El ser humano es más memoria que historia, pues aquella (la memoria) habla de lo que sentiste y sientes y ésta (la historia) de lo que fuiste; aquella es más salmón, que regresa contra la corriente de la historia, ésta es más tiburón, que avanza perfilando el futuro y el progreso. Al final somos salmones que regresamos a desovar nuestras memorias, que sirven para alimentar a los que quedan.
Colombia, nuestro país, se ha convertido no solo en uno de los más desiguales del mundo, el tercero, sino también en el país del sufrimiento, de la injusticia, de las víctimas, ello no solo nos lo recuerda el 40a aniversario de la toma-retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, sino los múltiples hechos de violencia y barbarie que le suceden a cientos de nacionales quienes día a día conmemoran en el anonimato, en silencio, con los puños cerrados y la mirada nublada por las lágrimas de la impotencia, los aniversarios que pasan años tras año a los que reclaman justicia.
Las víctimas que reclaman justicia, lo que piden es la verdad, y cuando éstas o los hechos son de notoriedad nacional o internacional se crean Comisiones de la Verdad para esclarecer esos hechos puntuales. Parece entonces, que hay que crear Comisiones en busca de la verdad, como algo excepcional, lo que manda un mensaje negativo en consideración a que ésta, la verdad, no es fácil encontrarla en el ordenamiento penal ordinario.
En Colombia ha habido varias Comisiones de la Verdad, y hay quienes piden más comisiones a futuro, como Comisión de la Verdad sobre el narcotráfico, de delitos ambientales, de corrupción, etc,etc.
Algunas Comisiones de la Verdad:
Nombre / Período | Naturaleza | Contexto | Resultado principal | |
1. Comisión del Palacio de Justicia (1986–1987) | Judicial (Corte Suprema) | Toma del Palacio de Justicia | Informe con hallazgos sobre desapariciones y excesos militares | |
2. Comisión de Verdad y Reconciliación del Valle (2011–2015) | Social / Eclesial | Violencia regional | Informe regional de memoria y reconciliación | |
3. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2017–2022) | Oficial (Estado colombiano) | Conflicto armado interno | Informe Final “Hay futuro si hay verdad” |
Igualmente en el país, ha habido varios mecanismos excepcionales de justicia transicional, es decir, aquellos creados fuera del sistema judicial ordinario para buscar verdad, justicia, reparación y no repetición frente a contextos de conflicto armado y violaciones masivas de derechos humanos.
Algunas justicia transicionales:
Mecanismo / Ley | Año | Naturaleza | Enfoque principal | |
1 | Comisión de Investigación de Sucesos Violentos | 1958 | Extrajudicial | Memoria y esclarecimiento histórico |
2 | Ley 418 de Orden Público | 1997 | Jurídico-político | Facilitar procesos de paz y sometimientos |
3 | Ley 975 de Justicia y Paz | 2005 | Judicial | Verdad, justicia y reparación (paramilitares) |
4 | Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras | 2011 | Administrativo / reparador | Reconocimiento y reparación de víctimas |
5 | Sistema Integral (JEP, CEV, UBPD) | 2017 | Integral / transicional | Verdad, justicia restaurativa, reparación y no repetición |
La verdad y la memoria son las caras de la justicia, y para ello no se requiere crear comisiones o altos tribunales para que estas se den. Para Reyes Mate, la verdad y la memoria están profundamente unidas: no hay verdad sin memoria, y la memoria es el camino ético hacia la verdad, y propone que la memoria de las víctimas debe ser el punto de partida para una justicia verdaderamente ética y restauradora. Según él, no hay futuro justo sin una mirada al pasado injusto, porque la reparación del daño requiere reconocer el sufrimiento y dignificar la palabra de quienes fueron silenciados.
Reyes Mate afirma, que la verdad no se descubre solo con la razón abstracta, como pretendía la filosofía moderna, sino a través de la memoria de las víctimas y ésta (la memoria) no es, para él, un simple recuerdo del pasado, sino un acto de justicia, porque permite dar voz a los silenciados y reconstruir una verdad histórica y moral que fue negada por los vencedores, quienes son los que terminan escribiendo la “historia”.
