En las últimas semanas el debate en torno al precio de la energía en Colombia ha tomado una fuerza imparable, lo que ha puesto al descubierto las tensiones estructurales que atraviesa el sector eléctrico y la dificultad del gobierno para dar respuestas claras a una situación que golpea tanto a los usuarios como a la credibilidad institucional. Lo que inicialmente apareció como un fenómeno técnico, relacionado con la variación en los precios de la bolsa de energía, rápidamente se convirtió en un pulso entre el Ministerio de Minas y Energía y los generadores agrupados en Acolgen. Más allá de la coyuntura, este episodio refleja vacíos en la planeación energética, debilidades regulatorias y el riesgo de que los problemas estructurales se trasladen directamente a la ciudadanía.
El punto de partida de la discusión fue el incremento inusual de los precios en el mercado mayorista, que en algunos días multiplicaron hasta por diez el valor habitual, incluso en un contexto donde los embalses presentaban altos niveles de almacenamiento. Esta paradoja encendió las alarmas en el gobierno, que, en un gesto poco común, solicitó explicaciones formales a los organismos encargados de vigilar el sector y a XM, la entidad operadora de la bolsa eléctrica. La reacción inmediata dejó ver que no existía una comprensión unificada sobre el origen del fenómeno, lo que transmitió al público la idea de un Estado sorprendido e incapaz de anticipar las dinámicas de su propio sistema eléctrico. En un país donde el acceso a la energía es un tema de sensibilidad social, la percepción de descontrol es tan grave como el problema técnico de fondo.
La respuesta de los generadores no se hizo esperar. Desde Acolgen se defendió la transparencia de su operación, señalando que todo se realiza bajo un marco regulatorio estricto, con supervisión de varias entidades y en un mercado diseñado para reflejar condiciones reales de oferta y demanda. Desde su ángulo, los incrementos responden a factores normales de funcionamiento: variaciones en la disponibilidad de plantas, costos de combustibles, decisiones de arranque o parada de térmicas y restricciones de red. Para el gremio, lo peligroso es que las autoridades interpreten estos cambios como comportamientos irregulares sin un sustento técnico, pues esto podría dañar la credibilidad del mercado y ahuyentar nuevas inversiones.
El gobierno insiste en su obligación de proteger al usuario y evitar que la volatilidad del mercado se traduzca en tarifas insostenibles; es un mensaje comprensible, pues el costo social de una energía cara recae sobre los hogares más vulnerables y sobre la competitividad de las empresas. No obstante, el riesgo está en que la respuesta quede atrapada en la retórica política, sin ofrecer soluciones estructurales que fortalezcan la confianza en el sector. Por su parte, los generadores subrayan que están abiertos a discutir ajustes regulatorios y a contribuir con la entrada de nuevas tecnologías, pero piden certezas jurídicas y técnicas. La tensión radica en encontrar un equilibrio: ni un mercado desregulado que olvide a los consumidores, ni un intervencionismo abrupto que desestimule las inversiones.
Lo que está en juego no es únicamente la explicación de una coyuntura, sino la estabilidad de un sistema eléctrico que debería ser confiable y capaz de adaptarse a los cambios. La reflexión que deja este episodio es clara: sin un esfuerzo conjunto entre gobierno, reguladores y sector privado, seguiremos atrapados en ciclos de emergencia, donde los precios se convierten en síntoma de un sistema rígido y vulnerable. La confianza ciudadana en la Transición Energética depende tanto de que la energía llegue a precios justos, como de que las instituciones sean capaces de anticipar y gestionar los riesgos. Si ese vínculo se rompe, el costo será más alto que cualquier tarifa: será la pérdida de legitimidad en un sector que, por definición, sostiene la vida cotidiana del país.
