Desde hace décadas, la compra y venta de avales es un fenómeno que está latente en cada rincón de la geografía de nuestro país. Para estas elecciones por ejemplo, los partidos étnicos colombianos se transformaron en verdaderas fábricas de avales que recogen y amparan a quienes no logran conseguir el visto bueno en otros partidos. Pero no son los únicos.
Una dinámica recurrente en estos partidos es que la compra de avales suele darse por parte de candidatos cuestionados o inhabilitados que no consiguieron avalarse por partidos tradicionales, como el Conservador, el Liberal o La U, por lo que algunos los denominan partidos de segundo piso. Un ejemplo es el de Jorge Coral Rivas, a quien Jhon Molina le ganó el aval del Partido Conservador a la gobernación de Putumayo y terminó avalándose por el recién creado partido ADA, relacionado con los ex miembros del PIN, Juan Carlos Martínez Sinisterra y Luis Alberto “Tuerto” Gil.
A pesar de que esta colectividad había sostenido hasta pocos días antes de la elección que avalaría a Reynaldo Velázquez, el 27 de julio no fue este el registrado sino Coral Rivas, por lo que Velázquez solicitó la revocatoria del aval ante el Consejo Nacional Electoral. Según denuncias recibidas por Pares, Coral habría comprado el aval por doscientos millones de pesos.
Los compradores y los vendedores de avales
El mercado involucra como vendedores a congresistas y directivos locales de los partidos, y como compradores a cabezas de clanes políticos departamentales y candidatos. Como “reguladores” aparecen las dirigencias nacionales de los partidos, quienes brillan por la ausencia de imposiciones para otorgar avales y por la ausencia de investigaciones ante las denuncias de los militantes y veedores del orden local, ya sea por connivencia, acuerdos o incapacidad de control.
Por ejemplo, para el caso de Cambio Radical, en el municipio de San Pedro en Sucre, el candidato Augusto Benítez, avalado por Cambio Radical y Centro Democrático, habría pagado presuntamente por el coaval de Cambio Radical 5 millones de pesos.
Esta transacción se habría realizado por medio de unos intermediarios, dado que también habría negociado votos con el representante Héctor Vergara, a cambio de apoyar a la esposa de Vergara, Katiana Aguirre, quien va para la asamblea departamental, también por el partido Cambio Radical.
Se encontraron dos “monedas de cambio”: una monetaria, una burocrática, y, en algunos casos, una combinación de las anteriores. La monetaria, de mayor recurrencia, es la más simple: quien tiene potestad de entregar el aval cobra al candidato o cabeza de clan para otorgarle el/los avales; en otros casos, los avales se habrían otorgado a partir de compromisos de futura contratación o puestos dentro de las alcaldías y gobernaciones que manejan altos presupuestos.
Por ejemplo, en el caso de ASI, en Sucre, según fuentes de Pares, además del costo monetario del aval, el cobro dependía de la persona y la cercanía que tuviera con el dirigente regional y con los más cercanos se habría sumado acuerdos burocráticos.
El precio de un aval en Colombia
Estos son tres factores que influyen para determinar el precio de un aval en Colombia:
Por ejemplo, en el caso del aval de uno de los candidatos para la alcaldía de Bucaramanga se habría pagado mil millones de pesos, mientras un candidato a la asamblea de Antioquia denunció el ofrecimiento dos mil millones por el aval para aspirar a dicha corporación. En oposición, los precios de los avales para alcaldía de municipios de categorías 4 a 6 mantuvieron consistencia entre los partidos, oscilando entre los 10 y 30 millones de pesos, en especial en los departamentos ubicados al norte del país como Sucre, Cesar, Córdoba y Bolívar, mientras los de concejos de estos municipios oscilaron entre uno y cinco millones de pesos.
3. Número de candidatos por transacción (a mayor número de candidatos, menor el precio unitario). En los pocos casos que se documentaron sobre compra de listas completas a alcaldías y concejos, los precios por aval se redujeron considerablemente respecto a las transacciones de un solo candidato.
