No es un secreto. Fueron las Fuerzas Militares las que al comienzo de las negociaciones de paz de La Habana insistieron en que no hubiese cese bilateral de hostilidades hasta tanto no se firmara el acuerdo de paz. Decían que estaban a la ofensiva y que podían golpear y disminuir a las Farc para obligarlas a una posición más flexible en la Mesa de conversaciones. Era un argumento poderoso. A medida que pasó el tiempo se supo también que en el interior de los militares había sectores nada de acuerdo con la salida negociada, y estos sectores se atrevieron a establecer relaciones fluidas con el expresidente Uribe y cumplieron tareas de obstrucción de los diálogos. Pensaban que estaba cerca la derrota militar de la guerrilla y eso derivaría en una situación más cómoda y tranquila para el futuro de los militares. Ese argumento tenía, sin duda, menos realidad y sentido. Ahora los militares y policías colombianos se enfrentan a uno de los retos más grandes de su historia. Acompañar al gobierno de Santos de manera leal y transparente en una tregua bilateral aun antes del acuerdo final de paz y como antesala del mismo. Esto implica un cambio de actitud en quienes de buena fe pensaban en que lo mejor era ir hasta la firma y más allá, hasta la desmovilización completa, en una posición ofensiva sobre las guerrillas. Implica también una subordinación completa de quienes ponían sus esperanzas en el triunfo militar y se prestaron para acciones contra el proceso de paz a lo largo de estos cuatro años de contactos y negociaciones. Algunas personas muy cercanas a las Fuerzas Militares me han dicho que no debo tener dudas sobre el profesionalismo de la fuerza pública y sobre su compromiso con el proceso de paz. Me han asegurado que acompañarán la negociación de la tregua bilateral y la cumplirán a cabalidad. Les creo. Llevo muchos años en eventos y discusiones con los altos mandos y he comprobado que la gran mayoría de los oficiales tienen la inteligencia suficiente para percibir las variaciones del conflicto armado y adaptarse a las circunstancias. Y los cambios de la realidad son evidentes. Las Farc han decretado un cese unilateral de hostilidades y lo han cumplido, al tiempo han concentrado su dirección en La Habana. De ahí que tengan un interés primordial en acelerar la firma de los acuerdos y realizar este último tramo de las conversaciones en un ambiente tranquilo en las regiones. Al tiempo, el ELN ha insistido en un cese bilateral y ha dicho que no hará gestos unilaterales, con lo cual el anuncio del gobierno se convierte en un guiño insoslayable para esta guerrilla que apenas está culminando su etapa exploratoria, y podría pasar a la etapa pública de las negociaciones en el ambiente del cese bilateral que han pedido a lo largo de estos meses y que su quinto congreso reclamó con insistencia. Desde la oposición se han oído voces muy duras contra la posibilidad del cese bilateral. Incluso han dicho que será una medida inconstitucional. Quieren hacerle creer a la gente que se trataría de una claudicación de las Fuerzas Armadas, de una orden presidencial para cesar la protección de la población y dejar a la ciudadanía al arbitrio de los violentos. Nada de eso. Se trata, simplemente, de que Santos, en un acto de reciprocidad, responda al cese unilateral indefinido decretado por las Farc con un cese de acciones ofensivas sobre esta guerrilla de parte de la fuerza pública. No hay por qué abandonar los territorios. Es más, si unidades de la guerrilla, por algún motivo, realizan acciones hostiles contra la población o intentan golpes a las Fuerzas Armadas, la obligación de estas es actuar en defensa de la población y del Estado. Ahora bien, este cese bilateral de hostilidades tiene que ser parte integral del proceso de desmovilización y desarme. Es el primer paso. Por eso toma el nombre de cese definitivo. La verificación que se conforme para entregar informes periódicos del cumplimiento del compromiso será también el anticipo de la comisión o comisiones que se establecerán, a la hora de vigilar la desmovilización y el desar-me completo de las guerrillas y el tránsito de estas a la vida civil. La participación decisiva de las Fuerzas Militares y de Policía garantizará un buen diseño e implementación del cese bilateral definitivo de las hostilidades. También contribuirá a un posconflicto más seguro y generará un clima propicio para que los sectores de las Fuerzas Armadas, cuestionados por acciones dentro la guerra, tengan un tratamiento generoso y digno por parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una de las deudas que tiene el legislativo en materia de Reforma Política, es ajustar el régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos, que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con el Lavado de Activos, continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional. Colombia