El próximo 21 de octubre se dará a conocer la sentencia contra Uribe, si se mantiene la condena o si será absuelto. Pero todo este lío jurídico que terminó con la sentencia de la juez Sandra Liliana Heredia, sirve para demostrar que la táctica jurídica de Uribe siempre ha sido un buen ataque. Atacando ha derrotado a sus rivales, pero también ha tenido sus más estruendosas derrotas.
Cuando fue gobernador de Antioquia, decidió implementar las Cooperativas de Seguridad, mejor conocidas como CONVIVIR: un adefesio jurídico creado durante la presidencia de César Gaviria y ratificado en la de Ernesto Samper, cuya característica más polémica —y oscura— era permitirles a civiles el uso de armas que estaban reservadas exclusivamente para la fuerza pública.
Aunque este punto fue posteriormente eliminado, desde allí puede rastrearse la génesis de muchos grupos paramilitares, usando estas cooperativas como semilla. La excusa del entonces gobernador era clara: no había otra forma de combatir a la floreciente guerrilla en los años noventa.
Esa determinación le costó mucho: en este momento tiene abierta una investigación que lo involucraría en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien le advirtió sobre las masacres de El Aro y La Granja. De calumniadores ha tratado a todos aquellos que intentan cuestionarle esas determinaciones que, sus detractores, han señalado históricamente como la prueba de su cercanía con los paramilitares. En un debate formulado en el Senado por Iván Cepeda, Uribe, siendo senador por el Centro Democrático, decidió demandar a Cepeda por supuestamente presentar falsos testigos que lo involucrarían con la fundación del Bloque Metro de las AUC. A raíz de ese ataque, la Corte Suprema decidió, en 2018, voltearle la torta y, como un boomerang, vio cómo se le acusaba a él de manipulación de testigos. Las declaraciones de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra lo enlodaron hasta el punto de que en julio de 2025, y después de un proceso que duró siete años, la jueza Sandra Liliana Heredia lo encontró culpable de soborno y fraude procesal.
Un mes después, el Tribunal de Bogotá le concedió la libertad mientras se tomaba la determinación de ratificar el fallo condenatorio o absolverlo. Esto tenía que darse antes del 16 de octubre que era la fecha de la preclusión del caso. Al fina la lectura se dará el próximo 21 de octubre. En esas semanas en las que estuvo libre, Uribe aprovechó para salir al ruedo político en donde atacó al petrismo en cada una de sus intervenciones a través de redes sociales. El ataque a Petro contrastaba con su apoyo incondicional a Donald Trump, a quien incluso propuso para ganarse el Nobel de paz en 2026, después de ayudar a alcanzar un acuerdo entre Israel y Palestina. Poco antes de que se conociera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Uribe participó en un foro virtual con el Centro Democrático en donde se mostró muy preocupado por la decisión del gobierno Petro de pasar una propuesta en la que el salario mínimo en Colombia quedaba en 1.700.000 pesos.
