Por: León Valencia Nunca el Polo Democrático ha llegado a un congreso o evento nacional unificado. Siempre hay un argumento para la división interna y siempre hay una dura puja por la conducción. Esta vez el argumento es la posición frente a la paz y las alianzas, y los esfuerzos de un sector importante del partido se orientan a desplazar a Clara López del liderazgo. Es una extraña vocación suicida. La nueva pugna viene de la segunda vuelta presidencial. Clara, Iván Cepeda y otros dirigentes de la izquierda decidieron apoyar a Santos convencidos de que si no lo hacían podía ganar el uribismo y echar abajo el proceso de paz. En cambio, Jorge Enrique Robledo y algunos miembros de la dirección del Polo llamaron a votar en blanco con la idea de que las diferencias alrededor de los temas económicos y sociales con Santos eran más importantes que la paz. Los hechos mostraron la certeza de Iván y Clara. El voto de la izquierda fue decisivo para Santos y con esto siguieron vivas las negociaciones en La Habana. Pero las aguas en el Polo no se calmaron. El cuarto congreso, que se realizará próximamente, será el escenario de la nueva controversia. Ya se eligieron los delegados mediante la consulta interna del pasado domingo. Al parecer la tendencia de Iván y Clara obtuvo mayoría. Pero en el Polo nunca se sabe, porque en el juego de alianzas de los múltiples grupitos que componen este partido todo puede ocurrir. Ojalá no desperdicien el liderazgo que Clara López logró en este último año y tomen decisiones que le sirvan a la izquierda para avanzar y sembrar esperanzas de cambios para el país. En algunas capas de la población son visibles las expectativas de reformas. Se reflejan en las movilizaciones populares, en las redes sociales y en el escepticismo en los sondeos de opinión. Las votaciones obtenidas por el Polo muestran las debilidades y fortalezas de esta fuerza política. Los delegados al congreso deberían fijarse en esta situación para definir un qué hacer más allá de las diferencias coyunturales entre los grupos internos. En la consulta votaron 418.532 personas; en las parlamentarias la lista al Senado recibió 541.145; y en la primera vuelta de las presidenciales Clara sacó 1.958.414. Eso quiere decir que el Polo tiene un arrastre muy limitado por fuera de sus filas. Solo Clara logra romper un poco el encerramiento. Así lo muestran también las encuestas para la Alcaldía de Bogotá donde esta candidata toma hasta el momento el primer lugar con un 25 por ciento de la intención de voto. Un partido sensato, un partido con vocación de poder haría todo lo que estuviera a su alcance para que la persona con más penetración en la opinión continuara avanzando. Esas condiciones no son cosas del otro mundo. Se trata apenas de reafirmar su presidencia y su liderazgo interno al tiempo que se le facilita un margen de maniobra para buscar alianzas de cara a la Alcaldía de la capital. En un ambiente así es muy probable que Clara tienda a comportarse de manera cabal con su partido. A consultarlo más. A darle una mayor participación en las decisiones de gobierno. A respetar y darles espacio a los grupos minoritarios y a las posiciones críticas. Jorge Enrique Robledo, un congresista excepcional, que tiene una gran influencia dentro y fuera del Polo y funge ahora como principal rival de Clara López, debería pensar un poco en lo que ha sido la historia de la izquierda y del Polo en particular. La disposición a controlar, fustigar y limitar la acción de los líderes de izquierda que logran votaciones importantes y tienen éxito político es, quizás, la principal talanquera para que esta corriente salga de la marginalidad y se convierta en alternativa de poder. La fila de los que salieron del Polo en distintos momentos es larga. Menciono algunos: Lucho Garzón, Antonio Navarro, Gustavo Petro, María Emma Mejía, Antonio Sanguino, Carlos Vicente de Roux. Carlos Gaviria se mantuvo allí, pero perdió toda influencia y decisión. Un partido que genera estas divisiones de manera reiterada tiene que hacer un alto y reflexionar sobre las causas. Seguramente las personas y grupos que se han marchado tienen su cuota de responsabilidad en la división, pero la mayor responsabilidad reside en el colectivo, en el pesado ambiente que se respira en estos grupos de la izquierda. Robledo debería pensarlo dos veces. Es muy probable que en el día de mañana esté en la misma situación. Cuando se quede solo, como el gran líder del Polo, vendrán los demonios creados por él para atormentarlo. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto: El Universal.com.co Si algo le ha sobrado al político sucreño Yahir Acuña desde que se hizo conocer en la política nacional, son motivos para ser nombrado en cada escándalo que hay,  bien sea por posibles vínculos con actores ilegales o por presunta participación en manejos indebidos en la función pública, y que bien le podrían dar el título de ser el “más grande heredero del mal” Es tanta la prevención que  genera su nombre en los altos círculos de la política nacional, que muchos prefieren darle el trato de “La amante escondida”, aquella persona bien sea hombre o mujer, que se conoce de puertas para adentro únicamente por las noches en un lugar donde nadie les pueda ver juntos. Por esta razón, y ante el temor de que en cualquier momento las investigaciones que cursan en su contra puedan dar al traste con sus planes,  prefirió abandonar su aspiración personal a la gobernación de Sucre y dejar que Milena Jaraba Díaz su esposa, sea quien busque llegar a este cargo,  con su apoyo y el de toda la estructura política que ha logrado acumular en su natal departamento. Es claro que de llegar Milena Jaraba al cargo de gobernadora del departamento de Sucre,  el poder detrás de la silla, será su esposo Yahir Acuña, quien seguirá el mismo procedimiento de Iván Moreno durante el tiempo en que Samuel Moreno su hermano, estuvo ocupando la Alcaldía Mayor de Bogotá, ser el determinador de los puestos y contratos, y quien recibía un porcentaje sobre el monto total de la firma. Es así como Yahir Acuña piensa ir esta vez por el botín de oro, es decir, la gobernación del departamento de Sucre, territorio que en tan solo regalías mueve un capital cercano a los 300 mil millones de pesos, por los cuales se mueven grandes recursos para contratos de inversión pública en sus municipios, que hoy por hoy no se ven, y que según denuncias de distintos medios de comunicación como la Silla Vacía, estos habrían sido apropiados por contratistas cercanos a  este excongresista. Ejemplo de esto es el contrato firmado por el consorcio, llamado Playas Coveñas-Tolú, mediante el cual se pretende invertir 14 mil millones de pesos en Coveñas (Sucre) para hacer obras de protección y control de la erosión costera, de los cuales le fueron girados el 50% para el inicio de estas, hecho que hasta el momento no se ha dado. Acuña no sólo es el padrino político de los alcaldes de Tolú y Coveñas, municipios donde se pretende ejecutar estas obras, sino que además la empresa contratista está integrada por  Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que encabezó al Congreso Acuña.  José Carlos Mizger Pacheco hoy es representante en la Comisión Segunda, en reemplazo de Yahir e incluso conservó la misma asesora que éste tenía en su oficina. Es decir, que aquí todos los caminos conducen al excongresista. Yahir Acuña, aparece en la lista de políticos cuestionados en el texto “Herederos del Mal”, de autoría del director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia y el investigador de la misma Ariel Ávila. Según el libro, el político sucreño logra llegar al Congreso de la República en medio de la disputa que sostienen  los clanes políticos por mantener o hacerse al poder de Sucre, luego de la condena de Álvaro García Romero. Todas las denuncias que en su contra se han hecho coinciden en asegurar que Acuña se ha hecho famoso en su natal departamento, repartiendo whisky y plata en las calles de los municipios de Sucre, sin explicar o justificar la procedencia de estos  dineros. También ha crecido el rumor en los pueblos de la región por  la manera como el excongresista  ha logrado capturar gran parte de la política y función pública en el territorio, que según ellos, consiste en  prestarles  en efectivo,  para cuando estos se encuentren supremamente endeudados, comprometerlos con su causa. De esta manera es como según el texto, ha logrado hacerse a la administración pública en los municipios de Sincelejo, San Onofre, Chalán, Betulia, Since, Buenavista, Galeras, El Roble, San Benito, San Marcos, Guaranda, Majagual, Tolú y Coveñas. El libro Herederos del Mal, será presentado en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá, el próximo lunes 27 de abril a las 6 pm, en el auditorio Manuel Mejía Vallejo de Corferias.