se prepara para dar inicio a la campaña electoral que permitirá escoger alcaldes y gobernadores y desde ya comienzan a sonar nombres de personas cuestionadas por tener en curso investigaciones judiciales como son los casos de Yair Acuña, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para aspirar a la gobernación de Sucre, y Dilian Francisca Toro, quien a pesar de no haber confirmado su deseo de manejar los destinos del departamento del Valle del Cauca, empezó a aparecer dentro de la lista de posibles candidatos. Estos dos personajes enfrentan problemas judiciales, Acuña por Parapolítica y Dilian Francisca por Lavado de Activos. Legalmente no hay nada que les impida aspirar, porque la Ley 617 del año 2000, que es la norma que habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador en sus artículos 30 y 36, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”. Esta laxitud en la norma es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas, sigan aspirando sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y posteriormente sentenciadas a pagar años de cárcel, porque su mayor interés de llegar a esos cargos, es el de fortalecer sus redes de apoyo para más adelante, a través de ellas, continuar manejando los hilos del poder. Puede el partido político negarle el aval, y de nada va a servir, porque inmediatamente se dará a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizar la personería de uno más pequeño al anterior, que le permita mantener viva su candidatura. Es decir, haciéndole conejo a la ley. La discusión que se presentó durante el primer período del expresidente Uribe que permitió dar inicio al orden en las bancadas de los partidos bajo la Ley 974 de 2005, dejó por fuera esta discusión. Lo mismo pasaría con el Acto Legislativo de 01 de 2009, que creó  una serie de responsabilidades a los partidos y movimientos políticos que avalen a personas que siendo elegidas, judicialmente se les establezca vínculos con actores ilegales y el narcotráfico. Ahora cuando se encuentra vigente la discusión del Acto Legislativo denominado como “Equilibrio de Poderes”, debería pensarse en la posibilidad de discutir también en un ajuste en la norma, donde queden congelados los derechos políticos de personas que enfrenten problemas judiciales por vínculos con actores ilegales o por hechos relacionados con el Lavado de Activos, hasta tanto su situación no se haya definido en los tribunales, porque de lo contrario no será posible que el país logre superar la presencia de las mafias al interior de la función pública, porque la norma está hecha para que las cosas no cambien, por más que se quiera.

La situación actual en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC; en donde existen avances significativos en  la agenda de diálogos;  la declaratoria de cese al fuego unilateral por parte de las FARC y la concentración de su dirigencia en La Habana,  permiten vislumbrar un escenario positivo para la consolidación de los acuerdos. El ELN en sus últimos comunicados,  demuestra  que tienen la certeza de que la solución política es el mecanismo por el que ha optado el grupo insurgente para superar 50 años de confrontación armada. La negociación con las guerrillas garantizaría un proceso integral con el propósito de prevenir la disputa en los territorios que antes se encontraban bajo su dominio, asunto que debe estar acompañado por un proceso de sometimiento a la justicia por parte de las BACRIM. Sin embargo, el hecho de que exista certeza en el ELN,  sobre la salida negociada al conflicto,  no debe entenderse como unanimidad frente a un eventual proceso de paz. El modelo federal de dirección así como el desarrollo desigual de sus estructuras a nivel regional, llevará  a que se promuevan discusiones al interior de este grupo, que serán tramitadas en el Comando Central. La llegada de alias Pablito a este escenario podría generar celeridad y solidez  en  la toma de decisiones en relación al proceso de paz. A la hora de analizar un escenario de negociación con el ELN, se debe tener en cuenta su surgimiento  y  desarrollo.  Es importante saber que el ELN es una organización política en armas, a diferencia de las FARC,  que es una organización militar con un proyecto político. Por lo anterior no es posible equiparar el accionar del ELN con el de las  FARC, sin antes tener en cuenta la preponderancia que le da este grupo armado al trabajo de masas y a la conformación de redes de apoyo.  