Los debates de las últimas semanas sobre los avales para las elecciones de octubre y el informe público de actividades de Armando Novoa, miembro del Consejo Nacional Electoral, han dejado ver la incapacidad de los partidos y de los organismos de control y vigilancia electoral, para poner freno a la grave presencia de candidatos relacionados con las mafias y la corrupción en los comicios de octubre. El evento más revelador fue el debate que organizó Diana Calderón en Hora 20 con los directores de los partidos. Estaban presentes Roy Barreras de La U, Horacio Serpa, liberal; David Barguil, conservador; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Antonio Sanguino, verde; Rosario Guerra, del Centro Democrático; y Jorge Enrique Robledo, del Polo. Diana tomó como referencia el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que reseña 140 candidatos a gobernaciones y alcaldías con serios cuestionamientos y preguntó sobre la actitud de los partidos ante estas candidaturas. (Ver informe). Salvo la posición crítica de Sanguino y algunos comentarios de Robledo, los dirigentes de los partidos defendieron a los candidatos de sus filas que resultaban con alguna anotación. Fue un espectáculo lamentable. El argumento, como siempre, fue el de la presunción de inocencia. Si no hay condenas no se deben negar los avales. Lo dicen a sabiendas de que, precisamente, quienes han sido condenados o están en las cárceles tienen la astucia de poner a jugar en las elecciones a personas subordinadas a ellos que aún no afrontan procesos judiciales o disciplinarios. Lo dicen sin reparar en las malas compañías de los postulados y saltan sin ningún rubor por encima de las obligaciones éticas que deben tener los aspirantes a gobernar. Las intervenciones de Barguil y Lara me llamaron la atención. El primero señaló que se había opuesto al interior de su partido a que se le concediera el aval para aspirar a la Gobernación del Caquetá al cuestionado Arnulfo Gasca y había perdido ese pulso. Pero el mismo Gasca hace poco había subido a su Facebook una foto en la que aparece al lado de Barguil y Marta Lucia Ramírez celebrando su presencia en las huestes conservadoras. (Ver foto). El segundo dijo al principio que algunas decisiones polémicas sobre los avales se habían tomado antes de asumir la dirección del partido, pero a renglón seguido se dedicó a defender avales como el de Oneida Pinto en la Guajira, Rosa Cotes en el Magdalena y Luis Pérez en Antioquia. De estos dos jóvenes dirigentes y de Marta Lucía Ramírez se esperaba otra actitud dado su discurso de renovación o sus antecedentes familiares como es el caso de Lara. Ahora bien, la interpelación de Diana Calderón, no ha sido el único llamado de atención que han recibido los dirigentes de los partidos. En El Espectador, en Semana, en El Tiempo, en Caracol Televisión, en RCN, en la W Radio, en los diarios regionales, en columnas de notables formadores de opinión, en fin, en la mayoría de los medios de comunicación, han aparecido serios cuestionamientos de la manera como se están concediendo los avales. Mediante indagaciones propias o haciendo de eco de las investigaciones académicas los medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no cumplen. En todo caso es una tarea con muchas limitaciones. La Fundación Paz y Reconciliación, de acuerdo con las donaciones de la cooperación internacional, solo puede hacer un trabajo de terreno en ocho departamentos. Lo que se muestra es poco para el tamaño real del problema como lo señaló María Isabel Rueda el pasado domingo. En la forma como se comportan los dirigentes y en el desempeño del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría General de la Nación se puede ver que hay un pacto tácito de la mayoría de los partidos para mantener este estado de cosas. El consejero Armando Novoa, en un largo informe sobre las actividades, destaca que el organismo que tiene por función regular, vigilar y controlar las actividades electorales no se ha ocupado de responder las consultas sobre inhabilidades para participar en elecciones y ha enviado las peticiones al Departamento Administrativo de la Función Pública. No es lo único en que el CNE es irrelevante, tampoco hace nada para vigilar las enormes sumas de dinero que entran a las campañas. La razón es muy sencilla. El Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso con base en planchas presentadas por las bancadas partidistas. Es imposible que delegados de los partidos vigilen, controlen y sancionen a sus propias colectividades. También los delegados regionales de la registraduría son cuotas de los jefes políticos y poco pueden hacer para enfrentar las irregularidades que se presentan en la campaña electoral. Están muy mal los partidos y sus dirigentes, pero no es menos calamitosa la situación de los organismos electorales. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una de las consecuencias de la penetración de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994, suceso que en Colombia es conocido bajo el nombre de “Proceso 8.000”, fue la división del Partido Liberal en pequeños grupos o movimientos, uno de ellos el Nuevo Liberalismo (sector galanista), lo que ha impedido que al día de hoy esta fuerza política no haya retornado al poder desde 1998 cuando Horacio Serpa Uribe, candidato a mantenerlo en la Presidencia de la República, es derrotado electoramente por el conservador Andrés Pastrana. Quienes hacían parte de la corriente que en su momento lideró Luis Carlos Galán,  tomaron la decisión de separarse del Partido Liberal, por considerar que sus postulados de transparencia y ética, iban en contravía del escándalo que tuvo que enfrentar por esa época el oficialismo liberal. Es entonces cuando se comienza a gestar la conformación de un movimiento político independiente liderado por antiguos militantes del Nuevo Liberalismo como Alfonso Valdivieso,  Humberto de la Calle Lombana, al Ex Senador Ernesto Rojas Morales, Antonio Álvarez Lleras, Claudia Blun,  Luis Guillermo Giraldo, Inés Gómez de Vargas, Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez Gómez,  Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala. Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Leonor Serrano de Camargo, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Jorge Mario Istman, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Ernesto Rojas Morales, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo. Quienes conforman este nuevo grupo político toman la decisión de apoyar la candidatura presidencial del exfiscal Alfonso Valdivieso, y para esto conforman el movimiento “Valdivieso 98”, con el que más adelante adhieren a la candidatura presidencial de Andrés Pastrana Arango, quien les da juego en su gobierno dejándoles el ministerio del Interior en primer lugar bajo la figura de  Néstor Humberto Martínez,  más adelante en la de   Humberto de la Calle y finalmente en la de  Armando Estrada; en el ministerio de Agricultura a Rodrigo Villalba;  Alfonso Valdivieso como  Embajador en Naciones Unidas; Luís Guillermo Giraldo embajador en Venezuela y Arturo Sarabia embajador en Uruguay. Luego de muchas discusiones, en el año 2000 este movimiento político recibe el nombre de Cambio Radical y decide iniciar la conformación de una futura lista a senado y cámara para las elecciones de 2002, para ese entonces debe jugar con la norma electoral de aquella época, donde cada partido o movimiento político presentaba un número indeterminado  de listas encabezada por una cierta figura o personaje, quien de quedar elegido era el dueño de la curul y tenía la potestad de cederla a quien solo el considerara. Este procedimiento era conocido con el nombre de “Operación Avispa” De esta forma Cambio Radical elige 5 Senadores y 10 Representantes y apoya la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez y se prepara para las elecciones locales del año 2003, en la que  obtiene dos gobernaciones, más de 95 Alcaldías, 11 Diputados y 358 concejales en todo el País. Ilegalidad se filtra en Cambio Radical: Cuando los paramilitares trazan la ruta de su expansión territorial y se dan a la toma del poder público, lo primero que hacen es valerse de la laxitud en la norma electoral, que no estipulaba mayor vigilancia en los partidos y movimientos políticos, para en primer lugar utilizarlos a su favor, inscribiendo a los cuatrillizos (Estanislao Ortiz, César Augusto Andrade, Jesús Doval y Manuel Darío Ávila), para las elecciones legislativas en 2002, luego de que estos pactaran  en el Urabá con  alias el Alemán. Este experimento se repite en las elecciones regionales del año 2003,  entre otras por el afán de los grupos políticos de ganar poder en lo local, hecho al que Cambio Radical no escapa. De esta forma son elegidos por ejemplo a través del movimiento político Cambio Radical para el período 2003 -2007, los alcaldes de Leonel Roberto Torres (Aguazul – Casanare); Aleider Castañenda (Monterrey – Casanare); Iván de León Villa (Fundación – Magdalena); Gustavo Germán Guerra (Arboletes); el gobernador Julio César Acosta Bernal (Arauca), algunos concejales y diputados, que al igual que los primeros, son llamados por la justicia por vínculos con el paramilitarismo. De hecho gracias a la acción de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia se supo que los alcaldes de Tauramena); Raúl Cabrera Barreto (Villanueva);  Henry Montes Montes (Maní); Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Aleyder Castañeda (Monterrey), todos elegidos por Cambio Radical, fueron firmantes del “Pacto de Casanare”, a través del cual las autodefensas de Martín Buitrago garantizarían el triunfo electoral de los entonces candidatos a alcaldes, y estos a su vez, tras su llegada al cargo se comprometieron entre otras cosas, a darle a los paramilitares el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías. Más adelante tras la llegada del liberal disidente Germán Vargas Lleras a Cambio Radical, y el posterior retiro de Rafael Pardo Rueda, este recibe nuevos integrantes tras la entrada en vigencia de la Reforma Política promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que obliga a los candidatos a actuar bajo una lista única por partidos y reduce el número de grupos que competían electoralmente, los que pasaron de 66 a 16 movimientos políticos en 2006. Cambio Radical es uno de los partidos políticos que logra sobrevivir a la Reforma Política que deja con personería a quienes obtengan el 2% del umbral de votos, lo que hace que el resto desaparezcan del escenario electoral. No así la filtración de la ilegalidad en los partidos, entre los que este se encuentra, no desaparece. Es así como en el año 2006, cuando la opinión pública conoce el alcance que tuvo la vinculación de paramilitares y políticos, se supo también que este hecho no se presentó por la supuesta intimidación de las autodefensas hacia ellos, sino también por la complacencia y la afinidad política que algunos líderes regionales tenían con el discurso antisubversivo que pregonaba el grupo armado ilegal. Por tanto no es extraño que los directorios regionales de cada partido, en este caso Cambio Radical, supieran de estas relaciones y no las denunciaran. De los congresistas elegidos por Cambio Radical (15 senadores y 21 representantes a la cámara), la justicia investiga 19, de los cuales 9 son condenados en este período. Para el cuatrienio 2010 -2014, la Corte Suprema de Justicia abre investigación a 4 políticos más de este movimiento. Ilegalidad continúa dentro de Cambio Radical: Como era de esperarse, quienes en Colombia se hacen elegir y por una u otra circunstancia, no les es posible aspirar a una reelección al cargo o a otro que le permita aumentar su caudal de poder, busca continuar en la silla así sea en cuerpo ajeno, porque la norma limita a la persona, pero deja vigente el entorno o la red política  a la que esta pertenece. De esta forma al llegar al cargo bien sea en el legislativo o en lo local (alcalde, concejal, diputado o gobernador), conforma una estructura política y burocrática que le permite alternar el poder en el caso de que este no pueda continuar en el bajo la figura propia, y así controlar la contratación local y los dineros públicos de la región, que son en esencia, la razón por la cual estos luchan por mantenerse en la silla. Es así como a pesar de que la norma actual castiga a los partidos políticos, cuando las personas que son elegidas bajo su tutela presenten vínculos con ilegales, estos poca atención parecen prestarle. Prueba de lo anterior es lo sucedido con Cambio Radical, quien no acaba de salir del escándalo por la firma del aval al exgobernador de la Guajira Kiko Gómez, a pesar de estar advertido de sus vínculos con el narcotráfico, y hoy mantiene el apoyo a la aspirante al mismo cargo a Oneida Pinto, a quien se le han demostrado públicamente sus relaciones con el exmandatario local. Sin embargo el partido político mantiene la misma práctica con la que todos los partidos políticos en Colombia actúan,  se avala para determinada candidatura a una persona que garantice el triunfo, para lo cual esta no debe presentar ningún antecedente en fiscalía, procuraduría y contraloría, requisito que se cumple en la mayoría de los casos. El problema es que los partidos políticos, en este caso Cambio Radical, no se están tomando el trabajo de indagar quien o quienes son el poder detrás de la silla en estas candidaturas. Solo importa obtener mayorías. De esta forma es como por ejemplo, se avaló al exgobernador Kiko Gómez en la Guajira, y así mismo se ha tomó la decisión de apoyar a Oneida Pinto sucesora de este, sacrificando  la dirección nacional de personas como Carlos Fernando Galán, quien buscaba mantener en el partido los principios del galanismo con los cuales fue creado, sin embargo en una lógica de pragmatismo electoral, Cambio Radical le entrega la decisión de otorgar avales a quienes ostenta el poder local, quienes poco les interesa lo que desde Bogotá se pueda pensar, con el argumento de que si no es así, no se gana.