“La verdad tiene memoria, y la memoria es una forma de justicia.”
— Reyes Mate, “La razón de los vencidos”, 1991.
La verdad que nace de la memoria de las víctimas es el primer paso para la reparación moral y simbólica. Escuchar, reconocer y recordar son actos de verdad que transforman el conflicto en aprendizaje y dignidad. Por eso, su pensamiento inspira procesos de justicia restaurativa en los que la verdad se construye con las voces de todos, especialmente las de quienes más sufrieron, termina afirmando el filósofo de Valladolid.
Propuesta: Ley de víctimas en la justicia ordinaria
En Colombia llegó el momento de dejar de buscar la verdad por medio de Justicias Especiales y Comisiones de la Verdad, que de poco han servido y es mucho el tiempo, la burocracia y polarización política que han producido, permitiendo en un efecto perverso que a las víctimas se les re-victimice y los victimarios se victimicen..
Colombia necesita normalizar la verdad, y ello se logra con una justicia ordinaria de la verdad, que permita a las partes inmersas en un proceso penal el que decir la verdad sea la premisa fundamental y el derecho a la no incriminación, la excepción. Una justicia que al inicio de un procedimiento, en donde la policía le notifique al presunto culpable que tiene derecho a decir la verdad y que todo lo que diga a su favor será tenido en cuenta, pues hoy la ley es en sentido contrario, protege el derecho a quedarse callado, y es ahí donde se inicia el ocultamiento de la verdad, luego su defensa le recomienda no contar toda la verdad para evitar la pena y luego, en la cárcel existe la “ley del silencio”. Es en este proceso donde se pierde la verdad.
Una Justicia de la verdad, permite mayor claridad histórica y memoria sobre crímenes y conflictos, facilitando la reparación de víctimas y comunidades afectadas y promueve una justicia más restaurativa y pedagógica. Creando en el país una cultura del diálogo, la verdad, el respeto, el perdón, la solidaridad y la reintegración social.
Sin dejar de desconocer riesgos como el posible abuso por parte de autoridades si no hay garantías claras de voluntariedad, lo que podría erosionar la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del imputado, para lo cual se necesitaría un marco legal específico para asegurar que la declaración voluntaria no se use como evidencia en su contra en otros procesos.
Lo anterior solo se puede hacer desde una ley de víctimas en la justicia ordinaria que tenga como objetivo principal garantizar los derechos de las víctimas en todos los procesos penales ordinarios, fortaleciendo su participación y acceso a la verdad, reparación integral y medidas de protección, en un marco de justicia restaurativa y respeto por los derechos fundamentales.
En la Ley de víctimas se fijarían los Derechos de participación plena de la víctima en todos los delitos, no sólo en conflicto armado; el acceso a la verdad y reparación: mecanismos de mediación, justicia restaurativa, y participación en procesos de reconciliación comunitaria; se brindaría asesoría integral: jurídica, psicológica y social durante todo el proceso; principio de oportunidad para confesión voluntaria: incentivos legales para que el victimario aporte a la verdad y a la reparación; y protección y seguridad: para víctimas y testigos, incluyendo medidas preventivas contra represalias.
Si bien lo anterior está en los artículos 518 a 527 (Ley 906 de 2004), hay que reconocer que deben ser objeto de ajustes y actualizaciones, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años, sin muy buenos resultados a la vista, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.
Las ventajas de una Ley de Víctimas en la justicia ordinaria colombiana, sería la oportunidad para la coordinación institucional en torno a la justicia restaurativa; el fortalecimiento de la memoria histórica y la justicia restaurativa en delitos ordinarios; reduciría la revictimización al dar voz y participación activa a la víctimas y comunidades; promovería una mayor transparencia y confianza en la justicia ordinaria y mejoraría la convivencia y la seguridad en los 1.104 municipios de Colombia.