Si no se considera este hecho en el momento de analizar las actuaciones de la organización subversiva, se pueden generar errores en el momento de interpretarle. Al interior del  ELN se  percibe, que desde el gobierno nacional y la opinión pública se les  ha dado «un tratamiento de segunda» en comparación con las FARC, tanto en la formulación de las políticas de seguridad del Estado, como en las negociaciones de paz. El establecimiento de una mesa de negociaciones con el ELN tendrá que garantizar por parte del Gobierno una interlocución en la que esta insurgencia no se  sienta tratada como un actor de segunda, para lo cual se debe partir del hecho de que el ELN llega a la mesa de negociación con capacidad táctica, sin estar derrotado, con presencia en al menos 89 municipios y siete regiones del país. Este trato en la interlocución generará confianza, además de garantizar a los colombianos un proceso integral con las guerrillas. Consideraciones del pasado A diferencia de los procesos de paz anteriores, este proceso de negociaciones con las guerrillas de las FARC y del ELN, tendrá una tercera fase, la implementación de los acuerdos en los territorios. En el pasado los procesos se han dedicado más a discutir cambios estructurales en abstracto que en concretar el fin del conflicto armado, en este sentido, este proceso ya tiene un saldo positivo al proyectar la implementación de los acuerdos en los territorios donde se desarrolla el conflicto, donde  se deberá avanzar en el postconflicto  en la construcción de consensos entre los pobladores, las autoridades locales, los excombatientes y los sectores productivos que garanticen los cambios que se requieren para prevenir que el conflicto se recicle. En cuanto a la agenda de la negociación, es de esperarse que un punto central e inamovible para el ELN sea la participación social ,que buscará desarrollar a través de la convocatoria y realización de una convención nacional,  que según el  Acuerdo de Puerta del Cielo se describe como: “Un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de los representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen.(…) y tiene como propósitos  …  elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales con miras a la democratización del Estado y la sociedad.  Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente”. Sera importante que rápidamente se llegue a un acuerdo sobre los que significa para cada una de las partes lo que tiene que ver con   la participación social. Temas  que han sido del interés del grupo insurgente como el minero energético y el de educación, podrían ser abordados en la Convención Nacional o en el espacio deliberativo que se acuerde con el gobierno,  y no en la mesa de negociación, ya que el ELN  consideraría que son del resorte de las comunidades.

El país debate sobre la posibilidad de un cese al fuego de manera bilateral entre el Gobierno y las Farc, tras la  reciente declaración del Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón en la que le informó a los colombianos, sobre la instrucción dada a los negociadores en la mesa de diálogos,  para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre un eventual  cese al  fuego bilateral y definitivo. En medio de su más reciente alocución,   el primer mandatario recordó que para esta misión se han venido preparando altos oficiales en servicio activo de todas las fuerzas, encabezados por el general Javier Flórez, quien viene de ser Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y hoy  ocupa el cargo de  Jefe del Comando de Transición.” El anuncio abrió el debate nacional sobre lo que se vendría si se llegase a pactar un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Al respecto, el director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que,  “este se podría dar antes de la firma de los acuerdos y como antesala de un posible desarme”. León Valencia estima que hay un cambio en la dinámica y recuerda que “existen unas   subcomisiones negociando el cese al fuego,  y lo que se dice es que en cualquier momento tenemos un anuncio general del cierre del conflicto y anuncio del postconflicto”. Para el director de la Fundación Paz y Reconciliación, existe un interés mutuo tanto del gobierno como de las Farc por llegar a un acuerdo rápido, especialmente de la guerrilla, que por tener a la mayoría de sus cabecillas en La Habana corre riesgos “de descomposición de frentes, de seguridad por los factores de violencia laterales, por eso les interesa avanzar rápido”.  Explica además  que por el lado del gobierno, el interés está dado por ganar las próximas elecciones locales y tener todo a su favor en el momento de implementar los acuerdos que se logren en la mesa de diálogos, en todos los territorios del país. Mientras este anuncio se hace realidad, el Gobierno Nacional debe preocuparse por mostrar resultados en lo que tiene que ver con desescalamiento del conflicto, lo anterior según Ariel Ávila Subdirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, “porque cualquier hecho armado en el que se tenga  la mínima sospecha de una posible participación de las Farc en él, servirá como argumento a la oposición que ejerce el Centro Democrático, para desde la política, dispararle al Proceso de Paz.

