El proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro en 2025, marca un punto de inflexión en la política extractiva del país. Con el propósito de superar el modelo minero tradicional —basado en la explotación intensiva y la débil regulación—, la propuesta busca alinear la actividad minera con los principios de sostenibilidad, justicia social y responsabilidad climática (Ministerio de Minas y Energía, 2025). Sin embargo, su aplicación en regiones de alta fragilidad ecológica, como la Amazonía colombiana, plantea dilemas significativos entre desarrollo y conservación.
El proyecto parte de una premisa ambiciosa: convertir la minería en una herramienta de transición energética y de reindustrialización nacional. Para ello, propone fortalecer el papel del Estado en la planificación y control del sector, formalizar la minería artesanal, prohibir el uso de mercurio y promover el cierre progresivo de minas a cielo abierto (ABC Proyecto de Ley, 2025, p. 3). Además, introduce un sistema de Zonas Aptas para la Minería (ZAM) y Zonas Excluidas de la Minería (ZEM), con el fin de proteger ecosistemas estratégicos, incluyendo áreas de la Amazonía, donde los impactos acumulativos de la deforestación, la minería ilegal y los proyectos extractivos han generado crisis socioambientales profundas (ABC Proyecto de Ley, 2025, p. 7).
La Amazonía colombiana —que abarca cerca del 40 % del territorio nacional— es uno de los territorios más vulnerables frente a los efectos de la minería. En departamentos como Putumayo, Caquetá y Guainía, la actividad extractiva ha provocado pérdida de cobertura boscosa, contaminación por mercurio y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas (IDEAM, 2024). En este contexto, la ley representa una oportunidad y un riesgo simultáneo. Por un lado, al fortalecer los mecanismos de control estatal y promover la formalización, puede ayudar a reducir la minería ilegal que hoy opera sin regulación ambiental ni tributaria. Por otro, al declarar ciertos minerales como estratégicos para la transición energética —como el cobre, el níquel y las tierras raras—, puede abrir la puerta a nuevas presiones sobre los ecosistemas amazónicos si no se implementan límites claros (Semana, 2025).
El enfoque de “minería para la vida” que plantea la ley incluye principios de justicia ambiental, equidad social e inclusión de comunidades étnicas. Reconoce, además, el derecho a la consulta previa y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones mineras (ABC Proyecto de Ley, 2025, p. 8). En la práctica, esto podría fortalecer procesos de gobernanza territorial y garantizar que los beneficios de la minería se distribuyan de manera más equitativa. Sin embargo, experiencias previas demuestran que la participación comunitaria en decisiones extractivas ha sido frecuentemente simbólica o limitada (Defensoría del Pueblo, 2023). Si el nuevo marco no se acompaña de una implementación rigurosa, existe el riesgo de reproducir conflictos socioambientales en territorios que ya enfrentan tensiones por la expansión de la frontera minera y agrícola.
Desde una perspectiva de política pública, el desafío será equilibrar la transición energética con la protección de la Amazonía. Aunque el Gobierno justifica la nueva ley como parte de la agenda de descarbonización, la sustitución de combustibles fósiles por minerales estratégicos requiere un marco que evite la “reprimarización verde” —es decir, sustituir la dependencia del petróleo y carbón por una dependencia del litio, cobre o níquel (ONU Medio Ambiente, 2024)—. Para la Amazonía, esto implica que los proyectos mineros, incluso los catalogados como sostenibles, deberán someterse a evaluaciones ambientales estratégicas que consideren impactos acumulativos, fragmentación ecológica y derechos de las comunidades locales.
En síntesis, la Ley Minera para la Transición Energética Justa propone una transformación necesaria, pero su éxito dependerá de su ejecución en terreno. Si logra fortalecer la soberanía estatal, garantizar la participación vinculante de los pueblos amazónicos y asegurar la restauración ambiental efectiva, puede convertirse en una herramienta clave para la justicia territorial. De lo contrario, corre el riesgo de perpetuar la paradoja de una transición energética que, en nombre del clima, erosiona los bosques que más lo protegen.
