
Human Rights Watch, a través de su directora, Juanita Goebertus, presentó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el informe El catatumbo, abusos de grupos armados y desprotección estatal, en donde se presenta, a través de 65 entrevistas que se hicieron en terreno, la situación que se vive en esta región desde el pasado 15 de enero.
Desde el año 2018 el frente 33 de las extintas FARC y el ELN habían convivido en ese territorio sin sobresaltos. Se vivía una calma chicha. Pero, la posición del gobierno, en cabeza del actual comisionado de paz, Otty Patiño, empezó a crispar los ánimos. Se pactaron proyectos productivos de cultivo de palma africana y otros con un grupo que aún poseía las armas. Esto empezó a generar resquemor dentro de las filas del ELN.
El ELN, desde mediados del 2024, venía amenazando con una confrontación en donde se verían afectados firmantes de paz y lideres sociales. Hasta el momento han sido siete los firmantes asesinados.
La subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, reaccionó ante el informe “Lo del frente 33 tiene matices, los diseños de las dos negociaciones eran distintas, mientras el ELN era una negociación nacional, la del Frente 33 estaba sobresaturada de acuerdos estaban dando resultados más rápidos y se querían implementar con mayor premura proyectos productivos. Claramente esto es un error del gobierno. Creo que tuvo que ver con la arremetida del ELN y con la crisis que sobrevino en la mesa con el ELN”.