Muchos colombianos se están preguntando por las verdaderas razones que pueda tener la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, para iniciar una mesa de diálogos con el gobierno nacional que permita ponerle fin a la confrontación armada, sin entender además que puede estar pasando al interior de la misma, que pueda impedir que el grupo armado ilegal, tome una decisión en firme, para comenzar un proceso de paz. Al respecto la Fundación Paz y Reconciliación resume algunos hechos que han ocurrido al interior del grupo insurgente: Incremento de las acciones armadas en un 43,2% con respecto a 2012 y 14,8% a 2013. Además de un notablemente crecimiento de la estructura militar de la  guerrilla del ELN, este fenómeno tiene dos explicaciones: la primera tiene que ver con la intención de este grupo por mostrar su capacidad militar con el propósito de presionar el inicio de una negociación formal con el gobierno. La otra explicación está en el reacomodamiento táctico iniciado por el ELN en el año 2009, luego de  la confrontación con las FARC,  lo que  le permitió que estructuras que se encontraban inactivas como las del Chocó, se reactivaran y  ahora  tengan altos niveles de operatividad. Ver Gráfico Regreso del ELN a territorios donde no tenían operatividad desde los 90s. Este es el caso de algunas zonas de los departamentos de Caldas, Boyacá, Huila, de donde fueron expulsados o replegados tras disputas territoriales con otros actores armados. El regreso a estas zonas estas directamente ligado al fortalecimiento militar de las estructuras que están cerca a esos departamentos, particularmente el Frente Oriental y el Occidental, sin embargo se destaca que la presencia se ha manifestado a través de acciones de carácter político y no militar, teniendo en cuenta que su prioridad se halla en la recomposición de su ala social. Ver Gráfico V Congreso En diciembre de 2014 el ELN celebró su V Congreso, máximo escenario de toma de decisiones para esta guerrilla y que se realiza, aproximadamente, cada 10 años. El tema central fue el de la paz, que para ellos trasciende del establecimiento formal de una mesa de negociación. Ingreso de alias Pablito al COCE Una de las decisiones más relevantes es el ingreso alias Pablito al Comando Central (COCE), máximo órgano de dirección de la guerrilla. Alias Pablito estaba a cargo del Frente de Guerra Oriental, la estructura más fuerte  financiera y militarmente de esta  guerrilla, lo que le permitió por muchos años mantener una alta independencia frente a las instancias nacionales de dirección. Esto es  muestra de cohesión interna lo cual se puede traducir en mayor agilidad en la toma de decisiones, factor de gran relevancia a la hora de una mesa de negociaciones. Búsqueda de una mayor capacidad de presión El ELN llega a una eventual mesa de negociaciones  con mayor capacidad de acción que en anteriores experiencias de paz, esto lleva a que espere imponer una agenda que el gobierno difícilmente podrá aceptar. En el V Congreso también se definió la postura alrededor del tema de paz, la  cual se asemeja mucho a la postura que esta guerrilla tenía cuando se intentó negociar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que consiste en afirmar que la paz es la solución a los problemas que originaron el conflicto armado, incluyendo la exclusión de los sectores sociales de la política. Así, con una visión tan amplia de la paz y un fortalecimiento militar, es mucho más fácil entender por qué la apertura de una mesa de negociación con el ELN ha tardado tanto.

