Sucedió en el año 1999. Álvaro Uribe convocó un homenaje a Rito Alejo del Río en el salón rojo del hotel Tequendama. En ese momento, Uribe acababa de dejar la gobernación de Antioquia y ya venía siendo señalado de apoyarse demasiado en las cooperativas de seguridad privada conocidas como Convivir. Ya habían ocurrido las masacres de La Granja y El Aro, en las que él, casi treinta años después, sigue siendo investigado. El general Del Río era conocido como “el Pacificador” de Urabá. Es decir, él, siendo oficial del ejército, tuvo el deshonor de colaborar con las nacientes AUC para atacar a la guerrilla. Uribe lo negó todo y, aunque no se usaba la palabra que él, con cubanos de Miami como Marco Rubio, inventaría tiempo después: castrochavistas, acusó a la opinión pública de lo que él consideraba una calumnia. El tiempo hizo que se demostraran todas las pruebas contra Del Río, quien incluso cumple una condena. Uribe guarda silencio.
Ha sido una necesidad histórica la de la derecha, la de lavarles las manos a los militares de sus atrocidades. María Fernanda Cabal, una senadora que de tonta no tiene un pelo, ha señalado como un delirio de marihuano la denuncia que hace ante el mundo Gabriel García Márquez cuando narra la matanza de las bananeras. Es más, si no fuera por Gabo, no se sabría el nivel de la matanza. En su momento, solo un político se interesó en denunciar esa atrocidad, fue Jorge Eliécer Gaitán. No lo escucharon, también lo asesinaron. Para Cabal esto nunca sucedió.
Esta semana, justamente, durante una entrevista con el director de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, la senadora afirmó que el Estado no había tenido absolutamente nada que ver con el asesinato de más de cinco mil miembros de la Unión Patriótica. Cabal lo redujo a una pelea entre comunistas, ignorando, deliberadamente, que existen condenas contra el Estado colombiano por lo que se considera un genocidio.
Se conmemoraron cuarenta años del Palacio de Justicia y aunque también hay oficiales condenados, como el general Arias Cabrales, por el delito de desaparición forzada, aún son cada vez más numerosas las voces de la derecha que afirman que el único responsable del holocausto del Palacio fue el M-19, y quieren limpiarle las manos al ejército y su sangrienta contra-toma.
El negacionismo en Latinoamérica surge después de que se cayera la última dictadura militar. Entonces aparece la teoría de los dos demonios. Y es que, a prácticas como la tortura, arrojar vivas personas desde aviones sobre el Río de la Plata, secuestrar bebés y darlos en adopción, la narrativa apunta a que “era lo que tenían que hacer” los militares, porque la subversión se estaba tomando el país. Esta teoría fue creada por el sociólogo Daniel Feierstein, quien la explica de la siguiente forma: “La violencia estatal no es equiparable a la violencia civil, en tanto es el Estado quien debe proteger a la población y quien maneja tanto el aparato punitivo como los tribunales encargados de brindar justicia”.
Javier Milei, en Argentina, está intentando reescribir la historia e incluso ha contado en su equipo de asesores con personas que son familiares de militares condenados por todo tipo de violación de derechos humanos.
Si en Alemania intentaron bajarles decibeles a los números del Holocausto, afirmando que todo se trataba casi que de una exageración de Hollywood y tuvieron que venir investigaciones, series y películas, como La lista de Schindler, para formar la consciencia popular de lo que sucedió, es lógico que en Colombia la derecha busque reescribir la historia. En el anterior gobierno, el de Iván Duque, hubo serios deseos de meterle mano a la memoria histórica del país. Como en la novela 1984 de George Orwell, existe un ministerio que borra y ajusta a la medida del tirano de turno, lo que se necesita que la gente piense. La memoria debe ser inalterable. Quitarle responsabilidad a las fuerzas armadas y a la extrema derecha, en el exterminio de la UP y en el holocausto del Palacio de Justicia, es una falacia que no se puede permitir un país.