El que el Partido Liberal se vea envuelto en cada escándalo político en el país, se ha vuelto una constante que al parecer es imposible cambiar, no porque la institución como tal sea corrupta, sino por la manera en cómo se han tejido sus redes en la política local desde tiempo atrás, que hace que hoy día le sea difícil, casi que imposible, que este se despoje de prácticas de  politiquería y clientelismo que la opinión pública tanto repudia. Todas estas prácticas de clientelismo burocrático en  las que el Partido Liberal Colombiano ha sido protagonista de primer orden, se han venido conformando desde el Frente Nacional, cuando se pactaron acuerdos para terminar con la violencia partidista,   que establecieron paridad en los cargos de gobierno entre ambos partidos (liberal y conservador) que terminaron por conformar cacicazgos regionales que durante años se apoderaron de la política local, y que al día de hoy han logrado sobrevivir a los cambios que buscaba promover la elección popular de alcaldes en primer lugar y la Constitución de 1991 en segundo lugar. De esta manera es como poco a poco al interior del Partido Liberal van surgiendo liderazgos regionales como los de Bernardo Guerra Serna (Antioquia); Julio Cesar Guerra Tulena (Sucre); José Name Terán (Atlántico); Fuad Char (Atlántico); Julio Cesar Sánchez (Cundinamarca), y un buen número de personajes políticos que en todo el país, logran apoderarse de la función pública en municipios y departamentos con la venia que les deba la normatividad de aquel entonces que permitía la multiplicidad de cargos en una persona. Es así como un político podía ser alcalde y al tiempo gobernador, senador, embajador o ministro, lo que dejaba en sus manos un gran botín para repartirlo a su antojo. De esta manera es como estos personajes logran dominar el mapa político en Colombia y ponerlo bajo el ala de su partido, en este caso el liberal, el cual llega a tener la mayoría de cargos públicos  en el país, incluso luego de que entra en vigencia la elección popular de alcaldes (446 alcaldías según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 1988). Cada uno de estos alcaldes hace parte de la red política de algún cacique regional del Partido Liberal). Es así como se configuran estas redes políticas que elección tras elección, van sufriendo cambios en la medida en que alguna coyuntura política del momento ocurre, siendo el gobierno de Ernesto Samper, con el Proceso 8.000, el inicio de una dispersión de estas redes y cacicazgos regionales. Proceso 8.000, el principio de la caída del liberalismo Luego de las elecciones presidenciales de 1994, el entonces excandidato conservador Andrés Pastrana revela unos cassettes que evidencian el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña ganadora del candadito liberal Ernesto Samper Pizano. Hasta antes de  1994, corría el rumor de que los carteles de la droga financiaban campañas políticas  a nivel regional, lo mismo que  al Congreso de la República, sin embargo nunca antes se había presentado una prueba que dejara en evidencia los vínculos de la ilegalidad con la política. Con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, el cartel de Cali logró  introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia de Ernesto Samper. El principal perjudicado en el Proceso 8.000 fue el Partido Liberal,  no solo por tener a un Presidente de la República salido de sus entrañas, sino además porque judicialmente comprometió a 16 congresistas (15 liberales y 1 Conservador), de los cuales a 13 fueron liberales se les dictó condena por vínculos con el narcotráfico. Desde ese momento el Partido Liberal comienza a sufrir un fuerte desprestigio en la opinión pública, al punto en que muy pocas personas les gustaba sentirse identificadas públicamente  con el trapo rojo, además de la campaña que en su contra se armó desde sectores de la oposición en cabeza de Andrés Pastrana  y de movimientos independientes en cabeza de la excanciller Noemí Sanín  y el exfiscal Alfonso Valdivieso que también  buscaban llegar a la Presidencia de la República. Es ahí cuando los distintos caciques electorales que ayudaban a conformar la gran fuerza política del Partido Liberal que durante tres cuatrienios gobernó con amplias mayorías en el país, comenzaron a dispersarse en pequeños movimientos de tipo personal, ayudados por la norma que en aquel entonces permitía la conformación de listas al antojo de cada político. Otros en cambio prefirieron quedarse en su interior, pero no integraban el oficialismo que para el siguiente período presidencial, hizo oposición a la administración de Andrés Pastrana Arango, sino que haciendo parte de la bancada liberal, integraron la coalición de gobierno en compañía de algunos exliberales que desde entonces se declararon independientes como la entonces senadora Ingrid Betancourt. Aun así el Partido Liberal en 1998 logra ser mayoría oficial con 2.710.599 votos con los que obtienen 29 curules, mientras el Partido Conservador con 885.263 votos logra 13 curules. A partir de ese entonces se comienza a conformar la primera disidencia en el Partido liberal, pensada desde el sector galanista encabezado por Humberto de la Calle Lombana, Alfonso Valdivieso, Ernesto Rojas Morales, el Representante la Cámara a Antonio Álvarez Lleras;  los Senadores Claudia Blue y Luis Guillermo Giraldo, la  Representante  Inés Gómez de Vargas; Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez y Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala, Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo, consolidando el movimiento político Cambio Radical. El Partido liberal no escapa al escándalo del “Pomaricazo” Durante el gobierno de Andrés Pastrana bajo el ministerio del Interior de Néstor Humberto Martínez, se produce uno de los mayores escándalos en el Congreso de la República por cuenta de una serie de contratos firmados en la Cámara de Representantes, a través del cual se hizo  fraccionamiento de contratos, al dividir, por ejemplo, en dos contratos la impermeabilización de la terraza del edificio nuevo del Congreso, cada uno por 90 millones de pesos. La ley solo permite a la Cámara contratar directamente, es decir sin licitación, hasta por montos que no superen los 96 millones de pesos, cifra cercana a la que se hicieron todos los contratos en diciembre de 1999. Así mismo se denunció sobrecostos en varios de los contratos. También  se violó el artículo 390 de la Ley 5a de 1992 o Reglamento del Congreso, al contratar servicios para el servicio de cafetería y restaurante, aseo, restauración del archivo del Congreso, entre otros, porque  esa es una decisión que deben tomar conjuntamente el Senado y la Cámara, y no solo una de las dos corporaciones, tal como se hizo por parte de la dirección administrativa de la Cámara. El escándalo político del momento conocido con el nombre del “Pomaricazo”, dejó como protagonistas al liberal Armando Pomarico, y los demás integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Representantes Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona, quienes fueron  a parar a la cárcel, por una contratación irregular de más de 5 mil millones de pesos. También se vieron involucrados el también  Emilio Martínez, Luis Norberto Guerra, Miguel Angel Flórez y Darío Saravia. A todos ellos el Consejo de Estado les quitó la investidura. El escándalo sacudió al país y la crisis no se hizo esperar. Se llegó a  proponer el cierre del Congreso y este último estuvo a punto de estrenar la moción de censura sobre la cabeza de Néstor Humberto Martínez, liberal disidente,  quien  para ese  entonces era  ministro del Interior, por su presunta participación en los hechos. Parapolítica un escándalo más para el liberalismo Aunque la parapolítica no fue un hecho que desde adentro del  Partido Liberal, algunos de sus congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, si acceden al poder con el apoyo de paramilitares avalados por el liberalismo. Es así como a partir del año 1998 cuando se da la expansión paramilitar en Colombia, estos inician también a pactar acuerdos con los políticos locales, con el ánimo de capturar las rentas municipales y departamentales, suceso al  que los líderes regionales del Partido Liberal no escapan. Es así como por ejemplo, de los