Las condiciones de desarrollo actual del país exigen a los diferentes niveles de gobierno, al sector privado y comunitario replantear sus formas de actuación y de relación, con miras a alcanzar un posicionamiento estratégico y competitivo de la región a nivel nacional e internacional y un mayor equilibrio en el desarrollo territorial, de tal forma que exista una mayor articulación entre los planes urbanos y de la región circundante, en este caso Bogotá y Cundinamarca. Los territorios relevantes en la economía global se caracterizan por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y rurales, dando lugar a formaciones regionales con capacidad para interactuar competitivamente con las redes mundiales de ciudades región. Es por esto que la integración entre zonas urbanas y rurales busca establecer acuerdos y alianzas en torno a los siguientes aspectos centrales para la competitividad, gobernabilidad territorial y seguridad y convivencia, según el Conpes de diciembre 15 de 2003: De este modo Bogotá venía desarrollando un Plan Integral de Seguridad Ciudadana que articulaba el enfoque preventivo de la cultura y convivencia ciudadana, con el poder coercitivo del Estado. Como resultado de este proceso se redujo los homicidios, los que lograron bajar de 4.352 casos en 1993 a 1.906 en el año 2002. Igual comportamiento presentaron los otros delitos de mayor impacto social (lesiones comunes, hurtos de vehículos y motos y a establecimientos comerciales, bancos, personas y residencias), registrando una importante reducción, al pasar de 25.121 delitos en 1998 a 17.616 en el 2001. Todo esto se logró, muy a pesar de que los avances en los procesos de articulación para la definición de acciones integrales de seguridad y convivencia fueron insuficientes, al igual que la elaboración de diagnósticos conjuntos sobre violencia y delincuencia. Por lo anterior la segunda alcaldía de Antanas Mockus dejó expedido el Plan Maestro de Defensa Seguridad y Justicia mediante el decreto 503 de 2003 que contemplaba las acciones que debía realizar Bogotá y recomendaba las que debía adelantar Cundinamarca junto con sus municipios y los temas que debía ser concertados con el Gobierno Nacional. El documento proponía también la construcción de estaciones de policía en todos los municipios y CAIs y frentes de seguridad en puntos específicos de la región y también comprometía a promover la creación de Unidades de Policía Judicial (UPJ) en Soacha, Girardot, Fusagasugá y Zipaquirá. Este Plan es mejorado por el alcalde Luis Eduardo Garzón mediante el Decreto 563 de 2007, quien lo firma al finalizar su administración, sin embargo la administración de Samuel Moreno, quien debía iniciar su aplicación, hizo algunos cambios en el Plan Maestro de Seguridad Equipamiento, con la idea de solucionar los problemas de seguridad en Ciudad Región y la construcción colectiva de seguridad, cooperación, participación, corresponsabilidad y territorialización, con intervención diferenciada aplicando políticas de géneros en cada una de las localidades. En la práctica esto no arrojó buenos resultados: Los homicidios se elevaron pasando de 1.402 en 2007 a 1.743 en 2010 y el hurto callejero continuó en ascenso al pasar de 12.108 en 2007 a 16.838. Desafortunadamente durante la alcaldía (Samuel Moreno Rojas), los planes en materia de seguridad y convivencia no son aplicados a cabalidad, siendo este el punto de quiebre en la reducción de las cifras de inseguridad ciudadana en Bogotá e inicio de un repunte que hasta el momento ha sido difícil de resolver, sobre todo en lo que tiene que ver con hurto a personas que se incrementó de manera exagerada según las cifras de la Policía Nacional, pasando de 6.769 en 2003 a 27.762 en 2014. La Veeduría Distrital en 2012 se pronunció diciendo que, “los malos resultados en esta materia se dieron porque algunas dependencias dedicadas a la convivencia y la seguridad ciudadana, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la cárcel Distrital, Policía Nacional y Secretaría de Gobierno, comenzaron a trabajar de manera independiente sin atender los lineamientos y requerimientos de la política que intentaba definir el Secretario de turno. De esta manera, poco a poco, instituciones, programas y proyectos se convirtieron en islas independientes que manejaban directores, gerentes y consultores, con recursos y cronograma propios y sin responder a un plan o a una estrategia común definida por el Secretario de Gobierno y el Subsecretario del ramo” En lo que tiene que ver con ciudad-región, la mayor articulación entre Bogotá y Cundinamarca se da en lo que tiene que ver con planes económicos y de lucha contra el contrabando de licor, pero pocos resultados en lo que tiene que ver con acciones conjuntos contra la delincuencia bien sea de tipo común u organizada. Para que esto sea una realidad, debe existir una mayor articulación entre las alcaldías distrital y municipales, junto con las comandancias de policías de Bogotá, Cundinamarca y territorios vecinos a la ciudad capital como Soacha por ejemplo, que permitan desarrollar planes conjuntos que eviten que la criminalidad que habita en estos lugares, tome a la capital como centro de operaciones y viceversa, como por ejemplo el del microtráfico. Este negocio ilegal, va y viene del distrito hacia los municipios vecinos y viceversa, sin mayor control por parte de las autoridades, y ha servido de combustible para casos de sicariato según los últimos estudios del Centro de Análisis y Estadísticas de Convivencia y Seguridad – Ceacs, hecho que podría trasladarse a los municipios vecinos, si no se trabaja conjuntamente entre distrito y Cundinamarca. Por lo anterior uno de los puntos que se debe tener en cuenta para el debate electoral que se avecina en la ciudad para escoger alcalde mayor de Bogotá, es la seguridad ciudadana desde el punto de vista ciudad-región, para que quede clara la necesidad que existe en esta materia y así se logre trabajar este tema conjuntamente entre Bogotá, Cundinamarca, municipios vecinos y las comandancias de policías respectivas, obteniendo resultados en el corto tiempo en esta materia que permitan reducir los índices de violencia urbana en lo que a ciudad – región se refiere.

¿Entrarán o no el Eln y el Gobierno en unas negociaciones formales de paz? Las dos partes llevan quince meses de contactos directos y no han logrado finalizar una etapa exploratoria que tiene como finalidad diseñar un proceso de diálogos y negociaciones, concertando una agenda y unos mecanismos para adelantarlo. Esto es mucho más de los seis meses trabajados por el Gobierno y las Farc para concertar el proceso en curso. Ambas partes, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Eln, han hecho reiteradas declaraciones de querer adelantar una negociación para “el logro de la paz”, pero las dificultades para lograr establecer una mesa publica y avanzar en la construcción de un acuerdo no son pocas y a los dos que parecían ser los grandes escollos —tamaño de la agenda y participación de la sociedad— se les han sumado otros dos, de enorme dificultad: el tema de las armas y la lógica encontrada de en qué momento se puede firmar un acuerdo, si antes de concretar las transformaciones que se pacten en la mesa o si las transformaciones pactadas se inician luego de la dejación de armas y firma de un acuerdo de paz. Vistas así las circunstancias, Gobierno y Eln parecen estar en un momento crítico para lograr la instalación de una mesa pública que haga presagiar que podemos cerrar el conflicto armado, del que han hecho