Foto Paz & Reconciliación El abogado Guillermo López es quizá la representación de muchos colombianos que van a la capital, se preparan y luego regresan a sus regiones para poner en práctica sus conocimientos y promover cambios. Estudio derecho en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y posterior a ello, recogió sus maletas para estar nuevamente en su querido Tibú, uno de los municipios de la región del Catatumbo en Norte de Santander. A sus 40 años de edad y tras sufrir el flagelo de secuestro, Jorge hace parte del movimiento social en esta parte de país. Y aunque no descarta una aspiración a la alcaldía de su pueblo, su trabajo para movilizar y organizar las comunidades en torno a acciones de paz no cederá. Este es su testimonio sobre la posición que tiene sobre el proceso de paz, válida desde luego para tomar el pulso y entender qué piensan los colombianos frente a este tema.

Fotos de Internet No me aguanto esta alegría. Debo gritar que desde cuando era adolescente he esperado el fin del bloqueo a Cuba y el reconocimiento del Estado palestino. Después, mucho después, me di a la tarea de esperar un cese definitivo al fuego y a las hostilidades de parte de la guerrilla. Todo esto ha dado un salto milagroso esta semana. Hay cosas que lo marcan a uno eternamente. Entre los estudiantes de Medellín que iban a mi pueblo, en el suroeste de Antioquia, a promover la rebeldía cuando empezaban los años setenta del siglo pasado, había uno obsesionado con los temas internacionales y en sus charlas nunca faltaban Cuba y Palestina. Decía una y otra vez que había dos naciones pequeñas desafiando a gigantes y tomaba ese ejemplo para mostrar que la revolución era posible. Decía que tarde o temprano Cuba tendría la solidaridad de todo el continente y Estados Unidos se vería obligado a respetar el camino elegido por la isla. Repetía que los palestinos no se rendirían jamás y el mundo tendría que darles la tierra, la patria y el Estado. Eso no ha ocurrido totalmente esta semana, pero las posibilidades de que ocurra han crecido de manera exponencial con la decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones con La Habana y con el reconocimiento que el Parlamento Europeo le ha dado el Estado palestino. Aquel estudiante apasionado murió en la guerrilla no muchos años después y el recuerdo de sus palabras me ha perseguido toda la vida. En cada tensión entre Cuba y Estados Unidos y en cada tragedia del pueblo palestino a manos de Israel ha venido a mi memoria su reivindicación. Las cosas no han ocurrido como él las pensaba. Los cambios no están llegando de la mano de revoluciones violentas. La historia está girando hacia un periodo de transacciones y acuerdos entre fuerzas enfrentadas. Mejor digo yo, mucho mejor digo yo, que tuve la suerte de salir vivo de la aventura armada. Así mismo he esperado con una ansiedad de loco el final de la guerra y he tejido en mi cabeza diez o 100 posibilidades de iniciar el camino hacia este final. Las Farc han elegido un escenario quizás controvertido, quizás riesgoso, pero en todo caso audaz y esperanzador.  Han dicho que cesarán de manera indefinida el fuego y las hostilidades y solo romperán esta promesa si son atacados. Es una rosa con espinas, pero antes eran solo espinas. Habrían podido decir que suspenderían de manera indefinida sus acciones ofensivas y hostiles, como señaló en un trino Juan Rubbini. Así no suscitarían confusiones innecesarias. Pero aun con el lenguaje utilizado, las Farc han mostrado que quieren acelerar el proceso y lo han hecho después de tener a un general en sus manos y de incursionar en la Gorgona, acontecimientos que en otra situación envalentonarían las filas guerrilleras. La valentía de Juan Fernando Cristo Si alguien es símbolo de reconciliación en el gobierno de Santos, ese es el ministro del Interior. Lleva en el alma el dolor del asesinato de su padre a manos del ELN, una herida muy difícil de sanar; pero en los meses que lleva en la cartera se ha dedicado a tejer con cada palabra y con cada acción la paz, el posconflicto y el reencuentro de los colombianos. Quiero destacar su trabajo en este final de año. Quiero decirles a los lectores que posiciones como la de Cristo avizoran un nuevo