firmantes en el Pacto de Chibolo de casi 400 asistentes, 121 de estos, se presentaron a elecciones locales avalados por el Partido Liberal en el año 2000, llegando a conformar mayorías en concejos municipales. Así mismo sucedió en el caso de Pivijay, de donde se extiende esta tendencia de lograr acuerdos entre paras y políticos locales para mediante la presión por las armas, obligar a los ciudadanos a votar por estas personas para más adelante apoderarse de las rentas públicas locales. En la medida en que se fueron extendiendo este tipo de acuerdos entre paramilitares y políticos locales, el Partido Liberal se fue llenando de parapolíticos en su interior, sin que necesariamente sus directivas nacionales estuvieran al tanto de estos hechos, porque en primer lugar estos estaban preocupados más por ser mayorías, que por conocer quiénes eran las personas a las que estaban avalando para que en su nombre, se presentaran a unas elecciones. De esta manera bajo las reglas que en su momento permitía la llamada “Operación Avispa”, en 2002,  el Partido Liberal llegó a convertirse en una especie de “fábrica de avales”, que solo se limitaba a firmarle el pasaporte a cuanto aspirante a senado, cámara de representantes, concejo y asamblea, lo solicitara. Este únicamente se tomaba el trabajo de analizar los casos de alcaldes, gobernadores y presidente, antes de otorgar el permiso, y lo daba pensando más  en la conveniencia y la oportunidad de ganar, dependiendo del número de votos que garantizaba y los apoyos políticos con los que contaba, sin pensar en las calidades que este tenía. Es así como Erick Morris, respaldado por el congresista Álvaro el gordo García quien para ese entonces pertenecía a la bancada liberal, fue avalado para que en nombre de la colectividad aspirara a la gobernación de Sucre. El mismo caso ocurrió con Hernando Molina y Trino Luna en el Magdalena, al igual que en otros departamentos donde se presentaron hechos similares. Para el caso del Congreso de la República aunque en menor grado, casas políticas como la de los López Cabrales en Córdoba no escaparon a estos hechos. En este tiempo muchos grupos políticos que hacían parte del oficialismo liberal se dispersaron, algunos conformando su propio movimiento como Mario Uribe por ejemplo, quien conforma Colombia Democrática, Vicente Blel (Colombia Viva); Germán Vargas Lleras se retira de sus filas e integra Cambio Radical; Álvaro Araújo (liberal y Luis Alfredo Ramos (Conservador) integran Alas Equipo Colombia; Luis Guillermo Vélez – Padre, Zulema Jattin, Piedad Zucarddi, Dilian Francisca Toro (Partido de la U), etc., lo que a su vez  de manera involuntaria, ayuda a reducir la participación del liberalismo en el escándalo de la Parapolítica en el nivel nacional, sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de los políticos involucrados tienen origen en las entrañas del Partido liberal. Herencia parapolítica y del 8.000, un problema latente en el liberalismo Uno de los congresistas que durante el período de 1994 -1998, perdieron su investidura como consecuencia de vinculación con el  proceso judicial conocido con el nombre de Proceso 8.000, mediante el cual se investigó los nexos de la campaña presidencial de Ernesto Samper con el Cartel de Cali, fue Francisco José Jattin, liberal cordobés, quien no dudó en dejar su votación y su estructura política en manos de una persona cercana. La escogida para tales fines fue su hija Zulema Jattin, quien aspiró a la Cámara de Representantes reteniendo la curul para su grupo familiar. Así mismo sucedió con cada uno de los políticos que fueron condenados bajo el Proceso 8.000. Buscaron una persona cercana, en este caso un familiar o amigo de su entera confianza, a través del cual pudiesen seguir manejando los hilos del poder en su región e influir en las decisiones que se tomaran en la administración central. Un claro ejemplo es el cacique de origen liberal en el departamento del Valle del Cauca Carlos Herney Abadía,  quien luego de ser condenado por la financiación con dineros del Cartel de Cali, según investigación de la Silla Vacía “puso a su esposa, Esperanza Muñoz, a reemplazarlo en la curul del Senado. En el 2000 consolidó el Movimiento Popular Unido, MPU. Su prima segunda, Dilian Francisca Toro, fue candidata a la gobernación del Valle, pero finalmente se decidió a apoyar a German Villegas, quien ganó esa elección. En el 2000 eligió a su hijo de sangre, Juan Carlos Abadía, y a su hijo político, Juan Carlos Martínez, como diputados de la Asamblea del Valle. En el 2002, su prima Dilian Francisca fue elegida senadora por el Partido Liberal y su ahijado político, Juan Carlos Martínez, senador por el MPU. En el 2003, su hijo de sangre pasó al Concejo de Cali y en el 2007 lo coronó Gobernador del Valle”. Así mismo ha sucedido con quienes han recibido condena en su contra por sus vínculos con el paramilitarismo. Inmediatamente buscan quien les pueda suceder en la curul, para en cuerpo ajeno, manejar la estructura política que desde tiempo atrás les ha acompañado. El mejor ejemplo de esto fenómeno en el Partido Liberal es la actual la congresista Arleth Casado de López, quien aspira heredando la estructura política y electoral de su esposo Juan Manuel López Cabrales, quien durante muchos años manejo los hilos del poder en Córdoba y era conocida su fuerte influencia dentro del  oficialismo liberal. La lógica de dejar a una persona heredando la curul de otro que no puede aspirar, bien sea por sanción disciplinaria o pérdida de investidura tras fallo condenatorio, corresponde a la idea de no perder capacidad de influencia en las decisiones a nivel de gobierno tanto local como nacional, y en el caso de quedar diezmado, luego de sufrir golpe alguno tras la decisión judicial o de Procuraduría, dejar una base así sea mínima que poco a poco le permita resurgir de las cenizas hasta que este grupo logra reorganizarse. Luego de que líderes políticos regionales y nacionales inscritos en el Partido Liberal, han sido condenados o sancionados disciplinariamente, estos han acudido a la lógica de heredar su poder, decisión que ha sido avalado período tras períodos por las directivas nacionales del liberalismo, lo que no le ha permitido al oficialismo renovarse en la política, y que le hace ver a la vista de la opinión pública como un caso perdido, porque teme que si presenta nombres que no le garanticen el triunfo y la posibilidad de obtener mayorías, se le reduzca la capacidad de influir en las decisiones de gobierno, tanto local como nacional.

Para 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179; esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otros. Para los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires, Cauca, que fue el detonante para reiniciar el escalonamiento de la confrontación. Ahora bien, desde el 22 de mayo, momento del rompimiento del cese unilateral, hasta el 8 de julio del presente año se han producido un total de 289 acciones armadas, es decir, en mes y medio se produjeron un 300 por ciento más de acciones armadas que durante los cinco meses del cese unilateral de las FARC. Estos datos permiten concluir que efectivamente, a pesar de muchas opiniones de sectores no afectos al proceso de paz, el cese unilateral funcionó y en muchas zonas del país la población rural bebió los primeros sorbos de la paz. En las encuestas las negociaciones ganaron un apoyo importante. Pero con la reanudación de la confrontación armada, el apoyo que se había ganado el proceso de paz en zonas rurales se evaporó en cuestión de días y la sensación de crisis y de pesimismo se apoderó del país. Ahora, ante la presión de la opinión pública y el llamado de los países garantes del acuerdo de paz, las FARC han anunciado un cese unilateral de hostilidades por un mes a partir del 20 de julio. Es una decisión afortunada para aliviar la presión que hay sobre la Mesa de La Habana. Pero no basta. Es necesario aprovechar ese mes para dar un salto en los temas espinosos que tienen atascada la Mesa: acordar por fin el tipo de justicia transicional que regirá el proceso, definir el detalle de la protección a la vida de los guerrilleros que dejan las armas, concertar su participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sobre el avance en esos puntos, volver