partes las dos insurgencias que perseveraron en el alzamiento armado después del proceso constituyente del 91. Es difícil imaginar, y poco deseable, que no se logre un proceso público entre el presidente Juan Manuel Santos y el Eln, pero mientras la atención está fijada en la agenda y la lógica de negociación, el problema de fondo podría estar relacionado no tanto con el contenido mismo de la agenda de negociación, sino con decisiones estratégicas del Eln en cuanto a su voluntad real y su interés de llegar a un acuerdo de paz con este gobierno. Hace algunos meses, explicábamos que el retraso de las negociaciones tenía que ver con que esta guerrilla estaba poniendo un precio muy alto a la paz —más alto que las Farc— cuando el Gobierno estaba dispuesto a pagar menos de lo que estaba negociando con las Farc. De hecho, el Eln ha buscado endurecer o profundizar las conversaciones preliminares para obtener una agenda propia afín a sus reivindicaciones de amplias transformaciones, al tiempo que ha mantenido un proceso de recuperación de sus fuerzas que le ha permitido tener hoy mayor capacidad militar de la que tenía hace diez años, cuando fue duramente debilitado por la acción conjunta de paramilitares y fuerza pública entre 1995 y 2003. Dicho de otra manera, con este nuevo aire, el Eln se había planteado como objetivo presionar al Gobierno para llegar con mayor fuerza en una mesa de negociación. Hoy en día, esta valoración podríamos matizarla y complejizarla, en el sentido de que el Eln tiene unas definiciones estratégicas que hacen muy complejo avanzar en la resolución del conflicto armado, en tanto tiene interés en explorar el camino de la negociación a la par que mantiene su estrategia de fortalecimiento militar. Ambas cosas son de su interés y parte de su estrategia, lo cual les daría la razón a quienes afirman que en el Eln no hay una decisión firme y concentrada por la negociación política. Sin embargo, es tal su desconfianza y valoración de que se puede y debe mantener en la resistencia armada, que no se aferra a un único escenario. Mientras las negociaciones de paz y buscar un apoyo político para ello siguen siendo de su interés y compromiso, el Eln mantiene una atención en fortalecer su resistencia armada. Juega en dos canchas de manera simultánea y esto explica las dificultades para avanzar con el Gobierno. A primera vista, tal estrategia —parecida a la de las Farc en el Caguán— sería bastante arriesgada, pero esta apuesta tiene cierta lógica y no iría necesariamente en contra de los intereses de esta guerrilla. Los argumentos a favor son de doble índole: argumentos de estrategia de actuación, por un lado; argumentos más culturales, por el otro. El Eln lo ha dicho y repetido. Una paz que no cambie profundamente el país y la sociedad colombiana, no es una verdadera paz y no están muy dispuestos a transar y traicionar sus formulaciones. Ellos reivindican un proceso de paz lo más transformacional posible, pero parecen haber llegado a la conclusión de que no podrán obtener mucho de un proceso con el Gobierno actual, por lo cual estarían dispuestos a seguir en armas el tiempo necesario, hasta que valoren que pueden tener un protagonismo y un proceso ajustados a sus expectativas de grandes transformaciones tuteladas en su cumplimiento por una resistencia armada de baja intensidad, valoración muy arriesgada, con posibilidades de no lograr una mejor negociación en un futuro próximo. El argumento más novedoso es, sin embargo, de índole valorativo y de reconocimiento. El Eln siempre ha resentido el ser considerado como una guerrilla de menor importancia que las Farc (el síndrome del hermano menor), de allí que siempre quiso su propio proceso de paz, que tome en consideración no solamente sus particularidades históricas e ideológicas, sino que le permita existir tanto interna como externamente y ser considerados como un grupo guerrillero respetable e importante. Y hoy llegó su oportunidad. Si las Farc firman la paz y se desmovilizan y el Eln decide seguir en el alzamiento armado, serían el último grupo guerrillero de América Latina, y quedar en el imaginario revolucionario como la última y verdadera guerrilla revolucionaria que no ha traicionado sus ideales, siguiendo los pasos del Che o de Camilo Torres, puede ser bastante atractivo para líderes que están dispuestos a morir como héroes-mártires revolucionarios. Esta sería una apuesta nefasta para un país que anhela de manera mayoritaria el fin del conflicto armado y colocaría las posibilidades políticas de una paz territorial en serios aprietos. Alargar las conversaciones con el Gobierno actual es por supuesto una alternativa para el Eln. Podrían continuar en un proceso de fortalecimiento militar a una escala moderada, sin constituir ninguna gran amenaza, pero persistiendo en una estrategia de perturbación a la infraestructura minero-energética y atacando al viejo estilo de morder y replegarse a pequeñas estructuras de la Fuerza Pública, logrando permanencia y visibilidad en una opinión pública nacional que, sin duda, sentiría frustrado su anhelo de pasar la página de la confrontación armada, reforzando su repudio por quienes insisten en el ejercicio de una acción política con armas. Tal estrategia comporta evidentemente algunos riesgos, pero si uno mira la relación costos/beneficios, son riesgos calculados. En el plano militar primero. Si el Eln no firma la paz y las Farc se transforma en fuerza política sin armas, es probable que parte de los combatientes de las Farc terminen en las filas del Eln. Ya existen vínculos entre ellos. Se conocen por operar conjuntamente en varias regiones del país y ante la incertidumbre que representa el periodo posdesmovilización, destacamentos guerrilleros de las Farc podrían tener la tentación de quedarse en la rebelión armada, bien sea por motivaciones ideológicas o cálculos codiciosos o una mezcla de los dos y juntarse al Eln. Una vez firmada la paz con las Farc, es cierto que el Gobierno podría concentrar sus operaciones armadas en contra de Eln, pero este es una guerrilla experimentada, que hace cuentas de que un aniquilamiento no está a la vuelta de la esquina y puede ajustar su operatividad y acción dentro de parámetros que hagan difícil la confrontación militar. Puede perfectamente acentuar su disolución calculada entre las poblaciones, haciendo extremadamente compleja su confrontación por parte del Estado y agudizando situaciones de derechos humanos y DIH. En otras palabras, el Eln tiene muchas posibilidades de permanencia en un horizonte de mediano plazo y hacerle difícil la vida al Estado que ha confrontado militarmente por más de cinco décadas. Al final de las cuentas, el Eln no ganaría necesariamente mucho militarmente, pero tampoco sería aniquilado en un corto plazo por las Fuerzas Armadas. La correlación de fuerzas sería similar a la que prevalece actualmente, con la gran diferencia de que el Eln habría logrado ser el centro de atención y tener su propio proceso de paz. Desde el punto de vista político, el saldo podría ser neutral. El Eln no obtendría necesariamente más concesiones por parte de un futuro gobierno, pero podrían aprovechar y surfear sobre las dificultades que siempre surgen en la implementación de acuerdos de paz, para asumir la protesta social, reivindicar y justificar la necesidad de cambios más profundos y así reforzar su discurso de que son los verdaderos revolucionarios que combatieron por el pueblo colombiano. En lo judicial y lo personal, los dirigentes del Eln podrían inclusive evaluar lo que ha pasado con los