Casos de compra-venta de avales descubiertos por Pares
1. ASI
Para el caso de ASI, la recurrencia en las denuncias, así como las recientes declaraciones al interior del partido, lo ponen como uno de los partidos que las autoridades deben prestarle mayor control. De acuerdo con la Registraduría, el partido ASI avaló para las elecciones de 2019, 8.328 candidatos en los diversos cargos de elección popular, sin contar los que fueron en coaliciones.
El acceso a esta información es limitada por el recelo con el cual se finiquitan estas transacciones; no obstante, según las denuncias allegadas a Pares, para el caso de los avales de municipios como Aguachica (en este caso, coaval), habría tenido un costo de 20 millones de pesos.
Si bien Pares hace una investigación con base en las denuncias y la triangulación de información con fuentes consultadas en territorio, al parecer, también la dirigencia a nivel nacional del partido ASI ha tenido conocimiento de estos hechos y no se han tomado las medidas correspondientes.
2. MAIS
El partido Mais es el segundo más cuestionado sobre la compra y venta de avales para estas elecciones. Según la Registraduría, avaló a 7.050 candidatos en los diversos cargos de elección popular, sin contar las coaliciones. Como partido, es uno de los que más candidatos avalaron; pero, también es uno de los que más aparece reseñado en las denuncias y fuentes consultadas por Pares.
Por lo menos en Cundinamarca, Sucre, Bolívar y Córdoba, se habría presentado los presuntos cobros por avales, los cuales tuvieron un costo entre 10 y 30 millones de pesos. En Cundinamarca, específicamente en Facatativá, Pares consultó con un precandidato al concejo, quien resaltó el hecho de que la dirigencia regional empezó pidiendo presuntamente 30 millones de pesos por el aval al concejo. Luego de que el mercado no se movió, le bajaron a 15, y finalmente se negoció en 10 millones de pesos.
Esa misma situación se habría repetido en Córdoba, donde en varios municipios se habría cobrado alrededor de 10 millones de pesos por conformar las listas completas al concejo. De hecho, para el caso de Sahagún, una veeduría ciudadana y ex miembros de la colectividad de Mais habrían puesto la queja por diversos medios a la dirigencia nacional del partido y nunca les respondieron.
3. ADA
El neófito partido Ada, creado recientemente para estas elecciones con el respaldo de una curul Afro en el Congreso de la República, avaló en tiempo récord 3.565 candidatos, sin contar las coaliciones. Este partido es uno de los que más llama la atención, pues con apenas pocos meses de creación avaló una cantidad significativa de candidatos, lo que podría significar un riesgo respecto del ingreso de dineros ilegales, así como de la financiación por medio de la compra de avales.
Renglón aparte, para el caso de la lista al concejo de Magangué, Bolívar con el aval de ADA se habría cobrado 40 millones de pesos. Un hecho que se habría repetido en 3 municipios más. Pero el caso que más llama la atención a Pares es el de ADA en el departamento de Nariño, pues al candidato a la alcaldía de Pasto por esta colectividad, Nicolás Toro, le habrían cobrado 200 millones por el aval.
4. COLOMBIA RENACIENTE
Al igual que ADA, Colombia Renaciente surgió hace pocos meses y se convirtió en una personería para dar cobijo a varios políticos de otras colectividades, específicamente de los disidentes del partido Liberal y personas ligadas al ex presidente Juan Manuel Santos del partido de la U.
5. PRE
Para completar la lista de partidos de segundo piso identificados en este estudio, el PRE es el partido que sigue con una denuncia registrada por Pares sobre la presunta compra y venta de avales. Se trataría de la venta de la franquicia de la lista al concejo a unos gamonales políticos en Magangué, Bolívar, aproximadamente en 40 millones de pesos para que estos caciques armaran las listas de forma discrecional.
De acuerdo con varias fuentes consultadas, aunque es el partido de segundo piso con menos candidatos inscritos (2.307), llama la atención que el surgimiento de su personería jurídica se dio luego de una pelea con el CNE 5 días antes del plazo para inscribir candidatos ante la Registraduría. Todo gracias a una medida cautelar del Consejo de Estado.