a desescalar el conflicto hasta llegar a un cese bilateral definitivo de las hostilidades como antesala de la dejación de las armas y del ingreso a la vida civil. El cese bilateral tendría tres objetivos: mostrarle a la población del país los beneficios de la firma de los acuerdos. Iniciar el proceso de concentración de las FARC en distintos sitios del país y poner en marcha los protocolos para la dejación de las armas. Por último, restituiría la confianza en la Mesa sobre la voluntad de paz de las partes. Resolver las diferencias y desescalar y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino. Ponerle plazos perentorios a las negociaciones no ayuda en nada. En contraste con el alivio que significa el anuncio del cese unilateral de las FARC, el ELN se empeña en intensificar sus acciones y realizar atentados urbanos con gran repercusión en la opinión pública. Presumo que las bombas de Bogotá son de esta organización porque en una declaración del jueves pasado decían que no conocían a ninguno de las personas acusadas, pero por ningún lado negaban la autoría de las acciones. He leído en las conclusiones del quinto congreso del ELN que el objetivo principal de esta guerrilla es fortalecer el movimiento político y social. También oí en estos días el mensaje de Gabino, comandante general de esa guerrilla, conmemorando los 51 años de existencia, y allí dice que el gobierno miente, que no es verdad que ellos estén poniendo como obstáculo para avanzar hacia una mesa de negociaciones el tema de la dejación de armas. Es muy contradictorio y absurdo lo que está haciendo el ELN, pero también tengo la impresión de que la respuesta del gobierno tiene las mismas características. El accionar del ELN por el momento ha suscitado una cacería de brujas que perjudica de manera brutal al movimiento civil Congreso de los Pueblos, 11 de sus principales activistas han sido detenidos. No tienen ninguna disculpa los jefes del ELN. Están muy viejos para no saber que este tipo de acciones en Colombia la pagan los dirigentes sociales. Tampoco tiene ninguna lógica que reconociendo públicamente que es obligatorio hablar de la dejación de las armas no accedan a una fórmula concreta para dar paso a las negociaciones formales. Pero es muy torpe lo que hacen la Policía y la Fiscalía al abalanzarse sobre un conjunto de líderes sociales para conjurar los atentados de la guerrilla y también me ha sorprendido la falta de creatividad del gobierno en la etapa exploratoria al querer aplicar el mismo modelo de negociación de La Habana sabiendo que son organizaciones bastante distintas. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

A pesar de la escala de violencia de las últimas semanas, nunca antes en la historia de Colombia las Farc y el Gobierno Nacional habían avanzado tanto en un proceso de paz como lo han hecho en La Habana.De hecho, la tregua unilateral decretada por las Farc el 20 de diciembre de 2014 y que alcanzó a llegar hasta el 22 de mayo pasado mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada al pasar de 179 acciones mensuales en promedio durante 2011, antes del inicio de las negociaciones de paz, a 98 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua, lo que da como resultado un promedio  de 18.2 acciones por mes. Desde que las Farc dieron por finalizada la tregua unilateral se han presentado 281 acciones armadas, es decir que en algo más de un mes de reactivación del conflicto se superó el número de acciones que se presentaron durante toda la tregua. La mayoría de estas acciones se han concentrado en afectar la infraestructura energética y de hidrocarburos del país. Hay que decir que la tregua repercutió en la generación de un ambiente más favorable para la negociación, conllevó a la disminución del número de víctimas, al tiempo que permitió vislumbrar en los territorios el efecto inmediato de que las Farc no hicieran uso de las armas. Así, las labores de las organizaciones  de la sociedad  civil que  trabajan en la construcción de paz en las regiones también se facilitó y se dio un respiro para pensar en que un país distinto es posible. Al día de hoy, todo eso está en riesgo. Cuando en diciembre las Farc decretaron el cese de hostilidades y luego lo extendieron por tiempo indefinido  muy pocos sectores de la opinión pública incluido el Gobierno valoraron este gesto. También varios medios tradicionales enfocaron sus informaciones en dar cuenta de las violaciones de la tregua –que la Fundación Paz y Reconciliación cuenta en 12- para recalcar en estas y evaluar las verdaderas intenciones de la guerrilla. Así mismo, sectores políticos del país decidieron hacer sus propias mediciones para exhibirlas a la opinión pública y mostrar que la tregua no había tenido ningún efecto. La situación actual pone en peligro los avances concretos de la negociación en La Habana y pueden mantener al país en el ostracismo en el que se ha detenido los últimos 60 años. Por eso es importante el anuncio realizado hoy por las Farc en el sentido de que retomarán el cese del fuego unilateral el próximo 20 de julio. Ojalá como sociedad aprendamos a valorar los momentos de silencio de los fusiles para que esto que aún es un sueño, pueda ser en un futuro cercano una realidad. Columna de opinión publicada en Revista Reconciliación Colombia

Por: Ariel Ávila Martínez En los últimos días, en redes sociales han circulado alrededor de 22 vídeos donde grupos de personas de diferentes ciudades golpean presuntos ladrones, personas acusadas de violación o personas que debido a su comportamiento trasgreden ciertas normas sociales, como el consumo de licor. En todos estos vídeos tres cosas parecen comunes. Por un lado, los ciudadanos se alientan unos a otros para golpear a los presuntos ladrones o agresores, como si se tratara de una competencia de quién es el más fuerte. Lo segundo, es que las autoridades policiales parecen impotentes ante las agresiones de la comunidad y en muchas ocasiones deben proteger al ladrón o agresor. En varios de estos vídeos parece que la policía se ha convertido en un cuerpo para evitar linchamientos. Por último, en la conducta de los ciudadanos parece existir una cierto sentimiento de desespero. Son comunes las frases como “para que no lo vuelva a hacer”, “denle para que coja escarmiento”, “la policía nunca hace nada” entre otras. Todos estos comportamientos no son un problema únicamente de una emoción que invade a personas durante un corto periodo de tiempo, o de falta de cultura ciudadana. El tema parece ser más complejo, y gran parte de la responsabilidad de este tipo de comportamientos estaría del lado institucional. Varios datos indicarían esta situación.La más reciente encuesta de Gallup, más allá de la imagen del Presidente, o de alcaldes y candidatos a alcaldías y gobernaciones, entrega varios datos interesantes. Por ejemplo, la ciudadanía en un 83% percibe que el tema de corrupción está empeorando en el país, mientras que solo el 9% percibe que mejora. A largo plazo se ve una tendencia sostenida de crecimiento de la percepción negativa. Otro de los datos interesantes se refiere a la sensación de inseguridad, ya que el 84% de los ciudadanos cree que está empeorando y solo el 10% considera que mejora. La encuesta se realizó en las grandes ciudades, por lo que los resultados de la percepción de inseguridad se refieren a temas de delincuencia urbana y crimen organizado y no tanto a la presencia de grupos armados ilegales. Al igual que en el caso de corrupción se viene presentado un incremento constante en los últimos años. Luego se dan otra serie de datos interesantes y en cierto sentido dramáticos. Por ejemplo, el 46% de los encuestados estarían de acuerdo en perder libertades para mejorar la seguridad. Igualmente para el 79% de los encuestados la imagen del sistema judicial es desfavorable. Los datos anteriormente expuestos no solo permiten concluir la gran desconfianza de la ciudadanía hacia ciertas instituciones estatales, sino que además se percibe la ineficacia del Estado para contrarrestar la inseguridad o la corrupción. Así las cosas estos linchamientos no necesariamente significan una descomposición social, aunque podrían llevar a ello si se suman otros ingredientes. Este tipo de comportamientos por el contrario tendrían cuatro