de las Farc, estimar si es factible no pagar ni un día de cárcel, y medir su viabilidad política y capacidad de jugársela o no por las elecciones. Ante tal estrategia, el Gobierno está en una posición bastante difícil: Primero, porque aunque lleguen a la conclusión de que el proceso de paz con el Eln no va para ningún lado, romper las conversaciones actuales no es tan fácil. Está entonces la opción de que el Gobierno acceda a las formulaciones del Eln: agenda amplia, participación amplia, discusión del tema de las armas una vez se hagan las transformaciones pactadas. Pero esto es muy diferente al proceso que se adelanta con las Farc, lo cual lo puede descarrilar. El Gobierno sabe que un proceso con el Eln no puede ser igual al que adelanta con las Farc, pero tampoco tan diferente, por lo cual esta opción no tiene ninguna viabilidad. En conclusión, el Gobierno podría tener más que perder que el Eln. No solo la paz sin el Eln sería una paz incompleta, sino que podría también dificultar la implementación de futuros acuerdos con las Farc y el posconflicto en general y postergar el fin definitivo del conflicto armado colombiano. Esto lo sabe el Eln y por eso tensa la cuerda. Veremos si las dos partes encuentran un camino compartido, lo cual no se ve fácil. *Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia. **Asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Nota publicada en www.elespectador.com

En las últimas semanas en Bogotá, 14 acciones han alterado el orden público, la explosión de petardos y siete acciones de sicariato han abierto una discusión sobre la seguridad en la capital. Preguntas sobre los responsables de estos hechos y la aparente perplejidad de las autoridades son las que hoy rondan a un buen sector de la sociedad capitalina. En todo caso, lo que muestran estos hechos, así como otros indicadores sobre la seguridad en Bogotá, es una situación compleja que va más allá de acusaciones a autoridades individuales sobre la gestión de la seguridad en Bogotá. Se podrían resumir en cinco situaciones criminales que hoy impactan a Bogotá y tres problemas de administración de la gestión de la seguridad. Uno de los principales problemas que están impactando la seguridad en Bogotá se refiere a coletazos de la famosa guerra verde que se estaría produciendo luego de la muerte de Víctor Carranza y el atentado a alías ‘Pedro Orejas’. Entre el año 2013 y los primeros meses del 2015, se perpetraron 15 atentados selectivos contra esmeralderos, abogados y testaferros de este tipo de organizaciones mafiosas. Serían dos grandes disputas las que se viven, una se desarrolla en el interior de la organización de Víctor Carranza, donde la disputa serían por las herencias. Otra disputa sería entre organizaciones criminales, entre ellas estarían involucrados algunos herederos de Carranza. La segunda problemática que vive la ciudad es la presencia de algunas organizaciones criminales con cierta capacidad de perturbación que se ubica en la frontera entre Bogotá y Soacha. Son, básicamente, estructuras criminales de 15 a 20 personas, que prestan servicios de seguridad privada, regulan el mercado del microtráfico y serían responsables de varios casos de sicariato y fleteo. Estas estructuras son de tipo local, pero habrían sido contratadas por organizaciones de tipo regional o nacional. En tercer lugar, Bogotá actualmente vive una disputa subterránea en varias localidades por el control de algunas zonas de expendio de droga. Luego de varias intervenciones en las denominadas “ollas” madres, como la del Bronx, se produjo un fenómeno en doble vía. Por un lado, se dio una descentralización del negocio de la droga, se pasó de estas “ollas” madres manejada por los ganchos (casas matrices de la veta de droga en Bogotá) a un proceso de copar localidades y zonas específicas de la ciudad. A la vez, a nivel local se está produciendo un fenómeno de concentración, es decir, estos ganchos están sometiendo en algunas zonas las tradicionales “ollas” barriales y zonas de venta de droga para tener mayor control sobre las rentas de esta actividad. Esta disputa local habría provocado varios casos de sicariato. Además, esta llegada de los ganchos a las localidades ha permitido el surgimiento de nuevas modalidades de venta de drogas, como el taquillero o la venta de drogas a domicilio en los estratos altos. En cuarto lugar, existe un problema complejo de seguridad y percepción de la (in) seguridad en focos de aglomeración pública. El sistema de trasporte urbano, puentes peatonales y algunos parques son un buen ejemplo de esta situación. Estos puntos son afectados, aunque no únicamente, por la pequeña delincuencia común. A lo anterior se suma un quinto punto y es la intención de organizaciones criminales y grupos armados ilegales de desestabilizar Bogotá. Al parecer, un sector urbano del ELN estaría detrás de varios petardos y también habría información sobre la intención de sectores que están en contra del proceso de paz de cometer actos que perturben la seguridad de la ciudad. El siguiente mapa muestra el lugar donde ocurrieron los petardos y los casos más graves de sicariato. A los anteriores fenómenos sobre dinámicas criminales se suman tres realidades de la gestión de la seguridad en Bogotá. Por un lado, se ha descuidado de forma progresiva una serie de estrategias que habían blindado la ciudad. Por ejemplo, el Plan Candado o los famosos CAI fronteras se crearon cuando la guerrilla de las FARC tenía varias estructuras rondando Bogotá, pero además de proteger a la capital de posibles ataques de las FARC, estas estrategias fueron eficientes para evitar la entrada de explosivos a la ciudad. A Bogotá entraba contrabando, drogas, etc., pero no entraban explosivos y esto blindó la ciudad. Hoy esta no es la realidad. Otro ejemplo es la incautación de drogas en Bogotá, que se hace dentro de la ciudad, pero en las entradas no ha habido grandes incautaciones, la mercancía ilegal fluye fácilmente. Un segundo tema en la gestión territorial de la seguridad es la articulación con los vecinos. Hay una baja articulación con Soacha, Cundinamarca y en general con estrategias de seguridad del orden nacional. Pueden existir buenas relaciones personales e incluso una comunicación fluida entre autoridades, pero la articulación en territorio es mínima. El mejor ejemplo es la frontera entre Soacha y Bogotá. Otro buen ejemplo es la relación entre alcaldías locales y estaciones de policía de las localidades. Un último tema sobre la política pública es que no existe una estrategia integral de seguridad para la ciudad. Si bien existen importantes iniciativas en temas de prevención, focalización como el Plan 75-100 y atención a población vulnerable, aún no hay una estrategia clara de articulación en los tres ejes de cualquier política pública de seguridad urbana. La percepción de (in) seguridad, los temas de civismo y el tema de crimen organizado. Análisis publicado en Semana.com

