El gobierno de Donald Trump ha desplegado una poderosa fuerza militar en el Caribe. Barcos anfibios, destructores, aviones, submarinos y cerca de cinco mil marines asedian a Venezuela. El objetivo explicito es golpear los carteles de la droga que operan en esa área. Pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho también que Nicolás Maduro y la cúpula que gobierna a Venezuela hacen parte de esos carteles. Es decir, el propósito subyacente de la operación es presionar una negociación o remover, mediante la fuerza, al régimen imperante en el vecino país.
Ya el expresidente Álvaro Uribe, el 13 de enero de 2025, en un evento público ante sus seguidores en la ciudad de Cúcuta, había clamado por una intervención militar en el vecino país para desalojar a maduro del poder. Sus deseos, al parecer, podrían cumplirse. Por su lado, Vicky Dávila, la candidata de la derecha con mayor aceptación en las encuestas, en entrevistas y actos de campaña, ha hecho en estos días el mismo llamado.
Quizás Vicky Dávila, una muy hábil reportera en sus tiempos de periodista, no tenga idea de las consecuencias que tendría para Colombia una intervención militar en un país con el que compartimos una frontera de 2100 kilómetros; frontera, donde, precisamente, una variedad de grupos ilegales comercian la cocaína que sale de nuestro territorio; pero Uribe, curtido en las lides de la guerra, si sabe los alcances de una aventura militar en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, que se ha recostado en China y en Rusia potencias militares globales, que de tiempo atrás recibe asesoría del gobierno cubano para afrontar las conspiraciones urdidas desde Washington.
Los medios de comunicación han mencionado las operaciones militares con las cuales Estados Unidos derrocó y se llevó a Manuel Antonio Noriega, mandatario panameño, entre diciembre de 1989 y febrero de 1990, como antecedente de lo que podría ocurrir en Venezuela. No hay punto de comparación entre las realidades de Panamá y las de Venezuela.
Panamá, una angosta franja de territorio entre dos mares, con menos de cinco millones de habitantes y setenta y cinco mil kilómetros cuadrados, atada a los Estados Unidos desde que a un despistado presidente colombiano se le ocurrió venderla, liderada por un desprestigiado dictador otrora vinculado estrechamente al Pentágono, era presa fácil de los Estados Unidos. Aun así, la operación se prolongó durante varias semanas y dejó un tendido de muertos que los más pesimistas calculan en cuatro mil.
No será el caso de Venezuela. Un vasto y accidentado territorio con arrestos nacionalistas desde los tiempos del libertador Simón Bolívar, separado tajantemente de Washington desde cuando, hace veintiséis años, llegó Hugo Chávez al poder, con un régimen que hasta ahora controla las Fuerzas Armadas y tiene arraigo importante en un sector de la población que ha sido beneficiado por subsidios y reconocimientos por largo tiempo.
Estados Unidos ha manifestado en varias oportunidades la voluntad de intervenir militarmente en Venezuela, pero no ha pasado a los hechos, es posible que ahora tampoco se atreva. Pero, si lo hace, se desatará una confrontación de imprevisibles consecuencias. Ya Venezuela movilizó quince mil efectivos a la frontera con Colombia y convocó a cuatro millones de civiles en trance a milicianos para resistir a las maniobras de Estados Unidos.
La derecha colombiana está jugando con fuego. Colombia se convertirá, sin duda alguna, en un teatro de guerra. Las operaciones gringas por tierra, indispensables en una campaña de largo aliento, se harán desde nuestro territorio. También buena parte de la resistencia venezolana se atrincherará a lo largo de nuestra frontera. El régimen de Maduro no tendrá empacho en recurrir a la ayuda del ELN y las disidencias de las extintas FARC para entrenar y liderar a sus milicianos y estas fuerzas, en corto tiempo, multiplicarán por diez sus efectivos, su armamento y su logística. El conflicto interno del país se avivará hasta convertirse en un gran incendio.
En una situación de esta naturaleza el país se dividirá irremediablemente. Colombia tenía una acendrada preferencia por Estados Unidos desde los tiempos de la hegemonía conservadora cuando el país del norte se convirtió en la principal potencia del mundo; pero esto ha cambiado en los últimos años con el protagonismo electoral de una izquierda que abrevó en un discurso antimperialista desde los lejanos días de su fundación. En este momento la figura de Donald Trump está muy lejos de tener la simpatía que tenían otros mandatarios estadounidenses en el país. La alianza con Estados Unidos para agredir a Venezuela no contará con un consenso en nuestro país.
Desde el punto de vista de la democracia, de los derechos humanos, del progreso social, de valores éticos irrenunciables, el régimen de Maduro es indefendible. Pero ponerse al lado de una intervención militar en el vecino país es patrocinar una carnicería humana que envolverá a los dos países y desatará una crisis en toda Latinoamérica.
Las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez y la derecha colombiana encierran, además, una brutal ironía. Dicen desde Washington que van tras la alianza de Maduro con los carteles de la droga. Pues bien, en Colombia se produjo la mayor y más descarada alianza entre los políticos y los narcotraficantes. Ochenta y nueve parlamentarios fueron condenados por el escándalo de la parapolítica y cuarenta más estuvieron ante tribunales acusados de esta alianza con mafiosos.
El noventa y cinco por ciento de estos congresistas pertenecían a la coalición de gobierno del expresidente Uribe y el mismo Uribe y parte de su familia han sido vinculados con el narcotráfico o con crímenes ligados a este negocio: su hermano Santiago Uribe, su cuñada Dolly Cifuentes extraditada a los Estados Unidos y su sobrina Ana María Uribe, también su primo Mario Uribe Escobar que pagó una condena por parapolítica.
A ninguna fracción de la izquierda colombiana se le ocurrió invocar la intervención militar extranjera para conjurar estas alianzas. Todos los sectores se han atenido a los procesos internos de las cortes para castigar a los responsables, incluso en algún momento criticaron la extradición de nacionales por este motivo. También han librado una riesgosa batalla democrática para ganar elecciones y desalojar a las mafias de los gobiernos y de los cuerpos colegiados.
Quizás a los instigadores de una intervención, bien resguardados en la capital de la república, o con opciones de irse al exterior, lejos de la guerra, no les cause mayor temor lo que pueda ocurrir con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero para millones de personas cercanas a las fronteras o convivientes en escenarios del conflicto, será una verdadera catástrofe.