país. Tiene una especial preocupación por políticas que tradicionalmente no son taquilleras, no tienen gran registro en la opinión: la formulación de una política para la población LGTBI, de unas estrategias para enfrentar la trata de personas, de unas medidas para mejorar la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los departamentos y municipios contando con los gobernadores y alcaldes. Está empeñado en preparar el posconflicto en los territorios. No es fácil llegar a una posición comprometida desde la afectación y el dolor. Lo lógico es que personas golpeadas por la ignominia de la guerra sean convocadas a las dignidades políticas para representar la dureza. Ese fue el gobierno de Uribe. Víctima él y cinco de sus ministros de hechos dolorosísimos producidos por las Farc que servían de acicate para un día tras otro invitar a la salida militar. Hoy ese expediente se utiliza en el Centro Democrático para invocar la cárcel y la exclusión política de los jefes guerrilleros. Tiene, desde luego, argumentos legítimos de justicia, pero también un sabor a venganza. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto Paz & Reconciliación Don José de los Santos García tiene bien merecido el nombre de caminante, pues debe recorrer seis horas de trochas desde la vereda Mulatos hasta el corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia). Sin embargo este hombre nacido en Tierra Alta, Córdoba, pero habitante desde hace veinte años en la región antioqueña, no detiene sus pasos cuando de movilizar y liderar se trata. Este líder campesino, asistió sin fallar a todos los diálogos que adelantó la Fundación Paz & Reconciliación junto a la Fundación Ideas para la Paz para conocer qué esperan las comunidades en las regiones de cara al postconflicto. José es un hombre que la violencia le arrebató a su padre y a su hijo mayor por cuenta de las Autodefensas y además fue víctima del desplazamiento durante cinco años, pese a ello regresó a la que considera su tierra y donde está su gente como lo define. Para José el primer compromiso que tendrá el Gobierno en una etapa de postconflicto, será llenar todos los vacíos que se tienen en esta región del país. En la vereda Mulatos, no hay vías de comunicación, tampoco educación secundaria para los jóvenes, ni mucho menos accesos a servicios de acueductos y baños, de ahí que la preocupación pasa por el abandono en el que están en esta zona del país. En un fragmento de video, el hombre que es un ejemplo de  las comunidades campesinas de Apartadó nos el sentir de su gente y cómo allí entienden el proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba.

Foto Paz & Reconciliación Con una sonrisa que encanta y que no borra de su rostro, Rosa Bessie encarna el espíritu de más de 250 mujeres que integran la Fundación Macoripaz  del municipio de Riosucio, Chocó, creada en el año 2003 y que siete años más tarde alcanzaría el Premio Nacional de Paz por su incansable trabajo social en este municipio chocoano. A pesar del dolor por el desplazamiento forzado  y la pérdida de amigos a causa del conflicto armado, Rosa creyó que era posible un cambio social en el municipio a través del fomento de la cultura y el deporte. De ahí que la Fundación Macoripaz inició una estrategia de impulso en los jóvenes premiando el buen rendimiento académico, la disciplina y las prácticas de buena convivencia entre las nuevas generaciones. Perdón y una actitud positiva son el complemente con el que según Rosa Bessie la paz se alcanzará en todo el territorio colombiano. Con el grupo de líderes se consideran como unas ‘mujeres bocachica’ al definirse como peces en el agua en su territorio, convirtiéndose a la postre en ese alimento social que necesita esta región colombiana. Madre de ocho hijos y soltera a causa de su trabajo en medio de una cultura machista, Rosa es la voz y la fe de un grupo de madres cabezas de hogar que a pesar de las caídas han encontrado razones para nunca renunciar al trabajo serio y comprometido por su querido Riosucio. https://www.youtube.com/watch?v=7N2F-1Lk9Ic