La muerte de Nicanor Restrepo sacudió mi memoria. Había hablado con Gilberto Echeverri Mejía en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, a principios de 1998, cuando aún era ministro de Defensa. Me había dicho que estaba muy preocupado con la actitud de un sector importante de las elites antioqueñas, que estaba poniendo los huevos en dos canastos y uno de ellos era el de la ilegalidad. Se refería al apoyo que le estaban dando en algunas regiones y en el propio Medellín a los paramilitares. Me dijo, también, que la salvación eran personas como Nicanor Restrepo que no daban su brazo a torcer. El comentario me llegó al alma. Eran días de zozobra. Carlos Castaño había asesinado en Montería a dos compañeros partícipes del proceso de paz que nos había llevado a la vida civil. Otro de mis compañeros había desaparecido en Medellín y presumíamos que lo tenía secuestrado Castaño en su cuartel general en la zona de Urabá. Estaba buscando afanosamente comprender la situación y frenar la ola de agresiones. Me fui a hablar con Nicanor. Solo para entender, solo para darle sentido a lo que me había dicho Gilberto Echeverri. Me recibió amablemente y por más de dos horas estuvimos conversando de la situación del país, de la paz que habíamos firmado y de la violencia que azotaba a Antioquia. Comprendí el alcance de las palabras de Echeverri. Para Nicanor Restrepo se estaba desarrollando un fenómeno igual o más peligroso que las guerrillas, pero sobre todo más poderoso que ellas. Salí aterrado de la reunión. Al poco tiempo, en compañía de garantes internacionales, una delegación de nuestro grupo de desmovilizados fue a hablar con Castaño para reclamar a la persona secuestrada y parar los asesinatos. Pero Lucho ya había muerto a manos de los paramilitares. Salí del país por cerca de año y medio con un enorme sentimiento de impotencia. Cuando regresé ya estaban en curso las negociaciones con las Farc en el Caguán. Conocí los esfuerzos que hizo Nicanor Restrepo para que estas conversaciones terminaran en un acuerdo de paz. En una larga entrevista para hacer un libro sobre el itinerario del Caguán, me contó con detalles el debate que se generó alrededor de la propuesta de las Farc de hacer un experimento piloto de erradicación de 12.000 hectáreas en Cartagena del Chairá para sustituirlas por cultivos de guayaba caqueteña. Él, que sabía de emprendimientos económicos le dijo a Pastrana que valía la pena intentar este proyecto porque, aunque resultaría muy difícil que los cultivos de guayaba resultaran rentables, era más barato promoverlos que acabar con la coca por la vía de las fumigaciones y de la persecución a los campesinos cocaleros. También Gilberto Echeverri fue un gran animador de las negociaciones de paz con las Farc y con el ELN en tiempos de Pastrana. Lo había sido durante su ministerio de defensa en el gobierno de Samper, en una actitud que a mucha gente le parecía muy extraña. No entendían que un ministro que tenía por oficio hacer la guerra se la pasara hablando de la salida negociada al conflicto armado. La muerte de Echeverri a manos de las Farc en uno de los operativos de rescate más descabellados -pero más aplaudidos- que emprendió Uribe fue una triste y dolorosa ironía de nuestro conflicto armado. Un hombre que se jugó su prestigio en el Ministerio de Defensa y en la vida pública buscando la paz con las Farc es secuestrado por esta guerrilla y muere en sus manos. Pero no deja de ser también irónico y doloroso que una enfermedad se nos lleve a Nicanor Restrepo en un momento en el que su visión y sus ideas tienen una enorme vigencia. Ellos dos vieron el monstruo que había nacido de la mano de sectores de las elites políticas y empresariales. Vieron el paramilitarismo en su cuna de Urabá y Antioquia. Ellos llamaron la atención sobre las oleadas de violencia que desataría este monstruo inatajable y sobre el dolor que causaría a la sociedad antioqueña y al país entero. Ahora las fuerzas políticas y empresariales que promovieron el paramilitarismo y que se lucraron de él viven un mal momento. Por todos lados revientan procesos judiciales y la sociedad empieza poco a poco a tomar distancia de ellos. Ahora la idea de la salida negociada a la confrontación con las guerrillas ha tomado una fuerza inusitada y en las conversaciones de La Habana se ha pactado una política frente al narcotráfico, que tiene la traza que había previsto Nicanor Restrepo. Pero ellos lo vieron primero y me duele en el corazón que no estén en la vida para saber que miraban siempre más lejos que sus pares en el empresariado y en la política. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

Fueron dejados en libertad José Fidalgo Banguero Zapata, comerciante, ex alcalde y líder social del municipio de Apartadó; Adolfo Romero Benítez director de la red Urabá Jóvenes y concejal de esa misma localidad; Iván de la Cruz Macías, contador y propietario de la empresa “Asocontas”, presos por supuesta vinculación al  proyecto político “Urabá grande, unido y en paz”, que lideró el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera Alias  ‘El Alemán’. La Fiscalía 22 de Bogotá les revocó la medida de aseguramiento por concierto para delinquir y ordenó la libertad inmediata. Estas personas hicieron parte de una serie de capturas que lideró una comisión especial del Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía enviada desde Bogotá en agosto de 2014, donde se encontraban además políticos y líderes comunales de distintas poblaciones de la región de Urabá. La orden de libertad de estas personas, coincide con el posible regreso de alias el Alemán a la zona, quien se encuentra próximo a salir de la cárcel al cumplir con el tiempo exigido por la Ley de Justicia y Paz, que contempla la pena alternativa de 8 años de prisión. Alías el Alemán lideró el proyecto Urabá Grande Unido y en Paz, como estrategia para llevar a personas que era de su entera confianza y formaban parte de su red política,   a la Asamblea, la Cámara y el Senado. Se hicieron varias reuniones en Necoclí. “Yo hice la primera en la que le presenté a la gente la propuesta y luego designé a Jorge Pinzón para que coordinara todo e hiciera reuniones individuales”, conto el ex jefe paramilitar en su versión libre el 16 de junio de 2009. De esta forma se da inicio a la creación de una estructura política y financiera que permitiera la toma del poder local en la región del urabá antioqueño, que abarcaría los municipios de Necoclí, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Mutatá, San Juan de Urabá, Chigorodó y Arboletes.  Fue así como entre 2002 y 2006 Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade pasaron por el Congreso y se logró que el poder local en la zona quedara bajo su dominio total. Según ‘El Alemán’, los ‘cuatrillizos’ hicieron llave con el entonces candidato al Senado Rubén Darío Quintero Villada, avalado por el partido Cambio Radical. De esta manera la Fiscalía General de la Nación se da a la tarea de investigar los hechos y en agosto de 2014 realiza las siguientes capturas: “En Apartadó: José Fidalgo Banguero Zapata, comerciante, ex alcalde y líder social; Adolfo Romero Benítez director de la red Urabá Jóvenes y concejal de esa localidad; Iván de la Cruz Macías, contador y propietario de la empresa “Asocontas”;  Uriel de la Ossa Fernández dirigente liberal, quien fue dejado en libertad por que en su momento tenía  79 años de edad. En turbo: William Palacios Valencia alcalde para ese entonces; Escilda Acosta de Julio ex concejal liberal; Evelio Moreno ex candidato a la Cámara y a la Asamblea de Antioquia; Ladislao González abogado, ex personero de Turbo y líder del Movimiento Dignidad Platanera; y Manuel Lucio Portillo ex concejal liberal. En San Pedro de Urabá: Arnulfo Padilla, ex concejal; Hernán Arciniegas, exdirector regional del Incoder; Jorge Pérez exconcejal y varias veces alcalde encargado; Omar Manrique, ex alcalde; Emiro Vergara, ex director de Andisalud; Nelly Banda expresidenta de la Junta de Andisalud; y Eugenio Hoyos, exalcalde. En Necoclí: Édison Yáñez Tirado, ex alcalde; los exconcejales Luis Carlos Yáñez, Fabio Rivero, Pedro Pacheco, David Monroy, Alberto Gómez; Enrique Herrera un profesor; Juan Manuel Ramos ex candidato a la alcaldía; Eva Cartagena empresaria del turismo; Gustavo Gaviria puerta, ex candidato a la alcaldía; y  Lastemio Villalba ex concejal de Pueblo Nuevo, quien no fue conducido por su edad. Chigorodó: Víctor Pacheco, médico y ex alcalde; Elbo Escobar; Omar Ardila, ex concejal y dirigente sindical;  Ignacio Vaca, profesor; y Cecilia Maquillón, profesora. En Mutatá: Leonardo Perea Lenis, ex alcalde. San Juan de Urabá: Arcesio Verdeta, ex alcalde y Roberto Martínez, ex concejal. En Arboletes: Alejandro Verdeta, ex alcalde y en Caucasia Alirio Trujillo, ingeniero electrónico, empresario. También fueron capturado en la ciudad de  Medellín: Julio Cesar Uribe Espitia, Edilberto Antonio Ávila, Luz Miriam Taborada, Efrén Amador Cogollo y Rivelino Garavito Contreras.”  Datos tomados de www.caracol.com.co

