El Sur de Bolívar se encuentra desde más de un mes en medio de los crecientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC-Clan del Golfo), que generaron un desplazamiento masivo que ya superó las 1000 personas, hecho que ya ha sobrepasado la capacidad de atención por parte del gobierno municipal de Arenal del Sur. El pasado 3 de septiembre fue reportada una alerta de crisis humanitaria por parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ante las amenazas realizadas por el ELN, en donde le exigieron a la población de las veredas San Agustín y Santo Domingo del municipio de Arenal desalojar por completo el territorio, lo que ha desencadenado desplazamientos colectivos y una agudización de la vulneración de los derechos humanos en el Sur de Bolívar.

El escenario de riesgo es que la crisis llegue y se extienda hacia veredas y municipios aledaños, por lo que se ha desplegado un plan de contingencia y la activación de Rutas de prevención, protección y atención desde las entidades departamentales. Desde la gobernación de Bolívar se han desarrollado acciones para mitigar la emergencia, enfocándose en solventar la urgencia alimentaria de la población desplazada, enviando 4 toneladas de alimentos. El alcalde de Arenal le ha solicitado con urgencia al gobierno nacional acciones que respondan ante la gravedad de los hechos, que velen por la seguridad y protección de las personas, y que además se busquen soluciones para garantizar el retorno de la población a sus hogares. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha dispuesto unidades militares que se dirijan al territorio.

Como agravante de la crisis, se aumenta la vulneración de seguridad alimentaria y de movilidad por instalación de minas antipersonales por parte del grupo guerrillero ELN, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desplegó pelotones del ejército y equipos de antiexplosivos para detectar los artefactos y las minas antipersonal (Gobierno Nacional, 2025).

Esta agudización de la violencia en el departamento no es reciente. Ha habido un fuerte aumento en el presente año de la actividad violenta en el marco del conflicto por los enfrentamientos entre los actores armados que tienen presencia en la zona por control territorial y económico frente a la explotación de la riqueza natural de la zona, pues desde hace varios meses se han venido disputado el control frente a la minería y demás economías

ilegales, sumado a la posición geográfica estratégica que tiene al conectar con Antioquia y Santander, Magdalena Medio y Catatumbo, siendo este un corredor estratégico fundamental para las operaciones de grupos armados asociadas al desarrollo de economías ilegales (Fundación Paz & Reconciliación, 2025).

Desde enero se han realizado alertas por crisis humanitarias ante la complejización del conflicto en el Sur de Bolívar, y, por ende, la persistencia de afectaciones a la población (Arteaga, S. N., 2025). Para marzo había alerta ante la posibilidad de ofensiva del ELN con el EGC, del mismo modo, según un informe de Instituto Internacional de Estudios del Caribe, entre junio 27 y agosto 7, se habrían presentado al menos 22 enfrentamientos entre grupos armados, generando confinamientos y desplazamientos internos (González, J., 2025), lo que ya permitía vislumbrar el recrudecimiento y la magnitud de la profundización de la crisis de violencia actual y la constante insuficiencia en las acciones preventivas y de atención del Estado para con esta zona del país.

La crisis humanitaria en la que continúa la subregión del Sur de Bolívar exige respuestas integrales con un enfoque urgente que priorice la protección, la dignidad y el bienestar de sus habitantes, poniendo como primacía la vanguardia del cuidado de los derechos humanos. El Gobierno Nacional debe asumir la responsabilidad con acciones concretas que no sólo busquen atender la emergencia, sino también implementar soluciones estructurales, destinando la voluntad política y los recursos de presencia estatal en el territorio, la continuidad de la crisis humanitaria en el Sur de Bolívar requiere de estrategias que permitan a las familias afectadas la restauración de su seguridad y el tejido social. La dignidad y el bienestar de los habitantes debe ser el centro de las acciones gubernamentales e institucionales, fortaleciendo la capacidad de respuesta para lograr actuar de manera efectiva, coordinada para que las alertas tempranas se traduzcan en la prevención de la violencia y el desplazamiento, que ha sido una constante.