Cuando Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, esperaba que las movilizaciones sociales y las organizaciones espontáneas que habían surgido un año largo antes, en el Estallido Social de 2021, se mantuvieran como uno de sus ejes de presión ante la posibilidad de que el Congreso, en sus movidas políticas, decidiera apelar a bloquear parcialmente el Congreso para evitar que su agenda de reformas pasara sin incentivos claros.
Cuando la oposición, muy temprano, comenzó a llamar a las calles contra el gobierno durante la gestión de la reforma tributaria y del Plan Nacional de Desarrollo, en octubre de 2022, el presidente encontró un escenario ideal para lanzar sus bases políticas y sociales a las calles, y así fue. La “radicalización democrática” como idea comenzó a materializarse, especialmente, tras el primer remezón ministerial de abril de 2023 y la crisis política que llevó a la ruptura de su coalición de gobierno, manteniendo en un estado de constante movilización a sus bases para que, desde las calles, el Congreso se viera presionado a negociar.
Ahora, a un año del cierre de su gobierno, en un ambiente totalmente diferente, con la campaña preelectoral encima y con una agenda legislativa bastante ralentizada (aunque ha logrado aprobar una reforma pensional y una reforma laboral que le costó la mayor parte de su gobernabilidad, junto con dos intentos de mover una reforma a la salud, que se ha convertido en el punto de honor del progresismo y de la oposición de derechas), concentra su estrategia de radicalización ya no en las calles, sino en la esfera comunicativa, en la que ha tenido falencias.
¿Podrá el gobierno mantener el ritmo ajetreado con el que ha estado disputándose la esfera de la opinión pública con los medios de comunicación?
—Los últimos cartuchos de la “radicalización democrática” como estrategia
Hace mucho tiempo que la idea de “radicalización democrática” con la que el presidente Gustavo Petro esperaba movilizar a sus bases políticas y sociales se decantó en diferentes estrategias que, dependiendo de la coyuntura, terminan apareciendo o disgregándose.
Desde que se aprobó la nueva reforma laboral y se cayeron las Consultas Populares hace no más de dos meses, las bases han abandonado las calles para darse su propia pelea en el seno del ya fragmentado bloque del Pacto Histórico, donde, hasta la decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgar personería jurídica al Pacto Histórico excluyendo a la Colombia Humana, el partido del presidente y la organización con más fuerza dentro del bloque, han pujado por la conformación de las diferentes listas a Senado y Cámara que, idealmente, deberían enfrentarse en las elecciones primarias del 26 de octubre.
Ahora la directriz desde la Casa de Nariño es otra. Por un lado, Gustavo Petro invitó a votar por todos aquellos candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia que hablaran en sus discursos y programa político sobre la posibilidad de articular el proceso constituyente y generar una reforma constitucional en los próximos cuatro años. Por el otro, según El Reporte Coronell del pasado 10 de septiembre, el presidente se confrontó con la mayoría de los equipos de comunicación de los diferentes ministerios. A todos les dio la misma directriz: hay que radicalizar el discurso en estos últimos meses de gobierno.
La reunión giró alrededor de la queja del presidente sobre la falta de inversión por parte de la mayoría de los ministerios en medios alternativos digitales que contrarrestaran, según él, las narrativas de los medios hegemónicos y tradicionales, especialmente luego del lapsus que el mismo mandatario tuvo en su cuenta de X, cuando cometió varios errores en las cifras de visitantes y de lechona vendida en la Exposición Mundial de Osaka, en la que Colombia tuvo su propio stand. Del mismo modo, la crítica está ambientada ante las revelaciones de deudas millonarias dentro de Nueva EPS y el cubrimiento del caso de corrupción de la UNGRD.
De igual forma, el presidente también confrontó a Hollman Morris, director del Sistema de Medios Públicos de Colombia y de RTVC, tras el fracaso de la transmisión de la celebración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta, a la que calificó de “chimba”.
La reconvención se dio luego de que Morris intentara enlodar a la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, por el fracaso del evento. Además, el presidente cuestionó a la mayoría de sus ministros por no haber salido en su defensa, luego de las acusaciones del exministro de Exteriores, Álvaro, contra el presidente por presunto consumo de drogas y alcohol en semanas anteriores.
Con esta directriz, el presidente espera confrontar su batalla final con los medios de comunicación del país. Se une esta estrategia con el uso de las alocuciones con una hora de duración de manera frecuente en el horario prime time (en el que se transmiten los noticieros en la mayoría de los canales privados del país) y con ofensiva mediática en redes sociales impulsada por los influenciadores cercanos al gobierno. De hecho, el pasado 5 de agosto hubo una reunión en Casa de Nariño entre Petro y algunos influenciadores, a quienes el gobierno les ha dado contratos de apoyo a la gestión comunicacional dentro del gabinete, para comunicar, en sus palabras, los logros del Gobierno del Cambio.
Siendo así, con este nuevo frente, el presidente espera sortear el ambiente político del país, con la posibilidad de que vuelva a apelar a una estrategia de negociación con el Congreso para permitir la aprobación del presupuesto del año 2026 y la reforma tributaria, con la que espera sanear las finanzas públicas, y en medio de un panorama preelectoral bastante agitado, en el que muchos de los candidatos han apelado a sus errores en comunicación para mantenerse vigentes en la discusión pública nacional.