explicaciones Por un lado, todo parece indicar que el problema central se encuentra en la ausencia de respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, en diferentes entrevistas realizadas, las habitantes de Bogotá manifiestan que la Policía no llega cuando se llama al 123 o NUSE o al número telefónico del cuadrante. Igualmente existe una queja constante en que los trámites para interponer una denuncia son complicados y dispendiosos, además los casos generalmente nunca se cierran y la ciudanía no recibe una respuesta rápida. Esto lleva a una sensación de abandono e impotencia de la ciudadanía. Adicionalmente en muchos casos la respuesta rápida no pasa más allá de una notificación. Según estadísticas del NUSE el hombre que llega borracho a su casa y agrede a su esposa o hijos generalmente lo repite en promedio seis veces en el año. Las seis veces, los vecinos o familiares llaman a la policía y esta puede llegar pero más allá de molestar al agresor, o trasladarlo a la UPJ, no pasa nada, de hecho la esposa o compañera del agresor generalmente no interpone denuncia, y al otro día el agresor queda en libertad. En segundo lugar, en muchos casos la ciudadanía no entiende cómo funciona el Estado de derecho, por ejemplo una persona que consume marihuana no es un delincuente o algunas contravenciones no necesariamente significan cárcel. Para una buena parte de la ciudadanía esto se trata de corrupción o de indiferencia institucional, ya que no se entienden los principios de garantías al debido proceso, la presunción de inocencia entre otros. Además la población percibe que la ley es bastante laxa a la hora de combatir el crimen, lo que causa una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institucionalidad. En tercer lugar, se comprueban casos de corrupción delicada en la institucionalidad. En diciembre pasado fueron capturados 46 personas en Antioquia, 19 de los cuales eran policías que al parecer pertenecían a una banda dedicada al narcomenudeo, el mes pasado (mayo), otros nueve policías fueron capturados esta vez en Ibagué que trabajaban para una banda conocida como La Mina. Esta situación hace aún más complejo la intención de que la ciudadanía acuda a la institucionalidad en caso de algún delito. Por último, existe una crisis del sistema judicial en todo el país, malos procedimientos, colapso del sistema carcelario, ausencia de investigación en los casos y escándalos de corrupción han hecho que sencillamente la ciudadanía no crea en el sistema judicial. *Ariel Ávila: Politólogo, Master en Sociología. Coordinador del Observatorio Paz y Reconciliación y consultor internacional

Foto tomada de Blueradio.com Cuando se habla de los clanes de familiares del departamento del Atlántico los más nombrados son los Name y los Char, y en algunas ocasiones se habla de los Gerlein, muy a pesar de que para nadie es un secreto que gran parte de las decisiones en materia de contratación y manejo de cargos públicos pasa por sus manos. Del grupo familiar de los Gerlein, el personaje más visible es el actual Senador de la República y próxima cabeza de lista del Partido Conservador, Roberto Víctor Gerlein Echeverría, quien lleva más de 40 años en el congreso, en donde ha sido autor de proyectos como el que buscaba establecer procedimientos abreviados para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble, por ejemplo. También ha sido protagonistas de grandes polémicas, la última de ellas, en la que aseguró con frases poco amables en medio de un debate en la Comisión Primea de Senado, no estar de acuerdo con el matrimonio para parejas del mismo sexo. Los Gerlein combinan la actividad política con la económica, razón por la que aprovechan su gran influencia en la vida pública nacional para jalonar contratos de concesión vial a la firma Valorcon. En la línea empresarial de esta familia se encuentran los nombres de Julio y Enrique (este último papá de Roberto). El primero de ellos fue el fundador de la zona franca de Barranquilla y gerente. Además, fue miembro del Comité Olímpico internacional. Un hombre con grandes conexiones, según publicación del diario El Tiempo en octubre de 2013. Ambos son hijos de Julio Gerlein Guell, abuelo de Roberto y comerciante destacado en su época en Barranquilla. En la actualidad el ala política de los Gerlein es liderada por el senador Roberto Gerlein, quien ha venido participando en la vida pública desde el gobierno del expresidente Alfonso López Michelsen en 1974, quien lo nombra en el cargo de gobernador del Atlántico. Desde ese momento su nombre se proyecta al interior del Partido Conservador, en donde ha hecho política junto con su familia y por el cual es elegido en diferentes corporaciones de elección popular como el Concejo de Barranquilla (1964); Representante a la Cámara (1968) y Senador de la República (1974 hasta la fecha). Roberto Gerlein hizo parte del gabinete ministerial de Belisario Betancur, quien le nombra al frente de la cartera de Desarrollo y en el gobierno de Ernesto Samper. A pesar de estar en el Partido Conservador, quien oficialmente le hizo oposición a la administración de aquel entonces, este parlamentario hizo una férrea defensa del primer mandatario en el legislativo durante el Proceso 8.000, por lo que se ganó el calificativo de “Lentejo”. Su hermano Jorge le acompañó en el legislativo como fórmula a la Cámara de Representantes, a pesar de que su profesión de odontólogo no tiene nada que ver con las actividades políticas, ni se relaciona con las ciencias políticas. Actualmente Roberto Gerlein aspira a la reelección como Senador de la República, encabezando la lista del Partido Conservador, quien le postula al ser la única figura fuerte que le garantice un amplio números de votos a los azules en la próxima contienda legislativa, donde deben pelearle los votos a la lista del expresidente Álvaro Uribe Vélez con quien comparten electores. A pesar de que Gerlein hizo parte de la coalición de la seguridad democrática del gobierno de Uribe en el Congreso de la República, hoy día es un férreo defensor de Juan Manuel Santos y es de los conservadores que se inclinan por continuar dándole su apoyo y no irse a la oposición. Tan incrustados se encuentran los Gerlein en la vida pública y económica en el departamento del Atlántico, que en la actualidad hacen parte del Carnaval de Barranquilla, en donde han elegido cinco soberanas incluyendo a la actual, dando una clara muestra de que los reinados de belleza, no están libres de la política. Ver infografía de los líderes del Clan Gerlein

Hace 25 días las FARC anunciaron que daban por finalizado el cese unilateral indefinido que habían declarado el 20 de diciembre de 2014, decisión que tomaban después de un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en Guapi, en el departamento de Cauca, el 21 de mayo de 2015, acción  que terminó con la vida de 27 guerrilleros, dos de los cuales habían actuado como negociadores. Los datos del cese unilateral mostraron resultados importantes en lo que a reducción del conflicto se refiere, de hecho a pesar de que algunos sectores políticos intentan minimizar dicha situación, los resultados en los municipios históricamente afectados por el conflicto eran incuestionables. Así por ejemplo, el año anterior a que se abrieran las negociaciones, es decir, en el año 2011, se produjeron un total de 2148 acciones en el año, para un promedio de 179 acciones es por mes. Estas 179 acciones hacen referencia a cualquier tipo de actividad armada que involucra estructuras de las FARC y de la Fuerza Pública. La siguiente gráfica muestra la evolución anual de acciones armadas entre la Fuerza Pública y las FARC. Ver gráfica  Acciones Armadas de las FARC. 1997-2014. Para el año 2014  se presentaron un total de 1186 acciones, se debe recordar que durante dicho año se produjeron varias treguas unilaterales por parte de las FARC, en total 45 días de tregua. El promedio de acciones armadas fue de 98 por mes. Durante el cese unilateral indefinido declarado por las FARC en diciembre de 2014 y que se prolongó hasta el 22 de mayo de 2015 (5 meses en total), se presentaron 91 acciones armadas que involucraban estructuras de la Fuerza Pública y estructuras de las FARC, de ellas 12 fueron violatorias de la tregua entre ellas la de Buenos Aires Cauca que dejó 11 militares muertos. Así las cosas el promedio mensual de acciones armadas fue de 18,2. La cifra más baja durante los últimos 30 años de conflicto. La siguiente gráfica muestra la distribución de acciones armadas durante el cese unilateral declarado por las FARC. Las acciones militares se refieren a aquellas que fueron iniciadas por la Fuerza Pública, mientras que las violatorias abarcan todas las acciones iniciadas por las FARC. Ver Gráfica comparativo de acciones Una vez finalizado el cese unilateral el número de acciones armadas comenzó a aumentar de forma significativa, en su gran mayoría eran ofensivas de las FARC. Entre el 23 de mayo y el 16 de junio se presentaron un total de 147 acciones armadas, es decir, en 25 días se superó el total de acciones realizadas durante los cinco meses de cese unilateral, de hecho hubo un aumento del 60%.  