Defender la paz en Norte de Santander: riesgos, amenazas e impunidad

En el Catatumbo, hablar de paz es un riesgo que se paga caro. Un funcionario que acompaña las mesas de diálogo de paz fue víctima de un nuevo hostigamiento que, más que un hecho aislado, refleja la crudeza de una realidad: quienes defienden la paz en Norte de Santander siguen expuestos a riesgos, amenazas, persecución y un abandono institucional que los condena a vivir con miedo.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) conoció que, en días recientes, hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda del funcionario, revolvieron cada rincón de la casa y se llevaron los documentos migratorios del funcionario, el de su esposa y el de su hijo de apenas cuatro años. No hubo robo de bienes materiales. No hubo saqueo común. Fue un mensaje directo, calculado y cruel.

“Las amenazas son por defender la paz”, dijo el funcionario a Pares (a quien reservamos su identidad por temas de seguridad), con la voz marcada por la incertidumbre que genera saber que su familia se encuentra en medio de un riesgo por trabajar para ponerle fin a las confrontaciones armadas, que aquejan al departamento hace décadas.

Esta no es la primera vez que el funcionario enfrenta la persecución. Años atrás, las presiones y hostigamientos lo obligaron a dejar el país y buscar refugio en Alemania, donde vivió en el exilio. Hoy, nuevamente en la tierra que lo integra como docente e investigador, las amenazas se repiten como si el tiempo no hubiera pasado y se repitiera.

Le contó a la Fundación que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema compuesto por dos escoltas y una camioneta, pero él mismo asegura que esas medidas no alcanzan. El miedo ya no está afuera, en la calle: entró a su casa, tocó su núcleo más íntimo, alcanzó incluso a su hijo pequeño.

El peso de las cifras: un país que no protege a quienes lo defienden

El caso de este funcionario no es aislado. En los primeros cinco meses de 2025 fueron asesinados 81 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, de los cuales siete hechos se presentaron en la zona del Catatumbo (Defensoría del Pueblo, 2025). Un mensaje de que la violencia contra quienes promueven la paz y los derechos humanos no se detiene. Estas estadísticas, frías en apariencia, retratan la magnitud de una tragedia nacional: la paz en Colombia se sigue defendiendo a costa de la vida de quienes creen en ella.

En Norte de Santander, en medio de la crisis humanitaria que se vive desde el 16 de enero de 2025 producto de las confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la paz sigue siendo esquiva y presenta una realidad que deja a la población civil como la principal afectada.

Próximos a cumplir ocho meses, las acciones armadas continúan y la población civil sigue siendo la principal afectada. En las últimas horas, el desplazamiento de 80 familias desde la zona rural de Tibú en la vereda Bertrania provoco nuevas alertas frente al efecto de este fenómeno en la región.

George Quintero, secretario de seguridad ciudadana de Norte de Santander le indicó a Pares, que hay zonas (especialmente en el municipio de Tibú) donde la fuerza pública no ha podido llegar. “Invitamos al ministro de Defensa a que revisemos las estrategias para recuperar el territorio, no tenemos el 70% del territorio recuperado… ya tenemos al Frente 37 que llegó a la zona de Tibú a fortalecer el Frente 33 y adelantar operaciones militares contra el ELN”.

En medio de este panorama, las estrategias de guerra en la zona del Catatumbo aumentan su poder: drones cargados con explosivos son la nueva amenaza en la subregión, y la continuidad de las acciones armadas mantiene entre la incertidumbre y la zozobra a miles de personas que esperan que la salida negociada al conflicto armado sea el camino por los actores armados en territorio.

Entre tanto, la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) permanece archivada ante la opinión pública. Por un lado, la delegación de paz del Frente 33 del EMBF anunciará que para avanzar en la llegada de las unidades guerrilleras a la ZUT se debía garantizar, en primera medida, un plan de desminado humanitario, tal como quedó establecido entre los alcances legales y jurídicos de la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025.