Foto Paz & Reconciliación Pese a no haber nacido en territorio caqueteño, Arbey Albear es un referente de los líderes sociales en el municipio de San Vicente del Caguán. Fue desplazado a los 14 años de edad junto a su familia de Leiva, Nariño, para luego  llegar al Caquetá con una convicción clara de movilización social. Ahora Arbey tienen 31 años y es el presidente de la red UNIOS (Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán), uno de los colectivos de trabajo social organizado más grandes en el departamento de Caquetá. Las organizaciones que pertenecen a UNIOS entienden la paz como un derecho fundamental y constitucional, que se debe construir colectivamente, y que la única salida al conflicto político, social y armado que vive Colombia, es y debe ser la salida  negociada. Sin embargo está filosofía no les ha servido para fomentar una cultura de paz,  teniendo en cuenta las amenazas que sufren constantemente por parte de Bacrim. Este ganadero del sector Pato Bajo en San Vicente del Caguán, tiene hoy una preocupación importante y es el hecho de que se firme un pacto de paz “mal negociado” en donde no hayan garantías institucionales para la población de esta zona del país y se generen así nuevos focos de grupos insurgentes. “La gente tiene que creer en las instituciones, porque esa debe ser la tarea” afirma,  por esta razón Arbey es un abanderado  del diálogo y no le importa abandonar casi a diario sus vacas para trabajar por el fortalecimiento del tejido social. Sin culminar aun sus estudios de bachillerato, sueña con obtener un título profesional en Filosofía. https://www.youtube.com/watch?v=g2fZIw_9D7I

Foto Paz & Reconciliación Muchas historias se escriben en las regiones de Colombia sobre sus  líderes sociales, aquellos hombres y mujeres que desde la experiencia y el conocimiento de sus propios territorios se convierten en referentes de sus comunidades en labores de emprendimiento y cambio social. La Fundación Paz & Reconciliación en asocio con la Fundación Ideas para la Paz y con el apoyo del Ministerio del Interior, desarrollaron el proyecto Gestión institucional en el marco del posconflicto, que sirvió para entablar un diálogo directo con los habitantes de parte de las regiones que han sufrido los ecos de la violencia colombiana. En este proceso que tardó once meses, le permitió al equipo de investigación conocer  parte de las percepciones, expectativas y sueños que tienen estos colombianos frente a la posibilidad de llegar al fin del conflicto armado y al inicio de un periodo posterior a la firma de los acuerdos de paz en La Habana entre Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. León Valencia, director ejecutivo de la Fundación Paz & Reconciliación, junto a un grupo de líderes sociales Una de estas personas es Azael Imbache Lasso, un campesino de 54 años habitante de la vereda El Placer del municipio conocido como la capital maicera de Colombia, Mercaderes en el Cauca. Azael es un conocedor como nadie de su territorio, siempre ha vivido allí, por eso entiende que la variedad de sus suelos y pisos térmicos es fuente de riqueza en una tierra que ha visto como los cultivos ilícitos han desplazado las cosechas de maíz que fueron famosas en la década de los 60. Este hombre no ha sido ajeno a la violencia, el conflicto le arrebató  un sobrino y un primo y en alguna época su casa fue habitada por hombres de la AUC. Aproximadamente 60 paramilitares llegaron a convivir junto a Azael, su esposa y  los tres hijos, a ellos les tocó presenciar los crímenes y vejámenes cometidos por los ilegales, cavar huecos donde serían sepultados sus propios vecinos. Azael Imbache pasa el tiempo entre el trabajo social y la agricultura Actualmente Azael es líder social y  secretario de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Placer. Él como nadie cree en la paz, pero sabe que hay obstáculos que se deben saltar con la presencia constante del Gobierno. Sólo cursó seis meses de primaria, que por ahora son suficientes para movilizar a toda su gente hacia un camino de sana convivencia. Su gran sueño es aprender a manejar un computador que le permita conectarse con otros espacios y poder seguir contando su historia. https://www.youtube.com/watch?v=_YjEAz7yaKo