La siguiente gráfica muestra discriminada por tipo de acción la actividad armada de los 25 días. Ver gráfica tipo de acciones El siguiente cuadro muestra los promedios mensuales para los períodos mencionados previamente y el total de acciones armadas durante los 25 días después del cese.AñoAcciones x Mes2011179201498201518,22015147 Con los datos mencionados anteriormente surgen cinco conclusiones. En primer lugar, es que efectivamente el cese unilateral de las FARC,  sí mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada, es decir, si estaba funcionando en lo que a desescalamiento del conflicto se refiere. La segunda conclusión, es que las acciones armadas en los 25 días luego del levantamiento del cese unilateral no necesariamente significan una ofensiva de las FARC. Sí las acciones se comparan con los primeros cinco meses el año 2015 o con el año 2014, es posible concluir que si existe una ofensiva, pero a largo plazo lo que se ve es que se regresaría a los promedios mensuales del año 2011 y 2010. Es decir, los promedios antes de la negociación. En tercer lugar, como lo Fundación paz y Reconciliación lo había advertido luego de múltiples investigaciones, el saboteo a la infraestructura energética es la estrategia militar de las FARC desde el año 2008.  Será muy difícil que el Estado Colombiano logre poner un soldado cada 10 metros de un oleoducto o en todas y cada una de las torres de energía en las zonas de conflicto. En cuarto lugar, no se puede hablar de una crisis de seguridad en el país producto de los ataques recientes de las FARC. Como lo muestra el siguiente mapa  las 147 acciones armadas se han registrado en 45 municipios. Si bien preocupan casos como los del municipio de Medina departamento de Cundinamarca las zonas afectadas por las FARC,  no son nuevas comparadas con lo que venía sucediendo los últimos años. Por último, se logra establecer que las FARC aún tienen una capacidad de daño importante, así como de adaptación militar en el terreno. Si bien se podría hablar de una derrota estratégica de las FARC en la medida que el objetivo de la toma del poder es inviable, aún falta mucho para una derrota militar. Ver mapa de Reanudación de acciones de las Fa

Una vez más se abre el debate nacional por cuenta de las candidaturas a cargos de elección popular, que comienzan a ser señaladas por la opinión pública, por sus posibles vínculos directos con actores ilegales,  mafias de corrupción política y relaciones con organizaciones político económicas que se han tomado la contratación pública en los niveles departamental y municipal. Estas tres modalidades de captura del poder local, logró incrustarse de tal forma en la gobernabilidad territorial, que difícilmente Colombia la podrá superar, si desde el poder nacional no se hace lo necesario en materia de normatividad, vigilancia y control para que esto no siga sucediendo. De nada entonces han de servir las veedurías ciudadanas que desde la sociedad civil se hacen, si no se cuenta con entidades lo suficientemente fuertes, que hagan respetar las elecciones  de este tipo de organizaciones que encontraron en lo local el multivitamínico que les fortalece período tras período. Si nuestro país desea en realidad superar temas de corrupción política como la Parapolítica y sus herederos, Carrusel de la Contratación, vínculos con narcotraficantes, etc., lo primero que debe hacer es fortalecer la entidad que oficialmente vigila y controla las elecciones, es decir al Consejo Nacional Electoral (CNE). Inexplicablemente una posible reforma  al Consejo Nacional Electoral es un tema  que no se ha tocado en las discusiones que se han dado en los últimos años que tienen que ver con Reforma Política, Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes, donde se ha discutido sobre la manera de arreglar las falencias en los partidos políticos,  órganos de control y las altas cortes, que no permiten una mayor transparencia y eficacia en la aplicación de la justicia, lo mismo que en la vigilancia e inspección en la función pública, sin siquiera mencionar lo que tiene que ver con el CNE. El CNE es un órgano que ejerce control y vigilancia en los distintos períodos electorales que hay en Colombia, donde debe inspeccionar con ojo de lupa la financiación de campaña y las posibles inhabilidades que puede tener determinado aspirante a elección por voto popular. Para cumplir con esta tarea, esta entidad cuenta con 9 magistrados, que son elegidos por la plenaria del Congreso de la República (Cámara y Senado), entre un grupo de candidatos sugeridos por cada partido político. Esta elección de naturaleza política, hace que sea difícil que el CNE logre ejercer control y vigilancia a los candidatos a elecciones, porque deben hacerlo sobre los organismos que en primer lugar candidatizaron y dispusieron a sus miembros en senado y cámara para que los eligieran. Este ejercicio terminó por desatar una práctica malévola de “Yo te elijo, tú me cuidas”. De esta manera es como el CNE comienza a quedar maniatado porque en lugar de blindar las elecciones de las mafias de corrupción políticas, lo mismo que de los grupos ilegales, termina secundando este tipo de vínculos que en ocasiones se tejen desde las redes que cada político tiene en las regiones, y que son avaladas por los partidos políticos en su afán por ganar mayorías. Es necesario entonces que se piense en corregir estos errores en el sistema electoral colombiano, en donde en primer lugar un órgano como el CNE que maneja un presupuesto de 7 mil millones al año, no pueda ejercer su labor principal, porque la labor de sus magistrados se encuentran hipotecada al partido que lo postuló y le eligió para el cargo, y en segundo lugar porque gran parte de sus funcionarios son nombrados no por su dirección administrativa, sino por la Registraduría Nacional y por los políticos que le son cercanos, conformando así una red, que en lugar de evitar que la corrupción se filtre en las elecciones, más bien permite que esta pueda acceder a ellas, sin ningún tropiezo.

Ver informe completo El reciente análisis realizado por la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuro, concluye que no es cierta la versión que ha corrido en la opinión pública y el panorama nacional, que ha hecho creer que existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras. Este informe señala que de un total de mil sentencias analizadas, el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces. El 2% restante no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este, fuera consecuencia del conflicto armado. En contraste, el estudio señala que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios y que la versión de existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras, lo que ha provocado es que conforme una cortina de humo que solo favorece a las empresas ocupantes, despojadores y opositores del proceso. El informe menciona dentro del grupo de empresas opositoras a Continental Gold Limited Sucursal Colombia Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria Palmas de Bajira S.A, Inversiones Futuro Verde S.A., Palmagan S.A.S y A. Palacios S.A.S. Finalmente el documento concluye que el mayor obstáculo en el Proceso de Restitución de Tierras, sigue siendo la microfocalización y que de no abolir el decreto que la permitió, Colombia tardará 529 años en finalizar esta deuda con los colombianos despojados de sus fincas y parcelas.