Por el otro, las autoridades en el departamento desconocen los avances en materia logística para que la ZUT pueda llegar a ser una realidad, “estamos dispuestos a trabajar de la mano del Gobierno Nacional para avanzar en las mesas de diálogo, pero por ahora no conocemos a profundidad las indicaciones para que la ZUT sea una realidad”, agregó Quintero.

Un nuevo capítulo, en la lógica de la guerra en el Catatumbo que mantiene en una espiral de olvido a la población civil. De acuerdo con el boletín entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU) con fecha del 26 de agosto de 2025, que evalúa la situación humanitaria, 72.488 se encuentran en condición de desplazamiento forzado, 2.540 están en confinamiento, 154 personas fueron asesinadas y 1.029 personas fueron evacuadas en 76 vuelos humanitarios.

Por ahora, en Norte de Santander, la violencia que se extiende por años alimenta la impunidad y la convierte en una constante que consolida el ciclo de violencia. Las amenazas se repiten, los exilios se multiplican y las muertes continúan sin justicia. La falta de garantías de seguridad revela una verdad incómoda: en el Catatumbo, quienes defienden la paz están solos. “No tenemos ninguna garantía para seguir con nuestro trabajo de defender y conseguir la paz para nuestro territorio, mientras tanto el fortalecimiento de los grupos armados continúa y las acciones de las últimas semanas lo demuestran” agregó el funcionario a Pares.

Una realidad que camina y carga sobre sus hombros el peso de trabajar por la paz y donde sus líderes, a pesar de los obstáculos que presenta el territorio, continúan esquivando amenazas, enfrentando riesgos y presentando líneas alternativas de diálogo desde la defensa de los derechos humanos.

La paradoja de la paz en el Catatumbo

Mientras desde Bogotá se insiste en que el país avanza hacia la reconciliación, el territorio envía señales contrarias. En el Catatumbo, la paz se sueña, se trabaja y se defiende, pero quienes la promueven se convierten en objetivo. Mientras el Gobierno Nacional continúa con su trabajo por consolidar las mesas de diálogo de paz y establecer acuerdos, en los municipios, corregimientos, veredas y hasta en los hogares de sus defensores, la guerra sigue siendo una amenaza diaria.

Se evidencia una desconexión entre el discurso central y las realidades locales. Aunque desde el Gobierno Nacional se fortalezca la narrativa de la “paz total”, los esfuerzos parecen lejanos y poco articulados con lo que ocurre en el territorio. Esa distancia genera vacíos en la implementación de las mesas de diálogo, lo que limita la posibilidad de construir confianza en las comunidades.Por otro lado, las autoridades locales se enfrentan a un margen mínimo de error. Sus posibilidades de 

disponer acciones o estrategias para consolidar las mesas de diálogo están condicionadas por limitaciones institucionales, la falta de recursos y la presión constante de diferentes sectores. Esta situación las coloca en una posición de fragilidad, donde cualquier equivocación puede ser interpretada como una falta de compromiso o, incluso, como un riesgo para la seguridad de sus habitantes.

En este contexto, los actores armados ilegales mantienen intacto su poder, su accionar y sus dinámicas de control territorial. Su presencia impone condiciones, reproduce economías ilegales y mina la confianza comunitaria, lo que dificulta la consolidación de la paz en el territorio. Mientras no se logre equilibrar el discurso nacional con acciones concretas en el terreno y un acompañamiento real a las comunidades, la promesa de reconciliación seguirá enfrentándose a la cruda realidad de la guerra cotidiana.

La historia de este funcionario y su familia es el espejo de una paradoja nacional: se habla de paz en el discurso, pero se persigue a quienes la defienden en la práctica. Los grupos armados ilegales envían mensajes de apertura al diálogo y de disposición hacia la paz, pero en paralelo continúan asesinando liderazgos sociales y comunitarios, sembrando miedo y debilitando los procesos que buscan transformar el territorio. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional sostiene la bandera de la “Paz total”, pero su narrativa no logra traducirse en una mayor presencia institucional ni en políticas efectivas que cambien las realidades de las comunidades; una herida abierta que impide que la paz se materialice en el Catatumbo.