—El “tire y afloje” del gobierno frente al Congreso
Luego de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo —del que ya se esperaba que pudiera ganar la votación en el Senado por medio de lógicas clientelares y aprovechándose del miedo al gobierno Petro, como lo señalamos en este artículo—, el gobierno dio ladirectriz para realizar un nuevo remezón ministerial, que se contaría como el sexto en tres años y con el que el gobierno buscaría, entre otras cosas, limpiar los últimos reductos de cuotas burocráticas en el gobierno para poder profundizar en su estrategia de radicalización democrática, esta vez, nombrando funcionarios mucho más leales en el gabinete.
Como lo señalamos en su momento, en este informe sobre las redes de poder que rodean al presidente y en otros artículos, el gobierno está privilegiando la lealtad política por encima de la operatividad, el clientelismo y la experiencia pública, porque se siente amenazado y considera que funcionarios más leales son capaces de aplicar las premisas fundamentales de su programa político sin mayor resistencia o crítica, aun cuando no tengan la capacidad técnica y la experiencia administrativa para llegar a esos cargos. Bien queda esto de manifiesto con el caso de Juliana Guerrero, quien en las últimas semanas ha estado en boga de la opinión pública por su potencial nombramiento como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, a pesar de no tener los requerimientos básicos para el cargo y de presuntamente haber incurrido en estrategias sucias para obtener esa experiencia.
Aun así, varias de estas renuncias no se han hecho efectivas. Solamente la de Julián Molina, ahora exministro de las TIC, que tradicionalmente ha sido un bastión del Partido de la U.
Aunque Armando Benedetti, ministro del Interior, recibió la orden de también pedir la renuncia protocolaria de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del Partido Alianza Verde y de Diana Morales, ministra de Comercio y cuota de los liberales cercanos al gobierno, por ahora ninguno de estos dos ministros han salido. De hecho, Sanguino sigue haciendo apariciones públicas como ministro.
Así mismo, las declaraciones frente a la relación con el Congreso siguen siendo, en su mayoría, crípticas. Aunque en la reunión con los jefes de comunicaciones ministeriales señaló que ya había decidido su camino y rompería con el Congreso para enfocarse en la campaña de 2026, las negociaciones frente al Presupuesto General de la Nación y la Reforma Tributaria indicarían que aún tiene esperanzas en un último barco.
No es para menos. Según el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Wilmer Castellanos (del Partido Alianza Verde), el gobierno estaría dispuesto a bajar las cifras que esperan recoger de su tributaria en $10 billones de pesos, renunciar al cobro de IVA a la gasolina en el mismo proyecto y reducir las proyecciones del PGN, a cambio de garantizar los votos suficientes en las 4 corporaciones económicas del Congreso.
Tal como lo referenciamos en este artículo, esto es importante porque el gobierno aún no tiene los votos en las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado para poder mover el proyecto, y necesita una mayoría conjunta en las 4 corporaciones donde se discute el Presupuesto para que pueda pasar a discusión plenaria. Según cuentas de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, el gobierno tiene solo 6 votos en cada comisión de Senado. Ya El Espectador decía, el martes 10 de septiembre, que esa cantidad se había reducido a cinco en cada comisión, lo que deja al gobierno apretado para lograr que se apruebe.
Para algunos congresistas, la estrategia del gobierno, diferente de la negociación, sería buscar escenarios imposibles de concertación que le permitan justificarse ante una potencial posibilidad de volver a decretar el presupuesto, tal como pasó en diciembre de 2024. En esa tesis está montada la senadora Angélica Lozano, que afirma que, ante la posibilidad de que alguna de las comisiones vote negativo, buscaría ralentizar las sesiones para citar el próximo domingo, cuando es posible que la oposición a la cifra del gobierno no logre suficiente quórum. Aun así, el debate para discutir el presupuesto por comisiones se citó para el jueves 11 de septiembre.
—A modo de cierre
Junto con la división a la que el Consejo Nacional Electoral sometió al Pacto Histórico, se suman ahora las acusaciones de traición y los ataques dentro de las precampañas en el bloque de la izquierda.
Armando Benedetti, en conversación con El Espectador, aseveró que tienen pruebas de que sectores del Pacto y de Comunes votaron por Camargo en la elección realizada la semana pasada. Esto suma ruido a las acusaciones contra Gloria Flórez, presidenta de la Colombia Humana y Sandra Lobo, congresista de Comunes, que aparecieron en diferentes fotos abrazadas con Camargo luego de su triunfo en Senado.
Con estas “traiciones” y los ruidos de posibles remezones, el gobierno Petro se sigue encerrando cada vez más en sí mismo en esta recta final de su gobierno. Aunque las acusaciones contra Juliana Guerrero, por poner un ejemplo, han tomado cierto atisbo de contundencia luego de que el Ministerio de Educación indicara que Guerrero no aparecía registrada en la Fundación San José, y de probarse que tampoco había presentado la prueba Saber Pro, aun no existe certeza de que vaya a ser nombrada viceministra. Esto, a pesar de ya haberse reunido con actores políticos del Cesar, específicamente con el senador Alfredo Ape Cuello.
Del mismo modo, ya la directriz del gobierno se estaría acatando a rajatabla. Edwin Palma, ministro de Energía, ya habría salido a defender la tesis de la “radicalización” con el argumento de que el presidente se refería a ir hasta la “raíz” en el cumplimiento de su programa de gobierno, y que el país no debía temer a estos escenarios. La respuesta por parte de los precandidatos presidenciales y los medios se hizo sentir posteriormente.