En estos días se desató una tormenta cuando el presidente Santos afirmó que para propiciar el acuerdo de paz de La Habana y la futura participación política de los miembros de las Farc era necesario ampliar “el concepto de delito político y de los delitos conexos” puso como ejemplo “el narcotráfico o los beneficios del narcotráfico”. El senador Álvaro Uribe dijo inmediatamente que la bancada del Centro Democrático se opondría a esta idea en la discusión sobre la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. También el procurador, Alejandro Ordóñez, emitió un comunicado de diez puntos criticando de manera frontal la iniciativa.  Incluso algunos dirigentes políticos que respaldan las negociaciones de paz se apartaron de las declaraciones de Santos. En las críticas a esta proposición hay una falta total de lógica y de sentido común. Todo lo hecho hasta ahora en las negociaciones de paz conduce a la redefinición del delito político. La oposición no quiere aceptar que el ambiente político y los lineamientos jurídicos están cambiando radicalmente para facilitar la reconciliación del país. Todo empezó con el reconocimiento explícito del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y siguió con la apertura de las negociaciones de paz con las Farc rodeadas de garantes internacionales. Esto significa simple y llanamente la concesión precisa y clara del estatus político para la guerrilla y por consiguiente la definición de que el tipo penal que la cobija es la rebelión, la sedición y la asonada. Ahora bien, basta con echar una mirada a la agenda y a la marcha de las conversaciones en La Habana para saber en qué ha consistido la rebelión de las Farc, qué actividades ha realizado esta guerrilla en su alzamiento armado contra el Estado y también qué delitos han cometido los agentes del Estado o los paramilitares en el curso de la confrontación. El narcotráfico fue objeto de una larga e intensa discusión y de un acuerdo preciso y detallado. No hay mejor prueba de que este es un delito ligado indisolublemente al conflicto armado. Pero los delitos del conflicto no se agotan ahí. La presencia de las víctimas en La Habana reveló la naturaleza de la guerra colombiana. Estuvieron familiares o víctimas de extorsión, secuestro y desaparición; de asesinatos, masacres y ejecuciones extrajudiciales; de violencia sexual, torturas y desplazamiento forzado. En uno o en varios de estos delitos incurrieron los agentes del Estado o los guerrilleros o los paramilitares. Esto ya nadie lo puede tapar. Esto no se puede obviar. La guerra ha quedado al desnudo. Y la discusión de la reglamentación del marco jurídico tendrá que girar alrededor de esta realidad dolorosa. La transparencia duele, la transparencia de estos 50 años de conflicto nos abruma y nos destroza el corazón. Pero esto es preferible a la opacidad y al engaño. En las negociaciones entre el gobierno del presidente Uribe y los paramilitares y en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz no se incluyó el narcotráfico. Incluso la ley tiene un parágrafo asombroso, dice que: “No podrán acceder a los beneficios de la ley quienes se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Fue una mentira del tamaño de una catedral. El precepto no se aplicó. Si se hubiera aplicado ni uno de los paramilitares hubiese accedido a esa ley. Después de la desmovilización se ha aplicado de manera selectiva para extraditar o para excluir a varios de los beneficios de la ley. En Santa Fe de Ralito tampoco estuvieron las víctimas para mostrar la diversidad de delitos en que habían incurrido los paramilitares. Fue después de la firma del acuerdo que el país supo el horror. Ahora el proceso de paz ha ganado una transparencia que la ley de justicia transicional tiene que reflejar. Lo más sensato es ampliar la conexidad a todos estos delitos con excepción de los que puedan ser calificados de crímenes de lesa humanidad. El problema es inmenso. Según el Comité de Presos Políticos hay 22.000 procesos abiertos por rebelión y las Farc y el ELN tienen 2.020 presos en 138 cárceles del país. A la vez, en las fuentes de la Fiscalía y de la justicia penal militar, dicen que hay 14.000 miembros de la fuerza pública investigados.  