacre y que hubo un momento en donde Betancur perdió el control de la situación. Los que mandaban eran los militares.
El presidente Belisario Betancur, contrario a la cúpula militar que lo rodeaba, era un demócrata, un conservador sui generis que había abrazado en más de una ocasión causas progresistas, por lo que algunos de sus generales lo miraban con desconfianza. Betancur en noviembre de 1983 se reunió en España con dos de los comandantes más representativos del EME, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad. Era la primera vez que un gobierno colombiano decidía solucionar por medio del diálogo el espinoso tema de las guerrillas colombianas. La respuesta de la ultraderecha fue intentar desestabilizar este acuerdo de paz, que se concretó con las firmas en Corinto, Hobo y Medellín. Pero el ministro de Defensa era Fernando Landazábal, furioso anticomunista, pura Escuela de las Américas. Esperaba cualquier descuido para hacer las cosas a su manera contra la guerrilla. Y esta respuesta era solo una, la de la violencia. Los desafueros del ejército terminarían haciéndole romper al EME los acuerdos de paz con Belisario. Ellos sabían que la responsabilidad era de Landazábal, pero estaban obsesionados con querer hacerle un juicio público, en medio de la plaza de Bolívar, a Betancur.
Mientras tanto, el ejército le iba mochando cabezas al EME. Ese 1985 fue especialmente oscuro para la agrupación. En una emboscada en un barrio al sur de Bogotá, murió Iván Marino Ospina al lado de su hijo y mientras resistía, él sólo, el ataque de 30 hombres del ejército. En el suroccidente de Bogotá, el ejército masacró a diez miembros del EME y, para colmo, atentan contra Antonio Navarro Wolf. Esta agrupación tenía que ripostar y por eso salió a flote la Operación Antonio Nariño.
Los magistrados de la Suprema Corte, encabezados por Alfonso Reyes Echandía, se reunieron el 20 de septiembre de 1985 para evaluar las condiciones de seguridad del Palacio. Se sabía que este sería el blanco de la próxima acción del M-19. La fuerza pública estaba encargada de hacer el peritaje, pero, cuando los guerrilleros entraron el 6 de noviembre de 1985, no había un solo agente en la entrada. Fue como si los estuvieran esperando. El ejército no solo quería vengarse del EME, sino de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar un hecho que es un parteaguas: en junio de 1985 la Corte condena al ministro de Defensa de ese momento, general Miguel Vega Uribe, por las torturas contra una médica y su hija de diez años, después de la feroz arremetida del ejército contra cualquier cosa que sonara a izquierda en las horas posteriores al robo de armas del Cantón Norte. Vega Uribe tomó estas medidas en 1979, mientras era comandante de la Brigada XIII de Bogotá.
Una de las periodistas que mejor investigó el holocausto del Palacio de Justicia fue la irlandesa Anna Carrigan quien publicó en 1990 el libro The palace of justice: A colombian tragedy, en donde muestra cómo el ejército realizó lo que se conoce como Operación Limpieza, y era aprovechar la chambonada de operación del M- 19 para acabar con los 11 miembros que conformaban la Corte Suprema y que duraron 26 horas encerrados en un baño.
No solo ella, sino gente valiente como Helena Uran, hija del magistrado Carlos Uran, reunieron durante años evidencias que comprobaron que su padre había salido con vida del Palacio -lo comprobó por medio de imágenes hechas por camarógrafos de la época-, y después fue ejecutados. Por estos hechos, el asesinato de 111 personas y la desaparición de una docena, han sido condenados los siguientes militares: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña. Fueron sentenciados, en 2021, a 40 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá al ser encontrados responsables de la desaparición de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
El uribismo en pleno ha intentado limpiarle el nombre al general Plazas Vega, responsable del plan Tricolor con el que se conoció la retoma del Palacio y Arias Cabrales, quien comandó las operaciones. El primero fue condenado y después absuelto y el segundo, gracias a la intensa labor de Helena Uran ha podido pagar su pena.
El intento de Mauricio Gaona y su familia por reescribir el relato histórico es muy peligroso. Me gustaría cerrar este artículo volviendo a citar a Pedro Adrián Zuluaga y su posición sobre la censura a la película Noviembre: “La memoria histórica seguirá en disputa, y el arte aporta a esa memoria otros tiempos, otras preguntas, otras verdades. No le pueden cortar sus alas o se volvería propaganda”.
