Durante décadas, en Colombia se habló de interconexión, cobertura, subsidios… pero pocas veces se habló de autonomía, participación o descentralización energética. Los Territorios Energéticos son, en ese sentido, una corrección histórica: permiten que las comunidades sean más que usuarias pasivas del sistema; las convierten en gestoras de su propio desarrollo.
¿Puede la energía solar corregir años de desigualdad y exclusión en regiones históricamente olvidadas? A simple vista, parecería una exageración. Pero lo que está ocurriendo en municipios como Tierralta, Palmito, Arroyohondo, Maicao, Tamalameque y Repelón muestra que la transición energética en Colombia no es solo una apuesta climática: es también un camino hacia la justicia social y territorial.
Estos seis municipios, distribuidos entre Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Atlántico, han sido los primeros en consolidarse como Territorios Energéticos dentro del programa Colombia Solar – Energía para Población Vulnerable, liderado por el Ministerio de Minas y Energía y ejecutado a través de FENOGE. ¿Qué tienen en común? Cada uno ha inaugurado una granja solar comunitaria de aproximadamente 1 MW, con más de 1.700 paneles solares, diseñada para suministrar energía limpia y estable a 500 familias de estratos 1 y 2 y a instituciones públicas locales como escuelas, centros de salud o acueductos.
Más que paneles: una nueva forma de gobernar la energía
Si bien el dato técnico más citado es el 15 % de reducción en las tarifas eléctricas para las familias beneficiadas, el impacto va mucho más allá. Estas plantas solares no son simplemente fuentes de energía: son infraestructuras de dignidad, símbolos de un nuevo modelo energético que traslada el poder –literal y simbólicamente– a las comunidades.
En cada municipio, la historia se repite con ligeras variaciones: terrenos públicos habilitados, empleos locales generados, líderes comunitarios capacitados en operación y mantenimiento, y una creciente apropiación del proyecto por parte de la población. En Tierralta, el 90 % de la mano de obra fue local. En Arroyohondo, el 85 %. En Palmito, se capacitaron a jóvenes en uso eficiente de la energía. Y en Maicao, se incorporó a comunidades Wayúu mediante talleres bilingües.
Estos no son detalles anecdóticos. Son señales de que el programa no busca imponer una solución tecnológica desde Bogotá, sino construir autonomía energética desde los territorios, con participación directa de quienes históricamente han pagado más por un servicio más precario.
¿Y si esto es solo el comienzo?
Cada uno de estos Territorios es una respuesta concreta a un problema estructural: el alto costo de la energía en la región Caribe, donde millones de personas pagan tarifas elevadas por un servicio ineficiente. Pero también son una propuesta replicable para otras regiones del país. De hecho, ya hay proyectos en marcha en departamentos como Caquetá, demostrando que este modelo puede adaptarse a contextos rurales, urbanos, indígenas o ribereños.
La estrategia es clara: dos granjas solares por departamento en la primera fase, para luego escalar el modelo con redes de comunidades energéticas, autogeneración colectiva y alianzas público-comunitarias. Si se consolida esta ruta, Colombia Solar puede dejar de ser un programa sectorial para convertirse en una política pública transformadora.
Tierralta, Palmito, Arroyohondo, Maicao, Tamalameque y Repelón no solo tienen hoy energía más barata: tienen una nueva narrativa. Una narrativa donde el sol no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho compartido. Y donde la transición energética no ocurre en las cúpulas de poder, sino allí donde más se necesita y más se transforma: en los territorios.