Ha fracasado la pretensión de polarizar la campaña por la Alcaldía de Bogotá. A principios del año 2014, cuando el uribismo obtuvo una gran victoria en las elecciones parlamentarias en la ciudad y el alcalde Gustavo Petro afrontaba su destitución, cundió la idea de que la disputa por la Alcaldía tendría como protagonistas a un candidato del Centro Democrático y a uno de la coalición del gobierno Santos. Se decía que la mala gestión de Petro sacaría de la contienda a la izquierda. Después, cuando Clara López, en la primera vuelta presidencial, se alzó con una gran votación y en las encuestas apareció en la punta de favorabilidad para Bogotá, David Luna prendió las alarmas y propuso una coalición de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, para atajar a la izquierda. Todos contra la izquierda era la consigna. Había allí un dejo odioso de estigmatización y exclusión. Las pretensiones se han venido al suelo. Todo indica que la campaña por la principal plaza electoral del país tendrá no dos, sino varios protagonistas, representativos de distintas corrientes políticas y de diversas franjas de la población. Será una campaña reñida y apasionante. Una contienda que hará honor al electorado bogotano tan rebelde, tan libre, tan de opinión, que fue capaz de dar un apoyo ferviente a Gaitán, a la Anapo en sus buenos tiempos, al M-19, a independientes como Mockus y Peñalosa y a diversos candidatos de la izquierda. Es cierto, Clara López ha tenido un gran arranque en las encuestas y tiene en su haber a una masa de activistas y funcionarios públicos que se han beneficiado de las últimas administraciones de la ciudad; pero Rafael Pardo está organizando una campaña consistente y cuenta, para empezar, con el respaldo de La U y el Partido Liberal; Francisco Santos no ha tenido, hasta el momento, una gran aceptación en los sondeos de opinión, pero sería un error de los demás candidatos subvalorar el arrastre electoral del Centro Democrático y la imaginación de este sector político para producir sorpresas electorales. La alianza entre Enrique Peñalosa y Cambio Radical no es para nada desdeñable, en la pasada campaña electoral Peñalosa, Galán y Luna pusieron más de 900.000 votos; tampoco se puede descartar la irrupción en la disputa de Marta Lucía Ramirez quien sacudiría el tablero político de la capital. Es seguro también que el Partido Verde escogerá entre Carlos Vicente de Roux y Antonio Sanguino su candidato, y que Hollman Morris persistirá en su propósito de representar a sectores del progresismo en la campaña. Seguramente, hasta la inscripción de candidatos, habrá varios intentos por establecer acuerdos y disminuir el número de contendientes, pero es improbable que estas tentativas fructifiquen. Hacerse contar en un potencial de más de 4 millones de votantes es muy importante para cualquier partido político; además, dada la dispersión de la votación, un candidato que pueda reunir el 30 por ciento de los sufragantes tiene grandes posibilidades de ganar. A Cambio Radical le interesa tener candidato en Bogotá pensando en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018; lo mismo le sucede al Partido Liberal que ha dicho que tendrá a alguien de sus filas en el certamen presidencial; el Partido Conservador sabe que tendría un chance muy importante de ganar si logra convencer a Marta Lucía; al Centro Democrático no le resultaría fácil desmontar a Francisco Santos aun si entra al juego la candidata conservadora; y a la izquierda siempre le es muy difícil concurrir unificada a las contiendas electorales. En estas condiciones no habrá menos de cinco candidatos con buena votación en esta campaña por Bogotá. En los primeros meses la campaña girará alrededor de la evaluación de la gestión de Petro. No menos de tres candidatos pondrán allí el acento para minar la credibilidad de los candidatos de la izquierda. Pero pronto se darán cuenta de que el electorado se fija más en las personas y en las propuestas que en la corriente política que representan; se percatarán también de que Petro, a pesar de sus graves errores en la administración, ha consolidado el electorado de la izquierda en los estratos uno, dos y tres de la población con sus apuestas de inclusión social. Al final los candidatos tendrán que meterse de lleno al debate sobre la movilidad, la seguridad y el papel de la ciudad en el posconflicto; la equidad, la inclusión y la educación; el medioambiente y el modelo de ciudad, que son los temas que angustian a un electorado que no traga entero y que, precisamente por ello, no se presta para polarizaciones artificiales y para perversas maniobras electorales. Nota: Feliz con el desescalamiento del conflicto. Cese unilateral del fuego de la guerrilla y cese de los bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, era lo que venía pregonando desde hace meses. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

En días pasados el presidente Juan Manuel Santos les ordenó a las Fuerzas Militares suspender todo bombardeo contra los campamentos de las Farc, como una medida más en el desescalamiento gradual del conflicto armado. Tal decisión abrió el debate, entre otras porque los golpes más certeros que han dado las fuerzas militares sobre la guerrilla de las Farc, han sido mediante ataques aéreos, todos con el actual mandatario como ministro de Defensa y más adelante como Jefe de Estado. A continuación  mencionaremos los más importantes Tomas Medina Caracas, alias “El Negro Acacio” En septiembre de 2007, bajo la operación Sol Naciente, llevada a cabo conjuntamente por el  Ejército, la Armada nacional, la Fuerza Área, la Policía y el Das,  en jurisdicción del municipio de Barranco de Minas en el departamento del Guainía, se dio de baja a Tomas Medina Caracas, alias “El Negro Acacio”. Aunque no se trataba de un miembro del Secretariado de las Farc, sin duda alguna esta fue el primer golpe que las Fuerzas Militares daban a esta guerrilla, por la visibilidad e importancia que tenía el Negro Acacio dentro de la organización subversiva. Acacio fue nombrado comandante del Frente 16, tras la muerte de Josué Eliseo Prieto, alias «Esteban González» en combates con el Ejército colombiano en el departamento del Vichada. Era el responsable de las operaciones de narcotráfico en las que de una u otra manera estaban involucradas las FARC, llegando a controlar buena parte de los recursos que obtenían proveniente de esta actividad ilícita, lo mismo que  del tráfico de armas. Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes El 29 de febrero de 2008 cerca de las 0 horas del 1 de marzo,   dos aviones Supertucanos, cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, ingresan a territorio ecuatoriano a la  zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, para bombardear el campamento donde se encontraba Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, quien pertenecía al secretariado de las Farc. Raúl Reyes adquirió notoriedad pública al participar como portavoz de las FARC en el proceso de negociación de este grupo armado y el gobierno colombiano de Andrés Pastrana en San Vicente del Cagüan, en aquel momento presidido por Andrés Pastrana. Raúl Reyes operaba en la frontera sur de Colombia, especialmente en Putumayo, Huila y Caquetá, a lo largo de la frontera con Ecuador. La incursión de tropas colombianas al territorio vecino y el posterior ataque sorpresivo al campamento donde este se encontrabas, generó un fuerte roce diplomático entre Colombia y Ecuador, que terminó cuando el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo como primer mandatario. Víctor Julio Suárez Rojas, alias el “Mono Jojoy” En septiembre de 2010 con Rodrigo Rivera como ministro de Defensa y Juan Manuel Santos como Presidente de la República, helicópteros de cerca de 400 de los mejores combatientes del Ejército, la Armada y la Policía, dan de baja a Víctor Julio Suárez alias el Mono Jojoy en las selvas de la Macarena mediante la Operación Sodoma. La operación se llevó a cabo mediante una oleada de tres bombardeos con al menos 30 ‘bombas inteligentes’ de más de 500 libras cada una. Hasta ese momento, este fue el golpe más duro a la guerrilla de las Farc, por encima del que acabó con la vida de ‘Raúl Reyes’ en la frontera con Ecuador, porque con el  desaparecía el hombre que se ufanaba de haber «llevado la guerra a las ciudades» y el que estuvo detrás de varios de los peores crímenes de esa guerrilla y también el mito de que los grandes jefes de la insurgencia en Colombia eran intocables. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano En noviembre de 2011, en zona rural del municipio de Suárez (Cauca), miembros  de las Fuerzas Militares y agentes del CTI confirmaron la plena identidad del hombre que reemplazó en mayo de 2008 en la comandancia de las Farc a Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. En una carrera contra reloj, se da inicio a la Operación Odiseo en la que participan oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional, pilotos de la Fuerza Aérea y expertos en inteligencia electrónica que venían rastreando el punto exacto de su campamento y los anillos de seguridad que lo rodeaban entre Tolima y Cauca. Se presenta entonces una serie de bombardeos en la zona del Cañón de las Hermosas en donde Cano estableció su centro de operaciones, una geografía escarpada repleta de corredores fluviales y trochas en el corazón del Tolima, donde se   da de baja al máximo comandante de las Farc. Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”,  fue Comandante del Bloque Central, Comandante en Jefe y miembro del Secretariado de las FARC.

Foto: www.eluniversal.com.co A pesar de que a esta fecha no se ha definido del todo el abanico de candaditos  a elecciones para gobernaciones y alcaldías, desde ya se comienzan a barajar los nombres de quienes podrían estar en la contienda, algunos de estos con cuestionamientos que hacen ver sus posibles candidaturas como la continuidad de un fenómeno de mafias políticas que de una u otra manera llegaron al poder, conformando redes de corrupción política que se resisten a desaparecer. Uno de estos personajes es la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro, quien tiene en su trasegar político investigaciones en su contra,  una  por Parapolítica y otra por Lavado de Activos. Lo anterior sumado a una serie de cuestionamientos que se le hace desde la opinión pública porque su entorno, resulta ser un tanto oscuro, por encontrarse junto a personas que de una u otra forma han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca. Es así como el primero de todos los cuestionamientos que se le hace a esta política oriunda de Guacarí en el Valle del Cauca, corre por cuenta de Carlos Herney Abadía su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000 y el segundo es por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y  Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía General de la Nación, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro. Uno de esos donde da cuenta del pago en un cheque por $289 millones que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 afronta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos. La transacción se habría hecho a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la senadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras. Narcotraficantes como Diego Montoya, alias don Diego; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que  habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República. Según el libro Herederos del Mal, “la red política que lidera la exsenadora Dilian Francisca Toro, ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, para aumentar el poder de su casa política, gracias a que esta alcaldía estuvo en poder de Raúl Alfredo Arboleda del grupo político liderado por Dilian Francisca Toro, que a través de este, logró suprimir la planta de cargos y crear una nueva que llenara sus cuotas, especialmente para los candidatos de su casa a alcaldías que fracasaron en 2007, motivo por el cual el alcalde Arboleda fue sancionado por la Procuraduría Regional del Valle por esas actuaciones realizadas en 2008. De esta forma el grupo de Dilian reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”. El texto Herederos del Mal describe la manera de como Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”. Todo este aparato político de Dilian Francisca, desde donde maneja su red política en el Valle del Cauca, sería utilizado para una posible candidatura a la gobernación. Esto indicaría que las denuncias y los estudios que han realizado la Fundación Paz y Reconciliación, sobre redes de corrupción política, más las alertas que emite la Misión de Observación Electoral, no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso el Consejo Nacional Electoral para que evite que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible Lavado de Activos y vínculos con el paramilitarismo, aparezca  en el escenario para aspirar a manejar los destinos de una ciudad capital o todo un departamento. Ya sucedió con Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias,  y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical. Resultaría bastante delicado que la excongresista Dilian Francisca Toro, quien no ha podido resolver del todo su situación judicial, y sobre la cual versan señalamientos delicados de posibles apoyos en el pasado  de parte del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, aspire a manejar los destinos de un departamento que como el Valle del Cauca, sufre una situación de orden público por cuenta de bandas del narcotráfico que se han apoderado de municipios como Tuluá y Buenaventura, que hacen presencia en la ciudad de Cali, y que en el caso de resultar ciertas estas denuncias, su mandato no tendría la autoridad necesaria para ponerle remedio a este problema que afecta a los vallecaucanos. El país debería aprovechar que se encuentra en curso el Proyecto de Reforma Política conocido con el nombre de “Equilibrio de Poderes”, para insistir una vez más en el congelamiento de los derechos políticos de personajes como Dilian Francisca Toro, que tienen  en su contra investigación judicial de manera formal, por vínculos con el narcotráfico y  grupos ilegales.