6. Conservador, Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical
Sobre el Partido Conservador, según fuentes en territorio de Pares, Freddy Anaya, actual aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, le pagó 1.000 millones de pesos a Iván Díaz Mateus condenado por la «Yidispolítica», para conseguir el aval del partido Conservador.
Cabe recalcar que Anaya en el 2005 fue denunciado ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por promover un presunto ‘carrusel’ de contratación al interior de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, para favorecer la entrega de millonarios contratos a empresas en las que figuran él y sus familiares. A pesar de estas graves denuncias, fue representante a la Cámara por el Partido Político Opción Ciudadana en el año 2014.
Sobre este mismo departamento, según fuentes en territorio, Claudia López Rodríguez, candidata a la alcaldía de Bucaramanga, hizo un trato con la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Comunales) en el que, presuntamente, a cada concejal o candidato que se sumara a su candidatura le daría 20 millones de pesos. Según las fuentes en territorio, 19 concejales y aspirantes se unieron a su candidatura.
Para el caso del Partido de la U, Luis Arturo Palmezano, uno de los tantos políticos con graves cuestionamientos como: constreñimiento electoral, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, violencia, concierto para delinquir, y peculado por apropiación; todos estos, relacionados con el tema político y electoral; actualmente, aspira a la alcaldía de Hatonuevo, La Guajira.
Según fuentes en territorio de Pares, luego de que varios partidos fueron alertados para no avalar a este candidato, al parecer, habría negociado un pago 50 millones de pesos para obtener el aval del partido de la U, que es entregado fue otorgado por Luis Alfredo Deluque. También en las denuncias recibidas sobre el partido de la U, Cielo Gnecco, en Cesar, habría ofrecido 2.000 millones para organizar la lista de todos los candidatos en el departamento en estas elecciones por el partido.
Para el caso de Cambio Radical, en el municipio de San Pedro en Sucre, el candidato Augusto Benítez, avalado por Cambio Radical y Centro Democrático, habría pagado presuntamente por el coaval de Cambio Radical 5 millones de pesos. Esta transacción se habría realizado por medio de unos intermediarios, dado que también habría negociado votos con el representante Héctor Vergara, a cambio de apoyar a la esposa de Vergara, Katiana Aguirre, quien va para la asamblea departamental, también por el partido Cambio Radical.
Sobre el Partido Liberal se documentó un caso en el departamento de Antioquia en el que las dirigencias departamentales habrían ofrecido avales a la asamblea por dos mil millones de pesos.
Este estudio de Pares tiene desde luego limitaciones especiales. Tanto el que compra avales como el que los vende está incurriendo en un delito y eso implica enormes dificultades para obtener testimonios de los implicados o de personas allegadas y conocedoras.
Normalmente los candidatos que recurren a este tipo de estrategias tienen también formas de intimidación suficientemente conocidas en el entorno regional. La mayoría de la información se recoge entre personas que se han negado a dar el dinero que les piden por avales.
En todo caso son los organismos de control electoral y las autoridades judiciales quienes tendrían que corrobar la certeza de estas denuncias recogidas por investigadores académicos y periodistas.
No solo se compran avales, también las firmas
Al parecer, como lo denunció el periódico El Colombiano, actualmente no solo se compran los avales a partidos políticos sino también las firmas requeridas para avalarse como movimiento significativo de ciudadanos.
Al parecer en Antioquia existen firmas y cooperativas que cobran entre $450 y $1.000 pesos por firma, por lo que, para un municipio como Medellín, se requeriría una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente no existen mayores restricciones o regulación para la recolección de firmas por parte de los candidatos ni la financiación de las mismas.
Según este diario “De los seis precandidatos consultados, solo Enrique Olano reconoció el interés de contratar este servicio. Los demás negaron esta opción. “A mí me han ofrecido eso, se paga entre 450 y 1.000 pesos por firma. Pagar por eso rompe completamente nuestros principios programáticos”, dijo Hernández. Valderrama afirma que “no tengo pensado pagar para eso, el esfuerzo es de todos los días en la calle”.