Foto: diarioadn.co El desplazamiento intraurbano que se ha venido presentando en la ciudad de Santa Marta en los últimos cuatro años, no ha sido mayoritariamente registrado en las bases de datos en las instituciones públicas territoriales.  Se podría concluir que  se le resta atención y sus víctimas estarían siendo ignoradas, aunque esto no le resta la responsabilidad que le cabe a la persona  desplazada, por no  acudir a las oficinas de los entidades que manejan el tema,  para que estas le den la categoría de víctima del desplazamiento, en este caso, intraurbano. Para el 2012 en Santa Marta hubo una escalada de violencia por la disputa territorial  entre el clan Giraldo y los Urabeños, que  se dio  en primer lugar  en la  zona rural,  a enfrentamientos en los que la  población civil quedó en medio del fuego cruzado. Para esto los armados ilegales se dieron a la utilización de inmuebles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como medios de transporte, escuelas, etc. Para esta época se presentaron  desapariciones forzadas, homicidios selectivos y  una masacre en Pericoaguao. De esta situación se declaró un desplazamiento masivo desde Guachaca hasta Santa Marta de cerca de 300 personas. Para atender la urgencia humaniaria, se  contó con todo el acompañamiento de rigor tomando  medidas para retomar el orden público y  militarizando la zona, etc. En   la zona periférica de Santa Marta, más exactamente  en las comunas 6, 8 y 5  ocurrieron  hechos similares que dispararon los homicidios selectivos, por sicariato y atentados con artefactos explosivos, el ataque con granadas de fragmentación contra bienes civiles se registró en varias oportunidades. En 2012 ocurrieron 6 de estos atentados,  que se presentaron en los barrios La Florida, Los Ángeles, Curinca, Avenida del Ferrocarril, Ensenada de Santa Mónica. De igual modo, se registraron varios atentados en La Gaira, El Pantano, San Francisco, San Pedro Alejandrino y dos establecimientos comerciales, uno en el centro y otro en el mercado. En algunos casos este tipo de hechos  han ocasionado la muerte de pobladores. El 23 de octubre de 2012, la granada lanzada contra el supermercado Rapimercar, ubicado en el sector del mercado público, dejó tres personas muertas, entre ellas una niña de 6 años. En enero y febrero de 2013 se presentaron dos atentados con granadas en el barrio Timayui. El último de ellos estaba dirigido al parecer contra el comandante de los Urabeños en el sector y otros miembros del grupo ilegal. Este atentado dejó como resultado tres personas heridas. En la disputa territorial por el control de zonas en Santa Marta se registraron enfrentamientos que dejaron víctimas mortales. En los barrios Pescadito, Ondas del Caribe, Los Fundadores y Timayui, entre otros, se  presentaron  cruces de disparos. En diciembre se reportaron dos episodios de este tipo entre los grupos ilegales que operan entre los barrios Timayui y María Cecilia. Este último habitado en su mayoría por desplazados por la violencia, donde presuntos miembros de los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas Colombianas,  transitan armados con fusil y disponen de una red de informantes (campaneros)  que advierten la presencia de la policía. Este escenario llevo a que el Distrito Turístico  registrara  225 muertos en el año 2012. Las personas que se vieron afectadas con estos hechos se cambiaron de barrio. Algunas de esas personas denunciaron  atentados en su contra, donde según ellos,  les habían arrojado una granada o porque les habían desaparecido un familiar. Sin embargo, esto no significó el éxodo  de la ciudad, sino más bien el traslado de zona.  Se llegó a conocer casos de núcleos familiares que tuvieron que cambiar de residencia en varias ocasiones,  por la ola de violencia que para ese entonces se tomó a Santa Marta. En esta disputa territorial, al interior de  la comuna 6,  lugar desde donde operó  de ex comandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, territorio estratégico que conecta a Santa Marta con tres de sus corregimientos (Minca, Guachaca y Bonda) y  la vía alterna que va a la Troncal de Oriente. Los Urabeños entraron a irrumpir en la zona, instalando  puestos de control, extorsionado a los pobladores. También delimitaron territorios con fronteras invisibles, restringiendo la movilidad e imponiendo toques de queda. Además de lo anterior,   se apoderaron de las plazas de vicio, con lo que se puede concluir que se  instauró un nuevo orden. Este nuevo orden conllevo a desplazamientos intraurbanos, los paramilitares, ahora reencauchados en las Bacrim,  se instalaron en las casas que quedaron desocupadas. En barrios como María Cecilia, a los hombres jóvenes, sus padres los sacaron primero, pensando que así no serían reclutados y de esta manera  sus familias serían golpeadas en menor medida. Sin embargo la lección fue otra,  las mujeres fueron hostigadas, maltratadas, abusadas, utilizadas en tareas domésticas.  Sus padres tardíamente optaron por sacarlas y enviarlas a casas de familiares en otras comunas de la ciudad, o entregarlas a los pastores de otras zonas para que cuidaran de ellas (en su mayoría venía de familias cristianas y/o evangélicas). En esta comuna las jóvenes eran sacadas de sus casas utilizando la violencia física. Luego eran regresadas por su victimario a su familia (Un delito en la impunidad total) las familias no denunciaron estos hechos y algunos de esos simplemente aceptaban su dolor como una pena impuesta. El desplazamiento intraurbano en este territorio afectó de manera directa a los y las adolescentes y jóvenes quienes fueron obligados a dejar sus familias, su cotidianidad, sus amigos y tuvieron que desplazarse a otros lugares. La Defensoría del Pueblo es tal vez la institución que puede dar cuenta de este fenómeno, pues recibe las declaraciones en mayor medida que las personerías. El registro de estas denuncias son importantes para diagnosticar el contexto de este desplazamiento en los barrios de la ciudad.   La Defensoría del Pueblo  plasma el fenómeno en documentos serios, verificables, con metodología clara y constatación directa a las fuentes y en el territorio. Estos documentos poseen  tres características, la primera de ellas es  el riesgo de inminencia; segundo,  el  riesgo coyuntural  y un tercero,  la periodicidad.  Estos no tienen la posibilidad del monitoreo permanente, solo se recurre a él cuándo en la ciudad se suman escenarios que comprometen graves violaciones al DIH, el último documento fue escrito en abril del 2013 y los que lo antecedieron en septiembre  del 2012 y septiembre de 2009. Con ocasión al escenario plasmado, fue una necesidad para el distrito crear un Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia -ODSC- construido  en alianza  con la Fundación Paz y Reconciliación, para monitorear las dinámicas de seguridad urbana y crimen organizado en el territorio, sin dejar de hacer seguimiento a la zona rural por la estrecha relación que se comparte por la supervivencia del conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales. El  ODSC  brinda herramientas prácticas al Alcalde Distrital para la toma de decisiones en tiempo real, coordinando estrategias con los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, en pro de la estabilización del territorio e identificando esos silencios que terminan siendo un secreto a voces en el territorio como lo es el  desplazamiento intraurbano.