De ellos 4.000 están presos. La mayoría por delitos que tienen que ver con el conflicto. Ahí están los primeros sujetos de la justicia transicional. Después vendrán los miles y miles de desmovilizados. Para todos ellos tienen que estar claras las reglas de juego y una de ellas es que el narcotráfico tiene una conexidad indiscutible con la rebelión de las guerrillas. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de EFE La liberación del general Álzate, el cabo Rodríguez y la abogada Urrego, así como la liberación de los dos soldados hace unos días en Arauca, marcan el fin de lo que se podría considerar la crisis más fuerte que ha vivido el proceso de paz en los últimos dos años. No se debe olvidar que en la primera parte de la negociación, cuando estas eran confidenciales, hubo una crisis similar que llevó a que la delegación de las FARC amenazara con levantarse de la mesa. En todo caso, después de estas crisis quedan al menos cuatro grandes conclusiones. En primer lugar, las FARC logran demostrar que aquel rumor y aquella versión de algunos analistas sobre una supuesta división, o insubordinación de algunas estructuras, quedan totalmente descartados. De hecho, lo que logran demostrar es que tienen mando y control sobre sus estructuras. Incluso, las treguas unilaterales declaradas por la guerrilla durante el año 2014 vienen a confirmar esta situación. De lo anterior se puede hacer una segunda conclusión, la cual tiene una doble realidad: Por un lado, las FARC salen muy debilitadas ante la opinión pública, ya que el secuestro del general no hizo otra cosa que aumentar el rechazo al grupo guerrillero por parte de la ciudadanía, pero a la vez, salen fortalecidas en la mesa de negociación, ya que no sólo muestran que no están divididas, sino que además sacarán ventaja de la suspensión de la negociación de La Habana realizada por el gobierno nacional luego del secuestro del general Álzate. La negociación de La Habana se basa en tres grandes principios. El primero se refiere a “lo que suceda en Colombia se resuelve en Colombia y lo que sucede en La Habana se resuelve en La Habana”, el segundo principio es que se negociaba en medio del conflicto y el tercero es el de la confidencialidad. El primero de ellos fue violado por el presidente Santos, cuando anunció la suspensión de los diálogos. Si bien el presidente no tenía otra alternativa, debido a la presión social y política, lo cierto es que tal decisión fue una violación de uno de los principios del acuerdo. De este hecho, las FARC intentarán sacar ventaja y lo cobrarán en la mesa. Por su parte, el gobierno nacional sale con la situación contraria a las FARC, es decir, fortalecido ante la opinión pública, la cual le venía exigiendo mano dura y además le manda un mensaje a la posición que lo acusaba de ser demasiado laxo. Pero sale debilitado ante la mesa. Una tercera conclusión es que se demuestra que la guerra de micrófonos entre las FARC y el gobierno nacional ha hecho mucho daño al proceso y a la imagen del mismo. Se comprueba que es mejor solucionar las diferencias con la participación de Noruega como país garante, o Venezuela, Chile y Cuba como veedores. La intermediación de estos gobiernos permitió que el general, sus acompañantes y los dos soldados de Arauca fueran liberados rápidamente. Una última conclusión se refiere a que el gobierno del presidente Santos no ha logrado desarrollar una estrategia o una pedagogía para la paz. Por ejemplo, explicarle a la población por qué se negocia en medio de combates, emboscadas o ataques guerrilleros; explicarle a la población los beneficios que traerá la firma de la paz, o al menos explicar lo que se está negociando que ha sido imposible para el Gobierno. Esto a su vez ha llevado a que la comunicación del proceso esté en manos de la oposición, es decir, del uribismo, que ha logrado que varios de sus mensajes, en muchos casos falsos, tengan réplica en la población civil, como aquel mensaje de que en La Habana se está negociando la propiedad privada. Incluso se podría hacer una conclusión adicional, y es que la entrega del general de forma rápida por las FARC y sin mucho show mediático, así como la voluntad del gobierno Santos de enviar rápidamente la comisión negociadora a La Habana, muestra la voluntad de ambas partes por retomar el diálogo y llegar a la firma de los acuerdos. Publicado también en Semana.com