Pese a ser concebidos como espacios de incidencia política juvenil, los Consejos de Juventud en Colombia enfrentan hoy un escenario adverso. Según una encuesta aplicada por la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil a 60 consejeros y consejeras de distintas regiones del país, los retos en representación, garantías institucionales, seguridad y eficacia son profundos y persistentes. Esta investigación, basada en testimonios directos y contrastada con fuentes oficiales y de prensa, revela una democracia juvenil aún precaria, donde la participación choca con la exclusión, y el compromiso cívico con la indiferencia estatal.
La mayoría de los consejeros consultados coincide en que los Consejos no reflejan cabalmente los intereses juveniles. La falta de mecanismos eficaces de interlocución con las autoridades y la escasa articulación con las entidades estatales generan desmotivación. “Sienten que no se está haciendo nada con respecto a lo que dice la ley”, advierte un análisis citado de La Silla Vacía.
Elecciones 2021: Irregularidades, maquinaria y desinformación
El proceso electoral que dio origen a los Consejos el pasado 5 de diciembre de 2021 tampoco estuvo exento de cuestionamientos. La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 74 denuncias en 27 municipios de 14 departamentos, con prácticas que incluyeron compra de votos, suplantación, propaganda indebida y uso de símbolos partidistas. Además, la desinformación sobre el proceso y las presiones de líderes políticos locales distorsionaron el libre ejercicio del voto. A estos reportes se suman las percepciones de los propios consejeros encuestados: 52 de 60 afirmaron haber enfrentado dificultades para acceder a recursos o financiación, 40 mencionaron la falta de apoyo institucional para visibilizar sus campañas y 28 señalaron desconocimiento de las reglas del proceso. Solo una persona no reportó ninguna dificultad. Asimismo, 25 jóvenes enfrentaron problemas logísticos el día de las elecciones y 5 manifestaron haber sido presionados o amenazados para desistir de su candidatura. Las categorías más frecuentes de irregularidades percibidas incluyeron compra de votos, desinformación o mala pedagogía electoral, cambios logísticos de última hora, manipulación del censo, intervención de actores políticos tradicionales e incluso amenazas directas. Estos hallazgos refuerzan el testimonio de los encuestados, entre los cuales solo el 17% consideró que el proceso fue “muy transparente”, mientras que un 30 % lo consideró “poco o nada transparente”.
Los Consejos de Juventud reciben bajas calificaciones en impacto y efectividad. Los encuestados describen un escenario de precariedad institucional: sin viáticos adecuados, sin medios ni vías de transporte para asistir a las sesiones y, en muchos casos, sin siquiera una sede propia. La falta de formación política y técnica también limita el alcance de su trabajo. Consejeros de varias regiones proponen capacitaciones continuas para mejorar sus competencias y lograr mayor incidencia. A esto se suma la escasa seguridad: amenazas, acoso y discriminación son frecuentes, especialmente hacia mujeres, jóvenes afrocolombianos e indígenas, y líderes en territorios de alta conflictividad. Solo en 2022 se reportaron 219 amenazas contra consejeros juveniles, en muchos casos sin respuesta institucional efectiva.
Aunque la Ley 1885 de 2018 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil contemplan espacios de interlocución directa con el Gobierno Nacional, su cumplimiento es errático. En 2023, por ejemplo, sólo se realizó una de las dos sesiones obligatorias entre el presidente y el Consejo Nacional de Juventud. Sin embargo, algunos logros dan luces de posibilidad: el programa Colombia Joven en Territorio recogió más de 1.700 propuestas para política pública juvenil, y en ciertos municipios se han incluido voces juveniles en los planes de desarrollo. Pero estos casos son excepcionales. En general, los Consejos operan con escasa incidencia y sin mecanismos claros de seguimiento a sus propuestas.
Los Consejos de Juventud son un avance importante y una oportunidad para la democracia desde abajo. Pero sin representación real, sin recursos y sin garantías de seguridad, el riesgo de que se conviertan en mecanismos simbólicos es alto. La voz de los jóvenes debe ser escuchada, protegida y fortalecida. Desde Pares, invitamos a las autoridades locales y nacionales a garantizar condiciones dignas para ejercer la ciudadanía juvenil. Como sociedad, tenemos una deuda histórica con quienes aún creen en el poder transformador de la participación.
En paralelo, el Congreso tramita una reforma parcial al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que, aunque reconoce vacíos críticos del modelo vigente, no es una solución inmediata a los problemas estructurales del Subsistema de Participación de la Juventudes. El proyecto de Ley, que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, incluye medidas como la apertura de listas, el rediseño de curules y la inclusión de protocolos de prevención de violencia política juvenil. No obstante, su alcance sigue siendo limitado, se requiere de todo un paquete de leyes que logren fortalecer el subsistema. Mientras tanto, jóvenes consejeros y liderazgos sociales continúan enfrentando amenazas, poca voluntad política por parte de sus entes territoriales, y ausencia de rutas de protección, especialmente en municipios afectados por el conflicto o con presencia de economías ilegales.
